Hoy en día, en la Argentina de la administración de Javier Milei, se discute intensamente la presencia del Estado y los límites de su alcance. Veníamos de un proceso de alta inflación, elevado riesgo país y niveles críticos de informalidad, pobreza e indigencia. Este escenario se veía agravado por una emisión monetaria descontrolada, un déficit fiscal primario persistente y un desequilibrio en la balanza de pagos.
Con el cambio de gobierno, la política económica viró radicalmente: se frenó la emisión, se estableció el equilibrio fiscal como pilar fundamental y se desregularon tarifas y servicios. Como resultado, la economía ingresó en una senda de mayor normalidad: la inflación bajó, se alcanzó el superávit fiscal y el riesgo país descendió —aunque se mantiene elevado en comparación con nuestros países vecinos—. Los precios de los servicios se alinearon con costos más lógicos que los de años anteriores.
Sin embargo, si bien la macroeconomía logró estabilizarse, esta mejora no se percibe en el día a día de los ciudadanos. Es lógico: los salarios reales cayeron, mientras que las tarifas y servicios aumentaron. El superávit fiscal sostenido se explica, principalmente, por la quita de subsidios y la reducción de beneficios sociales, lo que permitió disminuir drásticamente el gasto corriente. Estas medidas sanearon las cuentas públicas, pero ¿cuál ha sido el costo? La respuesta es simple: una caída del consumo, con la consecuente pérdida de empleos formales y el desplome del salario real.
Este fenómeno responde a la lógica de la oferta y la demanda. Ante una menor demanda laboral por parte de los empleadores y una oferta constante de trabajadores, el precio del trabajo (el salario real) tiende a caer. Es preciso recordar que los mercados laborales operan bajo las mismas leyes que cualquier otro mercado de bienes. Incluso Karl Marx, en su obra Trabajo asalariado y capital (1849), explica cómo opera efectivamente el mercado bajo el capitalismo, describiendo que el salario se comporta en la superficie como cualquier otra mercancía: fluctuando según la oferta y la demanda. Esta dinámica explica por qué, en el plano micro, el ciudadano promedio no percibe una mejora.
Para el Presidente, parece ser suficiente con estabilizar la macro: mantener un dólar estable, conservar el superávit, cumplir con los compromisos de deuda y bajar el riesgo país, asumiendo que la microeconomía se ajustará por añadidura. Pero esto no está ocurriendo. ¿Se equivoca el Gobierno en su diagnóstico? En parte, sí. Si bien ordenar la macroeconomía es una condición necesaria, no es suficiente. De nada sirve el orden si el salario se desploma, el consumo cae y la industria nacional pierde competitividad frente a empresas extranjeras cuyos costos son menores, en parte debido a cargas impositivas significativamente más bajas que la Argentina. Necesitamos un contexto donde la empresa local pueda competir, lo que exige una reducción de la presión fiscal y una reforma laboral integral. Proteger la industria nacional es una práctica común en potencias como Estados Unidos, el bastión del capitalismo; sin embargo, para el Gobierno actual, tales medidas parecen contradecir sus ideales.
Para profundizar esta crítica, resulta valioso citar a Richard Musgrave, quien en su obra The Theory of Public Finance (1959) describe las tres funciones fundamentales del Estado en una economía de mercado: asignación de recursos, distribución del ingreso y la riqueza, y estabilidad macroeconómica.
Si bien el Gobierno cumple con la estabilidad macroeconómica —utilizando la política fiscal y monetaria para mantener el equilibrio y mitigar los ciclos recesivos—, flaquea en las otras dos. En cuanto a la asignación de recursos, la paralización de la obra pública ha detenido mejoras críticas en rutas e infraestructura logística, elementos esenciales no solo para la seguridad, sino para fomentar la competitividad del turismo y el transporte. Respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, el Gobierno parece ir a contramano: su objetivo principal debería ser lograr un equilibrio entre la eficiencia y la equidad social, pero, al eliminar subsidios y programas sin un plan de compensación, profundiza la brecha distributiva.
A modo de conclusión, si bien considero que la presencia del Estado en la economía debe ser la mínima necesaria, hoy es imperativo que sea pragmática. El Estado debe proveer las herramientas para que la economía crezca por sí misma, protegiendo a los sectores más vulnerables y capacitando a los ciudadanos para que sean autónomos, en lugar de depender del gobierno de turno. El ajuste era necesario para sanear las cuentas, pero se requieren medidas que alivien la presión sobre la restricción presupuestaria de las familias, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con tanto esfuerzo.
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