A cincuenta años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el país vuelve sobre una de las heridas más profundas de su historia. En un contexto atravesado por debates políticos intensos, crisis recurrentes y disputas por el sentido del pasado, la memoria de aquellos años irrumpe con fuerza: no como un recuerdo lejano, sino como una pregunta incómoda que sigue interpelando al presente. Hace medio siglo, las Fuerzas Armadas interrumpieron el orden democrático e instauraron el Proceso de Reorganización Nacional, dando inicio a un plan sistemático de represión que incluyó secuestros, torturas, desapariciones, robo de bebés y un profundo deterioro económico y social. ¿Cómo se inscribe este quiebre en una historia marcada por otros golpes de Estado? ¿Qué condiciones lo hicieron posible y por qué su huella sigue siendo tan persistente?
Desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 hasta las interrupciones institucionales de 1955 y 1966, Argentina construyó una inestabilidad política que encontró en 1976 su expresión más extrema y brutal. Aquella dictadura no solo buscó disciplinar a la sociedad a través del Terrorismo de Estado, sino también reconfigurar sus bases económicas y culturales. Fue, para muchos, la página más oscura de la historia moderna argentina. Hoy, a medio siglo de distancia, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué hacemos con ese pasado: ¿se trata de un capítulo cerrado o de una memoria activa que exige ser revisada, transmitida y defendida frente al olvido?
El inicio de la oscuridad
La madrugada del 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni improvisado, sino la ejecución precisa de un plan que venía gestándose desde hacía meses. En un país atravesado por la crisis política, la violencia y el desgaste del gobierno de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas avanzaron de manera coordinada para tomar el control del Estado. América Latina se encontraba en el “Plan Cóndor”. Este dispositivo articuló a las dictaduras del Cono Sur con el objetivo de perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos más allá de sus propios territorios. Su fortaleza se destacó en el apoyo logístico e inteligencia compartida entre países latinoamericanos y el respaldo del gobierno de Estados Unidos.
A primeras horas del día, la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, anunció la toma del poder mediante un comunicado oficial que fue transmitido por cadena nacional. En él se informaba la destitución del gobierno, la suspensión de la actividad política, la disolución del Congreso, la intervención de las provincias y la prohibición de toda forma de participación sindical. El país amanecía bajo control militar, con las garantías constitucionales anuladas y la vida pública completamente reorganizada bajo la lógica de las Fuerzas Armadas. Efectivos militares ocuparon puntos estratégicos en todo el país: emisoras de radio, canales de televisión, edificios públicos y accesos a las principales ciudades.
Desde ese mismo día comenzó a desplegarse el aparato represivo que caracterizaría al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Si bien la represión ilegal (destacándose la Alianza Anticomunista Argentina) ya había tenido antecedentes en los meses previos, el 24 de marzo marcó el inicio de su institucionalización a gran escala. Secuestros nocturnos, operativos sin orden judicial y la instalación de centros clandestinos de detención se volvieron prácticas sistemáticas. La sociedad quedó sumida en un clima de incertidumbre y temor, donde el silencio empezó a ser una forma de supervivencia. Ese día no solo cayó un gobierno: se inauguró el régimen que transformaría profundamente la vida política, social y cultural de la Argentina.
Los otros números innegables
En paralelo al despliegue represivo, la dictadura avanzó sobre la estructura económica con una profundidad pocas veces vista. Bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz, el país experimentó un giro drástico: entre 1976 y 1981, la deuda externa pasó de aproximadamente 7.000 millones de dólares a más de 40.000 millones, marcando un ciclo de endeudamiento acelerado. La industria nacional, que había sido uno de los motores del desarrollo en décadas anteriores, comenzó a retraerse frente a la apertura indiscriminada de importaciones. Sectores enteros no pudieron competir y cerraron, provocando una caída sostenida del empleo industrial y un aumento del desempleo y la precarización laboral.
Uno de los mecanismos más representativos de este modelo fue la llamada “bicicleta financiera”, habilitada por la reforma del sistema financiero de 1977. Las altas tasas de interés en pesos, combinadas con un tipo de cambio relativamente estable, incentivaban la especulación: capitales que ingresaban al país para obtener ganancias rápidas sin pasar por la producción. Este esquema generó una economía artificialmente rentable para el sector financiero, pero profundamente regresiva para el conjunto de la sociedad. La participación de los salarios en el ingreso nacional cayó de manera significativa (se estima que pasó de alrededor del 50% a menos del 30%) evidenciando una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores concentrados.
El punto de inflexión llegó hacia el final de la dictadura, cuando la fragilidad del modelo quedó expuesta. En 1982, bajo la gestión de Domingo Cavallo al frente del Banco Central, se implementó la estatización de la deuda privada: el Estado asumió compromisos externos de grandes empresas, trasladando el peso al conjunto de la sociedad. Este proceso consolidó una herencia económica crítica que condicionaría a los gobiernos democráticos posteriores. Así, el proyecto económico del Proceso de Reorganización Nacional no solo transformó el presente de entonces, sino que dejó marcas estructurales que aún hoy forman parte del debate económico argentino.
Nunca más
A cincuenta años de aquellos hechos, la discusión ya no pasa únicamente por reconstruir lo ocurrido, sino por sostener activamente su memoria en el presente. En un contexto donde emergen discursos que relativizan o directamente niegan el terrorismo de Estado (impulsados desde sectores del gobierno), el riesgo no es solo simbólico: implica erosionar consensos democráticos construidos con décadas de lucha.
Bajo un discurso amparado en la “Teoría de los Dos Demonios” pidiendo una “verdadera historia” se esconde una reivindicación a los militares justificando su accionar ya que “Argentina se encontraba en una guerra” al decir que el poder estatal era igual al que poseían las fuerzas guerrilleras. No se puede exigir una “historia completa” como el negacionismo pide ya que los genocidas (algunos están en libertad) establecieron un pacto de silencio para no contar dónde están los cuerpos de los desaparecidos que fueron arrojados a los ríos durante los Vuelos de la Muerte ni dónde están los hijos de las madres que parieron en la clandestinidad, entre varios crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En ese camino, el Juicio a las Juntas marcó un hito sin precedentes a nivel mundial: por primera vez, una democracia juzgaba a sus propios dictadores en tribunales civiles. Impulsado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, este proceso no solo estableció responsabilidades penales, sino que también sentó las bases de una política de derechos humanos que se consolidaría con el tiempo. El informe “Nunca Más” de la CONADEP permitió documentar el horror y darle un marco institucional a los testimonios de las víctimas, transformando el dolor en prueba y en memoria colectiva.
Recordar no es un ejercicio nostálgico ni una consigna vacía, sino una práctica política y social que busca impedir la repetición. La Memoria, la Verdad y la Justicia funcionan como herramientas de resistencia frente al negacionismo y como un ancla ética frente a los vaivenes del presente. Hoy, organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo siguen recordando que la lucha no terminó, que la memoria no es un archivo cerrado sino un proceso en constante construcción. La consigna “Nunca Más” no solo remite al pasado, sino que interpela al presente y proyecta una responsabilidad hacia el futuro. Porque si algo dejó en claro la historia reciente argentina es que el olvido no es neutral: es el terreno donde pueden volver a germinar las condiciones que hicieron posible el horror.
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