Jesús Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
De acuerdo a Migración Colombia, en los últimos tres años, un alarmante 91% de los pasaportes colombianos ilegales han sido utilizados por ciudadanos dominicanos, lo que ha suscitado serias preocupaciones entre las autoridades colombianas. Esta problemática ha llevado a la identificación y captura de numerosos individuos involucrados en una red criminal dedicada al tráfico de documentos falsificados, lo que plantea riesgos significativos no solo para Colombia, sino también para la seguridad nacional de Estados Unidos y la región, especialmente en relación con la llegada de ciudadanos iraníes
La corrupción dentro de las instituciones del estado representa uno de los más grandes desafíos que enfrenta Colombia, facilitando la proliferación de documentos falsos. Los funcionarios pueden ser sobornados para fabricar historias de vida y otorgar cédulas, partidas de nacimiento, licencias de conducir, salvoconductos y pasaportes. Este fenómeno permite que los individuos se desplacen de país en país, cometiendo delitos y evadiendo la justicia. Esta corrupción también se extiende a las entidades venezolanas, donde funcionarios han estado implicados en la emisión ilegal de documentos y en el tráfico de identidades.
El operativo que reveló la red de falsificación de documentos y llevó a la detención de varios individuos se llevó a cabo en octubre de 2021, cuando la Interpol realizó arrestos en un suburbio de París. A partir de ese momento, se inició una revisión de los registros de identidad colombiana, lo que llevó a la identificación de 43,000 casos con irregularidades. La investigación y judicialización de estos casos continuaron en los meses siguientes, con las primeras detenciones y acciones legales reportadas a partir de 2022.
Una de las redes criminales más destacadas, conocida como "Europe Express", está encabezada por Pedro Antonio Pereira de Jesús, alias "Alexis", quien figura en la lista de personas buscadas por Interpol. Esta organización se ha especializado en la venta de documentos falsificados a migrantes, principalmente de la República Dominicana y Venezuela. Las operaciones de esta red han dado como resultado la captura de 31 personas, incluidos funcionarios de la Registraduría y la Cancillería, en diversas ciudades como Bogotá y Barranquilla.
Un caso notable es el de Francelys María Furcal, quien fue arrestada en España con un pasaporte colombiano falso y está acusada de homicidio en Santo Domingo. Este incidente resalta cómo los documentos fraudulentos pueden facilitar el tránsito de individuos con antecedentes delictivos a través de fronteras internacionales.
En 2023, Migración Colombia identificó 283 documentos falsificados, de los cuales 271 pertenecían a ciudadanos dominicanos. También se han confiscado pasaportes fraudulentos de diversas nacionalidades, incluyendo Ecuador, Cuba, Líbano, Palestina, Perú, China, Albania y Haití, además de casos recientes de ciudadanos iraníes que intentaron ingresar al país con documentos falsificados. Este patrón de uso de documentos falsos pone de manifiesto la creciente preocupación por la autenticidad de las identidades de los migrantes que ingresan al país.
Durante los últimos tres años, la Registraduría ha cancelado más de mil cédulas que fueron otorgadas por falsedad a ciudadanos de otros países, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de medidas efectivas para combatir la corrupción y el tráfico de documentos en Colombia.
Investigación y Detenciones:
Se están revisando 800 casos de documentos sospechosos, con al menos 12 arrestos y solicitudes de extradición desde Estados Unidos en proceso. El exregistrador de Sardinata, Carlos Ramírez, fue imputado por falsificación de documentos. Además, se han señalado a dos funcionarios de la Cancillería que facilitaron el proceso de falsificación: Giovan Angulo Ariza, auxiliar de la misión diplomática en el consulado de Colombia en Barinas, Venezuela, y Javier Mauricio Carrasco Ceballos, oficial de visas en la sede norte de la Cancillería en Bogotá.
