Lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero pasado es un caso de injerencia unilateral, en esta oportunidad ejercida por un Estado y no para salvaguardar un bien mayor como la seguridad de la población venezolana. Es decir, fuera de toda discusión, se trató de un acto de fuerza por parte de un Estado sobre otro fundado en un requerimiento de la justicia del primero.
La cuestión relativa con la injerencia cobró protagonismo en los años noventa tras la intervención estadounidense en Kuwait para expulsar a las fuerzas iraquíes que habían invadido la petromonarquía del golfo.
Entonces, con el fin de salvaguardar a la población en el norte de Irak, en abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 688 que condenó la represión de Husein sobre kurdos y chiitas en Irak y estableció una zona de exclusión aérea para cumplir con este propósito humanitario.
De esta manera, quedó claro que ante determinadas situaciones interestatales, la protección y asistencia de pueblos quedaba por delante de uno de los grandes principios del derecho internacional: el de no intervención en los asuntos internos y externos de los Estados.
A partir de allí pareció que el denominado «modelo institucional» en la política internacional, es decir, el de primacía del derecho y las normas entre los Estados, iniciaba un ciclo que favorecería un orden internacional que se dirigía más allá de lo exclusivamente interestatal, acaso hacia aquello que Hedley Bull denominó “orden mundial”, esto es, cuestiones hacia dentro de los Estados.
El fin del régimen de la Guerra Fría, el auge de las «imágenes» relativas con el advenimiento de un mundo fundado en bloques geo comerciales, la expansión de misiones “onusianas” y la formación de una coalición de casi treinta países para expulsar a la autocracia iraquí de Kuwait fungieron como hechos que daban crédito a un nuevo orden internacional. El propio presidente George H. Bush se refirió a un nuevo escenario en el que predominaría un reparto de justicia internacional más equitativo.
Finalmente, a principios del siglo XXI la ONU impulsó el principio de Responsabilidad de Proteger, una iniciativa cuyo propósito era el amparo de pueblos cuya seguridad dejaba de ser garantizada por el Estado al que pertenecían.
El derecho multilateral de injerencia y la responsabilidad de proteger fueron no sólo aplicados en diferentes conflictos y situaciones, sino que la injerencia tuvo un carácter multidimensional en materia de seguridad, es decir, podía ser aplicada en diferentes cuestiones: desde aquellas relativas con inseguridad nuclear por incapacidad del Estado para garantizar la «securitización» de complejos nucleares hasta aquellas relacionadas con países colapsados.
Pero sucede que nada (o casi nada) en política interestatal es neutro: los intereses suelen estar por delante del altruismo o el compromiso basado en aspiraciones guiadas por el pacifismo, aun cuando la injerencia se funda en la acción multilateral autorizada.
Por caso, en la Libia de Kadafi, la intervención multilateral (autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU por medio de resolución 1973) fue para proteger a la población atrapada en medio de la convulsión. Pero una vez en marcha la intervención, el propósito sufrió un cambio y se pasó a dar apoyo a las fuerzas que se oponían a Kadafi, con el desenlace conocido y la consiguiente fisión geopolítica del país norafricano, la que dura hasta hoy.
Lo sucedido recientemente en Venezuela recentra la injerencia, pero en clave categóricamente unilateral, es decir, un procedimiento llevado a cabo por un Estado con capacidades mayores que «salta» todas las normas en nombre de sus intereses y seguridad nacionales. Se trató de un momento preciso en el que un actor poderoso se desmarcó del cumplimiento de la norma internacional para salvaguardar su interés nacional.
Como dijimos, la injerencia en Venezuela no fue para proteger ningún bien mayor como ha sucedido con la injerencia multilateral en otros escenarios (aunque también hubo casos de injerencia multilateral sin autorización del Consejo de Seguridad) sino que fue para capturar y extraer al presidente de un muy cuestionado régimen con el fin de llevarlo a la justicia estadounidense para que responda por estar acusado de ser parte del crimen organizado.
