El presidente norteamericano, Joe Biden, ha comenzado a implementar una agenda política que, de conseguirlo, podía implicarun cambio estructural de los Estados Unidos de America. Básicamente, el trasfondo de la discusión es el rol y el tamaño del Estado. Entendiendo que cuando el Estado avanza, le resta espacio al sector privado.
En ese marco, el Congreso debe tratar cuatro leyes antes de fin de año, todas directamente relacionadas con el Presupuesto 2022, incluyendo la suspensión o incremento del nivel de endeudamiento del país (“debt ceiling”), como también dos proyectos de ley que volcarían cerca de US$5 billones durante los próximos 10 años a una economía que ya muestra incipientes alertas inflacionarias. Esto sucede en un año en que, consecuencia de la pandemia, el déficit fiscal se aproximara a US$3 billones.
Los dos proyectos de ley más urgentes deben ser tratados y aprobados antes que culmine el año ya que de ellos depende el correcto funcionamiento del país. Ambos ya han sido tratados en el Congreso en septiembre sin éxito, pero se acordó una pequeña extensión que posterga unas semanas su aprobación final.
El primero de estos dos proyectos es el limite en el nivel de endeudamiento del país que hoy se encuentra en US$28 billones. El endeudamiento se eleva para hacer frente a gastos ya incurridos; no futuros. El debate por el nivel de endeudamiento de los EE.UU. ocurre muy frecuentemente y siempre ambos partidos negocian concesiones para finalmente elevarlo. Durante la última semana de septiembre, el Congreso trató los detalles de un nuevo limite pero no hubo acuerdo.
De no haberse aprobado un “parche” por US$480.000 millones de nueva deuda, el país hubiese caído en default el 18 de octubre.
El segundo proyecto de ley es el financiamiento del Gobierno Central. Este financiamiento está relacionado con gastos futuros correspondientes al período fiscal 2022 que comenzó el pasado 1 de octubre. De no contar con un presupuesto aprobado, el gobierno no puede operar obligándolo a cerrar, excepto ciertos servicios esenciales. Esta discusión también ocurre cada año y no es de extrañar que la administración pública deje de operar hasta que se aprueben los gastos. El último cierre de la administración ocurrió en 2019 y duró 29 días. A principios de octubre, ambos partidos negociaron un “parche” para financiar por un tiempo limitado a la administración pública y evitar el llamado “shutdown”.
Si bien los demócratas tienen mayoria en ambas Cámaras, por ahora, no están los votos, especialmente en el Senado donde dos demócratas, Kyrsten Sinema de Arizona, y Joe Manchin de West Virginia, ya ha anunciado que no votarán con su partido. Ambos representan estados históricamente republicanos y desean que la Casa Blanca reduzca considerablemente el tamaño de nuevos gastos propuestos por el presidente.
Los otros dos proyectos que Biden busca aprobar este año, son el paquete de infraestructura y el llamado “Build Back Better” (o reconstruir mejor). Se estima que el proyecto de ley de infraestructura costará US$1,2 billones durante cinco años y el de reconstrucción US$3,5 billones durante diez años. Juntos forman la base de la agenda económica del presidente Biden que busca cambiar estructuralmente a los Estados Unidos de America.
El paquete de infraestructura apunta a mejorar la conectividad del país para impulsar un crecimiento económico más sólido y a prueba de cimbronazos. Aeropuertos, autopistas, puentes, telecomunicaciones y puertos forman parte de las inversiones que la Casa Blanca busca realizar. También existe un plan para ir reduciendo la cantidad de automóviles a combustión producidos por las automotrices e incentivos para la compra de vehículos más ecológicos. El Senado, con ayuda de 19 republicanos, ya aprobó el proyecto de ley y ahora espera que la Cámara Baja de su consentimiento. Sin embargo, una veintena de representantes demócratas no quieren aprobarlo y argumentan que antes debe aprobarse el más ambicioso y controversial plan Build Back Better.
El Congreso de los Estados Unidos pronto volverá a reunirse para tratar una de las leyes económicas más extensas y transformadoras desde el "New Deal" del presidente Roosevelt en la década de 1930. El presidente Biden y su equipo económico están a punto de aprender si los norteamericanos están dispuestos a aceptar un papel más intervencionista del gobierno en la economía y, especialmente, en sus vidas.
Los US$3,5 billones que la Casa Blanca busca “invertir” en la transformación estructural de los EE.UU., con el plan “Reconstruir Mejor”, se centra en una larga lista de políticas y programas sociales que van desde la educación gratuita, la atención médica, viviendas y el cambio climático. Incluye programas que cambiarán la matriz energética del país en beneficio de la creación de nuevas industrias relacionadas con las energías renovables. También propone educación universitaria gratuita durante dos años en instituciones estatales, educación pre-escolar universal, la expansión del sistema de salud pública, control de precios de medicamentos, 12 semanas pagas de ausencia por maternidad y paternidad como también inversiones en desarrollos inmobiliarios sustentables.
Por supuesto, cualquier aumento del gasto publico, tiene que presentarse con su contrapartida: ¿como se va a financiar? ¿Más impuestos? ¿O las bondades económicas del plan permitirán que se autofinancie en el tiempo a través de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor recaudación?
Y mas allá de lo económico se pone sobre la mesa un tema clave: cuál es el rol del Estado en la sociedad y en la economía en general. El tamaño y alcance de estos proyectos, vienen acompañados de un incremento sustancial de las regulaciones (e impuestos) y del control del Estado en las vidas de los norteamericanos y de sus empresas.
¿Está Estados Unidos preparado y en condiciones para transformarse en un país mas socialdemócrata “europeo”, mas estado-dependiente y altamente regulado?
Y esto nos lleva a un punto clave: cual sera el impacto de las nuevas tecnologías: robótica, inteligencia artificial, biotecnología, etc., en el futuro del trabajo, la expectativa de vida y el gasto publico. Pero eso lo trataremos en otro articulo.
Columna publicada previamente en Clarín.
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