Dina Boluarte asumió el cargo de Vicepresidenta Constitucional de Perú el 28 de julio de 2021. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por intentar instaurar un "gobierno de excepción", Boluarte hizo historia al convertirse en la primera mujer Presidenta del país. En su primer discurso a la nación, pidió una tregua política para conformar un gobierno de unidad nacional y prometió medidas contundentes contra la corrupción en el Estado. No obstante, su administración ha estado marcada por un creciente descontento social.
Según datos recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 88 % de la población se siente insatisfecha con su gobierno, una ligera disminución respecto al 90 % registrado en mayo y julio de 2024, pero aún así una cifra alarmante. La credibilidad de Boluarte está seriamente cuestionada, con un 71 % de los encuestados desconfiando de sus declaraciones. Comparada con el expresidente Pedro Castillo, Boluarte enfrenta un mayor rechazo: un 89 % de los ciudadanos expresa poca o ninguna confianza en ella, frente al 70 % que sentía lo mismo sobre Castillo. La insatisfacción es igualmente alta en áreas críticas como la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana, con un 83 % de desaprobación hacia las políticas anticorrupción del gobierno y un 82 % de insatisfacción con la gestión de la seguridad ciudadana, un tema crucial en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
El descontento se ha visto exacerbado por sospechas de corrupción y una gestión gubernamental cuestionada por varios acontecimientos. Un caso notable es la posesión no declarada de relojes Rolex por parte de Boluarte, un símbolo asociado con la corrupción en la política peruana. En la década de 1990, Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial, utilizaba estos relojes para sobornos y Jorge Barata, representante de la constructora Odebrecht, regalaba relojes de lujo al expresidente Alan García con fines similares.
La legislación peruana exige que los funcionarios públicos declaren todos sus bienes, incluidos objetos de valor que superen las dos unidades impositivas tributarias, equivalentes a 10.300 soles. Sin embargo, Boluarte omitió declarar estos relojes en una declaración jurada, contraviniendo el artículo 2 de la Ley N° 27482, que requiere informar tanto la posesión como el origen de estos bienes para evitar conflictos de interés.
La situación se complicó aún más cuando Boluarte afirmó que los relojes habían sido "prestados", lo que generó mayores sospechas sumado a la falta de documentación que respaldara sus versiones. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación el 18 de marzo de 2024 por presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial injustificado. Durante un allanamiento realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) el 29 de marzo, las autoridades no encontraron los relojes en la residencia de Boluarte, pero sí hallaron joyas y un documento relacionado con un reloj cuyo comprador no pudo ser identificado. El 5 de abril, Boluarte emitió un comunicado calificando como un "error" el haber tomado prestados los relojes, lo que solo intensificó las dudas sobre la transparencia de su gestión.
La controversia se profundizó cuando se descubrió que Boluarte se había ausentado de la agenda pública durante varios días en julio de 2023, en un contexto político tenso. Se reveló que durante este período, la Presidenta se sometió a procedimientos estéticos, violando la normativa peruana que exige solicitar permiso para ausentarse del cargo y delegar el poder en su ausencia. Esta falta de transparencia y el incumplimiento del mandato constitucional aumentaron la percepción negativa sobre su gestión. El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, defendió a la mandataria argumentando que su vida privada no era asunto de interés público y reafirmando su derecho a la privacidad. Sin embargo, el incumplimiento del artículo 115 de la Constitución peruana, que regula las ausencias presidenciales, podría constituir una infracción constitucional.
A estas controversias se suma la acusación más grave: dieciséis ciudadanos peruanos, incluidos exministros, han denunciado a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. La denuncia, presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh), se centra en las 49 muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, durante el inicio del gobierno de Boluarte. Según la acusación, la represión de las manifestaciones se caracterizó por el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, dirigido principalmente contra jóvenes e indígenas. El informe presentado ante la CPI describe un patrón sistemático de uso letal de la fuerza, argumentando que tales actos constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Y, además, ya cursa su segunda denuncia ante el ente internacional por el mismo hecho dejando en evidencia esta cuestionada gestión.
La situación de Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional es extremadamente delicada. A pesar de los esfuerzos del gobierno peruano por desacreditar las acusaciones, la seriedad de las denuncias y la creciente presión internacional podrían tener un impacto significativo en su futuro político y en la estabilidad de un país ya afectado por la crisis. En medio de esta turbulencia y descontento, ¿podrá la Presidenta Boluarte superar las críticas y restablecer su autoridad en Perú?
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