Milei y su equipo anuncian por cadena nacional las nuevas medidas
Las ‘‘nuevas fases’’ del plan económico de este gobierno, al nunca ser anunciadas con la suficiente anticipación, parecen ser en realidad cambios de plan económico en general que el gobierno lleva a cabo cuando nota que el esquema adoptado es insostenible. Para no dañar su reputación o perder credibilidad, y sobre todo para poder sorprender a los agentes económicos en los momentos oportunos, las autoridades ya habían hecho un movimiento parecido en julio del año pasado, cuando anunciaron que comenzarían a vender dólares en el MULC para absorber una mayor cantidad de pesos luego de observar que la inflación no estaba cayendo tan rápido como les hubiese gustado.
En este caso, por un lado debería haber al menos cierta sospecha de que la ‘‘salida’’ del cepo puede haber sido una tácita admisión de que el esquema cambiario no podía sostenerse para siempre y que la pérdida de reservas que dominó la tapa de los diarios durante los últimos meses no era una cuestión excepcional sino una fuerte señal de agotamiento. Por el otro, y según lo dijo el presidente, puede que la liberación del cepo y la flotación parcial siempre hayan estado en agenda, y que fuese sólo cuestión de sostener el plan inicial hasta recibir la cantidad de fondos necesaria para llevarlas a cabo.
El gobierno, por mérito propio, logró conseguir préstamos importantes del FMI, el BID, el Banco Mundial y otras instituciones y así salvarse de una potencial implosión que lo habría perjudicado fuertemente para las elecciones próximas. No obstante, el cambio en la política cambiaria —posibilitado por esos préstamos, ya que sin un incremento de reservas tan espectacular no se podría sostener la nueva flotación con bandas— responde, evidentemente y aunque el gobierno lo quiera hacer pasar por decisión propia y premeditada, a la discusión económica que dominó la escena los últimos meses: el tema del ‘‘atraso cambiario’’. Esta era una de las preocupaciones del FMI, junto al cual se diseñó el nuevo esquema cambiario. A menos que el gobierno brinde una explicación alternativa razonable sobre por qué las pérdidas de reservas tan bruscas que se observaron durante los últimos meses no se debieron a una inconsistencia en el valor del tipo de cambio oficial sino a ciertas circunstancias excepcionales o factores estacionales, el sentido común indicaría que un tipo de cambio oficial artificialmente bajo estuvo fomentando las importaciones y desincentivando las exportaciones, en consecuencia reduciendo las reservas en posesión del BCRA.
Si bien el debate sobre el ‘‘atraso cambiario’’ merece ser desarrollado en mayor profundidad, en esta ocasión conviene realizar algunas precisiones sobre el cambio en la política económica anunciado el viernes 11 de abril a fin de comprender mejor cuál es el rumbo que está tomando la economía argentina en materia monetaria-cambiaria.
En primer lugar, es necesario aclarar por qué las nuevas medidas, a pesar de lo que digan las autoridades y los medios, no son en realidad una completa ‘‘salida’’ del cepo, y por qué si así lo fuera, la Argentina ya habría salido del cepo hace meses.
Se debe comenzar por definir el concepto, y en Argentina el ‘‘cepo cambiario’’ es el nombre asignado a todo un conjunto de regulaciones a la compra-venta oficial o legal de divisas. Entre las más conocidas e importantes de ellas, se encuentran el límite a la cantidad de reservas internacionales disponibles para la compra por parte de una persona humana desde su banco comercial, o los impedimentos a la hora de girar dividendos —la distribución de ganancias de una sociedad entre sus dueños/accionistas— hacia el exterior en el caso de las personas jurídicas —empresas.
El cepo, al limitar las cantidades de moneda local e internacional intercambiadas (de forma oficial), inevitablemente tiene efecto sobre el tipo de cambio (oficial), pero no tiene en principio nada que ver con él. Sobre todo, no se debe confundir con el establecimiento por parte del gobierno o Banco Central de un tipo de cambio determinado, de lo cual sobran ejemplos a los que no llamaríamos ‘‘cepos cambiarios’’ —por ejemplo, el patrón oro que operó hasta principios del siglo XX, el patrón de cambio-oro que lo reemplazó luego, o la caja de conversión que tuvo Argentina durante los 90’. Sin embargo, al imponer límites y prohibiciones sobre la compra-venta de divisas, inevitablemente se generan dos tipos de cambio distintos: el oficial, en el que imperan esas restricciones, y el paralelo, en el que no tienen vigencia.
