Durante el último tiempo el escenario político se convirtió en una novela tan jugosa y compleja que si un ejecutivo de Netflix hubiera leído el libreto, lo hubiera descartado por creerlo inverosímil. Y no, no me refiero a la flamante serie que ha lanzado Javier Milei. Aludo a una menos editada y por lo tanto, más atractiva. Cómo capítulos, fuimos devorando los chats, fotos, audios y videos, que revelaban el fin de la historia de un héroe convertido en villano. El protagonista no es otro que el ex Jefe del Ejecutivo, Alberto Fernandez, que ya sobre el fin de su mandato había perdido su estelaridad, convirtiéndose en un deslucido personaje secundario. Con el tiempo, quizás, hubiera sido recordado como una figura endeble, un actor que debido a las circunstancias, no pudo desarrollar su pleno potencial. Esto es, claro, hasta que un increíble plot twist, lo condenó perpetuamente al ostracismo
Los sucesos fueron revelados luego de que el juez Julian Ercolini, en medio de la causa de los seguros, notara que en el celular de la secretaria privada de Alberto habían chats con Fabiola Yañez, en los cuales se revelaba la violencia ejercida por el ex presidente sobre su pareja. Pese a que en una primera instancia, la ex primera dama había rechazado radicar una denuncia, las imágenes y chats fueron difundidos tiempo después por Infobae. La sorpresa e indignación rápidamente calaron en la sociedad argentina y las más fuertes críticas cayeron sobre Fernandez.
Alberto, que parecía cómodo en las penumbras, fue llevado de nuevo al centro de la palestra al exponer su faceta más oscura. Las agresiones ejercidas hacia su expareja, las reuniones con personajes varios y los videos con amantes, profundizaron el descontento ya generado por la infame Fiesta de Olivos y las cuestionadas visitas durante la pandemia. La evidencia era clara, nunca fue tan notorio el desdén que el ex mandatario tenía sobre las normas del país y la investidura presidencial.
Rápidamente el ex dirigente hizo intentos, vanos, por mitigar el daño y pidió una medida cautelar para prohibir que se publiquen y reproduzcan sus fotos y videos íntimos, ya que estarían amenazando su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad”. De lo que Alberto pareciera no percatarse, es que es la propia esencia de su accionar y no su propagación, lo que daña su dignidad. Y que el intento de censura, lo inculpa aún más.
Sin embargo, pareciera que la falta de compromiso con la transparencia fuera un atributo común entre las fuerzas políticas argentinas. A principio de mes, el Presidente Javier Milei firmó un decreto donde se modifica la Ley 27.275 de acceso a la información pública, sancionada en 2016. Mediante este DNU, se amplía la discrecionalidad del Estado a la hora de definir qué data está sujeta a averiguación a partir de una solicitud de información. Se establece una clara diferenciación entre la información pública, aquella que comprende cuestiones de interés común, ligada a la actividad estatal y la información privada, relacionada a la esfera doméstica del funcionario. Según esta distinción, por ejemplo, se podría rechazar compartir el registro de ingresos de personas a la Quinta de Olivos, por pertenecer al ámbito privado. Con el mismo espíritu restrictivo, se contempla la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquel que no realice una solicitud de información “de buena fe”, lo que le da la posibilidad a los políticos de perseguir a aquellos, periodistas particularmente, que hagan preguntas que no están dispuestos a responder.
Este tipo de políticas, socavan el proceso de rendición de cuentas, un pilar fundamental de las democracias modernas. La rendición de cuentas, definida por Andreas Schedler, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDA) en la Ciudad de México, está compuesta por dos nociones. Por un lado la obligación de los funcionarios de dar explicaciones acerca de su accionar y por el otro, la posibilidad de castigarlos si estos han violado sus deberes. Es entonces, un mecanismo de control y vigilancia que el pueblo tiene sobre el poder. Cuando se impide el acceso adecuado a la información, se restringe el escrutinio público o se dificulta la participación ciudadana, se corre el riesgo de crear un caldo de cultivo donde los abusos y la corrupción puedan prosperar sin ser detectados
El ajuste sobre la rendición de cuentas llevado a cabo por Javier Milei, sólo consolida el poder extraordinario de “la casta” a la que dice combatir. Resulta paradójico que un gobierno tan empeñado en luchar contra “los políticos”, amplíe sus privilegios por sobre el resto de los ciudadanos, en un contexto en el cual, quienes están al mando poseen un arsenal de herramientas tecnológicas que les permiten conocer todo cuanto quieran saber sobre una persona. Este tipo de medidas solo refuerzan la percepción de que los dirigentes son seres intocables que no están sujetos a la ley. No obstante, la historia nos ha enseñado, que ante la ineficacia de canales institucionales que procesen y encaucen las demandas de la ciudadanía, esta tiende a encontrar sus propios medios. Con el tiempo, la sociedad, ya no envía solicitudes ni escucha excusas vacías, sino que se torna en una turba violenta e ingobernable que ya no pide explicaciones, sino que exige represalias.
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