TREINTA AÑOS DE SAQUEO AL SISTEMA FEDERAL
El Medicare Fraud Strike Force, creado en marzo de 2007, procesó desde su fundación hasta 2025 a más de 5.400 acusados que facturaron de manera fraudulenta más de $27.000 millones en total (U.S. Department of Justice, "National Health Care Fraud Takedown Results in 324 Defendants Charged," 30 de junio de 2025). Solo en el año fiscal 2024, las recuperaciones criminales del programa alcanzaron los $961 millones, el nivel más alto en diez años.
El operativo más grande de la historia del programa ocurrió en junio de 2025: 324 acusados en todo el país, con una pérdida prevista de $14.600 millones, de los cuales 73 acusados correspondían solo al Distrito Sur de Florida. Uno de los casos de ese operativo involucró una organización transnacional que utilizó propietarios ficticios en el extranjero para presentar $10.600 millones en reclamaciones falsas, explotando las identidades robadas de más de un millón de estadounidenses.
CASOS RESIENTES:NOMBRES, MONTOS Y CONDENAS
En marzo de 2025, Fernando Espinosa León, ciudadano cubano de 60 años, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión federal. Su empresa, Global Medical Supply, presentó reclamaciones fraudulentas por $7,6 millones al Medicare entre 2016 y 2020. El tribunal ordenó la confiscación de $4 millones ("Cuban National Sentenced To Over Five Years In $7.6 Million Medicare Fraud Scheme," HHS Office of Inspector General, 24 de marzo de 2025). En mayo de 2025, Julián López, ciudadano cubano de 55 años residente en Miami-Dade, fue condenado a 30 meses de prisión a través de su empresa One Medical Services: $3,2 millones en reclamaciones falsas y una orden de restitución de $1.496.412 dólares.
En julio de 2025, Magaly Travieso, de 54 años, fue condenada a nueve años de prisión federal. Su empresa, ProMed Healthcare, presentó entre 2019 y 2023 reclamaciones falsas por más de $20 millones. Las autoridades incautaron $6 millones en activos. En marzo de 2026, un tribunal federal de Miami revocó la ciudadanía estadounidense de Mirelys Cabrera Díaz, cubana residente en Hialeah, tras su condena por fraude al Medicare de $6 millones. La revocación de ciudadanía como consecuencia adicional a la condena penal marcó un precedente en la respuesta federal al fenómeno.
LA COMPLICIDAD DEL REGIMEN: DINERO QUE LLEGA A LA HABANA Y NUNCA VUELVE
El Dr. Mehmet Oz fue el funcionario de mayor jerarquía en describir el patrón con el lenguaje de la complicidad institucional. En declaraciones a Fox News en febrero de 2026, fue directo: "Están facturando cinco millones de dólares en un mes por equipos inexistentes. Luego huyen a Cuba. Cuando intentamos recuperar el dinero, ya ha sido transferido al exterior" ("Medicare administrator accuses Cubans of fraud and fleeing to Cuba with the money," CiberCuba, 27 de febrero de 2026). En abril de 2026, al ser entrevistado en Fox Business desde el sur de Florida, fue más lejos: "Creemos que el gobierno cubano está involucrado" ("Scandal in Florida: Possible links between the Cuban regime and Medicare fraud," CiberCuba, 7 de abril de 2026; "Cuba rejects US claims of involvement in Florida healthcare fraud," AFP, 9 de abril de 2026). Cuando las agencias federales intentan recuperar los fondos, el dinero ya está en Cuba. No es una falla de coordinación interagencial. Es el funcionamiento diseñado de un sistema donde La Habana actúa como destino de extracción y como escudo de impunidad al mismo tiempo.
Lo que los $63 millones rastreados hasta los bancos cubanos en 2012 demostraron fue que el dinero cruzaba el Estrecho de Florida a través de un sistema financiero controlado por el Estado cubano, específicamente por GAESA y el Banco Central, y que ese tránsito era imposible sin algún nivel de conocimiento y tolerancia institucional. El régimen cubano, que controla absolutamente todas las transacciones bancarias de la isla, no puede desconocer el origen del dinero que llega a sus bancos desde redes de empresas fantasmas en Miami. El no saber es, en sí mismo, una forma de cooperación.
