Desde 1979, la República Islámica de Irán ha construido una estrategia de poder que va mucho más allá de la diplomacia tradicional. No se limita a embajadas y acuerdos formales, sino que combina estas herramientas con una red de milicias, organizaciones terroristas y estructuras criminales que actúan como brazos del Estado fuera de sus fronteras (American University). El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su rama externa, la Fuerza Quds, coordinan el entrenamiento, financiamiento y armamento de aliados como Hezbolá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, los hutíes en Yemen y milicias chiíes en Irak y Siria (American University; Wilson Center). Al operar a través de estos intermediarios, Teherán proyecta poder, intimida a sus adversarios y mantiene un margen de negación plausible, reduciendo el costo político de la confrontación directa (American University).
Durante años, este entramado se percibió en América Latina como un problema lejano, circunscrito a las guerras y crisis del Medio Oriente. Sin embargo, las mismas redes que financian atentados y forman combatientes han ido tejiendo presencia en el hemisferio occidental, apoyándose en Estados débiles, corrupción, economías informales y comunidades migrantes vulnerables (Levitt). El resultado es una infraestructura de financiamiento ilícito, logística y cobertura política que conecta mercados de cocaína, oro y contrabando con la agenda de seguridad de Teherán (Irregular Warfare Center). Contener al régimen iraní y a sus proxies deja de ser un asunto abstracto de geopolítica y se convierte en una defensa directa de la vida cotidiana, del Estado de derecho y de las libertades en la región.
Guardia Revolucionaria, Fuerza Quds y el “eje de resistencia”
El IRGC se ha consolidado como columna vertebral del régimen iraní, con un papel que trasciende lo militar para abarcar el control económico y la vigilancia ideológica interna (Wilson Center). Su misión es proteger al sistema político y, al mismo tiempo, expandir el proyecto revolucionario más allá de las fronteras. La Fuerza Quds, su brazo externo, se especializa en operaciones en el exterior: establece campamentos de entrenamiento, suministra armas y recursos, coordina redes clandestinas y utiliza coberturas diplomáticas, religiosas y comerciales para operar bajo el radar (American University; Wilson Center).
Hezbolá es el modelo más acabado de proxy iraní. Nacido en el Líbano en los años ochenta con apoyo directo del IRGC, se ha transformado en un actor híbrido que combina partido político, milicia, aparato de inteligencia y conglomerado económico, y está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos (Levitt). Su historial incluye atentados como los ataques contra la embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, así como un papel central en las guerras de Siria e Irak, donde ha servido como escuela de combate para otras milicias proiraníes (Levitt; Irregular Warfare Center). Paralelamente, Teherán respalda a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina, que han recurrido sistemáticamente a atentados suicidas, infiltraciones y campañas de cohetes contra Israel, y sostiene a los hutíes en Yemen, responsables de ataques contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y rutas comerciales del mar Rojo (American University; Wilson Center).
Todas estas organizaciones se integran en lo que Irán y sus aliados describen como el “eje de resistencia”: una red diseñada para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel desde el Mediterráneo hasta el Golfo y el mar Rojo (Wilson Center). En ese marco, la exportación de la revolución se articula no solo mediante discursos, sino a través de estructuras armadas y criminales capaces de operar en múltiples escenarios a la vez.
La Hermandad Musulmana y Hamás: afinidades que suman capacidad
La Hermandad Musulmana no forma parte orgánica del aparato iraní, pero ha mantenido con Teherán una relación de convergencia táctica. Para muchos de sus cuadros, la revolución islámica de 1979 demostró que un proyecto islamista podía derribar a un régimen “secular” y asumir el poder, pese a la brecha doctrinal entre suníes y chiíes (Wilson Center). Esa mezcla de admiración y recelo se traduce en una relación ambivalente: chocan en escenarios como Siria, pero coinciden cuando el objetivo es debilitar a Israel, a Estados Unidos o a gobiernos árabes considerados traidores a la causa islamista.
