Jesús Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
La propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de ofrecer prisiones en El Salvador para albergar a criminales de otros países y miembros de organizaciones criminales resuena con el concepto de enviar a criminales de alto riesgo a naves espaciales o islas desoladas, un argumento común en muchas películas de ciencia ficción. Al igual que en estas historias, donde los criminales son aislados para la seguridad pública, la oferta de Bukele parece ser un intento de abordar la creciente preocupación por la violencia y el crimen organizado en la región. .
Recordando Películas de Ciencia Ficción
En numerosas películas de ciencia ficción, los criminales son enviados a lugares remotos, fuera de la vista del público, para evitar que representen una amenaza. Estas narrativas reflejan el deseo de la sociedad de deshacerse de elementos peligrosos de una manera que no interfiera con la vida cotidiana. La propuesta de Bukele, aunque en un contexto más realista, evoca estas imágenes, sugiriendo que al enviar criminales a El Salvador, EE.UU. podría estar buscando una solución similar a los problemas de crimen y seguridad nacional. Que no quepa ninguna duda, estos elementos son sumamente peligrosos.
Un Recordatorio de la Administración Trump
Este movimiento hacia una posible colaboración en la detención de criminales también recuerda el trabajo del exfiscal general William Barr durante la primera administración Trump. Barr fue fundamental para avanzar en los objetivos del Departamento de Justicia, especialmente en la lucha contra las pandillas que afectan tanto a los Estados Unidos como a El Salvador. Bajo su liderazgo, los fiscales federales comenzaron a presentar cargos contra líderes de pandillas en El Salvador por crímenes que amenazaban la seguridad nacional de EE.UU.
El Resultado de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan
Uno de los resultados más significativos de este enfoque fue la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, diseñada específicamente para abordar la actividad criminal de pandillas como MS-13. Esta unidad ha colaborado con las autoridades salvadoreñas para desmantelar redes criminales y formalmente acusar a sus líderes. El trabajo realizado por esta fuerza de tarea ha permitido al Departamento de Justicia presentar cargos relacionados con el terrorismo contra un líder de MS-13, destacando la seriedad con la que se está abordando la amenaza criminal.
Nuevos Cargos y la Amenaza de MS-13
Recientemente, el Departamento de Justicia reveló nuevos cargos contra miembros de la infame pandilla MS-13, que Barr ha llamado "un culto a la muerte". La gravedad de los cargos, que incluyen la búsqueda de la pena de muerte para algunos de sus líderes, subraya la urgencia de la situación y la necesidad de soluciones efectivas. La propuesta de Bukele de utilizar prisiones salvadoreñas puede verse como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen y mitigar la amenaza que representan estas organizaciones.
Cuestiones Legales a Analizar
Si bien el plan de enviar prisioneros a El Salvador puede parecer beneficioso, varias cuestiones legales necesitan un examen cuidadoso. La legalidad detrás del envío de prisioneros a las cárceles de El Salvador o a instalaciones de detención de inmigrantes fuera de los Estados Unidos para su confinamiento es compleja y involucra aspectos del derecho internacional, el derecho de inmigración y el derecho penal.
Legalidad de la Detención en El Salvador
Los tratados internacionales estipulan que los Estados Unidos deben respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluidos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses. Pueden haberse establecido acuerdos bilaterales para facilitar la detención de ciertos individuos, pero tales acuerdos deben cumplir con las leyes internacionales y garantizar el respeto por los derechos humanos. La detención de prisioneros en otro país plantea cuestiones de soberanía y jurisdicción, ya que cada país tiene su propio sistema legal, y las personas deben ser juzgadas de acuerdo con las leyes del país en el que se encuentran.
Derechos de los Individuos No Salvadoreños
Las personas enviadas a El Salvador deben tener acceso a un debido proceso, incluyendo el derecho a ser escuchados en un tribunal y apelar cualquier decisión en su contra. Los derechos humanos deben ser garantizados independientemente de la nacionalidad, incluyendo la protección contra la tortura y condiciones de detención adecuadas. El acceso a la representación legal es crucial para que estas personas defiendan sus derechos de manera efectiva.
Marco Legal para Apelaciones Fuera de EE.UU.
Las personas pueden buscar acceso a tribunales internacionales por violaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deben poder presentar recursos legales y apelaciones a través de los sistemas judiciales establecidos en El Salvador, siempre que se respeten sus derechos. La supervisión internacional puede ayudar a asegurar que se mantengan los derechos humanos y el debido proceso.
