La pobreza en la Argentina: 57,4%
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, llevó a cabo una estimación de la pobreza, considerando las variaciones reales en los salarios y los cambios en los programas de ingresos y transferencias monetarias. Según este análisis, la tasa de pobreza se situó en un 57,4%, mientras que la indigencia alcanzó el 15% en enero de 2023. Estos números representan aumentos significativos con respecto a las estimaciones del año anterior, que eran del 44% y el 9%, respectivamente.
Sin embargo, dicho número podría ser mayor a la medición que brindará próximamente el INDEC debido a la utilización de criterios e indicadores distintos, como viene pasando en los últimos años. Las principales diferencias entre la medición de INDEC y ODSA radican en el mayor muestreo del INDEC (25.000 hogares, contra 6.000 del ODSA), y en los indicadores que utilizan, donde el Observatorio se caracteriza por su espectro dimensional, abarcando el acceso a la salud, el empleo, los servicios básicos y una vivienda digna. A su vez, ambos basan sus estudios estableciendo el valor monetario, en el caso del INDEC, de la Canasta Básica Alimentaria (EPH) y, en el caso del ODSA, de una canasta combinada con el índice de precios al consumidor en alimentos (EDSA).
Sin embargo, al detenernos en el último elemento de análisis para construir el dato de la pobreza - el monetario - vemos que hay una cuestión que no debe dejarse de lado: el congelamiento de precios. Los precios están compuestos por información y brindan información: están determinados por la oferta del producto existente y la demanda del mismo. Si el estudio está anclado en un índice de precios que sufre de intervención estatal, de políticas subsidiarias, de brechas cambiarias y de inflación rezagada, el mismo mostrará un número distorsionado de pobreza equivalente a la distorsión que posea el sistema de precios. En realidad, la diferencia entre el precio real de las cosas y el precio al consumidor, la estaría completando el Estado.
Distorsiones en el sistema de precios
Empezando por la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el oficialismo actual heredó un 160% de diferencia entre ambos precios. Esto impedía un funcionamiento normal de la economía y su diagnóstico estaba consensuado por gran parte del espectro ideológico: asumiera quien asumiera, debía acabar con la brecha, cuyo daño impactaba directamente en las reservas y la liquidación de exportaciones. Sin embargo, la devaluación llevada a cabo por el Ministro de Economía, Luis Caputo (de $366,45 a $800 por dólar) fue objetivo de ataques por múltiples espacios, a lo que cabe preguntarse si el error es la devaluación por sí misma, o las condiciones que llevaron al alza del dólar paralelo, entre ellas, la emisión monetaria.
De por sí, la devaluación de la moneda incide en el sistema de precios, porque el precio del dólar impacta directamente en los insumos de todos los sectores: desde el café hasta las grandes maquinarias. Ésta es una primera gran distorsión en función de medir la pobreza.
Pero el problema no termina ahí. Al 10 de diciembre de 2023, el atraso de las prepagas respecto de la inflación general estaba en 28,8%, y un atraso cercano al 40% respecto de los precios de equipamiento y medicamentos sanitarios (Invecq con base en INDEC). Por otro lado, los precios de la energía también estaban por debajo de la inflación, a causa del intervencionismo estatal: mostraron un atraso del 65% en relación a la inflación en el período 2019-2023. En el rubro del transporte, a enero de 2024, el valor mínimo de colectivo ($77) mostraba un atraso del 36% en términos reales, a comparación del mismo valor de enero 2023 (IPC - INDEC). En el rubro de la energía eléctrica, podemos ver un costo en la tarifa por MWh de 30USD, mientras que en 2022 costaba 90 USD/MWh; la diferencia fue cubierta por subsidios y congelamiento tarifario, representando casi 1,5% del PBI (CEFIP - CAMMESA).
Emisión monetaria
Las consecuencias de la emisión monetaria sin respaldo se muestran, principalmente, en el aumento generalizado de los precios y en la devaluación de la moneda. En nuestro país, estamos hablando de un aumento progresivo de la emisión sin respaldo desde la derogación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (2004-2009). En porcentajes del PBI, la administración CFK I emitió en función de financiar déficit fiscal y cuasi-fiscal aproximadamente por 2 puntos del PBI, su segundo periodo por 4 puntos, Mauricio Macri retornó al 2% y la gestión Alberto Fernández lo llevó, en pandemia y luego en 2023, a más del 11% del PBI (OJF & Asociados en base a BCRA).
Por ende, estuvimos frente a un modelo que cambió congelamientos y distorsiones de precios por deuda fiscal, cuyo diferencial entre precio real y precio al consumidor se vio sostenido por el Estado, aunque en realidad, por la sociedad en sí misma a través de la inflación y la depreciación de su moneda.
Por otro lado, simulaciones del Observatorio de la Deuda Social (UCA) mostraron, a fines de 2023, que de cancelarse el sostén del Estado vía transferencias (llámese AUH, tarjeta Alimentar, entre otros) a los sectores más vulnerables, la indigencia, en aquel momento, se hubiera elevado al 20% y la pobreza hubiera alcanzado al 49% de la población.
La nueva política monetaria
El escenario fue propicio para el ascenso de Milei: un discurso de ortodoxia económica-fiscal, reducción del gasto público y achicamiento del Estado, combinado con ataques discursivos a la dirigencia política.
En sus primeros meses de gobierno, no sólo se liberaron diversos precios y se achicó la brecha del dólar, sino que se eliminaron subsidios en forma de shock, con anuncios de más eliminaciones en el futuro. Sectores como el de transporte y el de la energía sufrieron los aumentos contenidos. A su vez, se anunció un proyecto de Ley que penalice la emisión monetaria para financiar al fisco, y se alcanzó el superávit el primer mes de gestión.
Ahora bien, está claro que el oficialismo tiene sus imperfecciones, ¿pero no es la estabilidad macroeconómica, a corto y, especialmente, a largo plazo, la mejor forma de erradicar a los argentinos de la pobreza?
La situación actual de la Argentina no responde a la falsa dicotomía entre individualismo y colectivismo. El colectivismo argentino, en tanto no tuvo coherencia en sus políticas fiscales, erosionó las bases sociales sin diferenciar entre lo individual y lo colectivo, subsumiendo a todos por igual en la incapacidad de imaginar y llevar a cabo proyectos individuales y colectivos. La situación actual de Argentina simplemente implica volver a ser un país con crecimiento y una economía racional, sin inflación ni empobrecimiento constante. No hace falta mencionar a los vecinos regionales, sino retroceder algunos años en el tiempo de nuestro propio país: en la Argentina del período 2004-2011, la Ley de Responsabilidad Fiscal impulsada por el expresidente Néstor Kirchner (luego derogada por CFK I), obligaba al Ejecutivo a mantener cierta independencia del Banco Central, y límites para la financiación del déficit. Fueron los últimos años de una inflación baja, y, como menciona Agustín Salvia (ODSA-UCA), en su nota de opinión respecto de la última medición, el deterioro comenzaría pocos años después (2013-2014), estando ahora frente al “fin del ciclo de un régimen económico de inflación, endeudamiento, empobrecimiento crónico y desigualdad social”.
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