Hamás, rama palestina de la Hermandad, es el puente más visible. Recibe dinero, armas y entrenamiento de Irán, mientras se apoya en redes de caridad, cobertura religiosa y campañas de recaudación vinculadas a su entorno islamista (American University; Levitt). Incluso cuando la Hermandad critica a Teherán por su apoyo a Bashar al‑Asad, mantiene canales abiertos porque reconoce en el eje Irán–Turquía–Qatar una fuente de refugio, financiación y apoyo mediático para sus estructuras perseguidas en Egipto, el Golfo o el Magreb (Wilson Center). La afinidad ideológica y el enemigo compartido hacen posible una cooperación que refuerza la capacidad de presión regional del proyecto iraní.
La Triple Frontera y el mapa latinoamericano
En América Latina, uno de los epicentros de la proyección de Irán y Hezbolá es la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Allí confluyen contrabando, lavado de dinero, comercio informal y comunidades de origen libanés y sirio, en un entorno donde la supervisión estatal es limitada (Levitt). Investigaciones judiciales y académicas describen la zona como un centro de recaudación y blanqueo al servicio de redes vinculadas a Hezbolá, con empresas de fachada, casas de cambio y cadenas comerciales que canalizan recursos hacia Medio Oriente (Irregular Warfare Center).
Desde esa base, el modelo se ha replicado en grandes ciudades brasileñas, corredores de contrabando del Cono Sur, zonas cocaleras andinas y espacios grises en países como Bolivia, México o Venezuela. En estos territorios, donde se entrecruzan economías ilícitas, corrupción y debilidad institucional, los intereses de carteles de droga, redes de contrabando y estructuras asociadas a Irán y Hezbolá tienden a superponerse (Irregular Warfare Center). El resultado es un ecosistema narco‑terrorista que opera en la sombra de la agenda política regional, erosionando la soberanía y la seguridad de los Estados (Irregular Warfare Center; Levitt).
Argentina, la AMIA y el caso Nisman
La historia de la penetración iraní en el Cono Sur no se entiende sin Buenos Aires ni sin el nombre de Alberto Nisman. Durante más de una década, este fiscal llevó sobre los hombros la causa AMIA, el atentado de 1994 contra la mutual judía que dejó 85 muertos y centenares de heridos en el centro de la capital argentina (Levitt). Para Nisman, la pista conducía con claridad a dirigentes iraníes y a la maquinaria operativa de Hezbolá; esa convicción lo llevó a impulsar órdenes de captura y a conseguir que INTERPOL emitiera notificaciones rojas contra altos exfuncionarios de Teherán, incluidos cuadros ligados a la Guardia Revolucionaria (Levitt; Irregular Warfare Center).
Lejos de acotar el problema al pasado, Nisman sostenía que el régimen iraní seguía operando en la sombra en Argentina, apoyado en redes políticas y económicas locales. En enero de 2015 presentó una denuncia de casi 300 páginas contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, a quienes acusó de encubrir la responsabilidad iraní en la AMIA mediante el Memorándum de Entendimiento firmado con Teherán en 2013 (Humire; Levitt). Según su interpretación, ese acuerdo no buscaba verdad ni justicia, sino desactivar las alertas de INTERPOL y abrir una vía de intercambio —granos argentinos por petróleo iraní— a costa de las víctimas del atentado (Humire).
El 18 de enero de 2015, la trama dio un giro brutal. Horas antes de comparecer ante el Congreso para explicar su acusación, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero, con un disparo en la cabeza (BBC). El gobierno de turno intentó imponer desde el primer momento la versión de un suicidio, pero las dudas se multiplicaron: contradicciones en la escena, peritajes enfrentados, presiones sobre el equipo investigador y una sociedad dividida entre quienes veían en Nisman a un fiscal valiente y quienes lo pintaban como pieza de una conspiración (BBC; IranWire).
Con el paso de los años, la narrativa oficial fue perdiendo peso. En 2017, un juez federal concluyó que Nisman había sido asesinado y ordenó tratar el expediente como homicidio vinculado a su trabajo en la UFI‑AMIA (BBC). En 2025, un dictamen de la fiscalía ratificó esa línea: el fiscal no se quitó la vida, sino que fue eliminado en el contexto de su denuncia sobre el Memorándum con Irán y el presunto encubrimiento de los responsables del atentado (IranWire; Buenos Aires Times).
El caso sigue abierto, pero los investigadores coinciden en que se trata de un crimen político cuya autoría intelectual aún no ha sido plenamente esclarecida.
