Jesús Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
Las recientes detenciones de ciudadanos extranjeros en Venezuela han suscitado un considerable escepticismo respecto a la narrativa presentada por el gobierno de Nicolás Maduro. Entre los detenidos se encuentran tres estadounidenses, dos españoles y un checo, todos acusados de estar involucrados en una supuesta conspiración para asesinar al presidente y desestabilizar su gobierno. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha afirmado que estos individuos, junto con un grupo que incluye a personas ya encarceladas, estaban implicados en el tráfico de armas que supuestamente llegaron al país a través de cajas de encomiendas desde Florida, EE. UU. para un total de 400 armas incluyendo pistolas, rifles AK-42, AK-47, M-4, y Tavor Israelitas. Sin embargo, este argumento plantea serias dudas sobre la credibilidad de las acusaciones.
Según la información proporcionada por Cabello, los hechos más destacados relacionados con este caso incluyen:
El armamento decomisado, que abarca más de 400 fusiles, ingresó a Venezuela con el supuesto respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y España. El objetivo declarado era asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios del gobierno, así como generar desestabilización en el país.
De acuerdo al régimen, varios arrestos se han realizado en conexión con esta operación:
1. Dos ciudadanos españoles, José María Basóa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho.
2. Detención de un ciudadano checo llamado Jan Darmovzal, miembro de una organización paramilitar privada.
3. Arresto de un ciudadano estadounidense, Wilbert Joseph Castañeda, un ex Navy SEAL involucrado en la operación.
4. Captura de dos “hackers”, el estadounidense Aaron Barr Logan y su pareja venezolana Astri Emprea Ortega.
5. Detención de otro ciudadano estadounidense, David Estrella.
Los principales arrestos ocurrieron en diversas localidades de Venezuela, como Puerto Ayacucho y otras áreas del país, donde se logró desmantelar esta red de tráfico de armas y planes terroristas en contra del gobierno venezolano.
Las armas, según la versión oficial, fueron enviadas en encomiendas, lo que resulta poco convincente y genera preguntas sobre la logística y viabilidad de tal operación. Además, la conexión con individuos ya encarcelados en Venezuela añade otra capa de confusión y desconfianza a la narrativa del gobierno. Esta estrategia parece diseñada no solo para desviar la atención de los problemas internos que enfrenta el país, sino también para consolidar el poder del régimen a expensas de una oposición ya debilitada.
Entre los nombres clave mencionados en esta supuesta conspiración se encuentran: Iván Simonovis, ex-comisario de la policía nacional venezolana acusado de ser un "personaje nefasto" en el tráfico de armas, vinculado a operaciones de contrabando hacia Venezuela. Juan Guaidó, expresidente de Venezuela referenciado como una figura protegida en EE. UU. que organiza actividades contra el gobierno. María Corina Machado, ex-candidata a la presidencia de Venezuela y líder de la oposición, identificada como líder de un grupo político detrás de los supuestos ataques. Jorman Enrique Varillas, sospechoso de estar involucrado en actos de violencia y actualmente fugitivo. María Teresa Clavijo, conectada a grupos criminales y a los planes de ataque en Venezuela. Jessica Isabel Aponte Figuera, detenida por su participación activa en actos violentos, conocida como "La Niña". Wilbert Joseph Castañeda, miembro activo de la Marina de EE. UU. y entrenado como SEAL, señalado como el líder de la operación mercenaria. Daisy Hyles González, contacto de Castañeda para coordinar con grupos criminales en Venezuela. Aaron Barr Logan y Astri Emprea Ortega, hackers detenidos por su participación en los planes. David Estrella, ciudadano estadounidense detenido por su implicación en los planes. José Miguel Estrada, detenido y condenado por su participación en un ataque contra Maduro.
Cabello ha afirmado que las operaciones de Simonovis ha llevado a acciones en otros países, insinuando que han resultado en asesinatos. Sin embargo, no se han proporcionado detalles específicos sobre estos supuestos crímenes, lo que cuestiona la credibilidad de sus acusaciones. Este enfoque parece un intentode silenciar a Simonovis, quien ha estado investigando las conexiones del régimen con el narcotráfico y la corrupción.
Es relevante señalar que el régimen de Nicolás Maduro Continuará privando de la libertad a ciudadanos extranjeros, ya que sabe que pueden ser canjeados en negociaciones para presionar a Estados Unidos y a la comunidad europea a conceder beneficios a cambio del retorno de sus ciudadanos. Sin embargo, al analizar más profundamente, se observa que el régimen nunca ha llevado a cabo procesos criminales contra ciudadanos de los países aliados ni contra miembros del régimen que ya tienen acusaciones en otros países. Resulta conveniente que todos los detenidos sean estadounidenses, españoles, checos y venezolanos de la oposición o miembros de grupos criminales ya encarcelados en Venezuela por otros delitos.
