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El pasado 4 de agosto de 2025, el juez Alexandre de Moraes dictaminó el arresto domiciliario para el expresidente brasileño, debido al incumplimiento de las medidas cautelares impuestas tras su procesamiento en un intento de golpe de Estado.
Para comprender toda la situación, hay que volver a principios de 2023 (semanas después de la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales contra Lula Da SIlva), el 8 de enero de ese año, se manifestaron miles de personas en distintos lugares de Brasil, acusando de un supuesto fraude electoral. Estas protestas en contra del nuevo gobierno se volvieron muy violentas, bolsonaristas radicales invadieron y saquearon las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto (sede del poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal Federal. Durante las tomas de estos edificios se destruyeron oficinas, mobiliario, obras de arte y documentos históricos. Los manifestantes lograron superar las barreras de seguridad, que estaban debilitadas debido a una aparente falta de coordinación y respuesta de las fuerzas de seguridad locales. Al terminar el día, había más 2000 detenidos y el objetivo de derrocar al gobierno no se logró.
Bolsonaro negó cualquier participación en el intento de golpe de Estado, pero el 19 de noviembre de 2024 la policía federal inició una investigación llamada “Operación Contragolpe” en la que detuvieron a militares de altos cargos que fueron acusados de planear el golpe de Estado y un intento de asesinato contra Lula, su vicepresidente y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Además de varios arrestos y acusaciones.
Más adelante en la investigación, el 18 de julio de 2025, Jair Bolsonaro fue privado del uso de sus redes sociales, o las de sus familiares, como medida adicional a la causa. El motivo de esta sanción fue porque la justicia determinó que Bolsonaro podría usar sus redes como medio para difundir desinformación sobre el sistema electoral, cuestionar la legitimidad de las elecciones de 2022 y alentar acciones antidemocráticas, como los disturbios del 8 de enero de 2023.
El 3 de agosto de 2025, durante una manifestación en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el hijo de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, transmitió una llamada telefónica de Jair Bolsonaro a la multitud, la cual fue compartida en redes sociales. Esto fue considerado una violación directa de la orden judicial que prohibía a Bolsonaro difundir contenido en plataformas digitales, ya que usó la cuenta de su hijo para comunicarse públicamente. Además, se compartieron videos en los que Bolsonaro mostraba su brazalete electrónico y criticaba al STF, lo que Moraes interpretó como un desafío a las restricciones judiciales.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Todo esto desencadenó en su arresto domiciliar el 4 de agosto, donde tiene prohibido el uso de celulares o recibir visitas sin autorización, los únicos que pueden verlo son sus familiares cercanos y sus abogados. Si vuelve a incumplir cualquier restricción, se revocará el arresto domiciliario y se ordenará su prisión preventiva en régimen cerrado.
La medida judicial generó tensiones diplomáticas: el presidente Donald Trump ha defendido a Bolsonaro, calificando el proceso como una “caza de brujas” y ha impuesto aranceles del 50 % a productos brasileños como represalia. Estados Unidos sancionó al juez Moraes bajo la Ley Magnitsky, alegando violaciones de derechos humanos, lo que profundizó el enfrentamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.
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