Caso Reciente de Red Delincuencial
El 8 de noviembre de 2024, un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional resultó en el desmantelamiento de una red delincuencial dedicada a la falsificación de documentos y la creación de perfiles falsos para tramitar visas humanitarias o de emergencia hacia Estados Unidos. Este operativo tuvo lugar en varias ciudades, incluyendo Bogotá y Medellín.
En esta operación, se capturó a seis personas, entre ellas Álvaro Andrés Triviño Hernández, líder de la organización, y Lorena Maritza González Rodríguez, colaboradora principal. La banda había creado una oficina de abogados con sedes en Colombia y Estados Unidos, ofreciendo trámites exprés para visas. Simulaban situaciones catastróficas, como muertes o enfermedades graves de familiares en EE. UU., para acelerar la expedición de visas, cobrando entre 3,000 y 5,000 dólares por sus servicios.
Se gestionaron cerca de 60 solicitudes de visa, de las cuales 16 fueron rechazadas o revocadas posteriormente. Durante los allanamientos, se incautaron 160 fotocopias de pasaportes, 60 visas y 24,000 dólares. Fragmentos de llamadas telefónicas interceptadas evidencian cómo la organización obtenía información falsa para las solicitudes. Conversaciones interceptadas revelan instrucciones del líder de la organización, quien indicaba a sus colaboradores buscar obituarios recientes en Estados Unidos para crear documentos falsificados.
Como resultado de este operativo, Álvaro Andrés Triviño Hernández y Lorena Maritza González Rodríguez fueron enviados a un centro carcelario, mientras que los otros cuatro involucrados recibieron medidas de detención domiciliaria. Este caso resalta la importancia de la colaboración entre las autoridades colombianas y las agencias internacionales para combatir el tráfico de documentos falsos y la corrupción que perpetúa estas actividades delictivas.
Capturas de Miembros de Células de Espías Venezolanos
Se han realizado arrestos de miembros de grupos como Las FARC, La Nueva Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcotraficantes, quienes estaban en posesión de documentos venezolanos, incluyendo identificaciones de agencias policiales y de inteligencia del gobierno de Venezuela. Además, se han documentado casos de miembros de células de espías venezolanos que han sido capturados en Colombia, algunos de los cuales poseían documentos colombianos que obtuvieron con la ayuda de individuos dentro de la Registraduría. Estos casos son preocupantes, ya que indican la posible colaboración entre redes delictivas y funcionarios corruptos en la obtención de documentos.
Un caso notable involucra a cuatro miembros de una célula de espías vinculada a la inteligencia venezolana, detenidos en Bogotá en diciembre de 2023. Estos individuos, incluyendo a Carlos Alberto Pérez, principal operador, y María Fernanda López, encargada de la obtención de documentos falsos, contaban con cédulas y pasaportes colombianos falsificados, obtenidos a través de sobornos a empleados de la Registraduría. Su objetivo era recopilar información y realizar actividades de espionaje en el país.
En enero de 2024, tres ciudadanos venezolanos con antecedentes criminales fueron arrestados en Cúcuta, en posesión de documentos colombianos falsificados facilitados por una red de corrupción en la región. En octubre de 2023, durante un operativo en Medellín, se detuvo a un grupo de cinco personas, entre ellas un exfuncionario de la embajada venezolana en Colombia, involucradas en la falsificación de documentos para ciudadanos venezolanos y otros migrantes.
El espía Venezolano quien llevaba a cabo colección de inteligencia contra el congresista Colombiano Hernán Alemán, Alejanndro Olivares, y operaba con gran libertad en Colombia, fue arrestado y deportado a Venezuela en el 2020 por Colombia resultó asesinado en el 2021 por la CICPC de Venezuela luego de un intercambio de tiros y ser herido muriendo luego de haber regresado.

