VENEZUELA LIBRE

Hechos

Esta madrugada, alrededor de las 3 am se registraron ataques a puntos estratégicos dentro de Caracas, capital de Venezuela, por parte de Estados Unidos. Se confirmó que los objetivos principales fueron el Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira, la terminal aérea de Higuerote y el Mausoleo de Hugo Chávez donde estarían sus restos. Algunos puntos muy cercanos de la población civil por lo que se ve en los videos grabados por los propios venezolanos. También se reconoce que para la operación se utilizó el modelo MH-60M DAP. A lo anterior se suma que los ataques habrían sido de carácter quirúrgico y de corta duración, orientados a neutralizar centros de comando, control y movilidad del alto mando político-militar, sin que hasta el momento se hayan reportado bombardeos masivos ni uso de armamento de saturación. Analistas militares señalan que este patrón operativo es consistente con doctrinas de “decapitation strikes”, destinadas a desarticular rápidamente la cadena de mando de un régimen específico. El modelo MH-60M DAP (Direct Action Penetrator), utilizado en la operación, es una variante altamente especializada del Black Hawk, empleada por fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. Está equipada para inserciones nocturnas, vuelo a baja cota, guerra urbana y fuego de apoyo de precisión, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada con inteligencia previa y apoyo interno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noticia de la captura y la operación militar a través de sus redes sociales a las 4:21 am, hora del Este de EE. UU., confirmando la eficacia de la operación. Actualmente el líder del régimen, junto a su esposa, se encuentran en un buque camino a EE. UU. Desde Washington, fuentes del Pentágono indicaron que la operación fue “limitada en alcance, precisa en objetivos y finalizada una vez cumplida la misión”, subrayando que no existe, al menos en esta fase, un despliegue militar sostenido en territorio venezolano.

Posible juicio para EE. UU.

Es más que claro a Maduro será enjuiciado por los delitos en contra de los derechos humanos dentro de Venezuela y actos inconstitucionales posteriormente constitucionalizados para intentar legalizar el régimen dictatorial. Pero debido a las denuncias de varios países y lo que representa una operación militar a esta escala es posible que esta situación termine en el tribunal internacional. En términos jurídicos, la captura de un jefe de Estado mediante una operación militar extranjera plantea interrogantes complejos sobre la legalidad del uso de la fuerza, la soberanía estatal y la jurisdicción penal internacional. Aunque Maduro no goza de reconocimiento unánime como presidente legítimo, su condición de autoridad de facto introduce tensiones entre el derecho internacional clásico y las doctrinas contemporáneas de protección de derechos humanos.

El ministerio exterior chino emitió un comunicado oficial donde declaró la conmoción y juzgó la operación. “Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe”. “Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”. Fueron las declaraciones textuales. Rusia, Irán y varios países del ALBA también expresaron su rechazo preliminar, mientras que algunos gobiernos latinoamericanos mantuvieron silencio o pidieron “verificación independiente de los hechos”, reflejando la profunda fragmentación regional en torno al caso venezolano.

Trump podría defenderse en base a que su acción no respondió a una lógica de expansión de poder, sino a la gestión de una crisis de gobernanza extrema con externalidades directas sobre la seguridad regional. En ese marco, la operación sería presentada como una forma ampliada de autodefensa, en la medida en que el régimen intervenido funcionaba como un actor desestabilizador, productor de violencia transfronteriza y de amenazas persistentes. A ello se sumaría la caracterización del gobierno objetivo como un Estado perpetrador, responsable de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, lo que activaría el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) ante el colapso de los mecanismos multilaterales. Y si realmente esto llega a un tribunal internacional podría sumarse las confesiones que llegue a dar el ya capturado dictador.

Cabe destacar que la doctrina R2P, aprobada en la ONU en 2005, no legitima automáticamente acciones unilaterales, pero ha sido utilizada como argumento político y jurídico cuando se alega parálisis del Consejo de Seguridad y riesgo inminente para la población civil.

Qué pasará ahora

El artículo 233 de la constitución venezolana constata que en ausencia del presidente el vice será quien tome el poder y está obligado a ejercer elecciones en un plazo de 30 días. Por este mismo principio actualmente quien tiene el poder por sucesión de Maduro es Delcy Rodríguez.

Este escenario abre un periodo de transición altamente inestable, ya que la legitimidad constitucional formal entra en tensión con el rechazo internacional previo hacia las figuras centrales del chavismo.

La sucesora actualmente fue acusada por:

• Unión Europea (UE): Menoscabo de la democracia y violaciones de derechos humanos.

• Estados Unidos: Presunta participación en narcotráfico, narco-terrorismo y corrupción (vinculación al denominado “Cártel de los Soles”).

• Amnistía Internacional (AI): Presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, incluyendo política de represión, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.

• Corte Penal Internacional (CPI): Investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad (examen preliminar de la situación en Venezuela).

Estos antecedentes hacen improbable que un eventual gobierno encabezado por Rodríguez obtenga reconocimiento internacional amplio, lo que podría acelerar presiones diplomáticas para la conformación de un gobierno de transición, supervisado o acompañado por actores externos.

Lo oportuno es que la operación hubiera sido imposible sin un apoyo interno, por lo que podemos teorizar que hubo una traición por parte de miembros del régimen que facilitaron la entrada de Estados Unidos y el traslado de Maduro. Esta hipótesis se refuerza por la rapidez de la ejecución, la ausencia de resistencia significativa y la precisión logística, elementos que difícilmente podrían alcanzarse sin colaboración desde dentro de las Fuerzas Armadas o del aparato de seguridad del Estado. Lo que nos puede confirmar esto es la velocidad y eficacia operativa, siendo que hace meses que se declararon las intenciones de intervenir militarmente en Venezuela. Por estos motivos lo que procederá es que Venezuela retome la democracia que durante tantos años pareció imposible.

Sin embargo, expertos advierten que la transición no será automática: el control territorial, la fragmentación militar, la crisis humanitaria y la reconstrucción institucional serán desafíos centrales en el corto y mediano plazo, condicionando la posibilidad real de una salida democrática sostenible.