Durante el último año y medio, el gobierno resistió la apertura del cepo cambiario. Apenas dos meses antes de sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente había condicionado el levantamiento de los controles en una entrevista con Bloomberg, al declarar: "Soy libertario, no libertarado", y establecer tres requisitos. Uno de ellos era que, si la inflación descendía al 1,5% mensual, la tasa de devaluación se llevaría a cero. Finalmente, tras meses de resistencia, el cepo fue abierto.

En esa entrevista, realizada en Davos por el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, Javier Milei detalló que la eliminación de los controles se daría "de todos modos", aunque la velocidad dependería del acceso a financiamiento en dólares. Además de la baja de la inflación, Milei mencionó como condiciones la convergencia entre la base monetaria observada y la ampliada, y la obtención de nuevos fondos, tanto del FMI como de fuentes privadas. Señaló también que esos fondos no implicarían un aumento de la deuda total, ya que se destinarían a cancelar pasivos del Tesoro en manos del Banco Central.

El acuerdo con el FMI y sus consecuencias a mediano plazo remiten a la última renegociación llevada a cabo por el gobierno de Alberto Fernández en 2021. En aquella ocasión, el entendimiento con el organismo terminó desencadenando la abrupta renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en el Congreso, al considerar que el acuerdo sería inflacionario y perjudicaría a Argentina en el mediano plazo, destruyendo además cualquier posibilidad electoral.

Y es que esta situación parece reflejar, casi como un espejo, lo ocurrido en 2021 y, a su vez, en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En ambos episodios, los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional terminaron acompañados por un crecimiento sostenido de la inflación y/o una profundización de la recesión económica, generando mayor incertidumbre y deterioro en las condiciones de vida de la población.

La letra chica del acuerdo

La letra chica del acuerdo incluye medidas que, en el mediano plazo, podrían tener efectos recesivos, mientras que en el corto plazo algunas son inflacionarias, lo que representa un riesgo importante para un gobierno que busca ganar fuerza electoral en 2025. En este contexto, el éxito político dependerá de la viabilidad y sostenibilidad del plan económico.

La reducción de subsidios a la energía, como parte del ajuste estructural, tiene un impacto inmediato sobre los costos de producción de bienes y servicios. Al aumentar las tarifas de electricidad y gas, las empresas que dependen de estos insumos para operar enfrentan un aumento en sus costos, los cuales terminan trasladándose al consumidor final. Esto genera un aumento directo en los precios, impulsando la inflación. Además, los hogares también sufren las consecuencias, ya que el incremento en los costos de los servicios básicos reduce su poder adquisitivo y aumenta el gasto familiar, lo que contribuye a una mayor presión inflacionaria. Aunque la medida busca aliviar las finanzas públicas, genera un ciclo en el que el ajuste fiscal, al aumentar los costos y precios, refuerza la inflación y afecta aún más a la población.

Por otro lado, la reforma del sistema previsional y la reforma de la coparticipación federal son medidas que, si bien buscan mejorar la sostenibilidad fiscal del país, tienen un gran impacto político. La reforma previsional, que pretende alinear los beneficios jubilatorios con los aportes realizados, es un tema extremadamente delicado a nivel político. Como se ha observado en los últimos años, cualquier intento de modificar las jubilaciones, ya sea para reducir beneficios o modificar la fórmula de cálculo, genera una fuerte resistencia, principalmente porque los jubilados constituyen una base electoral crucial.

Esto quedó claro en 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó introducir cambios en el sistema de jubilaciones, lo que provocó un fuerte rechazo social y sindical, desatando protestas y conflictos en todo el país. El temor es que cualquier ajuste percibido como una reducción de los derechos adquiridos incremente la tensión social y política, lo cual podría tener repercusiones negativas en las elecciones.

Por otro lado, la reforma de la coparticipación federal también incluida en el acuerdo, afecta directamente los recursos que reciben las provincias. El sistema de coparticipación es clave para el financiamiento de los gobiernos provinciales, por lo que cualquier intento de modificar su distribución puede generar un fuerte conflicto con los gobernadores. Modificar la coparticipación puede ser percibido como un intento de recortar la autonomía financiera de las provincias, lo que podría generar más fricciones y debilitar las relaciones políticas en todo el país.

Finalmente, el acuerdo con el FMI también establece como meta mantener el déficit fiscal en cero y avanzar hacia un superávit primario sostenido, lo que implica un ajuste fiscal estricto. Para lograrlo, se requiere limitar el aumento del gasto público, lo que se traduce en recortes en áreas clave como los subsidios a los servicios y la inversión en infraestructura. Aunque controlar el déficit fiscal es necesario para garantizar la estabilidad económica a largo plazo, estas medidas tienen un impacto recesivo a corto plazo. La restricción del gasto público puede reducir la demanda interna, afectando negativamente a sectores económicos que dependen del consumo estatal y de los programas sociales. Además, al limitar la capacidad del gobierno para responder a las necesidades urgentes de la población, se corre el riesgo de generar tensiones sociales, especialmente en los sectores más vulnerables, lo que podría incrementar la inestabilidad política y económica.

Riesgos y Desafíos del Plan Económico de cara a las Elecciones de 2025

Este combo de medidas resulta explosivo para un gobierno que busca medirse electoralmente en 2025. La combinación de ajustes fiscales, reformas estructurales y la incertidumbre generada por el acuerdo con el FMI plantea riesgos significativos, tanto en términos económicos como políticos. Si bien las reformas buscan estabilizar las finanzas del país, su impacto a corto plazo podría generar una mayor inflación, recesión y tensiones sociales, lo que afectaría directamente la percepción pública del gobierno. Además, los cambios en áreas tan sensibles como las jubilaciones y la distribución de recursos entre provincias pueden generar un fuerte rechazo, especialmente de sectores clave del electorado. Si estas medidas no son manejadas con cautela, el gobierno podría enfrentar dificultades para sostener el apoyo popular, lo que complicaría su sostenibilidad electoral en un escenario ya de por sí desafiante. El éxito del plan económico dependerá de su capacidad para equilibrar la necesidad de ajuste fiscal con la gestión de las consecuencias sociales y políticas, algo que será crucial para mantener el respaldo electoral hacia las elecciones de 2025.