Más allá de los detalles procesales, el caso Nisman se convirtió en un símbolo de lo que significa enfrentarse al pulpo iraní cuando sus intereses se entrelazan con élites locales. No se trata solo de coches bomba y atentados como el de la AMIA, sino también de la posibilidad real de que fiscales, jueces, periodistas o testigos paguen con su vida el intento de desarmar el entramado que une a Teherán, Hezbolá y actores políticos y económicos en América Latina (Levitt; Irregular Warfare Center).
Para cualquier Estado que se plantee investigar a fondo estas conexiones, la lección argentina es tan clara como incómoda: la lucha por la verdad y la justicia no se libra solo en los tribunales, sino también contra estructuras que no dudan en borrar del mapa a quien se atraviese en su camino.
Venezuela: del experimento de Chávez al salvavidas de Maduro
Venezuela es el caso más representativo de alianza estructural con Teherán en el hemisferio occidental. Bajo Hugo Chávez, el país pasó de ser un socio petrolero tradicional de Estados Unidos a convertirse en punta de lanza de un eje político que incluía a Irán, Rusia, Cuba y otros actores dispuestos a desafiar el orden liderado por Washington (Humire).
En nombre del “socialismo del siglo XXI” y del antiimperialismo, Caracas firmó decenas de acuerdos con Teherán en materia de petróleo, industria, banca, agricultura, vivienda, seguridad y defensa, muchos de ellos con poca transparencia y escaso control parlamentario (Humire). Para Irán, ese giro tuvo un valor incalculable: acceso privilegiado a infraestructura, empresas mixtas, bancos binacionales y un altavoz diplomático permanente dentro de América Latina (Humire).
Detrás de los discursos y las cadenas de radio y televisión, se fue construyendo una relación mucho más densa. Técnicos iraníes llegaron a Venezuela para proyectos industriales, funcionarios de la Guardia Revolucionaria se movieron bajo coberturas civiles, se abrieron rutas aéreas y comerciales poco escrutadas y surgieron empresas con nombres discretos pero vínculos estrechos con Teherán (Humire).
El país petrolero se convirtió, poco a poco, en laboratorio de cooperación asimétrica: Irán aportaba experiencia en evasión de sanciones, montaje de industrias bajo presión internacional y construcción de aparatos de seguridad interna; Venezuela ofrecía recursos naturales, posición geográfica estratégica y una elite política dispuesta a pagar el precio de esa alianza (Atlantic Council).
Con Nicolás Maduro, la relación dio un giro de necesidad. La caída de la producción petrolera, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y las sanciones internacionales dejaron a Caracas sin caja ni crédito, pero con la misma voluntad de mantenerse en el poder (Humire). En ese contexto, Irán pasó de ser un aliado ideológico a convertirse en salvavidas económico y logístico: envió gasolina cuando el país con las mayores reservas de crudo se quedó sin combustible; aportó repuestos, técnicos y barcos para rescatar refinerías paralizadas; facilitó esquemas de trueque de petróleo, oro y otros bienes a cambio de divisas o insumos críticos (Al Jazeera; Reuters).
El punto de inflexión visible fue el acuerdo de cooperación de veinte años firmado en Teherán en 2022, durante una visita de Maduro a la capital iraní (Al Jazeera; Reuters). El documento, presentado como un plan de “hermandad estratégica”, incluye capítulos en petróleo, petroquímica, reparación de refinerías, energía, agricultura, turismo, cultura y defensa, y consolida a Venezuela como una de las principales plataformas de proyección de Irán fuera de Medio Oriente (Al Jazeera; Humire).
Distintos análisis de seguridad sostienen que, a partir de ese momento, la presencia de equipos, asesores y tecnología iraní —en particular drones y sistemas asociados— en suelo venezolano se volvió más consistente, incluyendo entrenamiento a fuerzas armadas y la posibilidad de operar capacidades de guerra asimétrica desde el Caribe (Humire).
Venezuela post‑Maduro: transición controlada y riesgos latentes
La captura de Nicolás Maduro no significó por sí sola el fin del sistema que levantó durante más de una década. Su salida abrió un paréntesis político, pero quienes sostienen el poder real en Venezuela —altos mandos militares, viejos cuadros del PSUV, operadores económicos y servicios de inteligencia— siguen ahí, reorganizándose alrededor de una nueva figura: Delsy Rodríguez (NPR; BBC). La vicepresidenta de ayer es hoy presidenta interina, pero el andamiaje que la rodea se parece demasiado al que protegió al dictador: mismos generales, mismos gobernadores, mismos jefes policiales y muchos de los mismos empresarios que hicieron fortuna a la sombra del régimen (NPR; RUSI).
