William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
Introducción
El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, es uno de los principales epicentros de la minería aurífera en Venezuela. La región, cuyo nombre evoca la legendaria ciudad de oro, es hoy, y por desgracia, territorio de riquezas minerales, pero también de la pobreza espiritual y física que acompaña la violencia, la corrupción y la devastación ambiental. La disputa por el control de las minas de oro de El Dorado y del Arco Minero del Orinoco es, como describe la periodista Mariana Lando, “una guerra entre bandas de criminales, militares y altos funcionarios del régimen”. Dos de esos miembros del alto gobierno que hacen parte del dorado círculo son Diosdado Cabello y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alías “Nicolasito”. Cabe mencionar que el aparato de seguridad del Estado también hace parte de esa disputa. Diosdado y “Nicolasito” son parte central de la red de corrupción y crimen organizado que sostiene al gobierno venezolano (Transparencia Venezuela, 2025; Human Rights Watch, 2025; U.S. Department of the Treasury, 2019).
El Arco Minero del Orinoco: Un proyecto de saqueo
El Arco Minero del Orinoco (AMO), creado por decreto presidencial en 2016, abarca en el estado Bolívar más de 111.000 km², que son el 12% del territorio nacional. Aunque fue presentado oficialmente como un plan para diversificar la economía y organizar la minería, en la práctica ha servido para incrementar la devastación ambiental, la corrupción, la criminalidad y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, y la violación de derechos fundamentales (Transparencia Venezuela, 2025; Human Rights Watch, 2020; Naciones Unidas, 2022).
El AMO se ejecutó sin consultar, de antemano, a la Asamblea Nacional ni a las comunidades que se verían afectadas, sin estudios de los impactos ambientales que podría generar la iniciativa, y sin llevar a cabo los procesos de consulta requeridos a los pueblos indígenas que se hubieran visto afectados. Todo esto ha provocado no solo la opacidad del programa y la desinformación sobre los verdaderos daños que ha podido causar y la magnitud de estos, sino también la apariencia de un programa que en realidad no estaría beneficiando a las comunidades que se ven directamente afectadas (Human Rights Watch, 2020; Transparencia Venezuela, 2025).
Estructura de poder y control criminal
La minería en El Dorado y el AMO está controlada por una red de pranes, que son ex-presidiarios que hoy en día son jefes criminales. Estos pranes, junto a megabandas como el Tren de Aragua y organizaciones armadas que tienen bajo control la zona, actúan en alianza con funcionarios civiles y militares, que son los que realmente mandan en el territorio (Transparencia Venezuela, 2025; Human Rights Watch, 2020).
El principal pran que controla la situación se hace llamar “Fabio” (en la realidad, Fabio Enrique González Isaza, un ex-recluso que hoy comanda a un grupo de pranes), que tiene conexiones con altos funcionarios del régimen. Estos actores parcelan el territorio en donde operan, que es una enorme mina a cielo abierto; y dentro de la mina, dan permisos a mineros y dueños de molinos, que son los que procesan el mineral, con la condición de que les paguen “cuotas” (que puede irse desde cinco a veinte dólares por mes) y que no se metan en problemas con la ley (Transparencia Venezuela, 2025).
La minería ilegal en Venezuela, en lugar de ser combatida, ha sido legalizada de facto. El Estado ha comprado parte de la producción, pero usa empresas con fachada de legalidad; lo mismo que el grueso del oro, que se mina de manera ilegal, pero que en algunos casos queda reportado como minería legal. En el fondo, la irregularidad exportadora se facilita con redes de corrupción y empresas fachada, que involucran a funcionarios y particulares (Transparencia Venezuela, 2025).
Control de la minería ilegal: pranes, militares y funcionarios
Así controlan la minería ilegal en Venezuela: uniformados y pranes. Organizaciones criminales similares a las que hay en las prisiones o en las empresas del Estado mantienen el dominio sobre la extracción y explotación del oro.
Mineros y Artesanos
Personas de la zona o extranjeros trabajan bajo el control directo de los “pranes”, “sindicatos” o “bases”. Los pranes operan con armas largas y granadas, y todos los mineros y comerciantes les reportan. Los mineros deben entregar a los pranes el 30% del oro que extraen; los comerciantes, el 10% por permitirles operar en la mina. Además, los pranes venden dinero en efectivo a los mineros con un recargo del 100% sobre el valor nominal del billete y fijan el precio de venta del oro. La explotación ilegal del oro se mantiene bajo este esquema de extorsión y violencia.
Militares de Jerarquía Alta y Mediana
Contingentes pequeños de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército monitorean las zonas mineras para “proteger” ciertas minas, el negocio y a los pranes. En teoría, estos grupos deberían asegurar y dar protección a las minas y a su entorno. Sin embargo, en la práctica, el gobierno no solo permite que los pranes y sus grupos controlen las minas, sino que también comparte con ellos las ganancias. Las armas que utilizan los pranes provienen del Ejército y la GNB. El gobierno, a través de los militares, controla los servicios en la zona y a los transgresores.
Militares de Jerarquía Alta y Miembros del Alto Gobierno
Los generales que mandan las guarniciones en la región se quedan con la mayor porción de oro y la comparten con funcionarios del alto gobierno. El Estado solo recibe una pequeña cuota de oro, que no es ni suficiente ni justo para los mineros, quienes trabajan bajo amenaza de muerte si no entregan lo exigido. Legalmente, los mineros son parte de la cadena de ilegalidad, pero la responsabilidad principal recae sobre las autoridades que permiten y se benefician del sistema. ¿Acaso el gobierno puede utilizar mejor la palabra “gobierno” para no hacer más del oro un temible instrumento de muerte y de enriquecimiento ilícito para quienes mandan y deberían mandar? (Transparencia Venezuela, 2025; Human Rights Watch, 2020; U.S. Department of the Treasury, 2019).
