Proyecto constitucional para Chile votado mediante plebiscito en diciembre de 2023 (Getty Images).
El camino a la crisis de representatividad.
Si bien el proceso constitucional en el que la sociedad chilena estuvo involucrada recientemente inició en el año 2019, sus motivos nos remontan al año 1980 cuando el general y dictador Augusto Pinochet ordenó el cierre del Congreso y cesó la Constitución de 1925, por la cual, Chile se establecía como una República. Desde entonces y hasta la actualidad, está vigente la Constitución Nacional de Chile que fue creada por los militares, aprobada por decreto y ratificada de forma fraudulenta.
Siguiendo a Heiss (2018, p. 124), en Chile rige una “democracia protegida” a través de la Constitución de 1980; un pluralismo limitado que daba a los militares un rol tutelar sobre el sistema político. Según Atria (2018, p. 66), se buscaba proteger el modelo de la dictadura militar y no la democracia en sí; para lo cual, se logró crear una institucionalidad política neutralizada que imposibilitaba los intentos de transformación del modelo mediante un mecanismo de protección indirecto donde las condiciones para tomar decisiones fueran condiciones que aseguraran que esas decisiones no transformarían el modelo. De este modo, las decisiones que transformen el statu quo debían realizarse a partir de “grandes acuerdos” que garanticen la incapacidad de generar cambios fundamentales (Heiss, 2018, p.125).
A su vez, se genera que la sociedad dirija su frustración hacia una genérica “clase política”. Misma clase política que se encuentra neutralizada incapaz de procesar demandas de transformación; lo que deriva en que la solución debería estar fuera del poder político para lograr contener el poder fáctico (Atria, 2018, p. 70). En esta línea, pese a las reformas, la Constitución mantiene el modelo de la dictadura; logrando que áreas clave del proyecto sean “inmunes al proceso democrático” (Heiss, 2018, p. 125).
Esta frustración o malestar, también puede ser expresado como una falta de confianza en la política, sumado a ello la separación entre los intereses políticos y sociales; que llevan a lo que se puede definir como una crisis de representatividad (Torres, 2018, p. 237). Los intereses de la política viraron a los propios de la élite que la maneja, generando un espacio de luchas internas ofuscadas en la lucha por el poder, el cual desplaza a las demandas sociales (2018, p. 236).
Más allá de que la política en sí es incapaz de representar los intereses sociales, sucede en simultáneo que los ciudadanos no ven los canales institucionales como espacios válidos para la representación. Así, una práctica política neutralizada es vista por el ciudadano como irresponsable, que no logra canalizar demandas y que “se alinea con los intereses de los poderosos permitiendo el abuso de los débiles” (Atria, 2018, p. 70).
Reforma constitucional: antecedentes.
La dictadura creó un modelo que va a tener sus consecuencias en la cultura política chilena y en su sistema político. La neutralización política la vemos, así, como la causa de la crisis de representatividad. Hoy esta problemática sigue vigente y es una de las principales trabas para completar la reforma.
Torres afirma que la dictadura generó una democracia restringida, de calidad baja y enclaves autoritarios. A su vez, citando a Arrau y Avendaño, señala que produjo un efecto directo en la despolitización de la ciudadanía por su carácter restrictivo; en consecuencia, la actividad política pierde conflictividad (Torres, 2018, p. 227) y se vuelve irrelevante, como señala Heiss (2018). Asimismo, la Constitución vigente, pese a las reformas, nunca llegó a ser aceptada completamente. Esto llevó a que en los últimos años, particularmente a partir de 2011, se dieran demandas de diversos sectores que, para su satisfacción, requerían un cambio constitucional (Cárdenas Gracia, 2021, p, 96).
Heiss explica que la idea de una nueva Constitución empezó a palparse cuando la coalición de centro-izquierda Nueva Mayoría incluyó su creación en su programa político, apuntando por un procedimiento “democrático, institucional y participativo”. Este proceso dio inicio en 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet y, en 2018, la Presidente presentó el proyecto al Congreso días antes de abandonar el gobierno. Sin embargo, fue rechazado por contratiempos que ofuscaron los ánimos de ciertos sectores (Cárdenas Gracia, 2021, p. 97), combinado con la compleja sistematización de la etapa participativa y la nula injerencia que tuvieron otros actores tras dicha etapa (Muñoz y Román, 2019).
