Trabajador en funciones.
El gobierno nacional dio un paso más hacia la desregulación de la economía. En consonancia con el RIGI y las políticas que vienen cocinándose en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la cartera de Federico Sturzenegger pulió los detalles y entró en vigencia la legislación laboral que vino en el paquete de la Ley Bases.
En primera instancia, con el título de promoción del empleo registrado se avanzó hacia un esquema similar al del blanqueo de capitales, que permite a empleadores regularizar la situación laboral de los trabajadores que hayan sido contratados anteriormente al 8 de julio, con un costo que va desde el 10% al 30% del total de las deudas de seguridad social, según el tipo de empresa, buscando así devolver al sistema a millones de personas que se habían quedado afuera por regulaciones del siglo pasado.
Según el CIPPEC, el 46% de los trabajadores argentinos se encuentra desarrollándose de manera informal.
Los costos de oportunidad que genera un mercado informal de trabajo son enormes; los miles de millones de pesos que se pierden en recaudación hacen que la carga tributaria sea mayor para los contribuyentes actuales. Tengamos presente que, mientras más seamos los contribuyentes, menor será para cada uno el costo del Estado. Pongamos el ejemplo de la división del pago de una torta: no es lo mismo el costo de una torta de ochenta pesos para una persona que el costo de esos ochenta pesos dividido entre ocho. Por eso, es importante este ingreso al sistema de millones de personas.
Por otro lado, el sistema financiero está a la espera de estos potenciales clientes que podrían tener un impacto significativo en un sector que está transitando una demanda de pesos que hace largos años no vivía; una señal verde para la economía.
En segunda instancia, el título de modernización laboral, el más ambicioso de los dos y del que más resultados se esperan, busca desregular fuertemente el mercado laboral con los siguientes puntos:
1. Simplificación del registro laboral: Se reduce el tiempo y la burocracia que el trámite llevaba, permitiendo la inscripción desde Internet.
2. Aumento del período de prueba: Entre 6 meses a 1 año, según la cantidad de empleados que tenga la empresa.
3. Bloqueos y tomas como causa de despido: Se busca terminar con métodos de protesta delictivos que ejercen algunos sindicatos.
4. Fondo de cese: Reemplaza la indemnización y permitirá mayor previsibilidad a las empresas para la toma de decisiones.
El último punto es el más interesante, ya que funcionará como motor para la economía, inyectando dinero en el mercado de capitales, dinero que servirá para la financiación de proyectos de inversión en vez de ser dinero improductivo, como lo eran las indemnizaciones.
El gobierno nacional espera que estas medidas sigan impulsando a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones. Ya no son solo beneficios fiscales lo que se ofrece, sino además seguridad jurídica y un mercado laboral competitivo con capital humano valioso que permite a las empresas más previsibilidad y a los trabajadores más oportunidades a la hora de conseguir un empleo.
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