Desde el exterior, especialmente desde Washington y Bruselas, se habla de “transición” y “oportunidad histórica”, pero sobre el terreno los cambios son más modestos (CSIS; Le Monde). Rodríguez ha anunciado una ley de amnistía amplia para los hechos de violencia política desde 1999 y el cierre de El Helicoide como prisión, y ha ordenado la liberación de cientos de presos considerados políticos, medidas que organizaciones como Foro Penal saludan con cautela porque podrían, al mismo tiempo, abrir la puerta a la impunidad de responsables de torturas y persecución (Al Jazeera).
Son gestos que alivian el sufrimiento inmediato de muchos venezolanos, pero que también pueden funcionar como una especie de borrón y cuenta nueva para quienes participaron en la represión y en la construcción del narco‑Estado (NPR; RUSI). En el fondo, la actual jefa de Estado sabe que no gobierna sola. Necesita al alto mando militar que controla puertos, aeropuertos, minas y fronteras, y a los jefes regionales que dominan los circuitos de contrabando de combustible y alimentos (RUSI; NPR).
Sigue dependiendo de muchos de los mismos cuadros que hicieron posible los acuerdos opacos con Irán, Rusia, China y Turquía en los años más duros de las sanciones (Atlantic Council). Sin ese entramado, su gobierno podría desmoronarse en días (RUSI). Por eso, más que una ruptura, lo que se perfila es una transición administrada: se suelta algo de presión, se abren algunas válvulas, se cambia el tono del discurso, pero el corazón del sistema sigue latiendo (CSIS; RUSI).
Para Estados Unidos, la prioridad inmediata no es rehacer la democracia venezolana desde cero, sino evitar un vacío de poder que agrave la crisis migratoria, desate una guerra interna o abra aún más espacio a Rusia, China e Irán (RUSI; CSIS).
Los análisis del CSIS subrayan que la administración Trump ha puesto el énfasis en la “estabilidad” como objetivo número uno, por encima incluso de plazos concretos para elecciones, y que está dispuesta a trabajar con figuras que en otros contextos serían inaceptables mientras garanticen orden y control territorial (CSIS). En paralelo, la nueva interlocutora de Washington en Caracas se reúne con la enviada estadounidense Laura Dogu, discute una hoja de ruta de “estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición” y habla de reponer embajadores y relaciones diplomáticas plenas (Reuters; Le Monde). El riesgo es evidente: una vez más, la estabilidad corre el peligro de convertirse en sinónimo de impunidad (RUSI).
En ese escenario, el pulpo iraní tiene margen para adaptarse. Es posible que algunas figuras visibles desaparezcan de escena y que ciertos acuerdos se revisen o maquillen, pero las rutas de oro, la infraestructura montada en el Arco Minero, los contactos en PDVSA y las relaciones con empresas y bancos de terceros países no se deshacen de un día para otro (Atlantic Council; Humire).
Si el nuevo gobierno decide que lo importante es “mirar hacia adelante” sin revisar a fondo el pasado reciente, muchas de las conexiones construidas bajo Maduro seguirán operando, simplemente más discretas (RUSI; CSIS). Para la región, eso significa que el cambio de rostro en Miraflores no garantiza, por sí solo, que Venezuela deje de ser plataforma para redes criminales y actores aliados de Irán: todo dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder quienes, hasta ahora, siempre han mandado entre bambalinas (Irregular Warfare Center; Humire).
Pasaportes e identidades: la fábrica de infiltración
A la sombra de la alianza entre Caracas y Teherán se ha desarrollado una herramienta silenciosa pero decisiva: la manipulación del sistema de pasaportes e identidades. Una investigación de CNN documenta la emisión de pasaportes y documentos venezolanos a ciudadanos de Medio Oriente, algunos con presuntos vínculos con organizaciones extremistas, a través de consulados como el de Damasco (CNN).
