Argentina se encamina a una decisión que, de concretarse, marcaría un giro profundo en su política migratoria y en su posicionamiento internacional. El gobierno de Javier Milei sostiene negociaciones con Estados Unidos para firmar un acuerdo que permitiría a Washington deportar a migrantes de terceros países hacia territorio argentino, como parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Las conversaciones avanzan con discreción, pero su contenido es políticamente explosivo. El esquema en discusión permitiría que personas detenidas poco después de ingresar de manera irregular a Estados Unidos sean trasladadas a Argentina, desde donde luego se les ofrecerían vuelos hacia sus países de origen. En los hechos, Buenos Aires pasaría a cumplir el rol de país receptor transitorio de una política migratoria diseñada en Washington.
El contexto no es neutro. Trump reactivó una estrategia agresiva de deportaciones masivas, con despliegues del aparato migratorio en ciudades estadounidenses y una creciente presión sobre países aliados para que colaboren como destinos alternativos. Argentina aparece ahora en ese radar, no solo por afinidad ideológica, sino por la voluntad explícita del gobierno de Milei de alinearse sin matices con la Casa Blanca.
Ese alineamiento, sin embargo, tiene costos internos evidentes. Mientras negocia recibir deportados de otros países, el gobierno argentino endurece su propia política migratoria. El discurso oficial adoptó una retórica de seguridad, con operativos policiales, controles reforzados y un énfasis creciente en las expulsiones. Funcionarios y aliados del oficialismo comenzaron a hablar de la migración como una “invasión” y a cuestionar el acceso de los extranjeros a servicios básicos como salud y educación.
La contradicción es difícil de disimular. Por un lado, se promueve una narrativa de cierre, orden y expulsión. Por otro, se evalúa aceptar migrantes deportados por una potencia extranjera, en un país que atraviesa un ajuste fiscal severo y carece de infraestructura adecuada para alojar, trasladar y asistir a esas personas. Incluso dentro del propio gobierno existen reparos sobre el impacto económico, social y político del acuerdo.
No es un detalle menor que Argentina haya construido históricamente su identidad nacional sobre la inmigración. Durante décadas, la llegada de extranjeros fue concebida como un activo, no como una amenaza. Esa tradición, que evitó que la cuestión migratoria se convirtiera en un clivaje político central, hoy empieza a resquebrajarse bajo una lógica importada, más cercana a los debates culturales y securitarios de la derecha global.
El posible acuerdo también plantea interrogantes de soberanía. Aceptar deportados de terceros países no es un gesto humanitario ni una política migratoria autónoma. Es una pieza dentro de una estrategia diseñada por Estados Unidos para sortear obstáculos diplomáticos y legales en sus procesos de expulsión. Argentina no definiría a quién recibe ni en qué condiciones iniciales, sino que se adaptaría a las necesidades operativas de otro Estado.
La ayuda financiera otorgada por Washington en los últimos meses agrega una capa adicional de complejidad. El respaldo económico fue clave para apuntalar al gobierno argentino en un momento de fragilidad interna. En ese marco, la negociación migratoria aparece menos como una decisión soberana y más como parte de un paquete de concesiones implícitas, donde el alineamiento político se traduce en compromisos concretos.
Las experiencias regionales no invitan al optimismo. Otros países que firmaron acuerdos similares enfrentaron cuestionamientos judiciales, protestas sociales y costos institucionales difíciles de revertir. Convertirse en eslabón de una cadena de deportaciones no suele fortalecer a los Estados receptores, sino exponerlos a tensiones que no controlan.
Si el acuerdo se concreta, Argentina no solo modificará su política migratoria. También resignificará su lugar en el mapa político regional y global, pasando de país históricamente receptor a territorio funcional a las prioridades migratorias de Estados Unidos. La pregunta ya no es solo técnica ni diplomática. Es profundamente política y ética.
En tiempos de redefiniciones aceleradas, el riesgo es que, en nombre del alineamiento internacional y del discurso de orden, Argentina termine importando conflictos ajenos y erosionando principios propios. La migración, tratada durante décadas como parte constitutiva de la identidad nacional, amenaza con convertirse en moneda de cambio geopolítica. Y ese es un precio que difícilmente pase inadvertido.
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