GAESA: LA CAJA NEGRA DEL RÉGIMEN
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Controla hoteles, aeropuertos, telecomunicaciones, remesas, comercio minorista y servicios bancarios. Documentos internos filtrados en 2025 y analizados por el Miami Herald y el economista Pavel Vidal del Cuba Capacity Building Project de Columbia University confirmaron que GAESA controlaba el 95% de las transacciones financieras en moneda extranjera del país y que sus ingresos totales eran 3.2 veces mayores que los ingresos anuales del presupuesto estatal cubano (CiberCuba, "GAESA: how a 'socialist' country ended up under the control of an opaque military conglomerate," 21 de febrero de 2026). No publica estados financieros. No tiene auditoría externa independiente. No responde a ningún organismo de supervisión público.
La ruta operacional del dinero a través del sistema GAESA sigue un proceso de captura progresiva. Cuando alguien en Miami envía dinero a Cuba, la transferencia pasa por FINCIMEX, el intermediario cubano. Al llegar a la isla, el dinero se convierte en MLC —moneda libremente convertible— pero solo puede gastarse en tiendas y servicios controlados por el régimen: TRD Caribe, CIMEX, Gaviota. Los sobreprecios sobre el costo real de los bienes importados oscilan entre 300% y 500%. Las MLC recuperadas por el régimen se reconvierten en dólares o euros a través del Banco Central de Cuba. El dinero, cualquiera sea su origen, entra al sistema y no sale.
Lo que las investigaciones de inteligencia financiera documentan, con alta confianza analítica, es que el régimen diseñó ese sistema para que ningún flujo de divisas, sea cual sea su origen, escape al control del conglomerado militar. Los $63 millones rastreados hasta bancos cubanos en 2012 no ingresaron a ese sistema en paralelo al régimen; ingresaron a través de él. La relación operativa entre GAESA y la asesoría militar cubana en Venezuela se documenta en la sección "El eje La Habana-Caracas" de este reporte.
EL EJE LA HABANA–CARACAS: DE CHÁVEZ A MADURO
Si hay un capítulo en esta historia que ilustra hasta dónde puede llegar el modelo cubano cuando encuentra un Estado suficientemente vulnerable y rico, ese capítulo se llama Venezuela. Lo que Cuba construyó durante décadas —penetración de fuerzas armadas, control de inteligencia, uso del Estado como escudo— fue trasplantado, con adaptaciones locales, al corazón del gobierno venezolano.
LA ERA DE CHAVEZ: ACESORIA TOTAL A CAMBIO DE PETROLEO
Desde 1999, miles de asesores cubanos llegaron a Venezuela bajo la figura de médicos y maestros para los programas sociales chavistas. Pero bajo esa cobertura operaba una misión diferente: cuadros de la Dirección de Inteligencia cubana y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se encargaron de reorganizar los servicios de seguridad venezolanos, instalar sistemas de vigilancia sobre la propia tropa y diseñar los mecanismos de control político que Chávez necesitaba para consolidar el poder.
A cambio, Venezuela entregó a Cuba entre 90,000 y 115,000 barriles de petróleo diarios a precios preferenciales, según análisis del economista Daniel Lacalle ("How Maduro, Cuba and their allies stole Venezuela's oil wealth," dlacalle.com, 11 de enero de 2026). El petróleo venezolano no solo mantuvo encendidas las luces de La Habana; financió la capacidad operativa del aparato cubano de inteligencia durante una década y media.
LOS ACUERDOS DEL 2008, QUE LA UNO LEYO
En mayo de 2008, Cuba y Venezuela suscribieron al menos dos acuerdos militares secretos que transformaron la relación bilateral en una alianza operacional. Una investigación de Reuters publicada en agosto de 2019 reveló que esos acuerdos "otorgaron a Cuba un vasto acceso a las fuerzas armadas venezolanas y amplia libertad para espiarlas y reformarlas." Bajo esos pactos, funcionarios cubanos fueron autorizados a entrenar soldados venezolanos, reestructurar agencias de inteligencia y construir un sistema de vigilancia interna enfocado en monitorear al propio ejército venezolano ("Havana's intelligence and military ties exposed after Maduro raid," Fox News, 5 de enero de 2026, citando investigación de Reuters, agosto 2019). La Misión Internacional Independiente de la ONU revisó físicamente esos documentos y confirmó su alcance, según documentó Havana Times en "The Footprints of Cuban Intelligence in Venezuela" el 15 de agosto de 2024.