Por supuesto, este tipo la injerencia nunca tiene lugar en sitios anti-geopolíticos, es decir, plazas del mundo que no concentran activos estratégicos, sino en zonas de marcado coto geopolítico de las potencias mayores e intermedias, por caso, Centroamérica, Caribe o Europa del este Cáucaso (norte y sur), entre las principales. Sitios en los que difícilmente la potencia hegemónica regional tolere regímenes cuyos propósitos y acciones se dirijan más allá de lo aceptable por aquella.
Esos activos estratégicos son de naturaleza múltiple, es decir, los «viejos activos» y los nuevos activos, esto es, un “vademécum” de minerales clave para el desarrollo de tecnologías mayores, por caso, silicio, litio, manganeso, la «bolsa» de minerales que contienen las tierras raras, entre otros.
De modo que estamos avanzando muy rápidamente hacia un escenario con centro en aquello que el brasileño Helio Jaguaribe denominaba «imperialismo de suministros», algo de por sí inquietante acompañado de un entorno de creciente injerencia sin multilateralismo.
El contexto estratégico o nivel superior en el que se despliega o re-despliega esa injerencia es la rivalidad entre Estados Unidos y China, el nuevo bipolarismo sobre el que se está configurando la política internacional del siglo XXI. Y la injerencia estadounidense en Venezuela fue la prueba categórica: negar (este verbo es central para entender el enfoque norteamericano ante su rival) fuentes de recursos a China.
Aunque no ha trascendido demasiado, las represalias de impacto por parte de Pekín, centralmente geoeconómicas, no fueron pocas, y demuestran la notable construcción de poder agregado y capacidad para proyectar influencia de la potencia asiática.
Pero esa (nueva) contención estadounidense a China es solo una de varias, pues, en paralelo a la contención geoenergética, Washington despliega otras de carácter militar, tecnológica, geoeconómica, por citar las principales, hecho que pone en duda la marcha del mundo hacia una configuración basada en rígidas esferas de influencia, al tiempo que tiende a afirmar lo que en Estados Unidos se denomina “Pax Sílica”, esto es, una iniciativa lanzada en diciembre de 2025 por este actor, a la que se ha sumado Australia, Israel, Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y que consiste básicamente en asegurar que “las cadenas de suministro criticas sean seguras, prósperas e innovadoras”.
En la Declaración de la Pax Sílica queda claro que el reto es China, pues entre los propósitos principales de la iniciativa se aprecia: “Crear redes resilientes para evitar cuellos de botellas o puntos únicos de falla que puedan ser explotados por actores estratégicos externos, especialmente China, o por crisis geopolíticas”.
Asimismo, “Fortalecer la cooperación tecnológica entre países aliados para mantener la ventaja competitiva en IA y semiconductores”.
En breve, con la “Operación Resolución Absoluta” Estados Unidos ha violentado sin ambages el principio de no intervención. Lo hizo porque puede hacerlo; y esta realidad, la del despliegue y proyección de capacidades nacionales, es la principal particularidad del mundo actual junto con el declive sin precedentes del multilateralismo.
Una situación que no puede ni debe sorprender, pues la jerarquía, el poder, la competencia, las capacidades y la desconfianza entre Estados han sido una regularidad en la historia. Lo que sorprende e inquieta cada vez más es la condición inestable del propio desarreglo internacional por su estado de confrontación, es decir, con los poderes portadores de condiciones para configurar un orden en estado de enfrentamiento y hasta de casi guerra.
Por Alberto Hutschenreuter
Alberto Hutschenreuter, es Doctor en Relaciones Internacionales (summa cum Laude, USAL). Profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y Director del Ciclo Espacio Eurasia en la UAI. Director de Equilibrium Global. Autor del libro “La política exterior rusa después de la Guerra Fría: humillación y reparación” (2011). Coautor del libro “Debate Internacional. Escenarios Actuales” (2014). Ha escrito numerosos trabajos en medios nacionales y extranjeros.
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