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Jurisdicciones Offshore para Doña Rosa

Lo que necesitas saber sobre Jurisdicciones Offshore pero que ningún medio lo dice.

Es indudable que existe muchísima ignorancia y enormes prejuicios acerca de qué son y para qué se utilizan las jurisdicciones offshore.

Las constantes presiones por parte de organismos multilaterales controlados por países de alta tributación, tales como la OCDE y el G-20, así como las filtraciones de información confidencial que son cada vez más frecuentes, tampoco ayudan a que el ciudadano de a pie se haga una correcta composición de lugar.

En ese contexto, el principal objetivo de esta columna es presentar el tema de la manera más sencilla posible de manera de que el lector pueda informarse y sacar sus propias conclusiones.

Comencemos...

Jurisdicciones Offshore y Competencia Fiscal

Las jurisdicciones offshore o – como muchas de ellas prefieren autodenominarse – los “Centros Financieros Internacionales” son en su mayoría Estados soberanos (Barbados, Panamá, etc.) o Territorios dependientes (Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, etc.) que defienden la competencia fiscal.

¿En qué consiste la competencia fiscal? En pocas palabras, la competencia fiscal permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana; sin presiones de otros Estados ni de organismos internacionales.

La existencia de verdaderos carteles integrados por países de alta tributación (como sin lugar a dudas son los ya mencionados G-20 y OCDE), cuyo objetivo sea presionar a las jurisdicciones de nula o baja tributación para que estas eleven sus tasas hasta ciertos niveles es algo absolutamente contrario a este concepto.

Así como la competencia en la producción de bienes o la provisión de servicios redunda en claros beneficios para los consumidores, quienes reciben productos y servicios de mejor calidad a un precio menor; la competencia en materia impositiva beneficia a los contribuyentes, puesto que los impuestos que pagan no podrán nunca superar determinado límite.

Paradójicamente, muchos de los países que atacan el derecho de otros Estados a no cobrar impuestos o a cobrar tasas bajas, también recurren a esta técnica cuando quieren promocionar determinada industria, recibir a un cantante de moda o ser sede de un mundial de fútbol. Todos sabemos que la FIFA, por ejemplo, no paga impuestos de ninguna clase y que la mayor parte de las estrellas de rock piden exenciones fiscales en los países donde organizan sus shows.

¿Por qué los países que integran la OCDE se oponen a la competencia fiscal?

Sin competencia entre empresas, los precios suben y los consumidores se perjudican. Sin competencia fiscal, los impuestos suben y nuevamente los consumidores son los que terminan perjudicándose. En el primer caso, quienes se beneficiarían serían las grandes corporaciones. En el segundo, los Estados.

Y ahí está precisamente la respuesta a nuestra pregunta.

Desafortunadamente, los países desarrollados están dispuestos a hacer cualquier cosa con el fin de cobrar más impuestos o no bajarlos más allá de ciertos límites, así tengan que destruir jurisdicciones más pequeñas en su camino. Entre estas cosas se encuentra mentir descaradamente sobre cómo funcionan, para qué existen y porqué hay que combatir y eliminar a las jurisdicciones tradicionalmente conocidas como offshore.

Es evidente que si el discurso de las potencias fuera “las jurisdicciones offshore deben desaparecer porque ponen un límite a los impuestos que podemos cobrar y porque muestran que un Estado puede de hecho subsistir sin cobrar impuestos, sin tener deuda pública y sin emitir moneda”, su cruzada no ganaría muchos adeptos.

Sin dudas que se logra mucho mayor empatía afirmando – falsamente – que las jurisdicciones offshore facilitan el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.

Es triste ver como los contribuyentes, en lugar de apoyar a quienes deberían apoyar en este enfrentamiento entre jurisdicciones de baja o nula tributación y jurisdicciones con altas tasas impositivas, eligen apoyar a estos últimos sin advertir que – cuando estos hayan ganado la batalla – deberán pagar impuestos mucho más elevados de los que pagan hoy en día. Y ni la corrupción, ni el lavado de dinero ni mucho menos el terrorismo habrán desparecido.

¿Por qué los países más desarrollados no pueden competir con las jurisdicciones offshore en materia impositiva?

Simple: por lo deficiente de sus administraciones y el tamaño de su deuda pública.

