CUBA Y LAS REDES DEL TERROR INTERNACIONAL: DE LA OLP A HEZBOLLAH
Si la historia de Cuba con el narcotráfico latinoamericano puede rastrearse hasta 1979, su historia con el terrorismo de alcance global es más antigua. Y más profunda. No se trata de simpatías ideológicas abstractas ni de retórica antiimperialista: se trata de entrenamiento físico, transferencia de tecnología, inteligencia compartida y santuario garantizado. Desde los campos de entrenamiento guerrillero de los años sesenta hasta la base operativa de Hezbollah confirmada en 2011, el régimen cubano construyó durante seis décadas una red de relaciones con organizaciones terroristas que la CIA, el Departamento de Estado y la inteligencia israelí han documentado por separado y en distintos momentos históricos.
El punto de partida fue la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, donde Fidel Castro reunió a delegados de movimientos de liberación de África, Asia y América Latina —incluyendo representantes de la OLP— y anunció que Cuba sería el centro de apoyo global a la resistencia armada contra el imperialismo. Esa declaración no fue solo retórica: fue la apertura de un programa permanente de entrenamiento, financiamiento y logística para organizaciones que las democracias occidentales clasifican como terroristas.
LA ALIANZA CON LA OLP:ENTRENAMIENTO, ARMAS E INTELIGENCIA
Desde 1968, agentes militares e instructores de inteligencia cubanos estuvieron presentes en bases de la OLP en el norte de África e Irak, según documentos desclasificados de la CIA ("Cuba: Training Third World Guerrillas," CIA Directorate of Intelligence, desclasificado en 2012). En junio de 1969, soldados cubanos participaron junto a combatientes de la OLP en una incursión armada en el Sinaí. En 1972, Castro se reunió personalmente con dirigentes de la OLP en Argelia y acordó ampliar las actividades conjuntas.
Entre 1976 y 1982, la CIA estimó que 300 palestinos recibían entrenamiento simultáneamente en campos militares cubanos. El PLO, a su vez, capacitó a guerrilleros latinoamericanos en Líbano, Yemen del Sur y Libia —una subcontratación pedagógica acordada con La Habana ("Cuba's Commitment to Violence, Terrorism and Anti-Americanism," Cuban Studies Institute, 20 de mayo de 2020). En 1974, al romper relaciones con Israel y buscar el liderazgo del Movimiento de Países No Alineados, Castro invitó a Yasser Arafat a La Habana. Arafat visitó Cuba ocho veces en total, y durante su visita de 1979 firmó un acuerdo formal de cooperación militar y suministro de armas.
Ese mismo año Cuba envió tropas para apoyar a Siria durante la Guerra del Yom Kippur. No fue un gesto simbólico: las tropas cubanas operaron en el frente con unidades del ejército sirio. Israel ganó la guerra; los cubanos se retiraron en 1975. Pero la señal estratégica quedó clara: La Habana estaba dispuesta a proyectar fuerza militar a miles de kilómetros de distancia en apoyo de causas que sus aliados consideraran prioritarias ("Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism," Heritage Foundation, 4 de enero de 2024).
LA BASE OPERATIVA DE HEZBOLLAH EN CUBA (2011)
La evidencia más específica sobre los vínculos entre Cuba y Hezbollah proviene de un memorando enviado el 5 de septiembre de 2011 al correo personal de la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton por su asesor Sidney Blumenthal, hoy parte del registro público a través del archivo de correos de WikiLeaks. El memorando, redactado a partir de lo que Blumenthal describió como "fuentes extremadamente sensibles," reportaba una advertencia formal del Mossad israelí al gobierno de Israel: "Hezbollah está estableciendo una base operacional en Cuba, diseñada para apoyar ataques terroristas en toda América Latina" ("Intel: Hezbollah & Cuba," WikiLeaks — Hillary Clinton Email Archive, emailid/12568, 5 de septiembre de 2011).