Habiendo definido el cepo de la manera en que suele comprenderse, como conjunto de normativas que restringen la compra-venta de divisas, la eliminación del cepo sólo puede concretarse al derogar la totalidad de dichas normas, o a lo sumo las más importantes, de lo contrario sólo se estará hablando de una liberalización parcial. Como el comunicado del Banco Central de la República Argentina deja en claro que para las personas jurídicas, varias de las imposiciones que integran el cepo cambiario siguen aún en pie, no se puede afirmar que las más recientes medidas de política económica signifiquen una salida del cepo sin faltar parcialmente a la verdad. Es cierto que una de las prohibiciones más palpables para la mayoría de la población ha sido eliminada, pero no todas ellas. Si sólo se tratase de derogar algunas de las normativas relacionadas, el gobierno debería haber anunciado la salida del cepo tiempo atrás, ya que había estado liberando durante 2024, gradualmente, varias de las restricciones que lo componían —tanto es así que Juan Carlos de Pablo había dicho: ‘‘la impresión que tengo [...] es que como siguen sacando restricciones, un día van a terminar de sacar el cepo y nadie se va a dar cuenta’’.
La segunda aclaración es que no es correcto equiparar las bandas cambiarias con controles de precios ni controles de cambios.
Las restricciones sobre las personas jurídicas siguen en pie porque al ser obligatorio el paso por el Banco Central para girar dividendos pendientes de años atrás y realizar otras operaciones, en caso de comprar todos los dólares que necesitan, causarían una fuerte pérdida de reservas y llevarían probablemente el tipo de cambio a un nivel más alto que el actual. En ese sentido, es correcto afirmar que el gobierno aún ejerce un control sobre el mercado de cambios, y esto es lo más cercano a un ‘‘control de precios’’ que puede existir en ese ámbito.
No obstante, no puede decirse lo mismo del esquema de bandas cambiarias, por más que a primera vista parezca que se ha impuesto un precio máximo y mínimo sobre la moneda. Se trata de un esquema de tipo de cambio mixto, es decir, flotante en cierto sentido —su valor fluctúa siempre y cuando se encuentre dentro de las bandas determinadas— pero fijo a la vez —no se permite que su valor fluctúe más allá de ciertos límites establecidos. Si bien intuitivamente muchos relacionan un tipo de cambio flotante a dejar que el valor de la moneda sea determinado libremente por la oferta y la demanda, y un tipo de cambio fijo a una intervención de la autoridad monetaria en el mercado mediante la prefijación del valor, en realidad ambos esquemas son, a priori, igualmente ‘‘intervencionistas’’.
Si el Estado fija el tipo de cambio, no puede controlar la cantidad de moneda emitida ni la cantidad de reservas en su posesión, ya que ambas deberán responder automáticamente ante las compras y ventas de divisas de manera que el tipo de cambio establecido se mantenga quieto. Pero de la misma forma, si se deja que el tipo de cambio flote libremente, el gobierno tiene control directo sobre la emisión monetaria y, por supuesto, se vuelve un importante actor e influyente determinador del precio en el mercado de cambios al mover grandes volúmenes de la moneda en cuestión.
De hecho, los liberales suelen preferir la aplicación de un tipo de cambio fijo por sobre uno flotante cuando de monedas emitidas por el Estado se trata, ya que la misma es un pasivo —una deuda— del Banco Central o la autoridad monetaria con los usuarios —acreedores— de esa moneda, y siendo el cumplimiento estricto de los contratos un pilar esencial en la filosofía liberal, resulta inaceptable permitir que el emisor de esa deuda cuente con la posibilidad de erosionar el valor de la misma y estafar así a sus clientes, lo cual el tipo de cambio flexible permite y el tipo de cambio fijo impide. Todo esto está explicado muy claramente en un viejo artículo del economista liberal Juan Ramón Rallo.
El mero hecho de que la moneda de una economía sea emitida y controlada por un Banco Central o un gobierno obliga a que el Estado, como oferente de esa moneda, determine de una u otra manera su valor a través de la instauración del tipo de cambio que sus autoridades consideren preferible. Ni siquiera con una dolarización se logra escapar de este escenario; sólo se cambia un Estado emisor por otro. La única manera de evitarlo sería separando por completo al Estado de la moneda, para lo cual haría falta eliminar el Banco Central o la autoridad monetaria y el curso forzoso de la moneda estatal, a la vez que se permite la competencia libre de monedas ofertadas por empresas, bancos o actores privados —los cuales también determinarían cuánto ofertar de acuerdo a la demanda, como sucede con prácticamente cualquier otro bien.