El papel de Diosdado Cabello y Nicolasito en la red de corrupción
Puestos clave en la estructura de corrupción y crimen organizado que controla la minería de oro venezolana son ocupados por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”). Su involucramiento en la extracción y contrabando de oro, así como en la gestión de la violencia y la economía ilícita que mantiene al régimen, ha sido ampliamente documentado en varias investigaciones y ha llevado incluso a sanciones internacionales en su contra (U.S. Department of the Treasury, 2019; Transparencia Venezuela, 2025; Wikipedia, 2024).
Cabello y Nicolasito operan mediante pranes y jefes criminales que controlan las minas y extorsionan a los trabajadores. Nicolasito ha sido vinculado al control de minas de coltán y oro azul, mientras Cabello mantiene bajo su órbita a jefes como “Fabio” en El Dorado, quienes actúan como intermediarios entre el Estado y las bandas armadas (Transparencia Venezuela, 2025; U.S. Department of the Treasury, 2019).
Además, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Cabello como uno de los líderes del “Cártel de los Soles”, organización criminal dedicada al narcotráfico, el contrabando y la explotación minera ilegal, que utiliza su influencia política y militar para lavar dinero y exportar minerales de manera ilícita (El País, 2015; Wikipedia, 2024).
Militarización, empresas fachada y complicidad estatal
Un elemento clave en el modelo de control del Arco Minero del Orinoco es la militarización. Las fuerzas de la FANB, DGCIM y Sebin garantizan el dominio territorial, las rutas del oro y la represión de cualquier acción que intente denunciar o resistir el control minero (Transparencia Venezuela, 2025; U.S. Department of the Treasury, 2019).
La corrupción se refinó en el tiempo de la pandemia de COVID-19. Ahora, una buena parte del oro que se extrae, se exporta a través de empresas que aparentan ser legales. Muchas de estas empresas están vinculadas a militares y a socios extranjeros, principalmente de China (Transparencia Venezuela, 2025).
Impacto social, laboral y ambiental
La minería ha provocado un daño ambiental sin parangón, pues ha llevado a la destrucción de más de 100.000 hectáreas de suelo fértil; a la contaminación de ríos con mercurio y cianuro; y a la reubicación forzada de comunidades indígenas y campesinas dentro del país. Los mineros trabajan en condiciones infrahumanas; laboran hasta 14 horas al día, sin equipo adecuado, en condiciones de relativa seguridad, y sin derechos laborales que los favorezcan (Transparencia Venezuela, 2025; Naciones Unidas, 2022; Human Rights Watch, 2020).
Las comunidades indígenas han sufrido las consecuencias del AMO, que se aplicó en su territorio sin previa consulta y sin la debida compensación, y en este sentido hay un claro incumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales que garantizan derechos a los pueblos indígenas (Human Rights Watch, 2020; Naciones Unidas, 2022).
Sanciones internacionales y denuncias
La comunidad internacional ha respondido con sanciones que van dirigidas a altos funcionarios y operadores del régimen. Esto incluye a Cabello y Nicolasito, por supuesto. Han congelado activos y han restringido la movilidad de estos personajes en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Sin embargo, la corrupción y la violencia de estos tipos, y de quienes les ayudan, sigue generando riqueza para una élite criminal y política perjudicial para los intereses y la salud, tanto financiera como física, de las comunidades locales, que siempre son las primeras en resentir el impacto de las decisiones que toman los criminales y los corruptos (U.S. Department of the Treasury, 2019; Transparencia Venezuela, 2025).
Conclusión
El paradigma del saqueo, la corrupción y la violencia en Venezuela lo representan El Dorado y el Arco Minero del Orinoco. Prospección, exploración, explotación, transporte, comercialización y control del oro en el Arco Minero del Orinoco están en manos de una red de pranes, megabandas, militares y altos funcionarios del gobierno, como Diosdado Cabello y su hijo Nicolasito, que se benefician de la mayor bonanza de la que se tenga memoria. Por supuesto, las consecuencias de todo este desorden han sido calamitosas: ya no hay oro que valga porque el mismo régimen ha hecho que su precio se vuelva sinónimo de desastre (Transparencia Venezuela, 2025; Human Rights Watch, 2020).
Referencias
• Human Rights Watch. (2020). Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales. Recuperado de https://www.hrw.org/es/news/2020/02/04/venezuela-violentos-abusos-en-minas-de-oro-ilegales
• Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Venezuela. Recuperado de https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/venezuela
• Naciones Unidas. (2022). U.N. report cites atrocities for Venezuelans in mining area (July 27). Recuperado de https://ge.usembassy.gov/u-n-report-cites-atrocities-for-venezuelans-in-mining-area-july-27/
• Transparencia Venezuela. (2025). Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción. Recuperado de https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2025/04/Explotacion-de-oro-en-Venezuela-2024.-Transparencia-Venezuela-en-el-exilio.pdf
• U.S. Department of the Treasury. (2019). Treasury Sanctions Nicolas Maduro’s Son for Serving in Venezuela’s Illegitimate Regime. Recuperado de https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm719
• Wikipedia. (2024). Cártel de los Soles. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_los_Soles
• El País. (2015). Venezuelan assembly speaker denies drug-trafficking allegations. Recuperado de https://english.elpais.com/elpais/2015/05/20/inenglish/1432123581_819422.html
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado Magna Cum Laude de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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