El humo de los neumáticos quemados y los gases lacrimógenos aún flota sobre la Plaza Murillo cuando cae la tarde. Miles de manifestantes, armados con piedras, palos, petardos y, en algunos casos, dinamita, han intentado por horas romper el cerco policial y militar que protege el Palacio de Gobierno. La capital boliviana, sitiada por bloqueos en sus accesos, vive una de las jornadas más violentas de las últimas semanas en un país que parece al borde del colapso institucional. El presidente Rodrigo Paz, el hombre que prometió un “capitalismo para todos” tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), enfrenta ahora la mayor prueba de su breve mandato: una insurrección popular que exige su renuncia inmediata.
La crisis que estalló hace casi tres semanas no es un estallido aislado. Es el resultado previsible de una acumulación de frustraciones económicas, políticas y sociales que han convertido a Bolivia en un polvorín. Lo que comenzó como protestas sectoriales por salarios y combustible se ha transformado en un desafío frontal al orden establecido, con ecos de las convulsiones que derrocaron gobiernos en el pasado reciente de América Latina.
Una economía al borde del precipicio
Bolivia llega a este punto tras años de deterioro silencioso que se aceleró dramáticamente en los últimos meses. Heredero de un Estado con reservas internacionales diezmadas —que cayeron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a niveles críticos—, Paz asumió en noviembre de 2025 con un país quebrado por la caída de las exportaciones de gas natural, la escasez crónica de dólares y una inflación que ya superaba el 20% anual en proyecciones. Su gobierno optó por medidas de ajuste: eliminación parcial de subsidios a los combustibles, que provocó alzas de hasta el 86% en la gasolina y más del 160% en el diésel, recortes presupuestarios y una tímida apertura a la inversión privada.
Los resultados han sido devastadores para la población. En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de los alimentos básicos se han disparado. Familias enteras reducen comidas, los transportistas gastan fortunas en reparaciones de motores dañados por combustible adulterado y los hospitales enfrentan faltantes de oxígeno y medicinas. Los bloqueos —se estiman más de 60 puntos activos en todo el país, con especial intensidad alrededor de La Paz— han agravado el desabastecimiento hasta convertirlo en crisis humanitaria. Camiones varados, surtidores vacíos y colas interminables completan un panorama de escasez que recuerda las peores épocas de racionamiento en la región.
A esto se suma el malestar por promesas incumplidas. Paz llegó al poder con el apoyo de sectores que votaron por un cambio moderado, cansados del MAS pero temerosos de radicalismos. Sin embargo, su gestión ha sido percibida como un giro neoliberal: eliminación de impuestos a la riqueza, leyes que facilitan la mercantilización de tierras comunitarias (aunque luego derogadas) y un acercamiento a organismos internacionales como el FMI. “La gente no creía que era un Gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro”, resumía un analista. Esa traición percibida ha unido a sindicatos, mineros, campesinos aimaras y organizaciones indígenas en un frente común contra lo que llaman “ajuste tipo Milei”.
El rol de Evo Morales: desde el exilio en Chapare hasta la vanguardia de la protesta
En el corazón de esta tormenta aparece, una vez más, la figura omnipresente de Evo Morales. Refugiado en su bastión cocalero del Chapare, con una orden de captura pendiente por un caso de presunta corrupción de menores que él denuncia como persecución política, el expresidente dirige desde la distancia la “Marcha por la Vida”. Sus seguidores —cocaleros, mineros, la Central Obrera Boliviana (COB) y los radicales Ponchos Rojos— han sido clave en la escalada.
Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 con un modelo extractivista y redistributivo que sacó de la pobreza a millones pero dejó instituciones débiles y dependencia del gas, ha capitalizado el descontento. Sus aliados rechazan la reforma constitucional impulsada por Paz, exigen el fin de los procesos judiciales contra él y denuncian una traición a las bases populares. El gobierno, por su parte, lo acusa de orquestar una conspiración financiada por el crimen organizado —narcotráfico, minería ilegal, contrabando— que busca desestabilizar al Ejecutivo. Videos de supuestos miembros de los Ponchos Rojos exhibiendo armas y llamando a la “guerra civil” han alimentado la narrativa oficial.