Reporte sobre la Red de Espías Venezolanos Infiltrados en Colombia
Las autoridades colombianas identificaron y expulsaron a 29 agentes chavistas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y otros cuerpos de seguridad de Venezuela. Estos agentes han sido infiltrados en Colombia con el objetivo de espiar a las autoridades colombianas y perseguir a la oposición en el exilio, bajo la dirección de la dictadura de Nicolás Maduro.
Identidades de los Espías Venezolanos
Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del SEBIN en San Cristóbal, recibió supuestamente apoyo de funcionarios de la Registraduría para obtener documentos colombianos. Felipe José Bustamante Pérez y Armando Darío Guerra Ramírez, ambos agentes del SEBIN, utilizaron conexiones en la Registraduría para tramitar su documentación, mientras que Eduardo Hernández Hernández y Gilbert René Vivas Colmenares colaboraron con funcionarios corruptos para obtener documentos.
Los espías venezolanos operan principalmente desde Cúcuta, con el conocimiento del gobierno Colombianl, y municipios cercanos, donde realizan actividades de espionaje, seguimiento a opositores y control ilegal de pasos irregulares. Lograron obtener una tarjeta de movilidad fronteriza para facilitar su tránsito entre Colombia y Venezuela, evitando controles migratorios. Estos agentes están implicados en actos de subversión contra la Fuerza Pública colombiana.
Un caso destacado es el de Gerardo Rojas Castillo, sargento segundo activo de la Fuerza Nacional de Venezuela, quien fue expulsado de Colombia tras ser identificado como espía. Su ingreso al país fue bajo la fachada de desertor del régimen de Maduro, desde febrero de 2019.
Información sobre la Emisión Ilegal de Pasaportes Venezolanos
El régimen chavista otorgó ilegalmente al menos 10,000 pasaportes venezolanos y otros documentos a ciudadanos de Siria, Irán y otros países del Medio Oriente en una operación liderada por el actual vicepresidente Tareck El Aissami. Esta operación de tráfico humano podría haber abarcado un período más extenso, sugiriendo que el número total de personas con documentación venezolana irregular podría ser aún mayor, con estimaciones que rondan entre 20,000 y 25,000 individuos, según el coronel Vladimir Medrano Rengifo, ex director general de la Oficina de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela.
Durante su tiempo en el cargo, entre mayo de 2008 y octubre de 2009, Medrano Rengifo notó que al menos 800 personas mensuales llegaban a Venezuela con estas características. Sin embargo, tras la salida forzada de Medrano Rengifo, se sospecha que esta actividad continuó. Las autoridades no tienen registro de dónde se encuentran estas personas o qué actividades están realizando actualmente.
El Aissami ha sido vinculado a la emisión de pasaportes a agentes de Hezbolá, una organización terrorista libanesa controlada por Irán. Un estudio del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS) reveló que al menos 173 individuos del Medio Oriente han sido detectados con documentos de identidad venezolanos. Estos pasaportes y, en ocasiones, visas fueron otorgados principalmente desde el Consulado de Venezuela en Damasco.
La situación se complicó aún más debido a que muchos de estos pasaportes eran legítimos, pero los portadores no eran realmente venezolanos. Medrano Rengifo explicó que, a menudo, las revisiones de identidad mostraban discrepancias; por ejemplo, un pasaporte podría identificar a una persona como Hassan o Hussain, mientras que la cédula de identidad vinculada pertenecía a alguien diferente, como Pedro o Pablo, que ya había fallecido.
Los vuelos de Alitalia provenientes de Damasco, que llegaban a Caracas dos veces por semana, eran una de las principales entradas para estas personas. Alrededor del 90% de los pasajeros que llegaban en estos vuelos presentaban situaciones irregulares.
Detención de Ciudadanos Iraníes en Panamá
Recientemente, el Servicio Nacional de Migración de Panamá detuvo a 10 ciudadanos iraníes que provenían de Venezuela con documentación falsa. Estos individuos portaban tarjetas de residencia alemanas fraudulentas y se dirigían a Punta Cana, República Dominicana, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Provenían de un vuelo que partió de Caracas, Venezuela.