Impacto en Miembros de El Tren de Aragua
La iniciativa plantea preguntas significativas sobre su impacto en grupos específicos como El Tren de Aragua, una notoria pandilla venezolana. Si se trasladan miembros de esta pandilla a El Salvador, podría llevar a un aumento de actividades criminales en la región, ya que podrían fortalecer sus operaciones estableciendo nuevas redes y alianzas con pandillas locales. Esto podría exacerbar la violencia y la inseguridad en El Salvador y áreas vecinas.
El sistema penitenciario de El Salvador ya enfrenta desafíos, incluida la sobrepoblación y la falta de recursos. La afluencia de internos adicionales asociados con poderosas organizaciones criminales podría agravar aún más el sistema, complicando los esfuerzos para gestionar y rehabilitar a todos los internos. Transferir individuos a un país donde no han violado leyes plantea serias preocupaciones legales y de derechos humanos, ya que pueden argumentar que sus derechos están siendo infringidos en una jurisdicción donde no tienen estatus legal.
Las cuestiones de soberanía también son críticas, ya que cada nación tiene su propio marco legal. Enviar individuos a otro país para su encarcelamiento sin los debidos fundamentos legales puede violar el derecho internacional y provocar tensiones diplomáticas. Los miembros de El Tren de Aragua deben tener acceso a representación legal para impugnar su detención, asegurando que se mantengan sus derechos al debido proceso.
Implicaciones para los Ciudadanos Estadounidenses en el Extranjero
Si los países comienzan a adoptar políticas similares a las de EE.UU. respecto a sus ciudadanos, las implicaciones podrían ser significativas. Los ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar desafíos legales, ya que su transferencia a un tercer país podría violar sus derechos bajo la ley de EE.UU. y los tratados internacionales. Podrían surgir preocupaciones sobre los derechos humanos y el tratamiento de los individuos en esos países, lo que podría tensar las relaciones diplomáticas. Además, tales políticas podrían establecer un precedente que aliente a otras naciones a adoptar prácticas similares, complicando la cooperación legal internacional y las protecciones para los ciudadanos en el extranjero.
Varios leyes y tratados existen tanto a nivel internacional como nacional para proteger los derechos de los reclusos. Aquí hay algunos instrumentos clave:
Tratados y Acuerdos Internacionales:
- Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece los derechos humanos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas, incluyendo a aquellos en detención.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): Este tratado, que muchos países han ratificado, garantiza varios derechos civiles, incluyendo el derecho a un trato humano y al debido proceso para las personas privadas de libertad.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT): Este tratado prohíbe específicamente la tortura y el trato inhumano de las personas bajo custodia, enfatizando la necesidad de condiciones humanas de detención.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD): Protege contra la discriminación dentro del sistema de justicia penal, incluyendo en las prisiones.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela): Estas reglas proporcionan directrices para el trato humano de los prisioneros, cubriendo aspectos como las condiciones de vida, atención médica y acceso a representación legal.
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: Este tratado regional enfatiza la necesidad de un trato humano de los individuos en detención y prohíbe la tortura y el trato inhumano.
Leyes Nacionales:
- Protecciones Constitucionales: Muchos países, incluyendo EE.UU., ofrecen protecciones constitucionales para individuos, incluyendo aquellos encarcelados. Estas protecciones a menudo incluyen el derecho al debido proceso, protección contra castigos crueles e inusuales, y acceso a representación legal.
- Leyes de Reforma Penitenciaria: Varias leyes y regulaciones nacionales rigen el tratamiento de los reclusos, abordando cuestiones como la sobrepoblación, el acceso a atención médica y programas de rehabilitación.
- Ley de Derechos Civiles: En EE.UU., esta ley permite a los reclusos presentar demandas contra funcionarios penitenciarios por violaciones de sus derechos constitucionales.
- Ley de Reforma de Litigios de Prisioneros (PLRA) Esta ley de EE.UU. establece estándares para las demandas presentadas por prisioneros, enfocándose en asegurar que los reclusos puedan impugnar las condiciones de su confinamiento mientras busca reducir litigios frívolos.
Acceso a Representación Legal:
Los reclusos generalmente tienen el derecho de acceder a representación legal para impugnar su detención y tratamiento. Este acceso es crucial para asegurar que sus derechos sean respetados y que puedan buscar remedios por cualquier violación que puedan experimentar.
