Los Seis Objetivos de Rusia y los Actores Activos
Los documentos internos de "La Compañía" son inusualmente explícitos en sus metas para Argentina: primero, desacreditar la política pro-ucraniana de Milei y reorientar la posición argentina ante la guerra; segundo, fomentar divisiones dentro del oficialismo y con sus aliados regionales; tercero, apoyar candidatos de oposición en las legislativas de 2025 mediante financiamiento indirecto de narrativas; cuarto, promover legislación que impida la adhesión de Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania; quinto, generar conflictos con países vecinos —operación "Turistas argentinos"; y sexto, recopilar inteligencia estratégica sobre el complejo militar-industrial argentino y los recursos petrolíferos en la Antártida. Este último objetivo revela que Argentina es para Moscú un blanco permanente, independientemente del gobierno de turno.
El 28 de diciembre de 2024, tres ciudadanos rusos —Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo, se presentaron ante el Congreso con un carrito de bebé, alegando haber perdido un dron capaz de grabar audio e imágenes, hallado después en una terraza del Palacio Legislativo. La causa fue archivada sin imputaciones (Perfil, 30 dic. 2024). Andriashvili y Yakovenko, detenidos en junio de 2025 y presentados públicamente por el vocero Manuel Adorni como responsables de la red de desinformación, permanecen en Buenos Aires sin cargos formales al cierre de esta edición.
Los Cómplices Locales: Corrupción e Ideología al Servicio del Enemigo
Ninguna operación de inteligencia extranjera funciona sin una red de apoyo local. La eficacia de las operaciones rusas y cubanas en Argentina no se explica solo por la capacidad de sus servicios: se explica también por la existencia de ciudadanos argentinos que, por corrupción, por convicción ideológica o por ambas razones a la vez, facilitaron activamente su trabajo. Los expedientes judiciales identifican tres categorías de colaboradores: los que falsificaron documentos del Estado, los que canalizaron dinero y narrativas sin preguntar su origen, y los que pusieron su acceso político al servicio de potencias extranjeras.
En el primer grupo, el caso más documentado es el de Fabián Horacio Gutiérrez, empleado del Registro Civil de Viedma, imputado en la causa que instruye el juez Sebastián Ramos por su presunto rol en la red logística que sostuvo a los Dultsev durante una década. Un funcionario público argentino que, según la investigación, habría ayudado a gestionar la infraestructura documental de dos espías del SVR operando en suelo nacional. No era un ideólogo. Era un engranaje del Estado que alguien compró. También figuran en la causa Olga Alexandrivska y Ali Kherchi, señalados como parte del entramado que permitió a los agentes rusos operar sin ser detectados (Alconada Mon, La Nación, 13 jul. 2025).
El segundo grupo es más numeroso y más difícil de probar judicialmente. Los documentos de La Compañía consignan que sus artículos llegaron a los medios argentinos a través de intermediarios locales que se presentaban como consultoras, agencias de prensa o prenseros. Ninguno de los contactados por el consorcio periodístico reconoció vínculo con fuentes rusas; todos derivaron la responsabilidad al siguiente eslabón de la cadena. La pregunta que la investigación aún no ha podido responder es cuántos actuaron por ignorancia genuina —aceptando contenido gratuito en un ecosistema mediático precarizado— y cuántos sabían exactamente lo que distribuían y a cambio de qué (Alconada Mon, La Nación, 3 abr. 2026).
El tercer grupo es el más grave en términos institucionales. Los documentos internos de La Compañía describen sesiones de análisis político que incluyeron entrevistas con políticos peronistas, politólogos de la oposición y economistas, con el objetivo de identificar grietas en el gobierno de Milei y financiar indirectamente narrativas que las explotaran. No se trata de ciudadanos que expresaron una opinión pública: se trata de actores con acceso al sistema político que, a sabiendas o no, alimentaron con información estratégica a una red de inteligencia extranjera (Torres Cabreros, El País, 3 abr. 2026).
La dimensión ideológica de esta colaboración tiene raíces más largas. El G2 cubano construyó durante décadas, a través del ICAP —Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos—, una infraestructura de asociaciones culturales, redes de solidaridad y espacios académicos afines al régimen que operan en Argentina como base social para sus operaciones. No son agentes en el sentido técnico del término. Son simpatizantes que abren puertas, difunden mensajes y organizan presencia en protestas sin necesitar una orden explícita. Según el oficial del G2 desertado Enrique García Díaz, el modelo se sostiene en ciudadanos integrados a los que el aparato puede activar cuando necesita su acceso, y que raramente saben que están siendo utilizados (El Español, nov. 2025).
"Los medios respondieron casi sin excepción que no conocían a sus autores y que habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, al que describieron como consultora, agencia, prensero o intermediario." — Consorcio O'Donnell / openDemocracy / Filtraleaks, abril de 2026
Lo que el conjunto de estos casos revela es una arquitectura de complicidad que va desde la corrupción burocrática de bajo rango —un empleado del Registro Civil que adultera documentos— hasta la influencia sobre decisiones de Estado: un diplomático que durante cuarenta años orientó la política exterior de la potencia más importante del hemisferio en beneficio de Cuba. Entre ambos extremos hay periodistas que publicaron sin preguntar, intermediarios que cobraron sin investigar y políticos que hablaron con quienes no debían. Ninguno figura en los titulares como espía. Todos fueron, en distinta medida, parte del sistema que hace posible el espionaje extranjero en Argentina.