La identidad de estas personas y el motivo de su viaje con documentación falsa aún se desconoce. Sin embargo, este incidente pone de relieve la continua problemática de la falsificación de documentos y cómo el régimen de Nicolás Maduro ha facilitado la salida de ciudadanos del Medio Oriente con documentos irregulares.
En Caracas, se ha desarticulado un laboratorio que se dedicaba a falsificar documentos, donde se ofrecían múltiples tipos de documentación, incluyendo títulos educativos. Este grupo criminal estaba vinculado a la falsificación de documentos que, en muchos casos, se utilizaban para facilitar la entrada de personas con antecedentes delictivos o conexiones terroristas en otros países.
Desde 2015, se han presentado múltiples denuncias sobre la entrega de pasaportes falsos a ciudadanos iraníes por parte del régimen de Maduro. Este fenómeno ha llevado a que países como Canadá hayan detenido el flujo de personas que ingresan con pasaportes venezolanos, muchos de los cuales no eran realmente venezolanos.
Análisis del Caso de Misael López y el Fraude de Pasaportes en Venezuela
Misael López, exconsejero de la embajada de Venezuela en Iraq, se encuentra actualmente en Toledo, España, donde vive con ansiedad y temor tras denunciar un escándalo de venta de pasaportes y visas en la embajada. A pesar de la distancia de su familia y la falta de acceso a sus pertenencias, López se siente aliviado por haber tomado la decisión correcta al rechazar participar en estas actividades ilícitas.
Contexto del Escándalo
Investigación de irregularidades: Durante un año, se llevaron a cabo indagaciones exhaustivas sobre las irregularidades en la emisión de documentos venezolanos, analizando miles de archivos y realizando entrevistas en diversos países.
Inicio de las acusaciones: Las denuncias sobre la venta de pasaportes a personas no elegibles comenzaron a surgir a principios de los años 2000, durante el gobierno de Hugo Chávez.
Valor del pasaporte venezolano: Este documento permite el acceso a más de 130 países sin necesidad de visa, lo que lo convierte en un objeto de gran valor en el mercado negro.
Revelaciones de Misael López
Experiencia inicial en la embajada: Al iniciar su labor en Iraq, su superior, el embajador Jonathan Velasco, le mostró un sobre que contenía visas y pasaportes, sugiriendo que su valor era de un millón de dólares.
Ofertas de corrupción: Una intérprete iraquí le propuso involucrarse en la venta de visas a un grupo de sirios, lo que él rechazó por sospechas de posibles vínculos con actividades terroristas.
Hallazgos alarmantes: López descubrió una lista con 21 nombres árabes que contaban con pasaportes venezolanos. Sin embargo, al verificar, se dio cuenta de que 20 de las cédulas estaban registradas con nombres hispanos, lo que indicaba un posible tráfico de documentos.
Intentos de Denuncia
Informes a las autoridades: López reportó la situación al embajador Velasco y luego a Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores, pero no obtuvo respuesta. En vez de investigar, el gobierno lo hostigó por hacer públicas sus preocupaciones.
Comunicación con el FBI: Frustrado, López contactó a un agente del FBI en Madrid, quien tomó nota de la información y la envió a su sede en Washington, aunque no se conocieron más detalles sobre el seguimiento de su denuncia.
Consecuencias
Represalias gubernamentales: En 2015, el gobierno venezolano acusó a López de haber abandonado su puesto y lo destituyó. Un oficial se presentó en su hogar para notificarle que sería investigado por la divulgación de información confidencial.
Desmentidos del embajador: Jonathan Velasco negó las alegaciones y manifestó que la embajada estaba abierta a auditorías por parte de organismos internacionales.