A modo de ejemplo, los diez países con mayor deuda externa del mundo son miembros de la OCDE y siete de ellos son además miembros del G-20. Por el otro lado, de los veinte países que menos deben, la mayoría se encuentra dentro del grupo de las jurisdicciones offshore (i.e. Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Nevis, Andorra, Anguila, San Marino, Macao, etc.).

Nos preguntábamos hace un rato por qué las mayores economías del mundo se oponían a la competencia fiscal y quizás debamos reformular este interrogante.

¿No será que los países centrales, más que desconocer la competencia fiscal, están también compitiendo solo que en lugar de hacerlo bajando sus impuestos, recurren a armas mucho menos éticas, pero a la vez más poderosas (como ser, entre otras, la mentira y la presión que les permite imponer su mayor poder en el concierto de naciones)?

¿Qué otras ventajas ofrecen las jurisdicciones offshore?

Más allá de lo dicho hasta aquí, si la única ventaja que ofrecieran las jurisdicciones offshore pasara por un tema impositivo, hace tiempo habrían sucumbido ante las presiones internacionales. Existen muchas otras razones por las cuales resulta atractivo establecer una sociedad u otro vehículo en una jurisdicción offshore.

Entre ellas, podemos destacar que, cuando se las compara con sus pares onshore, las jurisdicciones offshore:

  1. ofrecen una mayor seguridad jurídica (algo fundamental para usuarios con domicilio en países con gran inseguridad jurídica, así como para empresas que están interesadas en invertir en dichos países con un cierto nivel de seguridad y previsibilidad);
  2. protegen de una forma más enérgica tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la privacidad de los individuos (en el primer caso, a través de la sanción de leyes que no están del lado del deudor sino del acreedor y, en el segundo, ya no a través de la emisión de acciones el portador sino al armado de estructuras más complejas y siempre y cuando se trate de negocios lícitos); 
  3. poseen leyes más severas en materia de compliance y anti money-laundering (hace décadas que las jurisdicciones offshore están a la vanguardia en este tipo de cuestiones);
  4. poseen legislación más moderna en temas financieros y de protección patrimonial; y
  5. reúnen una gran cantidad de proveedores altamente especializados (a estos últimos dos temas nos referiremos seguidamente).
Si bien desde los organismos multilaterales a los que hicimos referencia anteriormente, los países de alta tributación intentan presentar el mero hecho de que una sociedad, fondo o trust se haya incorporado en las Islas Caimán, Bermuda o en las Islas Vírgenes Británicas como algo sospechoso, no hay nada más alejado de la realidad.

Más allá de los prejuicios que aún puedan existir en la materia, quienes establecen un vehículo offshore no lo hacen para evadir impuestos o para lograr un mayor grado de opacidad frente a las autoridades del país en el cual residen.

Lo primero no es posible porque estas jurisdicciones no promueven la evasión fiscal (como el imaginario colectivo puede suponer) sino que simplemente ofrecen “plataformas de inversión fiscalmente neutras”, y lo segundo tampoco lo es desde el momento en que todas las jurisdicciones offshore líderes del mundo han sido las primeras en adoptar el standard de intercambio automático de información financiera promovido por la OCDE.

En otras palabras, si un contribuyente fiscal domiciliado en un país que es parte del Common Reporting Standard (“CRS”) al que nos referíamos en el párrafo anterior (como son Argentina, Brasil, Colombia o Chile) invirtiera dinero en un fondo constituido en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, el propio fondo sería el responsable de informar dicha circunstancia a la autoridad impositiva local encargada de la aplicación de CRS, quien a su vez compartiría la información en forma automática con las autoridades impositivas del país de residencia del inversor.

Eliminados los mitos y lugares comunes, es interesante analizar por qué, por ejemplo, un gestor de fondos de inversión domiciliado en América Latina puede pensar en alguna de estas jurisdicciones para estructurar dicho fondo.
Y la respuesta en realidad en sencilla: los fondos de inversión necesitan levantar capital y el capital es lo más temeroso que existe. El capital siempre busca seguridad jurídica algo que, la mayor parte de los países en América Latina, no pueden asegurar.

