William Acosta (NYPD) (R) y Jesús Daniel Romero (US NAVY) (R) para Poder & Dinero y FinGurú
El Tren de Guayana ha emergido como la fuerza dominante en el ámbito clandestino de la industria minera ilegal de Venezuela. Se alega que El Tren de Guayana disfruta del apoyo de la administración del presidente Nicolás Maduro para eliminar rivales y reforzar su control sobre el lucrativo estado Bolívar. La pandilla se originó en 2007 como una facción callejera en el barrio Vista al Sol de San Félix, y ha experimentado una transformación dramática, estableciendo supremacía en El Callao, un pueblo minero conocido por sus ricos depósitos de oro. Esta evolución no ha estado exenta de desafíos; durante dos años, el Tren de Guayana participó en feroces batallas con el Sindicato Peruano, también conocido como la pandilla Toto y Zacarías, que dominó la zona desde 2010 hasta 2022. Una vez más, esto es evidencia de la relación del régimen de Maduro en Venezuela con organizaciones criminales. Esta relación se refiere a las operaciones de minería de oro ilegales en Venezuela y cómo esta industria beneficia a unos pocos y a la élite del régimen.
La bandera roja indica la ubicación de El Callao
Investigaciones del grupo de reflexión InSight Crime indican que el ascenso del Tren de Guayana ha sido facilitado por alianzas estratégicas con las fuerzas de seguridad locales y el régimen de Maduro, lo que permite a la pandilla lograr una autoridad indiscutible en El Callao (InSight Crime, 2023). La comunidad ha soportado una violencia extrema durante el ascenso de la pandilla, culminando en masacres y amenazas públicas que han acaparado titulares durante años. El reinado de 12 años del Sindicato Peruano se caracterizó por tener profundas raíces en la comunidad local, fomentando un nivel de apoyo que la pandilla más nueva tuvo que superar.
Es de conocimiento común que Venezuela ha tenido durante mucho tiempo un problema de minería de oro ilegal que se remonta a casi 200 años. El ejército y la Guardia Nacional de Venezuela estuvieron directamente involucrados en la identificación de operaciones de minería de oro ilegales dirigidas por colombianos y brasileños. De hecho, los garimpeiros han existido durante décadas, un término acuñado como referencia a la operación de mineros a pequeña escala que se remonta a los años 1800. Las operaciones militares venezolanas fueron rápidas y eficientes en la eliminación de muchas de estas operaciones ilegales. Sin embargo, con el tiempo, el personal militar fue sobornado y muchos de ellos realmente proporcionaron seguridad y posteriormente poseyeron sitios de minería ilegales.
En 2017, el régimen de Maduro inició operaciones de seguridad contra el Sindicato Peruano, que se había negado a alinearse con los intereses del régimen. Esta represión fue recibida con una feroz resistencia por parte del Sindicato, que incluso publicó videos condenando las acciones del estado (Teixeira, 2024). Aprovechando el debilitamiento de su rival, el Tren de Guayana explotó el caos entre 2014 y 2019, lo que llevó a un aumento en la violencia que le valió a El Callao el notorio título de la ciudad más peligrosa de Venezuela, con una tasa de homicidios asombrosa de 620 por cada 100,000 residentes.
En 2021, la Organización R buscó recuperar su participación en El Callao, reavivando su rivalidad con el Tren de Guayana. Se logró una tregua temporal con la asistencia de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), añadiendo otra capa de complejidad al panorama criminal en la región. A finales de 2022, el Sindicato Peruano sufrió pérdidas devastadoras, incluida la captura de sus líderes clave, Eleomar Vargas Vargas (alias "Zacarías") y Alejandro Rafael Ochoa Sequea (alias "Toto"), lo que llevó a su expulsión efectiva de El Callao.
Eleomar Vargas Vargas alias Zacarías
Con la salida del Sindicato Peruano, muchos mineros en El Callao han informado una notable disminución de la violencia. Un minero compartió: "El grupo que solía tener control aquí era muy peligroso. Quien no pagaba era asesinado" (Teixeira, 2024). Este cambio se ha atribuido a la gobernanza del Tren de Guayana, que supuestamente opera en colaboración con la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Sin embargo, la pandilla exige "impuestos" o tarifas de extorsión a los trabajadores para permitir sus operaciones, con algunos mineros sugiriendo que una parte de estos ingresos probablemente llega a funcionarios del gobierno. Aunque hay alegaciones de colusión entre el Tren de Guayana y las fuerzas estatales, la evidencia concreta para sustentar estas afirmaciones sigue siendo esquiva.
Bajo el liderazgo actual de Rony Jackson Colome Cruz, conocido como Rony Matón (Rony "El Asesino"), el Tren de Guayana ha consolidado su poder. Tras las muertes de los exlíderes Gordo Bayón y Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda (alias Capitán), Rony Matón ha ascendido a la prominencia, orquestando operaciones que se extienden más allá de El Callao hacia otras áreas estratégicas como Guasipati. A pesar de que los aeropuertos locales están inactivos, estas áreas sirven como pistas de aterrizaje clandestinas para los envíos de oro, ampliando aún más el alcance de la pandilla.
Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda
Se cree que el Tren de Guayana está compuesto por varios cientos de miembros organizados en una jerarquía estructurada, lo que le permite mantener una presencia significativa en la región. Figuras clave dentro de la pandilla, como "el Payaso", "Arquimidito", "el Morocho", "el Danielito" y "el Congo", son fundamentales en la gestión de las operaciones diarias mientras hacen cumplir el control territorial. Su participación en diversas actividades criminales, incluida la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia, subraya el enfoque multifacético de la pandilla para mantener el poder.
La alarmante presencia de armamento pesado entre los miembros de la pandilla plantea serias preocupaciones sobre sus capacidades operativas. Informes de enfrentamientos armados indican que estos grupos a menudo están mejor equipados que las fuerzas del orden, lo que les permite operar con relativa impunidad. Este desequilibrio perpetúa un ciclo de violencia que es difícil de interrumpir.
El sector de minería de oro ilegal en Venezuela ha evolucionado hacia una compleja red de crimen organizado, complicidad estatal y comercio internacional, con implicaciones significativas tanto para las economías locales como globales. La naturaleza ilegal de esta minería es crítica para entender el contexto más amplio: el Tren de Guayana opera fuera de la ley, sin apenas consideración por las regulaciones ambientales o los derechos de las poblaciones locales. En el corazón de este sistema está el Tren de Guayana, que ha explotado sus lazos con el régimen de Maduro para dominar los territorios ricos en oro del estado Bolívar. Comprender quién compra este oro, qué países se benefician de su comercio y cómo el régimen de Maduro utiliza los ingresos es crucial para captar las implicaciones más amplias de la economía del oro de Venezuela. En otras palabras, El Tren de Guayana es una organización criminal patrocinada por el estado diseñada para enriquecer a los chavistas en el poder, tanto civiles como militares.
Los principales compradores de oro venezolano son a menudo entidades extranjeras, incluidos países con regulaciones menos estrictas sobre el origen del oro y una alta demanda de metales preciosos. Notablemente, países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y varias naciones asiáticas han emergido como actores significativos en el comercio de oro. Estas naciones han establecido canales a través de los cuales adquieren oro de Venezuela, a menudo disfrazando los orígenes del metal para eludir las sanciones internacionales impuestas por el régimen de Maduro. El oro es frecuentemente blanqueado a través de complejas redes comerciales, lo que permite que ingrese al mercado global sin levantar banderas rojas. Hay abundante evidencia del oro venezolano exportado ilegalmente o contrabandeado que ha sido incautado en todo el mundo.
Turquía ha sido particularmente instrumental en facilitar el flujo de oro venezolano. El país se ha convertido en un destino clave para las exportaciones de oro, con cantidades significativas que supuestamente se envían desde Venezuela directamente a Turquía. Esta relación ha permitido al régimen de Maduro generar ingresos a pesar de enfrentar sanciones asfixiantes sobre sus exportaciones de petróleo y otras actividades económicas. El comercio de oro sirve como una línea de vida financiera crítica para el gobierno venezolano, proporcionando la liquidez necesaria para apoyar sus operaciones.
Un interesante trasfondo ilustra la supervisión del oro del régimen sobre la CVM. La Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) fue creada por Hugo Chávez en 2012 como una corporación estatal encargada de la exploración, extracción, producción y otros procesos relacionados con la minería. En septiembre de 2024, el Mayor General venezolano José Santiago Moreno Martínez fue designado como Presidente de la CVM por la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Moreno Martínez había sido el excomandante segundo de las Fuerzas Armadas Venezolanas (CEOFANB), que se encargaba de la destrucción de aeródromos clandestinos y sitios de minería ilegales. Coincidentemente, Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, realizan visitas regulares a Turquía supervisando "emprendimientos comerciales conjuntos". Si bien esto puede no significar mucho, gran parte del oro ilegal y "legal" de Venezuela se exporta a Turquía. Tanto es así que Venezuela y Turquía firmaron un acuerdo para explotar oro en Venezuela en julio de 2024, quizás como resultado de la presión internacional sobre prácticas cuestionables y corrupción relacionada con el papel de Turquía en el oro venezolano.
Los ingresos del oro son utilizados por la administración de Maduro para financiar varios aspectos de su gobernanza, incluidos programas sociales, gastos militares y esfuerzos para mantener el control sobre el país en medio de un amplio descontento. El régimen ha redirigido estratégicamente estos fondos para reforzar su apoyo entre los sectores clave, asegurando lealtad de las fuerzas militares y de seguridad que son esenciales para su supervivencia. Además, es probable que los ingresos se utilicen para financiar programas patrocinados por el estado que buscan aliviar algunas de las dificultades económicas que enfrenta la población, aunque a menudo de una manera que refuerza el control estatal en lugar de fomentar un desarrollo genuino.
Además, las conexiones del régimen de Maduro con grupos de crimen organizado como el Tren de Guayana destacan una preocupante sinergia entre funcionarios estatales y empresas criminales. Esta colaboración permite una operación más fluida en el comercio ilegal de oro, donde las ganancias se canalizan de regreso a un sistema que apoya tanto las actividades de la pandilla como la agenda del régimen. El ciclo resultante de violencia, corrupción y explotación económica no solo desestabiliza las regiones mineras locales, sino que también plantea riesgos más amplios para la seguridad regional.