En el transcurso de las indagaciones realizadas por López, se identificó un documento con una lista de 21 nombres árabes y sus números de pasaporte y cédula. Sin embargo, al verificar estos números en una base de datos pública, se encontró que 20 de las cédulas estaban registradas a nombres hispanos, no a los árabes que aparecían en la lista.
Este caso pone de manifiesto la corrupción en las instituciones diplomáticas de Venezuela y el alto precio que deben pagar aquellos que deciden revelar la verdad.
Recomendaciones
Fortalecer la cooperación internacional mediante el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales con países vecinos y aliados estratégicos para intercambiar información sobre actividades de espionaje y tráfico de documentos. La colaboración con agencias internacionales, como Interpol y Europol, es esencial para el seguimiento y la captura de individuos involucrados en estas redes.
Mejorar el control migratorio implementando tecnología avanzada en los puntos de control, como sistemas de reconocimiento facial y análisis de datos, para detectar documentos falsificados y prevenir la entrada de individuos con antecedentes criminales. Esto incluye la capacitación continua del personal de migración en la identificación de documentos fraudulentos.
Reforzar la auditoría interna mediante la realización de auditorías regulares y exhaustivas en las instituciones gubernamentales, especialmente en la Registraduría y otras entidades relacionadas con la emisión de documentos. La identificación y sanción de empleados corruptos es crucial para restaurar la confianza pública y prevenir futuros abusos.
Establecer unidades de asuntos internos que sean independientes y estén dotadas de recursos para investigar la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, particularmente en aquellas involucradas en la emisión de documentos. Estas unidades deben tener la capacidad de llevar a cabo investigaciones profundas y efectivas.
Implementar campañas de concientización dirigidas a la población sobre los riesgos del tráfico de documentos y las consecuencias legales de participar en estas actividades. Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la legalidad y la ética en los procesos migratorios es fundamental para prevenir la complicidad involuntaria.
Fortalecer la legislación mediante la evaluación y actualización de las leyes existentes relacionadas con la falsificación de documentos y el espionaje, asegurando que las sanciones sean severas y disuasorias. Esto incluye la creación de un marco legal que facilite la cooperación internacional en la persecución de estos delitos.
La implementación de estas recomendaciones no solo ayudará a mitigar las amenazas actuales, sino que también contribuirá a la construcción de un sistema más seguro y robusto que proteja la soberanía y la integridad de Colombia en el contexto de desafíos globales cada vez más complejos.
Conclusiones
La infiltración de agentes chavistas en Colombia y el tráfico de documentos falsificados representan una grave amenaza para la seguridad nacional y la integridad de las instituciones del estado. La corrupción dentro de las entidades gubernamentales, que facilita la emisión de documentos fraudulentos, socava la confianza pública y complica los esfuerzos de las autoridades para mantener el orden.
La llegada de ciudadanos iraníes a Venezuela y sus intentos de ingresar a Colombia con documentos falsificados también plantean preocupaciones significativas. Este fenómeno no solo está relacionado con la migración irregular, sino que sugiere una posible agenda geopolítica que busca desestabilizar la región. Además, la emisión ilegal de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Siria, Irán y otros países del Medio Oriente resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de seguridad y migración.
Estas dinámicas no solo afectan a Colombia, sino que también representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional. La presencia de individuos potencialmente vinculados a organizaciones terroristas o actividades delictivas puede abrir nuevas rutas para el crimen y el extremismo en el continente.
Las autoridades deben mantenerse en alerta y reforzar los mecanismos de control migratorio para prevenir la infiltración de individuos que podrían estar vinculados a actividades ilegales o terroristas. La implementación de las recomendaciones propuestas es vital para construir un sistema más seguro y resiliente. Solo a través de un esfuerzo conjunto y un enfoque multidimensional se podrá salvaguardar la integridad del sistema migratorio colombiano y garantizar un entorno seguro para todos.
