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Reforma tributaria y estructuras offshore

Comentarios preliminares sobre el impacto de la reforma tributaria argentina sobre el uso de estructuras offshore.

Desde que el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó en conferencia de prensa los principales lineamientos de su tan esperado proyecto de reforma tributaria (el “Proyecto”) hemos tratado de opinar lo menos posible al respecto y de hacerlo siempre con cautela.

Tomamos esa decisión por varias razones, entre las que destaco las siguientes:

  1. Pese a mis profundas convicciones liberales/libertarias que me llegan a disentir con varias de sus decisiones, pienso que es muy importante seguir apoyando al Gobierno Nacional en su intento por normalizar el país. Argentina ha sufrido las consecuencias de 70 años de Peronismo, las cuales han sido devastadoras.
  2. Aún luego de la victoria de hace un par de semanas, el Gobierno no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso y por ende el Proyecto va a sufrir cambios antes de ser aprobado.
  3. Incluso si el Proyecto fuera aprobado tal cual ha sido escrito, habrá que ver que establecer la reglamentación del mismo y luego las resoluciones que seguramente AFIP va a emitir con relación al mismo.
La filtración de documentación robada a la firma de abogados Appleby, que ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de las sociedades y demás estructuras offshore, nos hizo cambiar parcialmente de idea. Decimos parcialmente porque solo nos vamos a referir en esta ocasión al Artículo 76 del Proyecto, que se vincula específicamente a estas cuestiones (asumiendo que la versión del Proyecto con la cual contamos es en efecto la que finalmente se presente esta semana).

Cambios más relevantes

Antes de realizar un análisis preliminar del mencionado Artículo 76, nos gustaría resumir las principales reformas que se pretenden introducir a través del Proyecto, por si acaso alguno de nuestros lectores no hubiera tenido la oportunidad de mirarlo.

En tal sentido, los principales impuestos que se modificarían, serían los siguientes:
(a) aportes y contribuciones de la seguridad social;
(b) impuesto a la transferencia de inmuebles;
(c) impuesto a las ganancias;
(d) impuesto al valor agregado;
(e) impuesto de sellos;
(f) impuesto sobre los créditos y débitos bancarios;
(g) impuesto sobre los ingresos brutos; e 
(h) impuestos a los combustibles.

La reforma tributaria seria gradual y se implementaría en un plazo de entre uno y cinco años.

Sociedades y demás estructuras offshore

Tal cual mencionábamos más arriba, el artículo que se refiere a estos temas es el Articulo 76 del Proyecto.

En pocas palabras, el mismo reafirma la total validez del trust en Argentina (algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, en un comienzo en clara minoría) e introduce el concepto de “controlled foreign company” (CFC Rules) hasta el momento inexistente en la legislación local.

Ampliamos a continuación ambos temas, tratando de aportar un poco de claridad al respecto:

Trusts: De acuerdo con el Proyecto, las ganancias obtenidas por trusts, fideicomisos, fundaciones de interés privado o estructuras similares en el exterior, cuyo objetivo sea la administración de activos financieros (primer requisito) y cuyo control esté en manos de un contribuyente argentino (segundo requisito), se imputarán a dicho sujeto en el año fiscal en que se hubieran registrado (es decir, se termina la posibilidad de diferir esas ganancias hasta la efectiva percepción de las mismas).

Respecto del concepto de control, existirá el mismo cuando existan evidencias de que los activos financieros en mantienen en poder del sujeto en cuestión o son administrados por él. 

A modo de ejemplo, el Proyecto de refiere al caso de un trust revocable donde dicho contribuyente es a la vez settlor y también beneficiario (algo que nadie que entienda de trust aconseja hacer) o cuando tenga el control fáctico de la estructura.

CFC Rules: En el caso de sociedades constituida en el extranjero, las ganancias no podrán diferirse cuando se den, concurrentemente, los siguientes requisitos o cuando alguna disposición específica de la ley así lo indique:
(a) que los sujetos locales tengan una participación, directa o indirecta, igual o superior al 50% en el patrimonio, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente (primer requisito);
(b) que los ingresos de la sociedad se originen en rentas pasivas, se trate de ingresos que generen gastos deducibles fiscalmente para sujetos vinculados resientes en el país o la sociedad en cuestión carezca de substancia (segundo requisito); y
(c) que los impuestos pagados por la sociedad en el país en el cual estuvieran constituidas fueran inferiores al 75% del impuesto que hubiera correspondido abonar en Argentina o la sociedad estuviese domiciliada en una jurisdicción de baja o nula tributación o radicada en una jurisdicción no cooperante (tercer requisito).

Pasando en limpio

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, y también que los contribuyentes argentinos establecen trusts o sociedades por una variedad de motivos (privacidad, cuestiones sucesorias, temas impositivos, seguridad jurídica, etc.), nuestras conclusiones preliminares son las siguientes:

  1. Si los objetivos del contribuyente en cuestión no son de índole fiscal, no hay ningún problema en utilizar sociedades (en jurisdicciones de baja o nula tributación o no), fundaciones de interés privado o trusts revocables; y
  2. Si, por el contrario, dentro de los objetivos del contribuyente se encuentra el diferimiento fiscal o la reducción de la tasa global aplicable, nuestros consejos serían los siguientes:
  • utilizar un trust irrevocable (con los requisitos a los cuales hemos hecho referencia en varias de nuestras columnas anteriores);
  • establecer un trust revocable o una fundación de interés privado pero cuidando de no conservar el control en los términos del Proyecto; o
  • incorporar sociedades en jurisdicciones de alta tributación cuyos impuestos representen al menos el 75% de la tasa aplicable al impuesto de las ganancias en Argentina.