Las ramificaciones internacionales de este comercio de oro se extienden más allá de las fronteras de Venezuela. Los países que participan en la adquisición de oro venezolano pueden, sin querer, apoyar abusos de derechos humanos y degradación ambiental prevalentes en las regiones mineras. Las operaciones lideradas por pandillas como el Tren de Guayana a menudo están marcadas por la violencia, la extorsión y daños ecológicos y ambientales irreparables, lo que genera preocupaciones éticas para las naciones involucradas en el comercio. A medida que aumenta la conciencia sobre estos problemas, hay una creciente presión sobre los gobiernos y las corporaciones para garantizar que sus cadenas de suministro de oro estén libres de complicidad en tales actividades.
Ramificaciones Estratégicas
Crimen Organizado y Complicidad Estatal: Los lazos del Tren de Guayana con el régimen de Maduro ilustran cómo el crimen organizado puede prosperar en entornos donde los mecanismos estatales están comprometidos. Esta relación socava el estado de derecho y puede llevar a un aumento de la agitación civil y la inestabilidad, amenazando el control del régimen sobre el poder.
Impacto en las Comunidades Locales: Aunque la salida del Sindicato Peruano puede haber reducido temporalmente la violencia, la extorsión continua del Tren de Guayana sigue explotando a las poblaciones locales. Esta dependencia de organizaciones criminales para la estabilidad económica ahoga el desarrollo legítimo y la gobernanza.
Comercio Internacional y Cadenas de Suministro Globales: La participación de países como Turquía en la compra de oro venezolano complica las relaciones internacionales, especialmente para aquellos que imponen sanciones. Esto puede llevar a tensiones diplomáticas y desafíos para mantener la integridad de las prácticas comerciales internacionales.
Implicaciones de Derechos Humanos: El comercio de oro está vinculado a numerosos abusos de derechos humanos, lo que plantea preocupaciones éticas para las naciones que participan en este mercado. El aumento del escrutinio sobre las cadenas de suministro puede presionar a los gobiernos y corporaciones para adoptar prácticas de abastecimiento más responsables.
Futuro del Régimen de Maduro: La dependencia del régimen de los ingresos del oro para financiar sus operaciones plantea preguntas sobre su viabilidad a largo plazo. Si la presión internacional aumenta o las cadenas de suministro de oro se interrumpen, el régimen podría enfrentar desafíos financieros significativos, lo que llevaría a una mayor inestabilidad.
En resumen, las intrincadas dinámicas del comercio ilegal de oro en Venezuela evidencian un complejo juego de crimen local, intereses estatales y demanda internacional. Países como Turquía y aquellos en el Medio Oriente juegan roles significativos en la compra de oro venezolano, proporcionando ingresos muy necesarios al régimen de Maduro. Estos ingresos se utilizan estratégicamente para sustentar las operaciones del gobierno y mantener su control sobre el poder mientras perpetúan un ciclo de violencia y corrupción. Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para examinar y regular la cadena de suministro de oro, responsabilizando así a aquellos que se benefician de este comercio ilícito y del sufrimiento humano que engendra.
Referencias:
Teixeira, M. (2024). La pandilla venezolana supuestamente explota lazos con Maduro para el poder en minería ilegal. AFP
InSight Crime. (2023). "Minería de oro en Venezuela: Una visión general del panorama criminal." InSight Crime.
William Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ha coordinado investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y homicidios en los EE. UU. y otros países del mundo como Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra y, literalmente, toda Latinoamerica.
William ha sido 10 años Investigador de la Policia de New York, 2 años en el Departamento del Tesoro y 6 años en el Ejercito americano con varios despliegues internacionales por temas de comunicaciones e inteligencia.
Jesús Romero prestó servicios en el gobierno de Estados Unidos durante 37 años, abarcando roles militares, de inteligencia y diplomáticos. Graduado de la Universidad de Norfolk con una Licenciatura en Ciencias Políticas, también completo la preparación Pre Vuelo de Aviación Naval y sirvió en distintas capacidades, incluso a bordo de un crucero de misiles nucleares y en escuadrones de ataque, Sus despliegues incluyeron Libia, Bosnia, Irak y Somalía.
Su carrera en el área de inteligencia tuvo asignaciones claves con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en Panamá, el Centro Conjunto de Inteligencia del Pacífico en Hawai y lideró esfuerzos de Estados Unidos para la localización de personal desaparecido en Asia. Se retiró del servicio activo en 2006, condecorado con numerosas medallas entre ellas la Medalla al Méritorio de Defensa y la Medalla de la Marina por Comendación.
Estuvo 15 años en el servicio civil como Especialista en Operaciones de Inteligencia en el Departamento del Ejército, en el Grupo de Trabajo Conjunto Interagencial Sur en Florida. Luego de retirado trabajó como contratista de defensa para BAE Systems y Booz Allen Hamilton.
Comentarios