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Mossack Fonseca Papers: Mucho ruido y pocas nueces

El robo de información que dio origen a #PanamaPapers no es periodismo sino una mera filtración o tráfico de datos penada por la ley.

El principio del fin para Mossack Fonseca

El viernes 1 de abril de 2016 los clientes del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca recibieron – seguramente con sorpresa y preocupación - el siguiente correo electrónico:

“Estimados Clientes:
Les dirigimos la presente para informarles que estamos en medio de un proceso de investigación exhaustiva con expertos que nos confirman que hemos sido objeto de una intromisión no autorizada a nuestro servidor de correo electrónico. Si no han recibido mensajes de nosotros hasta el momento, significa que tenemos motivos para pensar que su información no ha sido comprometida. Lamentamos sinceramente este evento y hemos tomado las medidas necesarias para remediarlo y prevenir que vuelva a ocurrir.
En este momento, estamos trabajando con la asistencia de consultores externos para determinar en qué medida ha sido accedido nuestro sistema por parte de personas no autorizadas, qué información específica obtuvieron y el número de personas afectadas.
A continuación, detallamos información adicional sobre este evento y las acciones que estamos tomando. Pueden estar seguros que la seguridad y confidencialidad de su información merecen nuestra máxima prioridad. Utilizamos niveles múltiples de seguridad electrónica y limitamos el acceso a los archivos a un reducido número de personas en nuestra firma con el fin de prevenir vulneraciones.
Lamentamos cualquier inconveniente que este evento le puede haber causado. Le agradecemos por su continua confianza en nosotros.”

Lo firmaba Carlos Sousa-Lennox, director de marketing y ventas de la firma.

Ese fue el comienzo del fin para uno de los estudios jurídicos más conocidos en el mundo offshore, pero no para la jurisdicción ni mucho menos para la industria.

A partir de allí, los hechos se sucedieron en forma vertiginosa.

A los pocos días de esa primera comunicación, una organización de “periodistas de investigación” publicó información confidencial robada a Mossack Fonseca respecto de más de 200,000 sociedades. La información cubría el periodo 1970 a 2015.

Para que tengan una idea de la magnitud de la información robada y luego filtrada a la prensa, se trató de 2,6 terabytes de datos que contenían 11 millones de documentos, casi 100 veces el volumen de documentación de HSBC que filtró en su momento Falciani.

Las principales consecuencias concretas de dicha filtración fueron las siguientes:

  • Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, presentó su renuncia (tras varios días de manifestaciones en la capital de un país que cuya sociedad se encontraba muy politizada desde el estallido financiero de 2008);
  • el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, también renunció;
  • opositores al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, solicitaron – infructuosamente - abrir un juicio político para su destitución; y
  • Mauricio Macri y Cameron, presidente y primer ministro de Argentina y el Reino Unido respectivamente, salieron a dar explicaciones no acerca de cómo manejan las finanzas públicas, sino acerca de que hacen con su propio dinero.
Adicionalmente a esto, se escribieron varios libros, Netflix anunció la producción de una película y se dijeron y publicaron varias pavadas.

Poco más pasó, al menos hasta ahora.

Pero es altamente posible que poco más pase debido al origen ilícito en la adquisición de la información y documentación filtrada.

Esto es algo que saben muy bien los periodistas involucrados ya que se cuidaron mucho de no filtrar documentos correspondientes a ciudadanos americanos.

Los #PanamaPapers en la prensa

Pese al tiempo transcurrido desde los hechos, la inmensa mayoría de lo que se ha dicho y escrito sobre #PanamaPapers ha sido excesivamente unidireccional y monolítico, lo cual es al menos extraño porque se trata de un tema complicado y profundo que presenta diversas aristas desde las cuales puede ser analizado.

¿Cuáles han sido las mayores inexactitudes de esta suerte de “crónica oficial”?

En primer lugar, se plantea como “investigación periodística” a algo que en principio se asemeja más a un simple robo de información confidencial, algo más propio de ingenieros en sistemas que de periodistas. Investigar sería, desde nuestro punto de vista, determinar cuáles de las sociedades cuya documentación corporativa se filtró han estado involucradas en hechos delictivos en lugar de publicar documentos de todas ellas indiscriminadamente.

En segundo lugar, se asume sin mayor análisis que cualquier persona o empresa que constituye una sociedad en una jurisdicción de baja o nula tributación lo hace para evadir impuestos o cometer algún otro delito, lo cual es absolutamente falso.

