William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para FinGurú
El drama de la mendicidad infantil en Colombia es un fenómeno social lacerante que convierte el llanto y la esperanza de miles de menores en mercancía para el lucro criminal. Cada día, en barrios periféricos y esquinas transitadas, niños, especialmente migrantes venezolanos o indígenas desplazados, son captados o alquilados por organizaciones que los usan como herramienta para la recaudación en calles, plazas y terminales. Entre sombras de indiferencia y caridad mal encauzada, sus historias narran desarraigo, ruptura familiar, violencia y, sobre todo, la perversa habilidad de mafias para explotar cualquier grieta de vulnerabilidad social. Esta explotación, lejos de ser casual, responde al accionar metódico de redes que han profesionalizado el secuestro de la infancia colombiana.
Prevalencia y Cifras por Ciudades
En Colombia, las instituciones calculan que hay cerca de 30,000 menores en situación de calle o mendicidad, con focos críticos en zonas urbanas y receptoras de migrantes [Procuraduría General de la Nación, 2021]. En el norte de Bogotá, Usaquén, Chapinero, Fontibón, Suba, se concentra el 37% de los casos detectados, con más de 11,000 niños reportados solo en 2024. Barranquilla, tras programas robustos, logró bajar la tasa de mendicidad infantil al 0,8% en 2024, es decir, 3,000 niños menos en la calle (Alcaldía de Barranquilla, 2025). Operativos recientes en Bogotá rescataron a más de 50 menores acompañados por extraños, la mayoría migrantes (Secretaría de Integración Social, Bogotá, 2025).
El Mecanismo Criminal y Tarifas
Las mafias que explotan menores actúan con la eficacia y frialdad de un mercado. Captan a niños, en su mayoría migrantes venezolanos, mediante engaños, amenazas o acuerdos económicos con familiares en situación límite. El valor del alquiler oscila entre 20,000 y 60,000 pesos diarios o 3,000 a 20,000 pesos por hora, dependiendo del lugar y la edad del menor (Infobae, 2022; BiobioChile, 2022). Para muchos, el silencio del niño se asegura con medicamentos. Así, dormidos en brazos de desconocidos, son desplegados en puntos estratégicos donde la compasión ciudadana se transforma en ingresos para la red.
Sedación: La Violencia Invisible que Anestesia la Niñez
Entre los métodos más crueles empleados por estas mafias destaca la sedación deliberada de los menores. Diversos testimonios y reportes han demostrado el uso de medicamentos psiquiátricos, jarabes para dormir, antihistamínicos o incluso drogas ilícitas, sin prescripción médica y a menudo mezclados en biberones o bebidas, para mantener a los niños dóciles o dormidos por largas horas (Infobae, 2025; BiobioChile, 2022; RCN Radio, 2019). La táctica no solo facilita la explotación prolongada en la calle y maximiza el recaudo, sino que reduce la probabilidad de intervención social o policial. En contextos de abuso sexual, la sumisión química mediante benzodiacepinas y otros sedantes busca limitar la resistencia, inducir amnesia y dificultar la denuncia (Infobae, 2025).
Las consecuencias para la salud física y mental de los niños son devastadoras. Intoxicaciones, daño al sistema nervioso, alteraciones del desarrollo, pérdida de conciencia e incluso la muerte. Esta práctica constituye una de las violaciones más graves del derecho a la vida, a la salud y a la dignidad infantil en Colombia (Ley 1098 de 2006).
Vulnerabilidad de la Infancia Migrante Venezolana
La migración masiva de venezolanos ha robustecido estas mafias. En los casi dos millones de migrantes, uno de cada cuatro es menor de edad (ACOFI, 2022). Llegan a Colombia con hambre, miedo, carentes de protección social. Así son presa fácil para estas economías delictivas, condenando a los niños a una doble marginalidad; ni patria ni infancia. Su acceso limitado a salud, educación y documentos oficiales los hace invisibles y, por ende, enormemente útiles para el tráfico y explotación criminal (ACOFI, 2022; Procuraduría General de la Nación, 2021).
Entre Mendicidad y Abuso: La Doble Explotación
Lo más atroz es cómo la mendicidad se convierte en la antesala de la explotación sexual. Las mafias que primero usan a los menores para pedir limosna pueden, al ver su vulnerabilidad o ante mayores exigencias de clientes, trasladarlos a circuitos de abuso sexual u oferta a pederastas (ECPAT, 2021; US Embassy Colombia, 2023). El paso es fluido y casi natural en la lógica de la renta criminal. Los niños dejan de ser solo una visual de lástima y pasan a formar parte del catálogo secreto de explotación sexual, muchas veces transmitidos en vivo o llevados a otros departamentos o países (EL PAÍS, 2024). Los datos oficiales asustan; entre 2021 y 2023 se registraron más de 8,000 denuncias de explotación sexual infantil, especialmente en ciudades como Cartagena, Medellín y Bogotá.