El alcance de esa base no se limitaba a objetivos israelíes. Las fuentes indicaban que los operativos de Hezbollah habían recibido instrucciones de reconocer también instalaciones asociadas a Estados Unidos y el Reino Unido en la región —misiones diplomáticas, bancos importantes y empresas— como "objetivos de contingencia a ser atacados en caso de intervención militar estadounidense o británica en Siria o Irán." La negociación de los términos de la base fue conducida directamente por Hassan Nasrallah, quien prometió a la inteligencia cubana (DGI) que Hezbollah "evitaría cualquier rastro de evidencia que pudiera llevar de vuelta a Cuba en caso de un ataque en América Latina," según reportó Vice News el 13 de febrero de 2016 ("Hillary Clinton Was Warned of Possible Terror Attacks in Latin America," VICE, 13 de febrero de 2016).
La existencia de la base operativa fue confirmada posteriormente por el Cuban Studies Institute en su informe de mayo de 2020, que señaló que Hezbollah, "por órdenes de Hassan Nasrallah, estableció una base operacional en Cuba" y que "La Habana, directamente y a través de Venezuela, continúa proporcionando inteligencia a Hamas y a Hezbollah." En julio de 2021, el jefe de relaciones internacionales de Hezbollah, Ammar Al-Moussawi, visitó la embajada cubana en Beirut para expresar solidaridad durante las protestas masivas en Cuba, consolidando públicamente el vínculo entre ambas organizaciones ("Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism," Heritage Foundation, 4 de enero de 2024). La conexión entre Hezbollah, Cuba y Venezuela —incluyendo el nexo con el régimen de Maduro y sus fuentes de financiamiento— se documenta también en el Atlantic Council ("The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime," Atlantic Council, 7 de octubre de 2020).
El EJE LA HABANA, TEHERÁN: SEIS DECADAS DE ALIANZA ESTRATÉJICA
Cuba e Irán construyeron su alianza sobre una base común: el rechazo a la hegemonía estadounidense y la voluntad de proyectarla más allá de la retórica. En mayo de 2001, Fidel Castro visitó Teherán y pronunció una frase que resume décadas de coordinación estratégica: "Irán y Cuba, en cooperación el uno con el otro, pueden poner a América de rodillas" (citada en Center for Free Cuba, 18 de junio de 2025). No fue hipérbole. Fue el enunciado de una política.
Los intercambios concretos entre ambos regímenes alcanzaron dimensiones que van del ámbito militar al biotecnológico. En 2001, el ex Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, José de la Fuente, publicó en la revista Nature Biotechnology una denuncia pública en la que afirmaba que Cuba había vendido a Irán tecnología de uso dual capaz de ser utilizada en la producción de armas biológicas. "Nadie cree que Irán esté interesado en estas tecnologías con el propósito de proteger a los niños del Medio Oriente de la hepatitis," escribió (Nature Biotechnology, octubre de 2001; reproducido en audiencia del Senado, U.S. Senate Foreign Relations Committee, 5 de junio de 2002). En esa misma dirección, el Secretario de Estado Colin Powell declaró ante el Congreso que Estados Unidos creía que Cuba tenía "al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva" y que Cuba "ha proporcionado biotecnología de uso dual a estados canallas" ("Cuba's Pursuit of Biological Weapons," U.S. Senate Foreign Relations Committee, 5 de junio de 2002).
En 2005, Cuba e Irán firmaron un memorando de cooperación que incluyó acuerdos en electricidad, biotecnología y minería. En diciembre de 2023, el Ayatolá Khamenei recibió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en Teherán y declaró que su alianza estratégica "puede tomar una posición común y efectiva en temas internacionales importantes como la cuestión palestina." Irán, el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, usa a Cuba como nodo regional para consolidar su presencia en América Latina y el Caribe —una presencia que el Departamento de Estado estadounidense ha descrito como "creciente y sistemática." El eje trilateral La Habana–Teherán–Caracas —documentado en detalle en la sección anterior sobre Venezuela— encuentra aquí su fundamento ideológico y operativo más antiguo.
