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Salió el nuevo decreto sobre blanqueo y van...

El especialista Martin Litwak nos deja un serie de reflexiones y comentarios respecto del proceso de sinceramiento fiscal que vive Argentina.

Las razones por las cuales los contribuyentes evaden impuestos

Sin justificar de ninguna manera la decisión de un contribuyente de no pagar los impuestos que le corresponden, la realidad es que históricamente quienes evaden impuestos lo hacen principalmente por dos razones: la existencia de un sistema impositivo que perciben injusto y/o la ausencia de seguridad jurídica o, utilizando la terminología anglosajona, de rule of law. Otras razones relacionadas como las mencionadas, como la existencia de corrupción o el excesivo gasto público, también tienen su impacto en esta decisión.

Desafortunadamente, y aún cuando existen cuestiones externas que – pese a los innumerables errores cometidos - van a hacer del blanqueo un éxito rotundo, el Gobierno decidió no atacar las razones de fondo por las cuales existe en Argentina una evasión fiscal tan elevada.

Con relación al primer punto, el ministro Prat Gay y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo se embarcaron en una polémica reforma impositiva en plena amnistía fiscal, algo que hemos definido en más de una ocasión como un error de principiantes.  Respecto del segundo, y por más que resulte paradójico, el Gobierno modificó tanto el marco legal correspondiente a la amnistía fiscal que transformó dicho programa en un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Y, para peor, muchos de estas modificaciones son claramente inconstitucionales. 

Para muestra, un botón

Cuando el 30 de Junio pasado el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.260, cuyo Libro II se tituló, pomposamente, “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, el contribuyente que deseaba exteriorizar activos no declarados debía prestar atención – entre otras – a las siguientes normas:
(a) El margen de error era del 0%
(b) La valuación de los activos debía si o si realizarse al 22 de Julio de 2016
(c) Las personas humanas o sucesiones indivisas podían optar, por única vez, por declarar ante la AFIP, bajo su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que figurasen como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive. De optar por este camino, con anterioridad a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017, el declarante debía coloca los bienes declarados a su nombre
(d) Los pasivos no podían en ningún caso descontarse del valor del activo que se iba a declarar
(e) Los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios públicos mencionados en los incisos a) al w) del artículo 82 de la ley estaban imposibilitados de ingresar al blanqueo

Buenas o malas, las normas antes mencionadas eran ley vigente hace tan solo un par de meses y, en tanto tales, solo podían ser modificadas por ley.

Repasemos que fue lo que pasó con esas normas desde su sanción:
(a) El 28 de julio de 2016 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 895/2016 a través del cual el margen de error pasó mágicamente de 0% a 1%. Podemos o no estar de acuerdo con esta flexibilización, pero la racionalidad de la solución no la transforma en constitucional
(b) Emitida el 23 de Agosto de 2016, la Resolución General de AFIP 3934 estableció que tratándose de personas humanas o sucesiones indivisas, cuando por la naturaleza del bien o las modalidades del mercado respectivo, sea imposible contar con la pertinente valuación a la fecha de preexistencia, deberá aplicarse la valuación de la fecha inmediata posterior, en la medida en que obre en una constancia con información a una fecha que no supere el 31 de julio de 2016
(c) Más aquí en el tiempo, el Decreto 1206/2016 publicado el 29 de Noviembre de 2016 y conocido con cierta malicia como “Decreto Franco Macri”, determinó que la condición prevista en el último párrafo del Artículo 38 de la Ley 27.260 (la obligación de, una vez realizada la exteriorización, poner los activos al nombre del declarante) no sería de aplicación respecto del supuesto comprendido en el primer párrafo del Artículo 39 de la misma (declaración de activos que se encontrasen a nombre de sociedades, fundaciones o fideicomisos)
(d) El criterio de valuación según el cual solo se toman en cuenta activos y no pasivos también fue modificado por el Decreto 1206/2016, el cual estableció que en el caso de sociedades operativas si pueden descontarse los pasivos
(e) Los familiares de funcionarios públicos ahora si pueden exteriorizar bienes respecto de los cuales pudieran acreditar que se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) a w) del Artículo 82 de la Ley 27.260, hubieran asumido los respectivos cargos

Conclusiones

Si bien algunas de las modificaciones antes mencionadas son lógicas e incluso positivas, el punto no es en absoluto ese. El Gobierno debió analizar con muchísima más profundidad la ley original antes de enviarla al Congreso y debió aprobar muchas de las modificaciones que se le realizaron mediante leyes del Congreso.

Por otro lado, al hacer modificaciones no se legisló acerca de los efectos de exteriorizaciones presentadas por contribuyentes antes de que se implementasen dichos cambios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos contribuyentes que no descontaron el valor de los pasivos porque no podían hacerlo al momento en que realizaron la exteriorización? ¿Va AFIP a devolverles el dinero?

Quizás podrían haber aprovechado aquella sesión maratónica en la cual se prohibieron las peleas de galgos para dedicar al menos unos minutos a un tema tan trascendente y urgente como este.

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Prognosis Conclusiva

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