Proceso de Reforma Constitucional: 2019-2023.
Ya con Sebastián Piñera como Presidente, en 2019 se reinicia el reclamo por la reforma constitucional, el cual trajo consigo varias manifestaciones y, ante ellas, reacciones del gobierno. Fue en noviembre del 2019 cuando se consiguió aprobar reformas a la Constitución vigente a través del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución (Negretto, 2021, p.2), las cuales regulan los instrumentos y mecanismos tanto ciudadanos como institucionales para la convocatoria de la Convención Constitucional; y la aprobación del proyecto mediante una votación que requeriría de una mayoría de dos tercios de la Convención y, luego de esta aprobación, la realización de un plebiscito con voto obligatorio (Cárdenas Gracia, 2021, p. 97; Negretto, 2021, p. 2-3).
El Acuerdo establecía la necesidad de un cambio profundo institucional y delineaba los principios que estructurarían el proceso de reforma; principalmente mediante la participación ciudadana (Negretto, 2021, p. 2, 4). El inicio del proceso constituyente fue definido por un plebiscito realizado en octubre del 2020. Según el Servicio Electoral de Chile, con una participación del 49,2%, dio como resultado el voto afirmativo por nueva Constitución y por una Convención constituyente, donde todos los miembros serían elegidos exclusivamente para el proceso. La Convención tendría la labor exclusiva de redactar el nuevo texto en orden a profundizar los derechos de los ciudadanos, restringir en cierta medida el poder Ejecutivo y eliminar las restricciones a la regla de la mayoría que condujo a la neutralización de la política.
Anticipado por distintos actores políticos y materializado el 4 de septiembre de 2022 mediante el voto del referéndum oficial obligatorio, el texto constitucional redactado por la Convención fue rechazado por un 61,8%. Este referéndum logró un hito en cuanto a la participación de los ciudadanos, alcanzando un 85,8% del total de la población. Un hito que, a su vez, confirma el fracaso de la Convención y un cambio en el impulso político hacia el control congresual del nuevo proceso (García Pino et. al, 2023).
Tras el rechazo del primer proyecto, se dio inicio a un nuevo proceso. La propuesta redactada fue aprobada por el Consejo el 30 de octubre de 2023 tras un extenso debate. Sin embargo, nuevamente, el 17 de diciembre de 2023, el texto preliminar fue rechazado por un 55,7% de votos según informa el Servicio Electoral de Chile. Siendo el cuarto año donde el país intenta cambiar su Constitución sin éxito alguno, conduce a plantearse ciertas preguntas a fin de comprender la posible solución a los constantes intentos trastabillados y si hay una salida próxima o se terminará disolviendo al pasar los años.
Sucesivos intentos fallidos: ¿una posible salida?
En principio, Atria señala que ante la situación de neutralización política que atraviesa Chile en el modelo instaurado por la dictadura, para transformar la cultura política, es necesario encarar de lleno una nueva constitución de carácter habilitante del poder político (2018, p. 72). Chile se encuentra en una situación de “Catch 22” donde la solución del problema requiere que el problema ya esté solucionado, volviéndolo una situación paradójica. Para conseguirlo, se necesita hacer algo que la propia política neutralizada no puede lograr: así se explica lo complejo que resulta ser el mecanismo de cambio constitucional.
El “Catch 22” no tiene forma de encontrar salida en los poderes constituidos, es decir, aquellos creados por normas, los “institucionales”. Más bien, la solución radica en un poder constituyente, aquel poder social sin mediación institucional; citando a Arendt explica que el poder es la capacidad humana para actuar en concierto (p. 73-74). Pero, ¿cuál sería la solución si la acción en concierto de la sociedad chilena cae repetitivamente en la negativa, sin lograr, tras años de intento, una nueva Constitución?