CUBA, HAMAS Y EL 7 DE OCTUBRE
Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel —el mayor ataque terrorista contra judíos desde el Holocausto, con 1.200 muertos y más de 250 secuestrados— la reacción del régimen cubano fue reveladora. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado en el que culpó a Israel de la "impunidad" que habría generado la violencia, sin condenar el ataque de Hamas en ninguno de sus términos ("Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism," Heritage Foundation, 4 de enero de 2024).
Esa omisión no fue accidental. Cuba lleva décadas sosteniendo reuniones de alto nivel con Hamas y su principal patrocinador, Irán. Según el Cuban Studies Institute y el Center for Free Cuba, La Habana provee inteligencia a Hamas de manera regular y coordinó con Irán y Hamas una ofensiva diplomática internacional durante el año previo al 7 de octubre —un esfuerzo en el que Cuba fue descrita como un "aliado clave" en una investigación publicada por el Jewish Policy Center el 16 de noviembre de 2023 ("Jihad: Cuba's Role," Jewish Policy Center, 16 de noviembre de 2023).
ETA: CUATRO DÉCADAS DE SANTUARIO BASCO EN LA HAVANA
La relación de Cuba con ETA, el grupo separatista vasco español responsable de más de 800 muertos entre 1959 y 2010, comenzó en 1964, cuando militantes de la organización recibieron entrenamiento en Cuba. El libro Historia de un desafío: Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA (Manuel Sánchez y Manuela Simón, 2017) documenta que "en la primavera de 1964, militantes de ETA recibieron entrenamiento en Cuba con lecciones sobre secuestros, subversión y sabotaje. Así comenzó el entrenamiento ideológico y terrorista que más tarde sería una constante en la historia de la banda terrorista."
En los años ochenta, tras acuerdos entre el gobierno español del socialista Felipe González y el régimen cubano, unos 20 miembros de ETA se instalaron en Cuba como parte de un arreglo informal. Algunos llegaron deportados desde terceros países; otros como fugitivos directos de la justicia española. Entre ellos, Miguel Ángel Apalategi ("Apala"), uno de los fundadores de la organización, recibió nueva identidad y protección en la isla. El terrorista José Ángel Urtiaga Martínez vivió en Cuba desde los años ochenta, buscado por la justicia española ("Cuba's Continuous Support for Terrorism," Cuban Studies Institute, 29 de agosto de 2019).
En 2011, dos miembros de ETA residentes en Cuba —Elena Bárcena Argüelles ("Tigresa") y Francisco Pérez Lekue ("Luke")— publicaron una declaración desde La Habana en la que acusaron al régimen cubano de ser "carceleros" al negarles documentos falsos para abandonar la isla, revelando la naturaleza de su relación con las autoridades cubanas: dependencia total, control absoluto ("Is Cuba Tired of Its ETA Guests?", El País, 25 de mayo de 2011). Cables desclasificados de WikiLeaks confirmaron que miembros de ETA que habían "asistido a las FARC habían pasado tiempo en Cuba."
El MODELO COMPLETO: CUBA COMO NODO DE CONVERGENCIA TERRORISTA
Lo que emerge de este registro no es una serie de coincidencias diplomáticas. Es una arquitectura deliberada. Cuba ofreció durante décadas a organizaciones tan diversas como la OLP, ETA, el IRA provisional, el M-19, las FARC, el ELN, Hamas y Hezbollah la misma combinación de servicios: entrenamiento en tácticas guerrilleras y contrainteligencia, logística de viaje con documentación falsa, santuario frente a la extradición y, en los casos de Hezbollah e Irán, transferencia de tecnología sensible y coordinación de inteligencia.
El general James Clapper, entonces Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, testificó ante el Congreso en febrero de 2016 que el régimen cubano seguía siendo "una amenaza de espionaje al nivel de Irán, detrás solo de China y Rusia." En ese mismo período, el gobierno Obama emitió una directiva instruyendo a la inteligencia estadounidense a cooperar con los servicios de inteligencia cubanos —una decisión que legisladores del Congreso, incluyendo el representante Mario Díaz-Balart, advirtieron que equivalía a compartir información con Irán y Hezbollah, dado el grado de integración entre esas redes ("Congress: Cuba to Share Critical U.S. Intel With Iranian Spies," Washington Free Beacon, 27 de octubre de 2016).
