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Tax War

Luego de tanta controversia nuestro Gurú llega para aclarar el panorama sobre Competencia Fiscal y en relación a donde conservan su dinero Dujovne y Cuccioli.

Flat Tax vs. Tax War

A todos les preocupaba que Trump tuviera acceso al famoso “botón nuclear”, pero al menos hasta ahora la única guerra que el actual presidente norteamericano desató es una que a la larga beneficiará a todos los contribuyentes del mundo: la Guerra Fiscal (o #TaxWar).

A fin de entender de qué estamos hablando exactamente, comencemos por poner las cosas en contexto.

Desde hace un tiempo a la fecha, la mayor parte de quienes se dedican a la planificación fiscal internacional estaban convencidos que el mundo – gracias a la creciente influencia de la OCDE – se encaminaría tarde o temprano hacia un sistema de “flat tax” en el cual prácticamente todos los países desarrollados cobrarían los mismos impuestos y las jurisdicciones offshore serían erradicadas del mundo puesto que carecerían de razón de ser.

En lo personal, yo coincidía en lo primero, pero no en lo segundo aunque esto no viene el caso.

Lo concreto es que, hasta la reforma tributaria promovida por Trump y convertida en ley sobre finales de 2017, la competencia fiscal entre países de alta y baja tributación se estaba decidiendo claramente en favor de los primeros. Por suerte, esto cambio drásticamente, para beneficio de los contribuyentes.

Competencia Fiscal

Pero ¿en qué consiste la competencia fiscal? En pocas palabras, la competencia fiscal permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana; sin presiones de otros Estados ni de organismos supranacionales.

La existencia de verdaderos carteles integrados por países de alta imposición tributaria (como sin lugar a dudas son el G-20 o la OCDE) cuyo objetivo no es otro que presionar a las jurisdicciones de nula o baja tributación para que estas eleven sus tasas hasta ciertos niveles es absolutamente contraria a este concepto.

Así como la competencia en la producción de bienes o la provisión de servicios redunda en claros beneficios para los consumidores, quienes reciben productos y servicios de mejor calidad a un precio menor; la competencia en materia impositiva beneficia a los contribuyentes, puesto que los impuestos que pagan no podrán nunca superar determinado límite.

Paradójicamente, muchos de los países que atacan el derecho de otros Estados a no cobrar impuestos o a cobrar tasas bajas, también recurren a esta técnica cuando quieren promocionar determinada industria, recibir a un cantante de moda o ser sede de un mundial de Fútbol. Todos sabemos, por ejemplo, que la FIFA no paga impuestos de ninguna clase y que la mayor parte de las estrellas de rock piden exenciones fiscales en los países donde organizan sus shows.

¿Por qué, entonces, los países que integran la OCDE se oponen a la competencia fiscal?

Simple.

Sin competencia entre empresas, los precios suben y los consumidores se perjudican. Sin competencia fiscal, los impuestos suben y nuevamente los consumidores son los que terminan perjudicándose. En el primer caso, quienes se beneficiarían serían las grandes corporaciones. En el segundo, los Estados. Y ahí está precisamente la respuesta a nuestra pregunta.

Desafortunadamente los países más desarrollados están dispuestos a hacer cualquier cosa con el fin de cobrar más impuestos, así tengan que destruir jurisdicciones más pequeñas en su camino. Entre estas cosas se encuentra mentir descaradamente sobre cómo funcionan y para que existen las jurisdicciones tradicionalmente conocidas como offshore y desde ya mentir flagrantemente sobre porque hay que combatirlas.

Es evidente que si el discurso de las potencias fuera “las jurisdicciones offshore deben desaparecer porque ponen un límite a los impuestos que podemos cobrar y porque muestran que un Estado puede de hecho subsistir sin cobrar impuestos, sin tener deuda pública y sin emitir moneda”, su cruzada no ganaría muchos adeptos, o si?

Sin dudas que se logra mucho mayor empatía afirmando – falsamente – que las jurisdicciones offshore facilitan el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.

Es triste ver como los contribuyentes, en lugar de apoyar a quienes deberían apoyar en este enfrentamiento entre jurisdicciones de baja o nula tributación y jurisdicciones con altas tasas impositivas, eligen apoyar a estos últimos sin advertir que – cuando estos hayan ganado la batalla – deberán pagar impuestos mucho más elevados de los que pagan hoy en día. Y ni la corrupción, ni el lavado de dinero ni mucho menos el terrorismo habrá desparecido.

Afortunadamente, con la mayor económica del mundo promoviendo la competencia fiscal, la guerra puede tener un final muy diferente. De hecho, luego de la reforma tributaria estadounidenses, ya varios países han expresado su firme voluntad de reducir impuestos en general o al menos vinculados a inversiones extranjeras. Entre ellos, China, Alemania y Australia.

Y ya que estamos hablando de jurisdicciones offshore y de la falta de información que tienen en general los contribuyentes al respecto, vamos a tocar para finalizar un tema muy candente en la Argentina de estos días.

Acerca de Dujovne y Cuccioli

Si bien esta polémica comenzó desde que Mauricio Macri asumió la presidencia del país, la conferencia de prensa que brindó el Ministro de Hacienda en Madrid y la reciente designación de Cuccioli para reemplazar a Abad dieron a la misma una fuerza mayor.

¿Es ilegal o de alguna manera poco ético que un funcionario del Gobierno tenga su dinero offshore?

Más allá del ruido que el tema pueda hacer a algunos, evidentemente como consecuencia de los prejuicios que existen con relación a las jurisdicciones offshore, en realidad la respuesta a este interrogante es bien sencilla (y aplica no solo a funcionarios públicos sino a cualquier persona):

(a) Lo importante aquí es si los fondos de que se traten han sido ganados en forma licita y están declarados. De ser así, no importa en absoluto donde estén invertidos.

(b) Como principio general, invertir fuera del país no implica que no deban pagarse impuestos en Argentina. Argentina ha adoptado hace décadas el sistema de renta global por la cual un residente fiscal argentino paga por sus activos y ganancias independientemente de si las mismas están en Argentina o el exterior.

(c) Por otro lado, es perfectamente posible que alguien invierta en activos argentinos desde sus cuentas bancarias en el exterior (ya sea a través de la compra de acciones de sociedades locales como a través de la compra de bonos del gobierno)

(d) Los inversores institucionales extranjeros no preguntan dónde tienen la plata los funcionarios a la hora de decidir una inversión. Hemos asesorado en estos 20 años a múltiples inversores extranjeros invirtiendo en muchos países de América Latina y esto jamás fue un issue. Ellos entienden que se trata de una cuestión personal de cada uno y solo se fijan si el país donde van a invertir ofrece o no seguridad jurídica.

(e) Finalmente, exigir a ministros con poder sobre la economía del país que dejen su dinero dentro del mismo puede de hecho ocasionar conflictos de interés de difícil resolución, ya que van a estar tomando medidas que pueden afectar directamente sus bolsillos. En lo personal, si nos vamos a meter en las finanzas personales de nuestros funcionarios, preferiría que se les prohíba invertir en el país.

En conclusión, ganar dinero lícitamente y conservarlo en el exterior, no es delito ni configura una conducta poco ética ni debería hacernos ningún ruido. Lo que sí está mal (tanto desde el punto de vista de la ley y de la ética) es “ganar” dinero ilícitamente y luego guardarlo en bolsos en algún convento ubicado en el país.

Pongamos el foco donde hay que ponerlo.