Perfiles y Tácticas de las Redes Criminales
Estas redes funcionan con profesionalismo y oportunismo. Su estructura suele ser transnacional, combinando colombianos y migrantes, con la sofisticación de los grandes carteles. Dividen tareas: reclutadores, mujeres haciendo de madres comunitarias, logísticos que mueven a los niños a sitios estratégicos y enlaces tecnológicos que trafican material sexual en la web (Infobae, 2025; Semana, 2023; US Embassy Colombia, 2024). Su táctica favorita es la explotación de la miseria. Convencen o fuerzan a padres vulnerables a prestar a sus hijos, rotan a los menores entre diferentes adultos y emplean la sedación como herramienta habitual. Su ventana al mundo digital permite captar víctimas, coordinar alquileres y satisfacer demandas de pedófilos, todo cubierto por la indiferencia institucional y la caridad bien intencionada pero mal dirigida.
Conclusión
La mendicidad y explotación de menores en Colombia constituye no solo un delito atroz, sino una herida profunda en la conciencia colectiva y un desafío ético para toda la sociedad. Detrás de cada niño dormido en una esquina o de cada mirada ausente en los semáforos, hay una sofisticada red criminal que ha transformado la niñez en mercancía, instrumentalizando la pobreza y la migración para mantener un negocio ilícito cada vez más rentable y violento.
La sedación forzosa, el traslado continuo de los menores entre explotadores y la progresiva naturalización del uso de la niñez como herramienta dejan marcas que trascienden lo físico. Dañan generaciones, perpetúan el ciclo de la exclusión y condenan a miles de infantes a crecer sin horizonte ni protección real.
Si bien en los últimos años el Estado ha avanzado en la reducción del trabajo infantil remunerado y en la judicialización de redes en grandes ciudades, aún persisten enormes vacíos de protección en los márgenes, entre migrantes, desplazados, y en sectores donde la institucionalidad es débil y la caridad espontánea se transforma, sin quererlo, en caldo de cultivo para el crimen.
Los datos de 2025 reflejan la sofisticación de los mecanismos delictivos, la expansión de la explotación a través de tecnologías digitales y la urgencia de una respuesta integral. Leyes severas, operativos focalizados, prevención comunitaria, atención psicosocial y, especialmente, una vigilancia ciudadana empática, activa y constante.
Erradicar esta forma de crimen implica reconocer la responsabilidad compartida. No basta con la condena social ni con la intervención punitiva. Solo una articulación real entre Estado, sector privado, ONG, medios de comunicación y la sociedad civil permitirá ofrecer alternativas a las familias y restituir a la niñez su derecho innegociable a una vida digna y libre de explotación. Mirar a estos menores y no actuar es consentir el despojo.
Cada niño liberado, protegido y restituido es una victoria, pequeña pero imprescindible, en la reconstrucción del país justo y humano al que Colombia debe aspirar.
Recomendaciones
Aplicar la ley con justicia y coraje:
Las víctimas merecen más que promesas. Es fundamental que las autoridades locales y nacionales enfrenten a las mafias sin temor. La ley no se negocia ni debe postergarse por intereses privados o complicidad institucional. Cada red criminal desarticulada es una oportunidad para devolverles a los niños lo que nunca debieron perder, la tranquilidad y la esperanza.
Rescatar, Proteger y Acompañar a los Menores:
No basta con sacar a los niños de la calle. Ellos necesitan atención médica, psicológica, alimentos, refugio, educación y, sobre todo, tiempo y respeto para reconstruirse. El Estado debe garantizar rutas cortas de restitución de derechos que no se diluyan en trámites interminables ni existan solo en el papel.
Investigar, Exponer y Desmantelar el Negocio Criminal:
Las redes que alquilan y venden niños no sobreviven sin cómplices ni con silencio. Es urgente fortalecer la investigación digital y financiera para rastrear dinero, identificar patrones y destruir el andamiaje que permite lucrar con la niñez. Que nadie sienta que puede apagar el sufrimiento de un menor con la impunidad.
Educar y Movilizar a la Ciudadanía:
Cada adulto debe comprender que la limosna en la calle no salva. Al contrario, puede alimentar la cadena del crimen. La comunidad debe ser el primer resorte de denuncia, protección y afecto. Campañas creativas, escuelas activas y espacios públicos deben enseñar a rechazar la explotación y a proteger la infancia vulnerable.
Sumar Manos y Abrir Horizontes para las Familias Vulnerables:
No hay solución estable sin alternativas reales para quienes caen en el círculo de pobreza y migración. ONG, empresas y vecinos pueden tejer redes que ofrezcan oportunidades, formación y ayuda concreta. Una sociedad justa es aquella que no acepta la vergüenza cotidiana de ver niños explotados sin intervenir.
Escuchar a los Niños y Dejarles Soñar:
Cada política pública debe construir espacios donde los niños sean escuchados de verdad, no solo vistos como cifras o víctimas. Que las voces de la infancia transformen el futuro y el presente, reclamando un país en el que ningún niño tenga que dormir en brazos de un extraño sedado, ni sentir que el mundo le es ajeno.
Estas recomendaciones nacen del dolor y la esperanza, del deseo profundo de transformar la indignación en acción y de devolver a la niñez colombiana la posibilidad concreta de crecer, jugar y soñar en un entorno seguro y digno.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia enNueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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