La IHH —organización benéfica turca financiada por Hamas y miembro de la "Unión del Bien," el paraguas financiero de Hamas— continuó operando abiertamente en La Habana. El sistema de identificación migratoria venezolana, "Misión Identidad," administrado por cubanos, facilitó el acceso de agentes cubanos a Venezuela y, a través de ella, de operativos de organizaciones terroristas a terceros países. Cuba duplicó y distribuyó formularios y sellos de pasaportes venezolanos para uso de redes de narcotráfico, guerrillas colombianas y terroristas islámicos.
El patrón no es el de un Estado que tolera pasivamente la presencia de actores peligrosos en su territorio. Es el de un Estado que los administra activamente, los protege de la extradición, los conecta con sus aliados regionales y los usa como herramienta de política exterior. En el caso de Hezbollah, esa administración incluyó negociaciones directas entre Nasrallah y la DGI cubana para establecer una base operativa a 90 millas de las costas de Estados Unidos. El narcotráfico y el terrorismo, vistos por separado, parecen historias distintas. Leídos juntos, son el mismo libro.
LA MAQUINARIA DE ESPIONAJE: CÉLULAS, AGENTES Y SECRETOS ROBADOS
Si el narcotráfico fue el negocio visible del régimen cubano en el exterior, el espionaje fue su empresa más sofisticada y duradera. Desde la creación de la Dirección General de Inteligencia (DGI) en 1961, instruida directamente por el KGB soviético, Cuba construyó una de las redes de inteligencia más efectivas del mundo en proporción a su tamaño, con operaciones activas en territorio estadounidense documentadas durante más de seis décadas y casos de penetración que llegaron al corazón mismo del gobierno de Estados Unidos.
Chris Simmons, analista de contrainteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), lo explicó con precisión ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 3 de junio de 2012: "Cuba puede ser caracterizada con precisión como una organización criminal violenta disfrazada de gobierno. Es el único traficante de inteligencia del mundo, proporcionando a los adversarios de Estados Unidos un flujo interminable de secretos estadounidenses recogidos por sus instalaciones de inteligencia de señales, complementados con informantes humanos. La intermediación de esa información genera supuestamente cientos de millones de dólares anuales, uno de los principales flujos de ingresos que sostienen al régimen" ("Cuba's Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare," U.S. House Committee on Foreign Affairs, 112.° Congreso, 3 de junio de 2012).
Ana Belén Montes: diecisiete años en el corazón del Pentágono
El caso más devastador jamás documentado de espionaje cubano en suelo estadounidense es el de Ana Belén Montes. Ciudadana estadounidense de ascendencia puertorriqueña, fue reclutada por la inteligencia cubana en 1984 mientras estudiaba en la Universidad Johns Hopkins, antes de siquiera unirse al gobierno. En 1985 fue contratada como analista de la DIA y ascendió hasta convertirse en la analista principal del Pentágono sobre Cuba, con acceso a los planes más sensibles del ejército estadounidense. Desde el primer día de su empleo, era una espía al servicio de La Habana.
Durante diecisiete años, Montes entregó a Cuba las identidades de cuatro agentes encubiertos estadounidenses, los nombres de cientos de analistas que trabajaban en el expediente Cuba dentro de la comunidad de inteligencia, información clasificada sobre un satélite sigiloso de reconocimiento con el que Estados Unidos espiaba a Rusia, China y Cuba, y los planes operacionales de prácticamente todas las operaciones militares estadounidenses en América Central durante los años ochenta. Según el analista Simmons, "saboteo virtualmente todas las operaciones militares de Estados Unidos en América Central durante cinco años en los años ochenta. Nunca sabremos del todo el daño que causó a Estados Unidos" (PBS NewsHour, 9 de enero de 2023; Boundary Stones / WETA, 2 de junio de 2025).
