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¿Qué fue de las promesas del G20 tras la quiebra de Lehman Brothers?

Los principales países del mundo dibujaron una hoja de ruta para sacar al mundo de la crisis y evitar caer en los mismos errores, pero 10 años después muchas de aquellas promesas se han quedado en el camino

Fue Nicolas Sarkozy,el presidente de Francia en 2008, quien tuvo claro que no había gobierno en el mundo capaz de hacer frente al tsunami financiero desatado tras la quiebra de Lehman Brothers. Apenas un mes después, Sarkozy movilizó a los principales líderes mundiales para que en el marco del G20, e invitados adicionales como España, abordaran conjuntamente el reto de salir de la crisis.

Fueron necesarias tres cumbres, Nueva York en noviembre de 2008, Londres en abril de 2009 y Pittsburgh en septiembre de 2010, para que los lideres de las 20 economías más grandes del planeta acordaran una hoja de ruta con las medidas necesarias para evitar que una catástrofe financiera similar volviera a repetirse.

De Pittsburgh salieron cinco líneas básicas de trabajo para castigar a los que se identificó como cumplabes de la crisis: bancos, productos financieros derivados, paraísos fiscales o agencias de calificación, especialmente. Una década después puede constatarse que los únicos que han sufrido con intensidad la pena por los errores cometidos han sido los bancos.

Hacer más solventes a los bancos

Si algo quedó claro en aquellas reuniones del G20 es que si el mundo financiero había sucumbido después de septiembre del 2008 había sido porque los bancos habían tomado excesivos riesgos sin las suficientes previsiones de capital. Por lo tanto, la primera de las medidas a tomar era regular el control de riesgos. Ese fue el origen de la legislación que hoy se conoce como Basilea III. La avalancha de normas que ha caído sobre los bancos ha sido de tal calibre que incluso el ex Gobernador del Banco de España, Luís María Linde, llegó a asegurar que nadie podía controlar en su totalidad la legislación sobre la banca de estos últimos años.

Críticas a parte, hay consenso entre los expertos de que esa ingente legislación ha servido para fortalecer la solvencia de la banca . Se les ha obligado a incrementar sus colchones de provisiones y el incentivo a tomar riesgos también se ha recortado. Incluso, como impuso el G20 se han cambiado la política de remuneración de directivos y gestores para limar incentivos a ligar riesgo y bonus.

Evitar los bancos demasiados grandes para caer

Estados Unidos recuperó la protección a los inversores y la obligación de separar la banca de inversión de la banca a minoristas con la Ley Dood-Frank. El equipo económico de Obama también lideró el conocido lema de “too big to fail” (demasiado grandes para caer). No querían la existencia de grandes entidades cuyo entramado fuera tan potente como para desatar crisis sistémicas.

En esta línea, también se aprobó en 2013, la Regla Volcker ,en honor del ex presidente de la Fed Paul Volcker, que prohibía que los grandes bancos de estadounidenses realizaran actividades especulativas de riesgo con los fondos de sus clientes en busca de beneficio propio.

Controles de riesgo que siguen en plena vigencia, mientras que el objetivo de controlar el tamaño de los bancos puede considerarse fallido. Especialmente en Europa y en España donde los grandes bancos de entonces que han logrado sobrevivir lo son más ahora tras haber tenido que absorber a muchos de los pequeños que quebraron por el camino.

En EE.UU., Donald Trump llegó al poder con la promesa de abolir tanto la regla Volcker como la Ley Dood- Frank. Aunque parece que los asuntos comerciales le han hecho olvidar, hasta el momento, sus promesas al sector financiero. Así que, de momento, los bancos deberán seguir sufriendo las consecuencias de los excesos cometidos, pero eso no significa que el sistema financiero esté libre de riesgos.

Controlar el mercado de derivados

Frente a toda la regulación sobre la banca, brilla por su ausencia la referida a reformar el mercado de derivados. Los derivados son productos financieros complejos cuyo valor depende de otros activos. Durante los años de la burbuja era habitual que los bancos empaquetaran hipotecas de alto riesgo en vehículos financieros que troceaban y vendían en los mercados asegurando que eran de alta calidad. La intención del G20 era evitar esas prácticas de riesgo, pero apenas ha conseguido que algunas de esas transacciones tengan que ser registradas en una campara de compensación de riesgos. “Es, francamente, poca cosa para impedir que se repitan los errores cometidos en el último auge”, aseguraba el que fuera ministro de economía Miguel Boyer en un análisis sobre el papel del G20 que realizó antes de morir para Funcas.

Efectivamente, el mercado de derivados sigue funcionando igual que antes del estallido de Lehman Brothers. Defendido por los gestores como necesario por su labor para facilitar la cobertura de operaciones de riesgo. Los detractores insisten en que apenas una de cada 10 operaciones son de cobertura real el resto son movimientos especulativos. Ni desde el G20 ni desde ningún regulador financiero o político se ha movido un dedo en la última década para modificar ese negocio que tanto miedo daba a los gobernantes hace 10 años.

Acabar con los paraísos fiscales

Todo lo contrario ha ocurrido con los Paraísos Fiscales, la otra bestia negra que permitió la crisis. Claro que en este caso lo que hemos tenido ha sido mucho ruido y pocas nueces. Sobre el papel podría decirse que los paraísos fiscales han desaparecido. Apenas unas pocas jurisdicciones quedan en las listas negras. Ahora las hay grises o ni siquiera las hay. Los gobiernos de esos países a los que se les acusaba de ser el coladero de complicadas artimañas financieras para objetivos tan dispares como montar derivados malvados, defraudar a las Haciendas públicas o permitir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo ha firmado acuerdos con los países del G20 para dejar de ser opacos y compartir información.

Un gran paso si no fuera porque en la letra pequeña de esos acuerdos se especifica que el intercambio de información se hará para casos concretos y con petición expresa. Como han explicado en varias ocasiones los inspectores fiscales españoles en la práctica esto significa que todo sigue casi como antes: sin información y con vía libre para continuar las prácticas de evasión, blanqueo, etc que se hacían antes del bien intencionado G20 de Pittsburgh.

Reformar las agencias de rating

Pero si hay un sonoro fracaso respecto a aquellos objetivos, ese es el que se refiere a las agencias de calificación. El hecho de que Lehman Brothers tuviera la nota de máxima calidad por parte de estas agencias horas ante de su debacle las situó en el ojo del huracán. Las críticas arreciaron durante años. Fitch, Standard Poors y Moodys fueron acusadas de no saber evaluar los riesgos de la crisis, de conflicto de intereses por su origen estadounidense (pese a que Fitch era de origen francés), malas prácticas por ser muy activas en el diseño de los productos estructurados más tóxicos…

Europa llegó a trabajar en poner en marcha una agencia de rating propia porque no se fiaba de la labor de las grandes. Diez años después, ellas sí que pueden decir que el chaparrón pasó sin grandes consecuencias y apenas alguna revancha. Por ejemplo que el Gobierno español rescinda su contrato y deje de pagar por que evalúen el riesgo país. Ahora, las agencias lo harán gratis, porque lo necesitan cuando evalúan a las empresas privadas para las que siguen siendo imprescindibles.

Fuentes: La Vanguardia