Atria plantea que el poder constituyente responde a la aptitud para contribuir al desarrollo de la capacidad ciudadana de actuar en orden a cumplir con la demanda de una nueva Constitución, asumiendo la tarea de dar cauce real a la misma (2018, p. 75). Las reacciones de la sociedad parecen no concordar con esta aptitud: Fernanda Paúl, en su artículo para BBC News Mundo (2023), señala como una clave que explica el rechazo de la segunda propuesta al “hastío” constitucional y apunta a que, según la encuesta Cadem, un 32% de los votantes había prácticamente perdido el interés en el proceso, virando su atención a otras preocupaciones puntuales quizá más realizables a esta altura, tales como la seguridad, delincuencia y narcotráfico (Paúl, 2023); relegando la Constitución tras el amargor de un proceso alargado y de esperanzas diezmadas. Siendo cinco elecciones y probablemente a la espera de otras, la sociedad chilena muestra signos de cansancio, descrédito al proceso y decepción.
Otra de las razones que menciona Paúl es el “castigo” a la clase política, siendo un problema la desunión de los distintos sectores políticos. Pareciera que el proceso vuelve a foja cero, donde hay una desvinculación de la política y la sociedad, y sus intereses chocan; las palabras de Torres ante la situación previa al proceso de reforma, parecen aplicarse nuevamente tras dos (o tres, contando el de 2018) intentos del mismo.
Siguiendo a Negretto, los representantes deberían no solo responder a las demandas populares, sino también (y principalmente) tomar decisiones luego de una deliberación “cuidadosa y comprensiva” en cuanto a las consecuencias de las soluciones alternativas (2021, p. 19). Aparentemente, esto no se supo lograr hasta la fecha.
De esta manera, es que el presidente Gabriel Boric se niega a que, durante su mandato, se realice un nuevo proceso constitucional debido a que “las urgencias son otras” (Paúl, 2023). Por lo que, por el momento, Chile se encuentra sin una salida próxima, ya que, como indica el Presidente, no se puede ignorar la frustración y hastío de la sociedad ante un proceso que, en primera instancia, debía ser resolutivo en pos de su interés por un nuevo sistema político acorde al panorama actual del país.
Vemos, entonces, que la necesidad de un poder constituyente que realmente represente y actúe en concierto con la sociedad se presenta como una posible solución, pero la realidad muestra un escenario complejo donde la desconfianza y el desencanto dificultan la consecución de este objetivo.
Finalmente, si bien el futuro de Chile es incierto, no es necesario acudir a ciencia contrafáctica para tener un dato: el hecho de que ninguna salida alternativa haya dado solución aparente y la nueva Constitución esté en stand by nos dice mucho. En este contexto, la construcción de una nueva cultura política democrática, capaz de superar la neutralización del poder y responder a las demandas de la ciudadanía, se presenta como un desafío crucial para el futuro de Chile.
Referencias.
- Atria, F. (2018). Sobre la nueva constitución y su urgencia. En Ciudadanías para la Democracia. (págs. 63-81). Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Cárdenas Gracia, J. (2021). La Conveción constituciional chilena y el constituyente originario. En Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM. México.
- Heiss, C. (2018). Participación política y elaboración constitucional: el caso de Chile. En Derecho y Crítica social (págs. 115-138).
- Muñoz, A., & Román, C. (12 de Noviembre de 2019). ¿Por qué no prosperó el proceso constitucional de Bachelet?: Cuando se echó por la borda una Convención Constituyente. Obtenido de La Tercera PM: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/no-prospero-proceso-constitucional-bachelet-cuando-se-echo-la-borda-una-convencion-constituyente/897460/
- Negretto, G. (2021). Deepening Democracy? Promises and challenges of Chile’s Road to a New Constitution. Journal on the Rule of Law, 1-24.
- Paúl, F. (18 de diciembre de 2023). 3 claves que explican por qué Chile rechazó la segunda propuesta para cambiar la Constitución (y qué pasa ahora). Obtenido de BBC News Mundo : https://www.bbc.com/mundo/articles/cner24k0j9lo
- Pino, G. G., Henriquez Viñas, M., & Salazar Pizarro, S. (3 de febrero de 2023). Third Time’s a Charm? Chile Embarks on a New Constitution-making Process. Obtenido de ConstitutionNet: https://constitutionnet.org/news/third-times-charm-chile-embarks-new-constitution-making-process
- Torres, N. (2018). Crisis política y polítización ciudadana. Análisis de la relación entre política y ciudadanía en Chile en el momento político actual. En enCiencia Política (págs. 223-250).
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