Montes recibía instrucciones cifradas de La Habana a través de radio de onda corta, las descodificaba en un portátil especialmente preparado, y se comunicaba con sus controladores mediante llamadas desde teléfonos públicos a un buscapersonas en Nueva York. Fue arrestada el 21 de septiembre de 2001, un día antes de que debía recibir el briefing completo sobre la Operación Libertad Duradera, la invasión de Afganistán. Los investigadores concluyeron que si hubiera asistido, los planes habrían llegado a Talibán a través de La Habana. En octubre de 2002 fue sentenciada a 25 años. Fue liberada el 6 de enero de 2023 (Reuters, 7 de enero de 2023; CNN, 8 de enero de 2023).
La Red Avispa: la mayor red de espionaje cubana jamás desmantelada en EE. UU.
El 12 de septiembre de 1998, el FBI arrestó a diez miembros de lo que llamó La Red Avispa, el mayor anillo de espionaje cubano descubierto en Estados Unidos hasta la fecha. La red estaba compuesta por al menos 27 agentes cubanos que operaban bajo identidades falsas en el sur de Florida. Sus objetivos incluían infiltrar grupos de exiliados cubanos, monitorear movimientos en la Base Aérea de Homestead, introducir un agente dentro de la Estación Aeronaval de Boca Chica en Key West como trabajador de mantenimiento, y penetrar el US Southern Command y la Base Aérea de MacDill (U.S. House Committee on Foreign Affairs, 2012; Center for Free Cuba, 13 de septiembre de 2022).
El líder de la red, Gerardo Hernández, operaba bajo la identidad falsa de Manuel Viramontez. Fue condenado a dos cadenas perpetuas por conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato, en relación con el suministro de información a Cuba que permitió el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, matando a cuatro personas. Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González recibieron cadena perpetua o diecinueve años respectivamente. Los cinco fueron liberados en diciembre de 2014, como parte de un intercambio de prisioneros negociado durante la administración Obama (Wikipedia, "Cuban Five").
Cinco de los otros miembros de la red aceptaron acuerdos con los fiscales y cooperaron con el gobierno. Sus testimonios revelaron que Cuba había ordenado explícitamente la infiltración de instalaciones militares estadounidenses y que la red estaba preparada para facilitar el contrabando de armas y explosivos hacia Estados Unidos si las circunstancias lo requerían.
Otros agentes condenados: el patrón sistemático
Los casos de Montes y la Red Avispa no fueron incidentes aislados. Son los más visibles de un patrón sistemático que el FBI documentó en múltiples casos a lo largo de décadas. En mayo de 2000, Mariano Faget, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos con acceso a casos de posibles desertores cubanos, fue condenado por revelar información clasificada a un agente de la inteligencia cubana (New York Times, compilado en Organizacion Autentica, enero de 2003). En junio de 2009, Kendall Myers, funcionario retirado del Departamento de Estado que había accedido a cientos de cables diplomáticos clasificados sobre América Latina y Europa, fue arrestado junto a su esposa tras ser descubiertos espiando para Cuba durante más de treinta años ("Cuba's Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare," U.S. House Committee on Foreign Affairs, 3 de junio de 2012). En diciembre de 2023, Víctor Manuel Rocha, embajador retirado de Estados Unidos y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, fue arrestado acusado de haber actuado como agente cubano durante décadas desde dentro de las más altas instancias de la política exterior estadounidense (Miami-Dade Tax Collector Statement, 31 de marzo de 2026, citando advertencia del FBI).
