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Uruguay y la eliminación del secreto bancario

Reflexiones sobre la Ley de Transparencia Fiscal uruguaya.

Crónica de una muerte anunciada

Uno de los más célebres cuentos del escritor danés Hans Christian Andersen trataba sobre dos sastres, quienes habían prometido al emperador la confección de un nuevo traje, que resultaría invisible a todas aquellas personas que no fueran aptas para la posición que ocupaban o bien fueran simplemente estúpidos o incompetentes.

Cuando finalmente el emperador desfiló frente al pueblo con su nuevo traje, todos notaron inmediatamente su desnudez, pero nadie se animó a hacer nada al respecto hasta que un chico gritó “¡el emperador está desnudo!”; y ya fue imposible negar la realidad.

Recuerdo que ese cuento fue lo primero que vino a mi mente cuando leí las declaraciones del entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, luego de una reunión del G-20 celebrada en noviembre de 2011 en la cual calificó a Uruguay como “paraíso fiscal”.

Más allá del enojo del gobierno y la oposición, lo único que había hecho Sarkozy fue poner de manifiesto que Uruguay integraba la lista elaborada por la OECD de países no cooperantes en materia de intercambio de información, y que tampoco había realizado progresos significativos desde su inclusión de la misma. Se trataba de una descripción objetiva de la realidad, pesara a quien le pesara.

De hecho, los países y territorios que mencionó Sarkozy en su discurso no eran países contra los cuales él tuviera un encono personal ni nada que se le parezca; se trataba simplemente de aquellos países y territorios que no habían superado la primera etapa de revisión del llamado “Tax Transparency 2011: Report on Progress”. Otros países, que en un principio habían sido incluidos en esta lista, habían rápidamente tomado las medidas necesarias para pasar a la segunda fase de revisión (entre ellos, las Islas Vírgenes Británicas, Turks y Caicos y San Marino).

Para variar, Uruguay había actuado en forma lenta y por entonces debía quejarse más de su propia parsimonia que de los dichos de Sarkozy.

Esa situación, por otra parte, no era nueva.

En su momento, Uruguay tampoco había actuado con la celeridad que debía actuar para evitar quedar en la “Lista Negra” de la OECD, y posteriormente tampoco actuó con la rapidez con que debió haberlo hecho para que el paso de la “Lista Gris” a la “Lista Blanca” fuera cuestión de meses.

Al momento del discurso de Sarkozy, de las 44 jurisdicciones que no habían logrado firmar doce tratados de intercambio de información fiscal antes de la fecha tope prevista por la OECD (2 de abril de 2009), solo 5 no habían subsanado dicha situación: Guatemala, Montserrat, Nauru, Nieu y Uruguay.

Desde noviembre de 2011 hasta el día de hoy Uruguay se fue de un extremo al otro en tiempo record y, lo que es más grave aún, sin analizar sus pasos en forma profunda ni actuar en forma estratégica.

En el camino, obligó a registrar las acciones al portador a través de una serie de normas plagadas de errores, y firmó un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina, durante cuya negociación no obtuvo prácticamente nada.
El último paso de este camino ha sido la aprobación de la mal llamada Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (la “Ley de Transparencia”), otro gravísimo error de un Gobierno que claramente quiere ser más papista que el Papa y sumar puntos ante la OECD, puntos que en la práctica van a tener como contrapartida la salida de inversiones y la pérdida de derechos individuales.

Para el Gobierno, y tristemente para algunos sectores de la oposición, la justificación para aprobar semejante mamarracho pasa por la “presión externa” que Uruguay estaría sufriendo a manos de la OCDE.

En varias de las columnas que hemos publicado en FinGuru nos referimos a la tendencia mundial hacia la transferencia promovida por OCDE, también explicamos en qué consistía el nuevo estándar adoptado por dicha organización, el llamado Common Reporting Standard (“CRS”).