El general retirado Antonio Rivero, exiliado en Miami desde 2014, fue categórico al declarar a Diálogo Américas: "En 2008, la presencia de personal militar cubano en Venezuela se consolidó a través de 15 acuerdos secretos entre Cuba y Venezuela para transformar las Fuerzas Armadas venezolanas y convertirlas en la misma estructura que funciona en Cuba." El experto Francisco Cox, en testimonio documentado ante Amnistía Internacional, señaló que vieron físicamente el memorando de 2008 que habilitaba la creación de un nuevo cuerpo dentro de la DGCIM y el entrenamiento cubano en vigilancia, infiltración y determinación de objetivos militares.
Un informe publicado por Infobae en marzo de 2026, titulado "Petróleo por represión", documentó que desde el tiempo de Fidel Castro y Hugo Chávez, el régimen venezolano utilizó hasta 105.000 barriles diarios de petróleo como moneda de pago a Cuba a cambio de adiestramiento de los cuerpos de seguridad, especialmente inteligencia y contrainteligencia.
LA ERA DE MADURO: DE LA ASESORIA A LA DEPENDENCIA TOTAL
Con la muerte de Chávez en 2013, Cuba no perdió influencia; la profundizó. Nicolás Maduro llegó al poder con una deuda política con La Habana que nunca ocultó. Los asesores cubanos siguieron presentes en los servicios de seguridad venezolanos, en la guardia personal de Maduro y en los órganos de inteligencia del Estado. La relación pasó de ser una alianza entre dos soberanos a una dependencia funcional: Venezuela sin Cuba no sabría cómo vigilar a sus propios militares.
EL CARTEL DE LOS SOLES Y LA HUELLA CUBANA
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 trajo consigo una precisión legal que el DOJ no había hecho antes: la acusación revisada abandonó el término "Cartel de los Soles" como organización formal y lo reemplazó por "una cultura de corrupción y un sistema de patronazgo" financiado por el narcotráfico. Esa distinción, aparentemente técnica, tiene una consecuencia analítica de primer orden.
Un sistema de patronazgo estatal sostenido por el narcotráfico, sin estructura formal de cartel, es exactamente lo que Cuba construyó durante décadas antes de que existiera el chavismo. La diferencia es que Cuba nunca fue capturada. Venezuela sí.
La participación cubana en el entramado criminal venezolano opera en varios niveles simultáneos. A nivel de doctrina, Cuba aportó la arquitectura conceptual: usar el Estado como cobertura para el tráfico, con negabilidad plausible. A nivel de inteligencia, asesores de la Dirección de Inteligencia cubana integrados en la DGCIM y el SEBIN proveyeron vigilancia interna y blindaje de jefes militares narcotraficantes contra infiltraciones de la DEA. A nivel de protección política, Cuba protegió a Maduro diplomáticamente y sus efectivos formaron parte de su seguridad personal. A nivel logístico, los cayos cubanos funcionaron como punto de tránsito histórico para cocaína venezolana en ruta hacia Europa y Estados Unidos, según análisis de la DEA documentados por Cunningham en el Air University Journal of Indo-Pacific Affairs (JOTA, 2024). Cuba no es un socio periférico del narcotráfico venezolano: es el modelo que lo hizo posible.
COLECTIVOS, TREN DE ARAGUA Y LA SOMBRA DE LA HABANA
El vínculo entre el régimen cubano y las estructuras criminales del Estado venezolano va más allá del Cartel de los Soles. La asesoría cubana en control social y represión también facilitó la consolidación de grupos paraestatales como los colectivos y la protección política de megabandas como el Tren de Aragua.