La evaluación del FBI y la amenaza vigente
En su evaluación de amenazas mundiales de 2016, el Director Nacional de Inteligencia James Clapper clasificó a Cuba como una amenaza de espionaje activa al nivel de Irán, superada solo por China y Rusia. En marzo de 2026, en el contexto de las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, el FBI instruyó a sus equipos de contraterrorismo e inteligencia a mantenerse en alerta máxima, advirtiendo sobre la presencia de células dormidas de organizaciones vinculadas a Irán, entre las que los analistas incluyeron explícitamente redes con conexiones cubanas dada la integración de inteligencia entre La Habana y Teherán (Fox News, 1 de marzo de 2026). El dato que resume la dimensión del problema fue formulado en el Congreso en 2012: desde 1998, el FBI había expuesto una red de al menos 16 agentes cubanos acusados o condenados solo en Florida, y la estimación de los analistas era que esos casos representaban la punta del iceberg de una estructura mucho mayor que permanece activa ("Cuba's Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare," U.S. House Committee on Foreign Affairs, 3 de junio de 2012).
CUANDO UN ESTADO DEJA DE SER SOBERANO
Hay un momento en que la distinción entre un gobierno y una organización criminal deja de ser filosófica y se convierte en una pregunta jurídica con consecuencias prácticas. Para llegar a ese momento, es necesario entender qué hace que un Estado sea legítimo: no el reconocimiento diplomático, no el asiento en las Naciones Unidas, no la bandera o el himno. La legitimidad de un Estado descansa en una función: proteger a su población, administrar el territorio con criterios de interés colectivo y actuar en el orden internacional con arreglo a compromisos verificables.
El politólogo Charles Tilly observó en su influyente ensayo de 1985, "War Making and State Making as Organized Crime," que el Estado moderno emergió históricamente de los mismos procesos que el crimen organizado: monopolio de la violencia, extracción de recursos, eliminación de rivales. La diferencia entre el Estado y la mafia, arguyó Tilly, es que el Estado logró institucionalizar ese monopolio y obtener reconocimiento externo. Cuando un Estado revierte ese proceso, cuando comienza a usar el monopolio de la violencia para enriquecer a una facción interna a expensas del resto de la población, cuando vende su soberanía al mejor postor criminal y cuando exporta represión en lugar de protección, no se convierte en un Estado fallido. Se convierte en algo más peligroso: un Estado capturado con plena capacidad operativa.
Cuba encaja en esa categoría con una precisión que pocas naciones en el hemisferio igualan. No es un Estado que colapsó y dejó entrar al crimen. Es un Estado que nunca dejó entrar a nadie más. El régimen no fue corrompido por el narcotráfico: lo instrumentalizó. No fue infiltrado por el espionaje extranjero: lo vendió. No fue debilitado por el terrorismo: lo financió, entrenó y le ofreció santuario. En cada una de esas dimensiones, la acción fue deliberada, sistemática y documentada ante tribunales de justicia de la mayor democracia del mundo.
Qué puede hacer la comunidad internacional?
El derecho internacional y las políticas nacionales cuentan con herramientas específicas para responder cuando un Estado cruza esa línea. El problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos. El problema es la voluntad política de aplicarlos.
La primera y más directa herramienta es la designación como Estado Patrocinador del Terrorismo, prevista en la Sección 6(j) de la Ley de Control de Exportaciones de Armas de Estados Unidos. Cuba fue designada en 1982, retirada de la lista en 2015 bajo la administración Obama por razones políticas, y redesignada en enero de 2021. Esa designación activa sanciones automáticas, restringe la financiación multilateral y limita la cooperación gubernamental. Su efecto práctico, sin embargo, ha sido limitado porque Cuba diversificó sus ingresos precisamente a través de los canales que este reporte documenta: el turismo controlado por GAESA, las exportaciones de servicios médicos al exterior y las remesas del exilio.
La segunda herramienta es el régimen de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las sanciones dirigidas contra funcionarios específicos del régimen, contra entidades de GAESA y contra las rutas financieras del fraude Medicare son más quirúrgicas que el embargo general y han demostrado mayor capacidad de presión. El problema es la evasión sistemática: Cuba usa intermediarios en terceros países, bancos en jurisdicciones con escasa regulación y criptomonedas para mover los fondos.
La tercera herramienta es el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado décadas de abusos y emitido medidas cautelares reiteradamente ignoradas por el régimen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría en teoría procesar individuos con rango de funcionario, pero Cuba se retiró de la jurisdicción contenciosa de la Corte y el régimen no reconoce fallos que no le convengan.