Es en el mejor interés de los EE.UU. mantener a los criminales violentos de El Tren de Aragua en los EE.UU. Devolverlos al régimen de Maduro resultará ser una puerta giratoria de los mismos individuos regresando a EE.UU. para completar su misión de desestabilizar nuestra democracia. El régimen de Maduro creó este monstruo y lo desató en América Latina, EE.UU. y Europa. Mientras Maduro y su empresa criminal permanezcan en el poder, lo único que estamos haciendo es poner un parche sobre una infección que, tarde o temprano, volverá a atormentarnos.
En resumen, la protección de los derechos de los reclusos está respaldada por una combinación de tratados internacionales y leyes nacionales que buscan asegurar un trato humano, debido proceso y acceso a recursos legales. Estos marcos son esenciales para salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas dentro del sistema de justicia penal.
Conclusión
En conclusión, la oferta de Nayib Bukele de albergar a criminales de otros países en El Salvador encarna una compleja interacción de desafíos legales, éticos y diplomáticos. Si bien busca abordar los problemas urgentes de violencia y crimen organizado, las implicaciones para los derechos humanos, la soberanía y el debido proceso no pueden pasarse por alto. A medida que EE.UU. y El Salvador navegan esta iniciativa, es imperativo que prioricen los derechos de los individuos involucrados y aseguren que cualquier acuerdo se alinee con los estándares legales internacionales. Un enfoque equilibrado es esencial para combatir eficazmente el crimen organizado sin comprometer los derechos humanos fundamentales, fomentando en última instancia un entorno más seguro y justo para todos. Esta noticia sirve más para un público que espera resultados de los primeros cien días de gobierno del presidente Trump.
Créditos:
The New York Times
The Washington Post
Los Angeles Times
The Guardian
La Prensa Gráfica
El Faro
Reuters
Associated Press
Bloomberg
Al Jazeera
WilliamL. Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Una agencia de investigación autorizada en NYS, FL. con oficinas y afiliados en todo el mundo. Equalizer mantiene oficinas y filiales en Estados Unidos en Nueva York, Florida, California y América Latina. Desde 1999. Las investigaciones de Equalizer han cerrado exitosamente casos, que van desde Narcóticos, Homicidios, Personas Desaparecidas y otros delitos. Equalizer ha estado involucrado en la defensa penal de casos de Defensa Penal Estatal y Federal que van desde Homicidio, Narcóticos, Rico, Lavado de Dinero, Conspiración y otros cargos federales y estatales. El Sr. Acosta ha coordinado investigaciones en los EE.UU. y otros países alrededor del mundo.Se especializa en investigaciones internacionales y multijurisdiccionales, y en los últimos años ha realizado investigaciones en Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros lugares. Ha dirigido o coordinado investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y los homicidios, y también se ha desempeñado como instructor y orador internacional sobre varios temas de investigación.
Romero es oficial retirado de inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Se alistó en la Marina en 1984, y fue designado Oficial de Inteligencia Naval. También fue especialista en operaciones de inteligencia en el servicio civil del ejército. Fue marinero de cubierta en un crucero misilístico nuclear. Luego tuvo la oportunidad de ser navegante y, tras 8 años se convirtió en oficial.
Romero se hizo oficial a través del Programa de Alistados de la Marina, se graduó con honores de la Universidad Estatal de Norfolk y recibió una licenciatura en Ciencias Políticas. Gracias a sus buenos resultados académicos pudo elegir el camino de la inteligencia. Estudió aviación y luego entró a la escuela de inteligencia. Fue asignado a un escuadrón de A-6 Intruder, un bombardero táctico que opera desde un portaaviones USS America, a bordo del cual fue a Bosnia, Irak y Sudán.
Luego comandó una unidad de inteligencia en Panamá, trabajando para la Agencia de Inteligencia de Defensa (Defense Intelligence Agency), y supervisó a analistas de equipos tácticos en Centro y Sudamérica, y México. Trabajó en un centro de inteligencia en Hawai como oficial de guardia de la China, donde monitoreaba las actividades militares del país asiático.
Tras retirarse de la Marina, Romero fue contratista de defensa para la División Norteamericana de British Aerospace Systems (BAE) en Washington, D.C. y también para Booz Allen Hamilton en Miami.
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