Los colectivos: brazo armado con doctrina cubana
Los colectivos venezolanos son grupos armados irregulares que operan en áreas urbanas bajo la tolerancia y el apoyo del Estado. Su modelo tiene un precursor directo en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, que desde 1960 funcionan como sistema de vigilancia social a nivel de cuadra. El informe de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet publicado en julio de 2019 documentó que los colectivos "han contribuido al deterioro de la situación ejerciendo control social y ayudando a reprimir manifestaciones" ("UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt and remedy serious violations," OHCHR, 4 de julio de 2019). Testimonios de venezolanos que huyeron del país y análisis de Human Rights Watch documentan que los colectivos adoptaron tácticas de control comunitario y represión selectiva que los expertos reconocen como derivadas de la doctrina de seguridad cubana.
El Tren de Aragua: de prisión estatal a red transnacional
El Tren de Aragua nació dentro de la prisión de Tocorón, Aragua, con la tolerancia explícita del Estado venezolano (Encyclopaedia Britannica, "Tren de Aragua," actualizado 9 de marzo de 2026; "Weaponized Chaos: The Rise of Tren de Aragua as Venezuela's Paramilitary Instrument," Center for a Secure Free Society, 18 de noviembre de 2025). En un sistema penitenciario donde el régimen entregó el control interno de las cárceles a las propias bandas, la organización creció hasta operar en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y, más recientemente, en Estados Unidos. La lógica de dejar crecer a los grupos armados cuando resultan políticamente útiles, y luego exportar sus consecuencias, es exactamente la lógica cubana del Mariel, aplicada cuatro décadas después en Venezuela.
La pregunta que los analistas de inteligencia han comenzado a formular con mayor insistencia no es si el régimen venezolano permitió el crecimiento del Tren de Aragua, sino en qué medida la arquitectura cubana de seguridad del Estado enseñó a Caracas a no destruir a ese tipo de organizaciones sino a administrarlas.
CUBA Y LA ARQUITECTURA DE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA: HOMICIDIOS, DESAPARICIONES Y TORTURA
Lo que Cuba instaló en Venezuela a partir de los acuerdos secretos de 2008 no fue solo una reforma de los servicios de inteligencia. Fue un sistema completo de control, vigilancia y exterminio selectivo, calibrado para garantizar la permanencia del régimen por encima de cualquier consideración jurídica o humanitaria. La Misión Internacional Independiente de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Foro Penal Venezolano, PROVEA y el Instituto CASLA han documentado las consecuencias medibles de ese sistema: miles de muertos, miles de torturados y centenares de personas sometidas a desaparición forzada. Lo que las cifras también muestran es que Cuba no fue un colaborador periférico de esos crímenes. Fue su arquitecto.
La violencia letal del Estado venezolano bajo Maduro no puede leerse como delincuencia común. Es violencia institucional planificada, ejecutada por cuerpos de seguridad que operaron con asesoría cubana. En 2017, Venezuela registró una tasa de 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en Sudamérica según el Estudio Global sobre Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, "Global Study on Homicide," 2018). Pero esa cifra oficial no incluía los asesinatos cometidos por las propias fuerzas de seguridad del Estado, catalogados eufemísticamente como casos de "resistencia a la autoridad."
Cuando la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, publicó su informe en julio de 2019, reveló que el gobierno venezolano había reportado a sus propios organismos 5.287 muertes en manos de fuerzas de seguridad en 2018, y otras 1.569 en los primeros cinco meses de 2019: un total de casi 7.000 personas asesinadas por el Estado en año y medio. La Alta Comisionada calificó esa cifra de "sorprendentemente alta" y señaló que muchas podían constituir ejecuciones extrajudiciales ("UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt and remedy serious violations," OHCHR, 4 de julio de 2019). El principal perpetrador fue el grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales —las FAES—, creadas en 2016 bajo el marco institucional diseñado con asesoría cubana.
Human Rights Watch confirmó en septiembre de 2019 que desde 2016, casi 18.000 personas habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad en situaciones de supuesta "resistencia a la autoridad" ("Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos," Human Rights Watch, 18 de septiembre de 2019). Los registros de PROVEA completan el cuadro acumulado: entre 2010 y 2018, fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano 23.688 personas, según cifras oficiales proporcionadas al sistema de Naciones Unidas, con el 69% de esos casos concentrado entre 2016 y 2018, el período de mayor consolidación de la influencia cubana en los aparatos de inteligencia y control del Estado venezolano.
Sobre el Autor
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, ex militar del Ejército de Estados Unidos, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casosinternacionales y multi jurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina.
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