Créditos
La información contenida en este reporte ha sido recopilada a partir de diversas fuentes de medios de comunicación, incluyendo:
- El Tiempo: Artículos sobre el tráfico de documentos y la corrupción en las instituciones colombianas.
- Semana: Reportajes relacionados con las redes criminales y la falsificación de documentos en Colombia.
- La República: Informes sobre operativos recientes contra el tráfico de documentos y espionaje.
- El Espectador: Cobertura de casos de pasaportes falsos y su impacto en la seguridad nacional.
- Portafolio: Análisis sobre la situación migratoria y la corrupción dentro de las entidades gubernamentales.
- CNN en Español: Informes sobre el escándalo de pasaportes en la embajada venezolana en Iraq.
Agradecemos a estos medios por proporcionar información relevante y actualizada que ha servido de base para la elaboración de este reporte.
Jesús Romero se retiró después de 37 años de servicio en el gobierno de EE. UU., abarcando roles militares, de inteligencia y diplomáticos. Comenzó su carrera en la Marina en 1984, ascendiendo desde miembro alistado a Oficial de Inteligencia Naval a través del Programa de Comisión para Enlistados de la Marina. Graduado de la Universidad Estatal de Norfolk con una licenciatura en Ciencias Políticas, Romero también completó el Adoctrinamiento Pre-Vuelo de Aviación Naval y sirvió en diversas capacidades, incluyendo a bordo de un crucero de misiles nucleares y en escuadrones de ataque. Sus despliegues incluyeron Libia, Bosnia,Irak y Somalía. La carrera de inteligencia de Romero incluyó asignaciones clave con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en Panamá, el CentroConjunto de Inteligencia del Pacífico en Hawái y liderando esfuerzos estadounidenses para la localización de personal desaparecido en Asia. Se retiró del servicio activo en 2006, condecorado co nnumerosas medallas como la Medalla por Servicio Meritorio de Defensa y la Medalla de la Marina por Comendación. Tras su carrera militar, Romero trabajó como contratista de defensapara BAE Systems y Booz Allen Hamilton. Pasó 15 años en servicio civil como Especialista en Operaciones de Inteligencia en el Departamento del Ejército en el Grupo de Trabajo Conjunto Interagencial Sur en Florida. Sus roles diplomáticos en el extranjero incluyeron períodos en Perú, Ecuador y Guatemala. Romero ha sido ampliamente reconocido, incluyendo la Medalla de Servicio Civil Meritorio Conjunto de los Jefes de Estado Mayor, la Medalla de Servicio Civil Superior del Ejército y múltiples premios internacionales por su contribución a misiones contra el narcotráfico. Romero escribió su último libro para honrar a sus colegas e iluminarlas estrategias disruptivas contra una organización criminal internacional, que bajo su liderazgo, significativamente obstaculizó el comercio de cocaína hacia los Estados Unidos. Sus esfuerzos contribuyeron a desmantelar operaciones que apoyaban a los carteles mexicanos y redujeron el puente aéreo de cocaína en másde 120 toneladas anuales.
Es autor del libro best seller en Amazon, titulado ¨ El vuelo final: la reina del aire ¨
William Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ha coordinado investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y homicidios en los EE. UU. y otros países del mundo como Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra y, literalmente, toda Latinoamerica.
William ha sido 10 años Investigador de la Policia de New York, 2 años en el Departamento del Tesoro y 6 años en el Ejercito americano con varios despliegues internacionales por temas de comunicaciones e inteligencia.
CARRERA Y EXPERIENCIA
William Acosta, veterano investigador internacional, coordinó investigaciones multijurisdiccionales sobre tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero y homicidios en Estados Unidos y otros países.
El entrenamiento en artes marciales de Acosta en taekwondo alcanzó el 6º dan, practicando tradicionalmente como estilo de vida y no sólo para luchar.
La transición de la policía a la investigación privada permitió a Acosta hacer sus propias reglas y elegir clientes tras más de 20 años en la profesión.
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