No vamos, por ende, a negar la existencia de presiones de la comunidad internacional para que los países adopten una serie de normas. Pero tampoco vamos a permitir que se utilice esto como excusa para la adopción de normas que van mucho más allá de lo exigido.

Básicamente, CRS es un sistema multilateral bajo el cual por el momento 101 países intercambiarán información financiera en forma automática, anual y reciproca; en algunos casos a partir de 2017 y en otros de 2018.

Bajo CRS, la información que las entidades financieras de cada país deberán recopilar a los efectos de poder intercambiarla se refiere a depósitos de no residentes en entidades financieras. No se intercambia información sobre depósitos de residentes y tampoco sobre activos que no son activos financieros (como ser, por ejemplo, propiedades o titularidad de acciones de sociedades offshore).

Todo lo que debía hacer Uruguay era modificar o flexibilizar su tradicional secreto bancario a los efectos de permitir este intercambio. Nada más.

Ahora que está claro el contexto, veamos que estableció la Ley de Transparencia:

(a) En primer lugar, la Ley de Transparencia estableció que las instituciones financieras deberán informar al fisco los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y extranjeros.

(b) En segundo lugar, obligó a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas.

(c) Finalmente, la ley bajo análisis aumentó (duplicó) los impuestos aplicables en el caso de activos poseídos a través de sociedades constituidas en jurisdicciones de baja o nula tributación (algo que en la mayor parte del mundo se dejó de hacer hace décadas y que carece de toda justificación en un contexto donde la transparencia es la norma).

En la práctica, el camino elegido por Uruguay implica no pocos problemas para el país. Entre ellos, destacamos los siguientes:

(a) Con la Ley de Transparencia el país se suma a la presión internacional contra los paraísos fiscales - algo que nadie le pidió que hiciera - penalizando jurisdicciones con las cuales no compite impositivamente y que de hecho comparten características con Uruguay. Así las cosas, no sorprendería que el tiro le saliera por la culata al país y que de aquí a poco tenga que modificar el régimen de zonas francas, o el decreto por el cual las operaciones de trading de productos o servicios que no pasen por Uruguay pagan una tasa prácticamente inexistente.

(b) Varios aspectos importantes de la Ley de Transparencia –como ser la definición de jurisdicción de baja o nula tributación y los montos mínimos a partir de los cuales se va a generar la obligación de reportar- han quedado sujetos a la reglamentación que pudiera dictar de tiempo en tiempo el Poder Ejecutivo, algo que es de pésima técnica legislativa y otorga a dicho poder, valga la redundancia, excesivo poder sobre el funcionamiento de la norma.

(c) No se entiende en que afecta a Uruguay que no residentes inviertan en el país a través de vehículos o estructuras que les brindan una mayor seguridad jurídica (como sociedades extranjeras, fideicomisos y demás). No tiene justificación alguna aumentar impuestos por el mero hecho de que aparezca en una estructura una sociedad offshore, ni crear alícuotas complementarias ni mucho menos duplicar la tasa a pagar (como sucede, por ejemplo, en el caso del Impuesto al Patrimonio).

Finalmente, la Ley de Transparencia tiene artículos inconstitucionales (desafortunadamente una constante en las leyes más relevantes que aprueba el vecino país desde la presidencia de Mujica en adelante), profundiza los poderes de la DGI frente a los contribuyentes, algo que en ningún caso puede verse como positivo, y no contiene disposición alguna que ayude en la prevención del lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.

Una vez más se hace referencia a finalidades nobles, con las cuales nadie podría estar en desacuerdo, para disfrazar una ley que básicamente constituye un nuevo atropello contra la privacidad de las personas (en este caso los residentes uruguayos), aumenta las alícuotas correspondientes a varios impuestos sin justificación alguna, y establece un intercambio automático de información fiscal a todas luces contrario a la constitución nacional.

Es triste ver como un país que siempre ha sido sinónimo de profundo respeto por las libertades individuales y los derechos constitucionales aprueba una ley de estas características.