Después del grito

A Agostina Vega la encontraron los perros.

La frase duele porque parece salida de otro tiempo. Porque cuesta creer que una adolescente de catorce años pueda desaparecer durante días en un país atravesado por cámaras, teléfonos inteligentes, sistemas de rastreo y una conversación pública que lleva más de una década hablando de violencia de género. Sin embargo, ocurrió. Y cuando el cuerpo apareció, llegaron las conferencias de prensa, las declaraciones oficiales, las promesas de justicia y los análisis de siempre.

Primero apareció la muerte.

La noticia recorrió Argentina apenas unos días antes de un nuevo aniversario de Ni Una Menos. La coincidencia fue imposible de ignorar. Once años antes, otra adolescente de catorce años llamada Chiara Páez había sido asesinada en la provincia de Santa Fe. Su femicidio desencadenó una de las movilizaciones más importantes de la historia reciente de América Latina.

Entre Chiara y Agostina hay once años.

Once años de marchas multitudinarias, debates parlamentarios, reformas legislativas, campañas educativas, investigaciones académicas, observatorios, protocolos judiciales y discusiones culturales que atravesaron hogares, escuelas, universidades, medios de comunicación y espacios de trabajo.

Pero también hay más de tres mil víctimas fatales por violencia de género.

Esa cifra resume una de las contradicciones más profundas de la Argentina contemporánea. El país que logró convertir la violencia machista en un asunto central de la agenda pública es, al mismo tiempo, un país donde las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Ni Una Menos transformó algo que parecía inmodificable: el lenguaje.

Durante décadas, los asesinatos de mujeres fueron narrados como crímenes pasionales, tragedias familiares o episodios aislados. Las víctimas eran examinadas con más rigor que sus agresores. Se analizaba cómo vestían, a dónde iban, con quién salían y qué decisiones habían tomado. La violencia aparecía disfrazada de fatalidad.

El movimiento alteró esa lógica.

Nombrar los femicidios fue una forma de romper con una tradición de silencios. Comprender que detrás de cada caso existían patrones repetidos permitió observar algo más grande que los hechos individuales: una estructura de desigualdad capaz de atravesar generaciones, clases sociales, territorios y edades.

La revolución fue cultural antes que institucional.

Miles de mujeres comenzaron a identificar situaciones que durante años habían sido naturalizadas. Lo que antes parecía una discusión restringida a pequeños círculos militantes se convirtió en una conversación colectiva. El feminismo dejó de ocupar los márgenes y pasó a disputar el centro de la escena pública.

Sin embargo, la muerte siguió encontrando caminos.

Las estadísticas revelan una persistencia difícil de ignorar. La mayoría de los agresores pertenecía al entorno íntimo de las víctimas. Parejas, exparejas, familiares o conocidos. Los números desmontan una de las ficciones más extendidas: el principal peligro no suele esperar en una calle oscura, sino dentro de los espacios donde debería existir protección.

Las casas continúan siendo uno de los escenarios más frecuentes del horror.

Detrás de cada expediente hay habitaciones vacías, mesas con una silla menos, cumpleaños que ya no se celebran y niños que crecen aprendiendo demasiado temprano el significado de la ausencia. Miles de hijas e hijos quedaron huérfanos desde aquella primera movilización de 2015. Son la consecuencia menos visible de una violencia que no termina cuando se apagan las cámaras.

Mientras tanto, el contexto político cambió de manera drástica.

Las organizaciones feministas denuncian el desmantelamiento de programas estatales destinados a la prevención, asistencia y acompañamiento de personas en situación de violencia. También alertan sobre el crecimiento de discursos que relativizan, minimizan o directamente niegan la dimensión estructural del problema.

La disputa ya no gira solamente alrededor de las soluciones.

Ahora también se discute si el problema existe en los términos en que fue definido durante la última década.

La paradoja es inquietante.

Nunca hubo tantos estudios, estadísticas, investigaciones y herramientas conceptuales para comprender la violencia de género. Nunca se produjo semejante cantidad de conocimiento sobre sus mecanismos, sus consecuencias y sus formas de reproducción social. Nunca existió una conciencia pública tan extendida sobre el tema.

Y, sin embargo, las muertes continúan.

Tal vez porque ninguna transformación cultural es lineal. Tal vez porque las estructuras más antiguas suelen resistirse a desaparecer. Tal vez porque los avances conviven con reacciones que buscan restaurar viejos órdenes. O quizás porque reconocer una tragedia no equivale necesariamente a impedirla.

Lo cierto es que once años después de aquel primer 3 de junio, la sociedad argentina enfrenta una pregunta incómoda: ¿cómo se mide el éxito de un movimiento que cambió para siempre la conversación pública, pero no consiguió volver innecesaria su propia existencia?

La respuesta posiblemente no se encuentre en las estadísticas, sino en la memoria.

Antes de Ni Una Menos, muchos de estos asesinatos desaparecían entre breves policiales. Hoy generan conmoción social, movilizaciones masivas y una exigencia pública de respuestas. No alcanza. Jamás alcanzará. Pero significa que ya no existe la comodidad de la indiferencia.

Chiara Páez tenía catorce años.

Agostina Vega también.

Entre ellas transcurrió más de una década de historia, de luchas, de conquistas y retrocesos. Entre ellas se escribió buena parte de la conversación contemporánea sobre la violencia contra las mujeres en América Latina.

Y aun así, seguimos pronunciando nombres.

Quizás esa sea la conclusión más dolorosa de todas. El feminismo consiguió que una sociedad aprendiera a escuchar. Consiguió romper silencios centenarios, modificar leyes y transformar el sentido común de millones de personas. Lo que todavía no ha conseguido el mundo es dejar de producir las condiciones que convierten a esas niñas en víctimas.

Once años después del primer Ni Una Menos, el problema ya no es que nadie escuche el grito.

El problema es que seguimos teniendo motivos para pronunciarlo.