En 2007, y tras una fuerte movilización de organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como la Ley de Bosques Nativos. Su aprobación fue histórica: logró poner un freno momentáneo al avance descontrolado de la frontera agropecuaria sobre los últimos remanentes de bosque nativo del país. A partir de esta ley, cada provincia debía elaborar su propio Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), clasificando su territorio según tres categorías de conservación:
Zonas rojas, de alto valor ecológico, donde no puede realizarse ninguna transformación;
Zonas amarillas, de valor medio, donde se permiten ciertos usos sostenibles;
Zonas verdes, donde se autoriza el cambio de uso del suelo (por ejemplo, para ganadería o agricultura).
En teoría, este esquema permitía compatibilizar el desarrollo productivo con la preservación de los ecosistemas. Pero en la práctica, su aplicación quedó sujeta a la discrecionalidad de cada provincia. La ley nacional no estableció mecanismos efectivos de control o sanción que aseguren que los ordenamientos provinciales respeten los objetivos generales de conservación. Así, cada jurisdicción tuvo libertad para definir sus mapas según sus propios intereses políticos y productivos, con consecuencias muy dispares en términos ambientales.
El caso de Formosa resulta especialmente preocupante. A pesar de contar con una de las mayores superficies del Bosque Chaqueño, su aplicación del OTBN ha sido deficiente. La deforestación sigue avanzando, especialmente en los departamentos menos poblados, donde no hay actores sociales organizados que puedan exigir el cumplimiento de la ley. Este artículo analiza esa dinámica y propone algunos caminos posibles para revertirla.
¿Por qué el OTBN no se cumple en Formosa?
Formosa tiene una configuración política estable desde hace más de cuatro décadas: el mismo partido gobierna ininterrumpidamente desde el retorno de la democracia. Pero esa estabilidad no se traduce en políticas ambientales eficaces.
La explicación no está tanto en la capacidad del Estado, sino en la ausencia de presión social organizada. En provincias como Chaco o Santiago del Estero, donde existen movimientos conservacionistas fuertes, la Ley de Bosques se implementa con más rigor. En Formosa, en cambio, los grandes terratenientes tienen vía libre para presionar por un uso más laxo del suelo, sin contrapesos efectivos.
Además, si bien cada provincia debe sancionar su propia ley de ordenamiento territorial inspirada en los lineamientos establecidos por la Ley Nacional 26.331, no existe un mecanismo de control riguroso que asegure que esa normativa provincial se adecúe fielmente a los objetivos nacionales. Esto deja un amplio margen de discrecionalidad a los gobiernos locales, que pueden diseñar reglamentaciones permisivas sin consecuencias legales ni sanciones concretas. Así, el espíritu de la ley nacional puede desdibujarse en su implementación concreta.
Esto se agrava por la distribución demográfica: más del 70% de la población vive en dos departamentos del este provincial (Formosa Capital y Pilcomayo), mientras que el resto del territorio —donde se concentra la mayor parte del bosque chaqueño— está prácticamente vacío. Sin vecinos organizados, sin ONGs activas y sin movimientos indígenas con poder de negociación, no hay quién defienda el monte. Así, las zonas "verdes" (de baja conservación y habilitadas para la transformación productiva) coinciden casi perfectamente con los departamentos menos poblados. La deforestación, por ende, avanza en silencio.
El caso Bermejo: una muestra del problema
El departamento de Bermejo, ubicado en el oeste de Formosa, condensa las principales fallas del modelo actual. Se trata de una región extensa, con muy baja densidad poblacional y grandes superficies clasificadas como zonas verdes, es decir, aptas para la transformación productiva del suelo. Esto lo convierte en un terreno ideal para el avance de la ganadería extensiva y del desmonte, sin que haya resistencia social significativa.
En Bermejo no existen movimientos ambientalistas activos, ni comunidades organizadas que puedan articular demandas de conservación. Tampoco hay presencia constante del Estado provincial ni mecanismos efectivos de fiscalización. La aplicación del OTBN es casi nula. Como resultado, el destino del bosque queda exclusivamente en manos de intereses productivos, principalmente grandes propietarios rurales que operan sin controles.
La elección de Bermejo como caso de estudio revela una lógica preocupante: allí donde no hay presión social, la ley no se cumple. La falta de habitantes no solo facilita el desmonte, sino que impide la formación de lo que los investigadores llaman “coaliciones conservacionistas”, es decir, grupos sociales con capacidad de incidir políticamente para exigir la protección del bosque.
Por esa misma razón, Bermejo también representa una oportunidad. Cualquier estrategia que busque mejorar la implementación de la ley —como introducir incentivos económicos para la producción sustentable, atraer nuevos actores con interés en conservar, o fortalecer la presencia estatal— debe empezar por las zonas donde la ley hoy está ausente. Si se logra revertir la tendencia en territorios como Bermejo, podría sentarse un precedente replicable para otras regiones del país.
¿Qué se puede hacer?
Frente a este escenario, es necesario pensar estrategias innovadoras que no dependan únicamente de la presión social (que no existe) ni del voluntarismo político (que es poco probable). Una alternativa explorada en nuestra investigación es el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI): una técnica que combina producción ganadera con conservación ambiental.
Aunque el MBGI no resuelve el problema estructural de fondo, sí puede generar nuevos actores interesados en preservar el bosque, al ofrecer rentabilidad económica a quienes produzcan de forma sustentable. Además, su implementación podría financiarse mediante bonos verdes o sociales, herramientas financieras que canalizan inversiones con criterios ambientales. ¿Puede esto crear una nueva coalición ambiental en Formosa? ¿Puede interesar al gobierno provincial a cambio de beneficios fiscales o votos rurales? No hay garantías, pero sí una necesidad urgente de pensar alternativas.
La historia del OTBN en Formosa es una advertencia: tener buenas leyes no alcanza. Si las normas no se aplican, y si no hay quién las defienda, la deforestación seguirá avanzando. La solución no es una única herramienta técnica ni un nuevo plan mágico, sino una combinación de incentivos políticos, presión social y estrategias de desarrollo sustentable. Para que los bosques se salven, tienen que tener quien los defienda —y para eso, primero hay que poblarlos de nuevos intereses que miren más allá del desmonte inmediato.
Agradecimientos
Esta nota tomó inspiración de una investigación realizada en el marco de la Universidad Torcuato Di Tella. Agradezco especialmente la guía de las profesoras Candelaria Garay y Florencia Gallinger, así como el trabajo compartido con Pilar Bartolomé, María Lourdes Castillo y Lisandro Zilbervarg. El enfoque del análisis retoma, en parte, ideas desarrolladas por Garay y Fernández Milmanda en sus investigaciones sobre la política ambiental en Argentina (2019; 2020), cuyas contribuciones resultaron claves para pensar los desafíos institucionales del cumplimiento y la protección ambiental en contextos subnacionales.
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