William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para FinGurú
Introducción
La guerra contra el narcotráfico en México ha evolucionado más allá de los parámetros tradicionales de seguridad interna y se ha transformado en un conflicto híbrido internacional, alimentado por la fusión entre organizaciones criminales, tecnología bélica y capital humano militar reclutado globalmente (El País, 2025; DW, 2025). Desde 2018, los principales cárteles —el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana— han implementado doctrinas de combate inspiradas en estructuras militares modernas con capacidad de ataque aéreo, estrategias de inteligencia electrónica, guerra psicológica y uso masivo de drones armados.
Existen evidencias verificadas de que los cárteles mexicanos emplean operadores extranjeros entrenados en escenarios de guerra como Colombia, Ucrania y Medio Oriente (Infobae, 2025; Yahoo News, 2025).
Muchos de estos exmilitares participan en el diseño de talleres técnicos, adaptaciones de armas y formación de células droneras con un alto grado de profesionalización.
Paralelamente, Estados Unidos, España y Ucrania lidian con la responsabilidad política y judicial derivada de que sus ciudadanos o empresas hayan contribuido técnica o logísticamente al fortalecimiento de estas estructuras criminales.
La guerra híbrida que enfrenta México no solo incluye armamento, sino también manipulación informativa y recursos económicos convergentes con operaciones encubiertas transnacionales. Como advierte la Revista Ensayos Militares (2025) y el Instituto Interamericano para la Democracia, esta forma de conflicto disuelve las líneas entre guerra militar, crimen transnacional y desestabilización política regional.
Modelos de Drones Empleados por los Cárteles
Las investigaciones de inteligencia mexicana, la DEA y agencias de defensa europeas han documentado una flota diversificada de drones diseñados o modificados para funciones de combate, vigilancia o transporte (Milenio, 2025; Atlantic Council, 2025; France 24, 2025):
DJI Mavic 3 y Mavic 4 son drones de reconocimiento y filmación táctica utilizados para mapear rutas seguras, grabar enfrentamientos y monitorizar convoyes enemigos. Su bajo perfil térmico los hace difíciles de detectar.
DJI Agras T30/T40 son drones agrícolas adaptados por los cárteles para transportar y soltar granadas, explosivos o cargas de narcóticos, con autonomía de hasta 25 minutos y capacidad útil de 30 kg.
FPV Mark IV y Mark V son drones de carreras modificados con visión en tiempo real, empleados como bombas guiadas capaces de dirigirse a convoyes o fortificaciones enemigas con precisión.
Drones de fibra óptica FPV, de última generación, incluyen un cable de enlace físico que elimina interferencias, haciendo inútiles los bloqueadores (jammers). Estas versiones se inspiran en prototipos usados por Ucrania y Rusia durante el conflicto de 2023-2024.
Skyeye X50 y X10, de origen chino industrial, cuentan con cámaras térmicas y señal cifrada para misiones nocturnas o transporte fronterizo.
Explosivos Empleados en Drones del Narcotráfico
En los drones armados se han encontrado artefactos explosivos improvisados (IED) y adaptaciones de explosivos militares obtenidos mediante contrabando o producción local (El País, 2025; NYT, 2025; DW, 2025).
Los IEDs se construyen con mezclas de nitrato de amonio, combustibles, fertilizantes agrícolas, pólvora negra y diésel, y se usan contra patrullas e instalaciones blindadas.
Explosivos militares como C-4 y PETN, provenientes de arsenales robados, se adaptan para drones Agras y FPV, generando detonaciones de alto poder.
Granadas de fragmentación caseras se fabrican con tubos de PVC y metralla artesanal, usadas principalmente por el CJNG.
Artefactos detonados por control remoto o señal celular permiten activar cargas desde más de 300 metros de distancia, coordinadas por operadores equipados con visores FPV.
Minas antipersona portátiles, muchas derivadas de diseños usados en Colombia y Ucrania, se lanzan desde drones DJI modificados mediante sistemas de caída por gravedad.
Estos explosivos se ensamblan en talleres ocultos ubicados en Michoacán, Guanajuato y Sinaloa, donde técnicos criminales combinan materiales civiles agrícolas con circuitos eléctricos comerciales.
Respuesta Internacional y Cooperación Estatal
México desarrolló operaciones conjuntas de SEDENA y Guardia Nacional en regiones críticas y firmó con Estados Unidos el Acuerdo Bilateral Antitráfico de Armas. Además, trabaja con la DEA y Europol para identificar talleres de ensamblaje y flujos financieros relacionados con compra de drones.
Colombia promulgó la Ley de Prevención del Mercenarismo en 2025, con penas de hasta 20 años para exmilitares que colaboren con organizaciones criminales. Se dictó la primera sentencia contra un exsoldado implicado en entrenamiento de sicarios (DW, 2025) y se inició el rastreo de agencias privadas sospechosas de reclutamiento.
Estados Unidos mantiene los principales indictments por tráfico de armas y entrenamiento táctico en casos como “U.S. v. [Redacted]” (S.D. Texas, Case No. 4:21-cr-00884-1). Además, la Orden Ejecutiva de Seguridad Hemisférica autoriza al Pentágono y la DEA a actuar contra cárteles considerados organizaciones terroristas.
España conduce el Caso Penal 38/2025 contra Petar Dimitrov Mirchev, exmilitar búlgaro detenido por suministro de armas al CJNG, revelando nexos con contrabandistas del Este europeo.
Ucrania ha impuesto reglamentos estrictos sobre academias militares: Kill House Academy y centros de Lviv y Dnipro deben registrarse ante observadores de la OTAN tras confirmarse la presencia de combatientes latinoamericanos en sus programas.
INTERPOL, UNODC y la ONU coordinan un sistema de inteligencia compartido siguiendo la Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional.
Conclusión
México se encuentra en el umbral de una guerra híbrida criminal sin precedentes. Los cárteles pasaron de ser traficantes de drogas a actores paramilitares con capacidad tecnológica y proyección internacional. La militarización del narcotráfico redefine el equilibrio de poder en América Latina, blandiendo armamento industrial, drones avanzados y tácticas de combate aprendidas en zonas de conflicto extranjero.
La cooperación multinacional avanza, pero necesita ir más allá de las medidas represivas. Se requiere control tecnológico sobre drones, regulación del comercio dual, rastreo de componentes explosivos, financiamiento transnacional y una red de inteligencia hemisférica que vincule defensa, justicia e innovación.
América Latina está frente a la amenaza de convertirse en el laboratorio más complejo de guerra irregular del siglo XXI. Prevenirlo dependerá de la capacidad colectiva de anticipar, coordinar y neutralizar esta nueva generación de violencia organizada transnacional.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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