Lo que este plan de flotación entre bandas le permite al gobierno es poder acumular reservas más sostenidamente a través de una menor necesidad de intervenir en el mercado cambiario. Nuevamente De Pablo: ‘‘El equilibrio fiscal es la columna vertebral, el resto de la política económica son subproductos de eso’’. Dejar flotar es una manera que tiene el Banco Central de aislarse un poco de lo que ocurra en el tipo de cambio. Por supuesto, este es un lujo que se puede permitir ahora que han aumentado las reservas como resultado de los distintos préstamos, y aún así se reserva el derecho de hacerlo para evitar cambios bruscos e inestabilidad —vendiendo dólares cuando el valor toca la banda superior, o comprando en la inferior.
Unas últimas aclaraciones son de índole precautoria más que teórica.
La parcial salida del cepo y la continuidad de la estabilidad en el tipo de cambio son importantes victorias del gobierno. Son señales que dotan de mayor veracidad las promesas del presidente y el ministro de economía de que la estabilidad económica, el fomento a la llegada de inversiones, y el sendero desinflacionario son realidades que llegaron para quedarse.
Ahora bien, el gobierno no debe dormirse en los laureles ni caer en el efecto de complacencia. Toda la inflación que esta gestión está logrando evitar —aunque sigue siendo debatible si lo está haciendo sosteniblemente— al mantener un peso fuerte no debe menospreciarse, pero el último dato mensual —3,7%— sirve como recordatorio de que la inflación aún sigue siendo alta. Junto al tipo de cambio estabilizado, está contribuyendo a una apreciación de la economía argentina que más allá de afectar la exportación, no parece sostenible: salvo por las desregulaciones y la desinflación que es virtualmente una constante reducción de impuestos y distorsiones, no hay demasiada razón para creer que la productividad de la economía haya aumentado.
La apertura de la economía al comercio internacional es aún tímida, los intentos de flexibilizar el mercado laboral se han estancado, el proyecto de reducción y simplificación impositiva aún no se ha presentado y mucho menos legislado, y las oportunidades de carry trade al tener una tasa de interés en pesos ubicada por encima de las tasas de devaluación e inflación sumadas siguen obstaculizando el paso de la mentalidad financiera a la mentalidad productiva en las empresas. Todo esto no es necesariamente una crítica, ya que reformas de tal importancia toman tiempo, sino una lista de razones por las que se hace difícil creer el relato oficialista de que la apreciación de la economía en dólares responde 100% a cambios en los factores reales.
Adicionalmente, y en línea con las frecuentes advertencias de De Pablo, el peligro de que la economía haya evolucionado de un escenario de “no hay plata” a uno de ‘‘hay un poquito de plata’’ no debe ser subestimado, sobre todo en año electoral. El presidente ha generado la suficiente credibilidad como para convencer a gran parte del país de que no cambiará el rumbo por presiones sectoriales o de campaña, pero estando la economía y la política fuertemente relacionadas en la Argentina, no es imposible visualizar un desvío de las pautas anunciadas por el plan.
Permanecen vigentes las incógnitas sobre si el gobierno busca dolarizar algún día la economía de jure, siguiendo el informe Bausili-Caputo de 2023, o avanzar eventualmente hacia una ‘‘competencia de monedas’’ o ‘‘dolarización endógena’’, como alguna vez mencionó el presidente, y cómo planean hacerlo. Lo que está claro es que este gobierno, a diferencia de casi todos los anteriores, está pensando en un proyecto económico a largo plazo para el país, y avanza con paciencia y seguridad, lo cual no es poca noticia.
Finalmente, la cuestión planteada al inicio de este artículo —en qué medida el cambio en la política económica es una concesión a los críticos sobre la existencia del atraso cambiario y la consecuente inconsistencia del plan a mediano plazo— es merecedora de un artículo aparte y dedicado exclusivamente a la discusión. La evolución de los hechos, sin embargo, ofrece a veces algunas pistas poco triviales sobre la respuesta, por lo que es imperativo seguir en detalle los acontecimientos durante los próximos meses.
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