La cuarta herramienta, y quizás la más subutilizada, es el principio de jurisdicción universal. Varios crímenes documentados en este reporte, incluyendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela ejecutados bajo asesoría cubana, tortura sistemática de presos políticos y participación en estructuras de narcotráfico transnacional, podrían fundamentar procesos ante tribunales nacionales en España, Argentina u otros países que reconocen la jurisdicción universal. El obstáculo es político: ningún gobierno ha querido asumir el costo diplomático de iniciar ese proceso.
Lo que queda claro, después de cuatro décadas de evidencia documentada, es que el régimen cubano no cambió de naturaleza con la muerte de Fidel Castro ni con las reformas cosméticas de los últimos años. Cambió de generación, no de modelo. La cúpula que hoy controla GAESA, la DGI y las Fuerzas Armadas Revolucionarias es la misma que entrenó a los paramilitares venezolanos, que firmó los acuerdos de inteligencia con Hezbollah y que protegió a los fugitivos del Medicare mientras el pueblo cubano hacía colas para conseguir pan. Esa continuidad no es accidental. Es la consecuencia lógica de un sistema diseñado para perpetuarse, no para servir.
La pregunta de qué se puede hacer no tiene una respuesta simple. Pero tiene un punto de partida ineludible: llamar a las cosas por su nombre. Un Estado que vende secretos militares a los adversarios de sus vecinos, que ofrece santuario a terroristas y fugitivos, que exporta represión y que usa su soberanía para blindar el crimen organizado no es un gobierno con el que se negocia impunidad a cambio de estabilidad. Es una organización criminal con bandera. Y tratarlo como tal es el primer paso hacia cualquier solución real.
CONCLUSIÓN: CUANDO LA IMPUNIDAD SE INSTITUCIONALIZA
Cuarenta años de evidencia documental llevan a una conclusión que este reporte no puede suavizar: Cuba no es un caso de complicidad casual o tolerancia conveniente ante el crimen organizado. Es un caso de Estado que convirtió la criminalidad en instrumento de política exterior, que la financió con soberanía y la exportó con doctrina.
La línea que va desde las reuniones de Carlos Lehder en La Habana en 1979 hasta los $14.600 millones en fraude al Medicare registrados en el operativo de junio de 2025 no es una coincidencia estadística. Es una arquitectura. Cada elemento del sistema cumple una función: el territorio soberano ofrece el corredor; la inteligencia ofrece la cobertura; la impunidad jurídica ofrece el destino. Y cuando el dinero llega a los bancos controlados por GAESA, ya no hay jurisdicción que alcance para recuperarlo.
Lo que hace a este caso diferente de cualquier cartel convencional no es la escala del daño —aunque esa escala es extraordinaria— sino la naturaleza del actor. Cuando un cartel mata, hay una estructura que puede ser desarticulada. Cuando un Estado mata, hay un sistema que necesita ser nombrado. Este reporte lo nombra.
La evidencia que aquí se documenta estuvo disponible para los tomadores de decisiones en Washington durante décadas. Había acusaciones formales con número de causa desde 1982. Había un borrador de indictment RICO con el nombre de Raúl Castro desde 1993. Había $63 millones rastreados hasta bancos cubanos desde 2012. Había una carta del senador Grassley que nunca recibió respuesta. Había fugitivos del Medicare viviendo en La Habana mientras los programas de salud de millones de estadounidenses eran vaciados sistemáticamente.
La pregunta que queda abierta no es si la evidencia existió. La pregunta es qué costo político tuvo decidir, una y otra vez, no actuar sobre ella. Esa pregunta no la responde este reporte. La plantea. Y esa es, quizás, la función más importante que puede cumplir el periodismo de investigación: poner sobre la mesa lo que los archivos ya saben, para que nadie pueda decir que no lo sabía.
Sobre el Autor
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, ex militar del Ejército de Estados Unidos, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casosinternacionales y multi jurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina.
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