Con relación al primero de los puntos mencionados, cabe resaltar lo siguiente:

(a) si bien aún no existe 100% de claridad sobre la forma en que fue obtenida la información que ha estado circulando, lo cierto es que la misma proviene de un estudio de abogados e involucra a sus clientes;

(b) toda comunicación cliente-abogado es confidencial hasta tanto dicho secreto profesional sea relevado en sede judicial luego de escuchadas todas las partes involucradas (lo cual no sucedió aquí);

(c) independientemente de si la información fue provista a la prensa, por un abogado del estudio o fue sustraída de su órbita de protección, el origen de la misma es ilícito y también lo será cualquier prueba que de allí se genere (esto ya sucedió, entre otros muchos ejemplos, con la famosa lista “Falciani” a la cual hicimos referencia anteriormente y que nunca pudo usarse judicialmente);

(d) cualquier medio periodístico que publique información con ese origen podría incurrir en un delito ya que se trata de información confidencial cuya divulgación no fue consentida por el propietario de la misma (ello más allá de que la información pueda o no ser de interés público y demás); y

(e) si bien la libertad de prensa es un derecho fundamental que siempre defenderemos, una cosa es publicar que se tomó conocimiento de algo sin revelar la fuente de dicha información y otra muy diferente es directamente difundir documentos que se saben robados. En este último caso, los medios podrían estar incurriendo en actos plausibles de condena en muchos regímenes jurídicos. Obviamente, no todos los medios trataron el tema de manera irresponsable pero si la gran mayoría de ellos.

Con respecto al segundo comentario, es decir a la afirmación de que toda sociedad offshore tiene un trasfondo ilícito, se trata de una cuestión a la cual hemos dedicado varias columnas ya, pero a la cual evidentemente tendremos que dedicarle varias más.

Comenzando por lo obvio, hay que decir que no hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales.

Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos. Es la actividad comercial, y no la estructura jurídica mediante la cual se la lleve adelante, la que será lícita o ilícita.

Son múltiples las causas por las cuales una persona puede estar interesada en incorporar una sociedad en una jurisdicción offshore en lugar de hacerlo en su país de residencia. 

Entre ellas, destacamos las siguientes: (a) lograr un grado de privacidad mayor al que permiten las leyes locales, (b) invertir dinero fuera de su país de origen utilizando vehículos que aporten seguridad jurídica y sean impositivamente neutros, (c) levantar dinero de varios inversores para llevar adelante una inversión colectiva a través de un fondo de inversión o de un fideicomiso financiero, (d) participar en un joint venture con socios extranjeros, (e) lograr diferimiento impositivo y/o (f) organizar su sucesión de una manera más eficiente.

Constituir una sociedad u otra estructura offshore ayuda a alcanzar esos objetivos por las siguientes razones:

(a) cuando uno opera a través de una sociedad de este tipo la información sobre accionistas y directores suele estar más protegida que en las sociedades que no son offshore;

(b) las jurisdicciones offshore permiten que uno arme lo que se conoce comúnmente como "plataformas de inversión impositivamente neutras". Esto quiere decir que, si uno opera un negocio en cualquier país del mundo y coloca como dueño de ese negocio a una sociedad offshore, al repartir esa sociedad sus utilidades no deben pagar un impuesto adicional, sino que basta con los impuestos que pago a nivel local. Si la sociedad que se coloca arriba (generalmente conocida como "holding") no fuera offshore, entonces además del impuesto que se pagó a nivel local, habría que pagar otro impuesto más. Las sociedades offshore no ayudan a evadir impuestos, sino que simplemente no agregan impuestos a una estructura societaria determinada;

(c) las jurisdicciones offshore cuentan con legislación específica muy moderna para la realización de ciertos negocios (como ser el armado de fondos de inversión o fideicomisos financieros) o la consecución de ciertos fines (sucesorios o de protección patrimonial); y

(d) en muchos casos, inversores basados en países de primer mundo que quieren invertir en países del tercer mundo que poseen poca seguridad jurídica, usan sociedades establecidas en centros offshore para asegurarse que en caso de conflicto el mismo no vaya a ser definido por un juez local sino por magistrados que les brinda un mayor nivel de seguridad.

De hecho, viendo la baja cantidad de delitos que se han encontrado a partir de la documentación que dio origen a los #PanamaPapers forzoso es concluir que la inmensa mayoría de las sociedades offshore se utilizan con fines lícitos. Me pregunto si, puestos a analizar 11 millones de documentos legales/contables correspondientes a sociedades anónimas en Argentina, por poner un ejemplo, encontraríamos más o menos hechos ilícitos.

El robo de información que dio origen a #PanamaPapers no es periodismo sino una mera filtración o tráfico de datos penada por la ley. El tratamiento que hizo la mayor parte de la prensa del tema, cayendo en lugares comunes, generalizaciones prejuiciosas y poniendo en pie de igualdad a quien cumple la ley con quien no lo hace, es más grave aún.

Teniendo en cuenta la forma en que han actuado la mayor parte de los grandes medios de comunicación con relación a este tema, es más probable una condena contra dichos medios por daños y perjuicios que ver individuos o empresas condenados por evasión fiscal.

Principales enseñanzas

Desde nuestro punto de vista, las principales enseñanzas que nos dejó este hecho son las siguientes:

  1. a la mayor parte de los periodistas les interesa más un titular que venda que llegar al fondo de las cosas;
  2. poca gente entiende realmente para que se utilizan las jurisdicciones offshore y cuáles son las ventajas asociadas a su uso;
  3. poca gente está interesada en entender realmente el tema;
  4. cada vez se le da menor importancia a la privacidad; y
  5. el mundo no está en absoluto listo para un intercambio automático y generalizado de información financiera, lo cual es una pena porque el mismo ya está en marcha.

Si queres leer más sobre #PanamaPapers no te pierdas "Cuchillos de cocina y jurisdicciones offshore".

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