Matar a la gallina de los huevos de oro.

Existe una fábula que relata la historia de un hombre cuya gallina ponía todos los días un huevo de oro, algo que le proporcionaba el dinero suficiente como para vivir digna y holgadamente.

Resulta ser que, tomado por su ambición y codicia, un día, con la idea de agarrar todos los huevos de una sola vez, la mató y abrió por el medio, encontrando para su sorpresa que la pobre gallina era igual a cualquier otra y nada valioso existía en su interior. 

Como en todas las fábulas, está también culmina con una moraleja, “podemos agotar una fuente de riqueza  por explotarla de una forma excesiva con el fin de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible”.

Generar, transportar y distribuir, son los tres grandes desafíos que deben afrontar las empresas energéticas para que sus clientes podamos prender una lámpara en nuestros hogares. Miles de millones se invierten en centrales eléctricas, líneas y estaciones de alta tensión, subestaciones y redes de distribución. Decenas de miles de personas trabajan para construir, operar y mantener la infraestructura ecléctica, mientras que otros tantos organizan la administración, las finanzas y la atención a los clientes.

Todo este sistema es financiado, en principio, con lo que pagamos como servicios a través de las llamadas “facturas de luz”. Los distribuidores recaudan, además de las prestaciones propias, la generación de la energía que distribuyen, su transporte y los impuestos que el estado recauda. 

En general, las proporciones son las siguientes:

• 53% para CAMMESA, que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, que incluye a todos los generadores y transportistas de este mercado.
• 24% para el Estado, en todas sus formas, es decir, Nación, Provincias y Municipios.
• 23% para las distribuidoras, que son quienes tienen la relación directa con los consumidores.

Existen varias formas de relacionamiento entre el estado, las empresas de servicios públicos y los consumidores. En nuestro país se ha adoptado la forma de concesión a empresas privadas: El Estado ha delegado la prestación de servicios públicos a empresas privadas, manteniendo la titularidad. En estos casos, el funcionamiento y las tarifas de estas empresas deben ser regulados por el Estado, ya que las compañías tienen consumidores cautivos.

Al momento de las privatizaciones los argentinos pagamos por la electricidad que consumimos las tarifas más altas de la región durante casi 10 años, y las más bajas durante los últimos 20. 

Los abusos tarifarios, que sedujeron a quienes compraron las empresas al privatizarse, dieron orígen a la posterior discrecionalidad del regulador a partir de la pesificación y abandono del uno a uno.

En el medio, consumidores que perdieron el hábito de considerar al consumo eléctrico como un servicio escaso y costoso. 

Sólo en las costumbres de los abuelos o los padres mayores han quedado aquellos gritos de “apagá la luz” o el “¿sos hijo de Segba vos?”. Quienes tienen menos de 40 años se han acostumbrado a dormir con el aire acondicionado y la televisión prendida sin hacer uso de las funciones de apagado automático o temporizadores que cualquier equipo ofrece hoy.

Obviamente, resulta imposible por parte de cualquier empresa pública o privada sostener su actividad cobrando por lo que produce menos de lo que le cuesta, lo mismo sucede con la electricidad. Si los generadores, transportistas y distribuidores perciben por sus prestaciones ingresos menores a sus egresos la ecuación económica se rompe.

Si esto indefectiblemente es así, ¿cómo han durado tantos años?.

La respuesta está en los componentes de sus costos.

Todas estas actividades demandan importantes inversiones iniciales para construir plantas, redes y estructuras administrativas, las que una vez desarrolladas solo requieren mantener su operación y mantenimiento, que con el tiempo, la falta de inversión en ampliación y reemplazo de componentes dentro del sistema termina por consumir y agotar la infraestructura existente, es decir, “matando a la gallina de los huevos de oro". 

Haber subsidiado la oferta eléctrica, en un principio a todos los consumidores y recientemente, segmentando el perfil de los mismos, hace que algunos usuarios abonen apenas una pequeña parte de lo que consumen. Se estima que más de dos tercios de los clientes cuentan con subsidios en sus facturas, mientras que el otro tercio, luego de las últimas devaluaciones de nuestra moneda también ha quedado retrasado. 

Podemos coincidir en que existen determinados bienes y servicios esenciales que hacen que una sociedad solidaria acompañe a quienes carecen de posibilidades de acceso. Sin embargo, el uso responsable de lo que reciben y el reconocimiento por el apoyo recibido deben formar parte dentro ese acuerdo social.

Es por eso que contar con un sistema que permita identificar quién, qué, cuánto, cuándo, para qué y dónde imputa la asistencia recibida servirá para determinar el destino de ese esfuerzo que la sociedad realiza para sostener a quienes más lo necesitan. 

Existen tecnologías que permiten crear ecosistemas transaccionales de pagos para imputar partidas específicas para cada destino, es decir, que si se distribuyen recursos para el consumo de energía puede acreditarse un saldo que sólo puede ser imputado para ello. Del mismo modo si existe un programa de apoyo al empleo, se puede acreditar un saldo específico para ser imputado a ese programa. 

Cuentas de numerales de asignación específica, es decir que mientras que circula dentro de su entorno no es dinero fungible, solo cuando se imputa al consumo de los conceptos habilitados se podrá cambiar por dinero bancarizado. 

Esto permitirá identificar muchos de los interrogantes de una parte importante del gasto público dando mayor transparencia y trazabilidad.

De esta forma, se podría subsidiar la demanda en lugar de la oferta e identificar las características de los apoyos y ayuda que cada uno recibe. 

Los precios de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado deben ser lo que son, obviamente dentro de una economía que proteja  a la competencia y que, frente a ofertas monopólicas, cuide los intereses de ambas partes. 

Las cuentas de numerales o billeteras solidarias servirán de “asistencia social” limitando el esfuerzo de los ciudadanos para quienes la necesiten y en la medida que corresponda. 

Herramientas como esta permiten generar programas de incentivos entre quienes son sus titulares para contribuir con el ahorro y el uso responsable de los recursos, de esta forma podemos aprender a cuidar lo que tenemos y principalmente a mantener viva a la gallina de los huevos de oro.