Otras cosas que buscan los inversores (y que por ende los gestores de fondos deben brindar) son las siguientes:
  1. proveedores de renombre y experiencia (nos referimos a los proveedores que va a utilizar el fondo en cuestión, auditores, abogados especializados, administradores, bancos, etc.);
  2. regulación moderna y flexible (existencia de tipos societarios que faciliten que un mismo fondo desarrolle diferentes estructuras de inversión sin que los inversores que han invertido en una de esas estructuras tomen riesgos que no están dispuestos a tomar);
  3. precios competitivos (ya que todo costo disminuye la tasa de retorno que recibirán); 
  4. reguladores con conocimiento del mercado; e 
  5. inexistencia de trabas ridículas (como ser cepos, control de cambios, corralitos financieros, etc.)
Las jurisdicciones offshore, que cuentan con una gran cantidad de fondos de inversión que se han constituido allí, permiten tildar cada uno de estos requisitos con creces.

Sabemos que es mucho menos “sexy” que la que anda circulando en la prensa no especializada, pero es la verdadera respuesta, le guste al público en general o no.

Y no es muy diferente a la respuesta que uno daría a las siguientes preguntas:
  • ¿Por qué existen los centros comerciales y han ganado terreno frente a los locales comerciales a la calle?
  • ¿Por qué quienes residen, por ejemplo, en Buenos Aires compran ropa o cotillón para fiestas en el once, muebles en los locales ubicados a lo largo de la Avenida Belgrano, joyas en la calle Libertad o flores en el Mercado Central?
La concentración de “expertise” en un mismo lugar hace de ese lugar un referente para la industria, independientemente de la industria de que se trate.

¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a las jurisdicciones offshore y por qué no son ciertas?

Las críticas que se suelen hacer a las jurisdicciones offshore son muy fácilmente rebatibles.

  1. Se sostiene que las jurisdicciones offshore facilitan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, sin embargo la historia muestra que los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas parten de bancos onshore y que la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en forma total en los Estados Unidos. Respecto de los hechos de corrupción que tanto daño hacen (Odebrecht, FIFAGate, etc.), las coimas y sobreprecios que se pagaron no fueron canalizados offshore sino de una manera más burda y primitiva.
  2. Otro aspecto muy criticado es que permiten el ocultamiento del “verdadero dueño” de los activos, ya sea a través de acciones al portador, la estructuración de trusts o directamente de prestanombres. Si bien con los sistemas de intercambio de información financiera que existen en la actualidad (básicamente FATCA y CRS) esto es virtualmente imposible, este “ocultamiento” no es malo per se. Mientras se trate de activos adquiridos en forma lícita y se paguen los impuestos a que hubiera lugar, no hay ninguna razón legal de peso que obliga a una persona a exteriorizar que activos le pertenecen frente a terceros. El derecho a la privacidad, derecho básico de todo ser humano y consagrado en casi todos los textos constitucionales del mundo, protege justamente esto. Las jurisdicciones offshore buscan, dentro de lo posible, que haya cierto equilibrio entre privacidad y transparencia. Esto es algo que en la época en que vivimos es cada vez más complicado.
  3. Se ha repetido hasta el cansancio que los centros offshore favorecen la evasión fiscal cuando lo que en realidad sucede es que estas jurisdicciones funcionan como “plataformas neutras” en materia impositiva, es decir que no agregan un nuevo impuesto una vez que se ha pagado el impuesto que corresponde pagar donde se registraron las ganancias. En otras palabras, utilizar una sociedad offshore como holding para una actividad comercial determinada no genera ahorro impositivo alguno, sino que evita que, pagado ya el impuesto en aquel país en el cual se desarrolla la actividad empresarial de que se trata, haya que tributar nuevamente en la jurisdicción offshore que se ha elegido utilizar.
No hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales. 

Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos.

Y no solo eso, las estructuras offshore también pueden servir para proteger a contribuyentes de países con un alto riesgo político o jurídico a proteger sus activos. 

Miremos lo que está sucediendo en Venezuela o lo que paso en Argentina con el corralito financiero, el Plan Bonex y demás.

En ambos casos, quien estructuró legalmente si patrimonio a través de vehículos offshore estará más protegido que quien no lo hizo y, por ende, está a merced de gobiernos totalitarios, corruptos o simplemente ineptos.

Volvemos con esto al punto de partida, nadie puede negar que las jurisdicciones offshore protegen derechos básicos del ser humano y colaboran para que en el mundo existan tasas impositivas más bajas y una mayor seguridad jurídica.