La Contrainteligencia Argentina: Entre la Reforma y la Parálisis
Mientras Rusia y Cuba operaban con metodología, presupuesto y paciencia estratégica, la contrainteligencia argentina atravesaba dos años de reorganización institucional intensa —y, según sus propios críticos, políticamente ambigua. La pregunta que recorre los expedientes abiertos no es solo quiénes son los espías: es por qué tardó tanto el Estado en verlos, y qué capacidad real tiene hoy de desmantelarlos.
El diagnóstico oficial es contundente. Cuando el gobierno de Milei llegó al poder en diciembre de 2023, el sistema de inteligencia argentino acumulaba funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, incapacidad para integrar información dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa que databan de décadas. La respuesta fue una reforma en dos tiempos: el Decreto 614/2024, que reorganizó la estructura básica, y el Decreto 941/2025, firmado el 31 de diciembre de ese año, que redefinió radicalmente la arquitectura del sistema (Infobae, 2 ene. 2026).
El cambio más relevante para el caso que documenta este artículo fue la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con mandato exclusivo de identificar y analizar amenazas a la seguridad estratégica nacional: espionaje, sabotaje, injerencia e influencia por parte de actores externos, estatales o no estatales. Por primera vez en su historia democrática, Argentina tiene un organismo formalmente dedicado a la contrainteligencia. El Decreto 864/2025, aprobado en diciembre, estableció además la primera Política de Inteligencia Nacional formal en más de veinte años, que clasifica explícitamente a Vaca Muerta, el litio, la plataforma marítima y la Antártida como recursos que el sistema de inteligencia debe proteger de actores que busquen acceder a ellos por medios no convencionales (DEF Online, 12 dic. 2025).
Los resultados concretos de esa nueva arquitectura son, hasta ahora, parciales. La SIDE detectó la red de Andriashvili y Yakovenko en octubre de 2025 y los presentó públicamente en junio de ese año. Los identificó. Los nombró. No los procesó. En el caso Dultsev, la investigación judicial lleva activa desde 2022 con tres imputados en la red logística local y seis sospechosos vinculados al GRU —sin que ninguno haya sido formalmente imputado en Argentina al cierre de esta edición. El dron sobre el Congreso fue hallado, los tres ciudadanos rusos involucrados fueron identificados, y la causa fue archivada semanas después sin consecuencias. La SIDE reportó la operación de La Compañía al Ministerio Público en octubre de 2025; la denuncia judicial llegó en abril de 2026 (Infobae, 18 jun. 2025).
"En dos años no hubo una sola coordinación real. La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado." — Fuente con larga experiencia en inteligencia, citada por elDiarioAR, marzo de 2026
La brecha entre la detección y la acción judicial tiene una explicación estructural que no es nueva. Históricamente, el sistema de inteligencia argentino careció de formación técnica adecuada, fue utilizado para espionaje doméstico y operaciones políticas, y nunca desarrolló una cultura de inteligencia estratégica orientada a amenazas externas. La reforma actual apunta a corregir eso, pero los analistas advierten que cambiar normas es más rápido que cambiar capacidades. "El sistema está siendo utilizado para mantener la gobernabilidad en defensa de la propia administración, sin una perspectiva estratégica sobre la protección de la ciudadanía frente a riesgos externos", señaló a Deutsche Welle la investigadora Natalia Litvachky del CELS (Deutsche Welle, 14 ago. 2025).
A esa crítica se suma una tensión más profunda que el propio Plan de Inteligencia Nacional dejó expuesta. El documento secreto —de 170 páginas, filtrado a La Nación en mayo de 2025— define como focos de interés de la SIDE a actores que "erosionen la confianza en los funcionarios", "manipulen la opinión pública" o propaguen "desinformación", sin precisar si esas categorías refieren a agentes extranjeros o a periodistas y analistas locales que discrepan con el gobierno. La ambigüedad no es accidental: en la práctica, la misma herramienta que debería perseguir a las redes de La Compañía podría ser usada para vigilar a quienes las denuncian (Alconada Mon, La Nación, may. 2025).
El Gobierno creó además el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en junio de 2025, modelado sobre el FBI, con 25.000 postulantes para su primera convocatoria de investigadores profesionales. Su mandato incluye la desarticulación de redes vinculadas al terrorismo y el crimen organizado transnacional. Es, en papel, exactamente la herramienta que hace falta para casos como los que documenta este artículo. En papel. Al cierre de esta edición, ningún operador ruso ni cubano identificado públicamente ha sido procesado por sus actividades en Argentina. La contrainteligencia argentina detecta, nombra y archiva. Desmantelar es todavía una promesa pendiente.
Sobre el Autor
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policíaretirado de la policía de Nueva York, ex militar del Ejército de Estados Unidos, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha lideradoinvestigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casosinternacionales y multi jurisdiccionales, ha coordinado operaciones enAmérica del Norte, Europa y América Latina.
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