El anuncio fue solemne, medido y cuidadosamente escenificado. Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia y sin presencia de la prensa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó dos decisiones de alto impacto político: el cierre de El Helicoide y el impulso de una ley de amnistía para presos políticos. En un país acostumbrado a los anuncios grandilocuentes, el mensaje buscó transmitir orden, control y voluntad de normalización.
El cierre de El Helicoide toca una fibra profunda de la historia reciente venezolana. Durante años, ese edificio condensó el costado más oscuro del poder estatal: detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, aislamiento y miedo. Su sola existencia funcionó como advertencia. Por eso, su clausura no puede leerse como un hecho administrativo ni como un simple cambio de destino edilicio. Cerrar El Helicoide implica, al menos en el plano simbólico, admitir que allí se cometieron abusos graves y sistemáticos.
Sin embargo, el problema no reside en el anuncio sino en su alcance. Un centro de torturas puede cerrarse por decreto, pero las prácticas que lo hicieron posible no desaparecen automáticamente. Mientras no existan garantías institucionales, responsabilidades políticas claras y mecanismos de no repetición, el riesgo es que el cierre funcione como una operación de limpieza narrativa más que como un punto de inflexión real.
La ley de amnistía anunciada se mueve en esa misma zona de ambigüedad. El discurso oficial invoca la convivencia, el respeto y la necesidad de dejar atrás la confrontación. Pero la convivencia genuina no se decreta, se construye, y empieza por un principio básico: nadie debería estar preso por pensar distinto. Cualquier amnistía que no conduzca a la liberación plena y sin condicionamientos de todas las personas detenidas por razones políticas nace incompleta.
Las experiencias previas alimentan el escepticismo. Muchas excarcelaciones en Venezuela han estado acompañadas por medidas restrictivas que prolongan el castigo fuera de la cárcel. Prohibiciones de declarar, limitaciones para circular, controles judiciales permanentes. Libertades frágiles, vigiladas, reversibles. Bajo ese esquema, la amnistía corre el riesgo de convertirse en una herramienta de administración del conflicto y no en una solución de fondo.
El contexto internacional explica parte de la urgencia. Estados Unidos condicionó explícitamente cualquier avance en la relación bilateral a señales concretas en materia de derechos humanos y liberación de detenidos. La presión económica y diplomática es real y creciente. En ese marco, el cierre de El Helicoide y la amnistía funcionan también como mensajes hacia afuera, destinados a mostrar disposición al cambio sin alterar los equilibrios internos del poder.
Las cifras vuelven a desnudar el problema. Los números oficiales sobre liberaciones no coinciden entre sí y se alejan de los relevamientos de las organizaciones de derechos humanos. Esa brecha no es técnica ni casual. Es política. Refleja una lógica de opacidad que choca frontalmente con cualquier pretensión de reconciliación auténtica.
El caso de los ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, entre ellos argentinos, refuerza esa percepción. Los pedidos de mediación internacional evidencian que la confianza en los canales institucionales internos es limitada. Y cuando la justicia no genera confianza, la amnistía pierde credibilidad.
Desde 2014, más de 18.000 personas fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela. Miles recuperaron la libertad, pero muchas continúan sometidas a restricciones que condicionan su vida cotidiana. Ese dato debería ser suficiente para fijar un piso ético innegociable. No alcanza con liberar a algunos ni con cerrar un edificio emblemático. La única salida legítima es la libertad plena para todos los detenidos injustamente y el fin de la persecución política como método de gobierno.
Cerrar El Helicoide puede ser un paso necesario. Impulsar una amnistía también. Pero ninguno de los dos gestos será suficiente si no viene acompañado por una decisión más profunda y más incómoda para el poder. La de aceptar que no hay convivencia posible mientras exista un solo preso político. La historia reciente de Venezuela, y la experiencia de quienes aún esperan justicia, lo dejan claro.
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