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Amnistía Fiscal a la Peruana

Como estructurar un programa de exteriorización de capitales lógico y sencillo.

Intercambio de Información Fiscal en América Latina

A esta altura es conocida nuestra postura acerca de que el mundo - o al menos América Latina - no está en absoluto preparado para un intercambio global, automático e indiscriminado de información financiera como el que propone la OCDE.

El tratamiento que la prensa mundial dio hace algunos meses al tema #PanamaPapers (básicamente crucificando a toda persona más o menos vinculada a una sociedad offshore) no hizo más que darnos la razón al respecto.

Por otro lado, existen sobrados argumentos legales, todos ellos de peso, para defender el derecho a la privacidad de aquellas personas y empresas que desearan mantener sus activos en el anonimato, siempre y cuando dichos bienes tengan un origen lícito y se paguen todos los impuestos correspondientes.

Sin embargo, es claro que la transparencia llego para quedarse y que en la dicotomía entre transparencia y privacidad ha ganado la primera. Nos guste o no.

También es evidente que se trata de un camino irreversible no solo por la reciente entrada en vigencia del Common Reporting Standard, justamente el nuevo estándar de intercambio de información promovido por la OCDE, sino también por las varias amnistías fiscales que se han venido organizando en la región en este último tiempo.

Esta tendencia, que a nivel regional fue iniciada por Chile y luego seguida por Colombia, Brasil y Argentina en ese orden tiene un nuevo eslabón en la amnistía fiscal recientemente aprobada en Perú.

Amnistía Fiscal a la Peruana

Decíamos un par de párrafos atrás que Perú fue el último país en sumarse a la lista de países en América Latina que han decidido instrumentar procesos de regularización o exteriorización de activos y lo hizo a través del Decreto Legislativo 1264 publicado domingo 11 de diciembre de 2016.

Los aspectos salientes de dicha norma son los siguientes:

(a) La misma establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta (el “Régimen”) que permite a los contribuyentes domiciliados en el país declarar y, de ser el caso, repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas hasta el ejercicio gravable 2015, a efectos de regularizar sus obligaciones tributarias respecto de dicho impuesto.
(b) Podrán acogerse al Régimen las personas naturales (término mucho más feliz que el célebre “personas humanas” argentino), sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2016 hubieran tenido la condición de domiciliados en el país, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta.
(c) Se entiende por rentas no declaradas a las rentas gravadas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta y que a la fecha del acogimiento al Régimen no hayan sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago.
(d) La base imponible está constituida por los ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015, que califiquen como renta no declarada. No se le ocurrió al presidente peruano utilizar fechas ridículas como el 22 de julio o incluso el 31 de julio.
(e) La tasa aplicable será del 10% sobre la base, salvo en la parte equivalente al dinero repatriado e invertido en el país, en cuyo caso la misma se reduce hasta el 7%.
(f) El Decreto entiende que se ha cumplido con el requisito de la inversión si es que el dinero repatriado es mantenido en el país por un plazo no menor a 3 meses consecutivos, contado a partir de la fecha de presentación de la declaración en una serie de activos financieros que menciona la norma en análisis (no se pide, como si sucede en Argentina, que se compre un bono a 3 o 7 años o que se invierta en un fondo cerrado de inversión por 5 años).
(g) La declaración jurada para acogerse al Régimen podrá presentarse hasta el 29 de diciembre de 2017, pudiendo ser sustituida hasta dicha fecha.
(h) Con el acogimiento al Régimen se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del impuesto a la renta correspondiente a las rentas no declaradas acogidas al presente Régimen.

Observaciones Iniciales

Si bien la publicación del Decreto Legislativo es simplemente el puntapié inicial del proceso de amnistía fiscal en Perú, ya es posible extraer las primeras conclusiones:

(a) Vemos como un aspecto positivo de la norma que no se haya elegido una denominación pomposa o pretensiosa (como sucedió en Argentina con el “régimen de sinceramiento fiscal”) así como que no se haya incluido esta norma en medio de otra más general o que nada tiene que ver con el tema (algo que no sucedió en Argentina, donde el régimen de sinceramiento fiscal es parte de una extensa norma denominada Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados).
(b) El Decreto Legislativo se refiere a “rentas no declaradas”, lo cual lleva a pensar que el gobierno no se meterá con el capital o patrimonio sino únicamente con las ganancias que se hubieran generado. En última instancia se trata de algo lógico ya que en Perú no hay en la actualidad impuestos sobre el patrimonio o los bienes personales.
(c) El próximo paso ahora consistirá en el dictado de normas reglamentarias por parte del Ministerio de Economía, algo que se espera suceda en el curso de las siguientes 3 a 4 semanas.
(d) Un tema no menor, si el gobierno espera que el Régimen resulte exitoso, es la incorporación de Perú al sistema de intercambio de información automático promovido por la OCDE. Esta ha sido la principal razón por la cual las amnistías de Chile y Argentina han sido tan exitosas. Ningún contribuyente, especialmente en este último país, se acogió al programa de exteriorización por un tema de convicciones sino más bien por la percepción de que el mundo – y no Argentina –había cambiado y que ya no quedaban lugares o estructuras para ocultar activos no declarados.

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