Mientras el Gobierno nacional baja impuestos para intentar aliviar las consecuencias de la inflación, varios municipios del país —en especial en la provincia de Buenos Aires— avanzan en sentido contrario: suben tasas locales que se calculan sobre ingresos brutos, sin descontar costos, y que terminan impactando de lleno en el precio final que paga el consumidor. En los hechos, funcionan como un impuesto al consumo disfrazado de “tasa por servicios”.
Donde más visible se vuelve este problema es en los hipermercados y supermercados.
En Lanús, la tasa municipal alcanza el 6,36 % sobre la facturación total. En Hurlingham llega al 4,5 %; en Pilar, al 4,5 %, a lo que se suma una nueva Tasa de Protección Ambiental del 2 % que también termina reflejada en el ticket; en Quilmes, la alícuota es del 3,74 %. En Villa Mercedes, San Luis, trepa al 4,5 %. No se trata de porcentajes abstractos: son cargas que las cadenas trasladan al precio final. Cada vez que una familia compra pan, leche o aceite, ya está pagando ese costo municipal, muchas veces sin siquiera advertirlo.
El problema no termina en la góndola.
Para quien quiere abrir, sostener o ampliar un comercio, la presión es todavía mayor. En Pilar, la carga combinada entre la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, la tasa ambiental, el mantenimiento vial y otros conceptos supera con facilidad el 6,5 % sobre la facturación. En Luján ronda el 5,7 %: 4,2 % de Seguridad e Higiene más 1,5 % ambiental. En Villa Carlos Paz, Córdoba, la tasa aplicada a la industria llega al 3,6 %. Todas estas cargas tienen algo en común: se calculan sobre ventas brutas y se acumulan en cada tramo de la cadena productiva, desde el proveedor hasta el comercio final. El resultado es obvio: precios más altos, menor rentabilidad y menos incentivos para invertir o generar empleo.
El contraste entre municipios también expone hasta qué punto estas decisiones condicionan la actividad privada. Hace pocos días, el exintendente de Tres de Febrero y actual senador Diego Valenzuela denunció judicialmente que La Matanza cobra tasas a las empresas hasta cuatro veces más altas que distritos vecinos. El caso que presentó es elocuente: dos fábricas idénticas de suéteres, separadas apenas por la avenida República. En enero de 2025, la ubicada en Tres de Febrero pagó $234 mil en tasas municipales; del otro lado, en La Matanza, la misma empresa abonó $8,9 millones. La diferencia también se ve por metro cuadrado: $308 contra $1.100. No es un detalle técnico: es la clase de presión que define dónde una empresa se instala, invierte o se va. Por eso bancos como Santander y Nación se mudaron a Tres de Febrero, y compañías como Mercado Libre y FEMSA eligieron radicarse allí.
Mientras la Nación elimina tributos distorsivos y busca dar señales de alivio fiscal, muchos intendentes siguen cargando sobre el sector privado con más presión, más burocracia y más costo.
No es un problema de falta de recursos. Es, sobre todo, un problema de prioridades. En vez de revisar el gasto político y mejorar la eficiencia del Estado local, prefieren sostener esquemas que castigan el consumo y frenan la actividad.
La industria y el comercio bonaerense ya soportan una de las presiones tributarias locales más altas del país. Y, como siempre, el costo final no lo absorbe la política: lo paga el vecino. Lo paga cuando compra en el supermercado y lo paga cuando intenta sostener un negocio. También existen excepciones, como Tres de Febrero, que muestran que otro camino es posible: bajar tasas, atraer inversiones y generar empleo.
Si de verdad se busca que bajen los precios y que haya más comercios abiertos, la solución no pasa solamente por la Casa Rosada. También pasa por los municipios. Los intendentes que siguen aumentando tasas en un país que intenta salir de la inflación no están cuidando al vecino: están encareciéndole la vida.
Si querés, te hago ahora una versión todavía más filosa y más de columna política, con un tono más parecido al de un editorial.
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