Es importante destacar que el sistema judicial en Venezuela se ha convertido en un arma de intimidación y represión. Los acusados, en muchos casos, no reciben las pruebas que se utilizarán en su contra, un proceso conocido como "discovery", que es fundamental para garantizar un juicio justo. Además, los abogados defensores a menudo enfrentan serias dificultades para acceder a sus clientes, lo que les impide preparar una defensa adecuada. Esta falta de transparencia y el acceso limitado a la información agravan aún más la desconfianza en el sistema
judicial, que es percibido como un instrumento al servicio del régimen para silenciar a la oposición y mantener el control.
Es conveniente señalar que estos acontecimientos se producen en un momento en que varios personajes del régimen han sido sancionados y se les han confiscado cargamentos de drogas pertenecientes al Cartel de los Soles. Además, se han decomisado aviones involucrados en estas operaciones ilícitas. La comunidad internacional ha solicitado repetidamente que se muestren las actas de las elecciones, un requerimiento que el régimen ha ignorado. A su vez, la mayoría de los países han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia, lo que añade un nivel adicional de presión sobre el gobierno de Maduro. El gobierno español ha negado enfáticamente que ninguno de los detenidos españoles pertenezca al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que refuerza la percepción de que estas detenciones son parte de una estrategia política.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha negado cualquier participación en complots para desestabilizar el gobierno de Maduro y ha reiterado su apoyo a una solución democrática en Venezuela. Pese a esto, el régimen continúa utilizando a EE. UU. como un enemigo, lo que le permite justificar sus medidas represivas y fomentar un ambiente de miedo.
Es crucial que la comunidad internacional aborde estas acusaciones con escepticismo. Las detenciones de ciudadanos extranjeros han sido utilizadas anteriormente por el régimen como herramientas para negociar concesiones políticas y desviarla atención de sus problemas internos. Este patrón es consistente con la historia de Maduro de tratar vidas humanas como piezasen su juego político.
En conclusión, de acuerdo al régimen, esta reciente operación muestra los intereses de la oposición apoyada por gobiernos extranjeros para llevar a cabo operaciones paramilitares del norteamericano Erick Prince para asesinar al presidente Maduro y Vice presidente Cabello. Mientras tanto en Estados Unidos y España las alegaciones contra estos individuos, incluidos Iván Simonovis, deben ser vistas como parte de una estrategia más amplia del régimen de Maduro para mantener el control, en lugar de considerarlas incidentes aislados. La lucha de Venezuela por la democracia se encuentra en un punto crítico, y la comunidad global debe actuar con urgencia, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas frente a tácticas autoritarias. Mientras el gobierno norteamericano mantenga la oferta de recompensas multimillonarias por la captura de Maduro y Cabello, veremos más “soldados de fortuna” extranjeros y nacionales tratando de reclamar estas riquezas y a su vez añadiendo al mito del régimen Venezolano. El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de su población para resistir la opresión y del apoyo decidido de la comunidad internacional en su búsqueda de una democracia genuina
Jesús Daniel Romero se hizo oficial a través del Programa de Alistados de la Marina, se graduó con honores de la Universidad Estatal de Norfolk y recibió una licenciatura en Ciencias Políticas. Gracias a sus buenos resultados académicos pudo elegir el camino de la inteligencia. Estudió aviación y luego entró a la escuela de inteligencia. Fue asignado a un escuadrón de A-6 Intruder, un bombardero táctico que opera desde un portaaviones USS America, a bordo del cual fue a Bosnia, Irak y Sudán.
Luego comandó una unidad de inteligencia en Panamá, trabajando para la Agencia de Inteligencia de Defensa (Defense Intelligence Agency), y supervisó a analistas de equipos tácticos en Centro y Sudamérica, y México. Trabajó en un centro de inteligencia en Hawai como oficial de guardia de la China, donde monitoreaba las actividades militares del país asiático.
Tras retirarse de la Marina, Romero fue contratista de defensa para la División Norteamericana de British Aerospace Systems (BAE) en Washington, D.C. y también para Booz Allen Hamilton en Miami
William L. Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Una agencia de investigación autorizada en NYS, FL. con oficinas y afiliados en todo el mundo.
Equalizer mantiene oficinas y filiales en Estados Unidos en Nueva York, Florida, California y América Latina. Desde 1999. Las investigaciones de Equalizer han cerrado exitosamente casos, que van desde Narcóticos, Homicidios, Personas Desaparecidas y otros delitos.
Ha estado involucrado en la defensa penal de casos de Defensa Penal Estatal y Federal que van desde Homicidio, Narcóticos, Rico, Lavado de Dinero, Conspiración y otros cargos federales y estatales y coordinado investigaciones en los EE.UU. y otros países alrededor del mundo.
El Sr. Acosta se especializa en investigaciones internacionales y multijurisdiccionales, y en los últimos años ha realizado investigaciones en Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, entre otras localidades.
Ha dirigido o coordinado investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y los homicidios, y fue instructor y orador internacional sobre varios temas de investigación.
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