La polarización étnica y regional agrava el cuadro. Mientras Santa Cruz, bastión opositor histórico, permanece relativamente calmado, el altiplano andino —con fuerte presencia indígena y aimara— arde. La Constitución de 2009, que enfatizó la plurinacionalidad, ha dejado un legado de fragmentación que ahora explota.
Escalada de violencia y primeras víctimas fatales
Lo que empezó con bloqueos pacíficos ha derivado en choques brutales. Este lunes 18 de mayo, miles de manifestantes protegidos con escudos improvisados enfrentaron a la policía antidisturbios en el centro de La Paz. Gases lacrimógenos, piedras, petardos y explosiones de dinamita convirtieron las calles en un campo de batalla. Manifestantes saquearon el Tribunal Departamental de Justicia, estaciones del teleférico y oficinas públicas. Un manifestante resultó herido de bala o por objetos contundentes, según reportes; policías golpeados y periodistas agredidos completan el saldo.
Las autoridades cifran en al menos cuatro las muertes indirectas desde el inicio de las protestas: pacientes que no pudieron llegar a hospitales por los cortes de ruta. La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra líderes como Mario Argollo, de la COB, y reporta decenas de arrestados. El vicepresidente Edmand Lara, en una carta abierta, ha criticado el uso de la justicia como herramienta de presión y ha llamado a un diálogo “serio y sin condiciones”. El gobierno, mientras, refuerza la Plaza Murillo con militares y rechaza cualquier renuncia.
Efectos regionales: contagio e inestabilidad
La crisis boliviana no es un asunto interno. En una Sudamérica marcada por inestabilidades —con Argentina aplicando ajustes drásticos, tensiones en Perú y un Brasil vigilante—, el colapso de La Paz genera ondas de choque. La CONMEBOL ya trasladó partidos de Copa Libertadores y Sudamericana a Paraguay por los bloqueos y la inseguridad. Vecinos como Argentina y Brasil observan con preocupación el posible flujo de migrantes o el impacto en el comercio fronterizo. Estados Unidos ha expresado apoyo al gobierno democráticamente elegido y condena intentos de desestabilización, mientras figuras como Gustavo Petro en Colombia han hablado de “insurrección popular”.
El riesgo de que el conflicto se internacionalice a través de redes de crimen organizado —narcotráfico desde el Chapare— o de que inspire movimientos similares en países con economías vulnerables es real. La región, aun recuperándose de la pandemia y shocks externos, no necesita otro foco de inestabilidad.
¿Hacia dónde va Bolivia?
El futuro inmediato es incierto. El gobierno de Paz insiste en que no renunciará, promete diálogo con quienes depongan la violencia y busca respaldo internacional con visitas de la OEA. Sin embargo, sin mayoría parlamentaria clara y con un gabinete percibido como elitista, su margen de maniobra es estrecho. Si no logra aliviar rápidamente la escasez y ofrecer concesiones salariales creíbles, la presión de las calles podría volverse insostenible.
Por el lado opositor, Morales y sus aliados apuestan a desgastar al Ejecutivo hasta forzar una salida anticipada o una convocatoria electoral. Pero una eventual caída de Paz podría abrir un vacío de poder peligroso en un país con historia de golpes e interrupciones democráticas.
Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. Detrás de las piedras y el humo no solo hay demandas salariales o combustible: hay un cuestionamiento profundo al modelo económico heredado, a la representación política de los sectores populares y a la capacidad del Estado para gestionar una crisis estructural. La resolución de este conflicto definirá no solo el destino del presidente Paz, sino el rumbo de una nación que, una vez más, se juega su estabilidad en las calles de La Paz. El tiempo apremia: la calma actual en el centro de la ciudad es solo una tregua frágil antes de la próxima jornada de movilizaciones.
Adalberto Agozino es Doctor en Ciencia Política. Profesor del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional y de la Facultad de la Defensa Nacional de Argentina. Director del Instituto Argentino de Estudios Geoestratégicos. Editor de Alternative Press Agency. Experto en temas del Magreb
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