Esos pasaportes funcionan como “llaves” que permiten ingresar sin visado a decenas de países y moverse con un nivel de sospecha muy inferior al que enfrentarían con documentos de sus estados de origen (CNN; Humire).
La combinación de identidades emitidas de forma irregular, economías ilícitas y cobertura política sugiere la existencia de un pipeline criminal‑terrorista con base en Caracas, diseñado para servir a aliados de Irán y Hezbolá. Este esquema incrementa el riesgo de infiltración y, al mismo tiempo, erosiona la confianza internacional en los sistemas de identificación y control fronterizo de los países implicados (Irregular Warfare Center; Humire). En una región con fronteras porosas y instituciones frágiles, un pasaporte venezolano concedido a la persona equivocada puede ser la diferencia entre un operativo detectado a tiempo y un ataque exitoso en cualquier ciudad del continente.
Organizaciones de narcotráfico aliadas del pulpo de Teherán
La convergencia entre las redes vinculadas a Irán y Hezbolá y el narcotráfico latinoamericano no es un ejercicio teórico, sino un hecho acreditado en expedientes judiciales y operaciones de seguridad. Uno de los casos más claros es el del libanés Ayman Saied Joumaa, acusado en el Distrito Este de Virginia por conspirar para enviar “decenas de miles de kilos” de cocaína desde Colombia y otros países hacia el cartel mexicano de Los Zetas y lavar cientos de millones de dólares en ganancias de droga (U.S. Attorney’s Office EDVA). De acuerdo con la acusación, Joumaa utilizó bancos y empresas de fachada para reciclar los fondos, y parte de estas operaciones estaba vinculada a redes asociadas a Hezbolá (U.S. Attorney’s Office EDVA; Levitt).
En esa trama, México ocupa un lugar central. Los documentos judiciales y la cobertura posterior describen cómo Joumaa articuló el envío de cargamentos de cocaína hacia Los Zetas, que controlaban las rutas hacia el mercado estadounidense, mientras las redes cercanas a Hezbolá aportaban canales de lavado internacional y contactos en el sistema financiero global (U.S. Attorney’s Office EDVA; ProPublica). Ese modelo permitió a la organización libanesa beneficiarse indirectamente del mercado de cocaína en Norteamérica, reforzando sus finanzas y su capacidad operativa (Levitt; Irregular Warfare Center).
En Colombia, varias investigaciones han mostrado cómo redes vinculadas a Hezbolá se insertaron en el negocio de la cocaína y el lavado de activos. Una de las más importantes fue la Operación Titán, una pesquisa conjunta de autoridades colombianas y estadounidenses que desmanteló una red de más de 130 personas dedicada a traficar cocaína y lavar dinero para carteles colombianos y, según los investigadores, canalizar parte de las ganancias hacia Hezbolá (Reuters; Los Angeles Times).
Entre los detenidos destacó el libanés Chekry Harb, alias “Talibán”, señalado como eje de una alianza “inusual y preocupante” entre narcotraficantes sudamericanos y militantes de Oriente Medio, que utilizaba rutas a través de Panamá, Venezuela, Guatemala, el Medio Oriente y Europa, y pagaba un porcentaje de las utilidades a la organización libanesa (Los Angeles Times; Seattle Times).
Otro caso relevante es el del libanés Mohammad Ahmad Ammar, residente en Medellín, acusado de lavar dinero de cocaína procedente de carteles colombianos a través de bancos en Miami y Emiratos Árabes Unidos mientras se jactaba de sus vínculos con Hezbolá (Levitt). La investigación, vinculada a los esfuerzos de la DEA en el marco de las operaciones contra la red financiera de Hezbolá, documentó cómo Ammar movió cientos de miles de dólares por encargo de supuestos narcotraficantes colombianos, en realidad informantes federales, utilizando empresas pantalla y sistemas financieros en Dubái, y presumía trabajar con la Oficina de Envigado, heredera del cartel de Medellín (Levitt; Irregular Warfare Center).
Aunque se trate de causas dispersas y no siempre cristalicen en grandes macrojuicios, juntas delinean un patrón: células y facilitadores asociados a Hezbolá que se acoplan a estructuras colombianas ya existentes para ofrecer servicios de lavado global y, a cambio, canalizar una porción de las ganancias hacia la organización (Irregular Warfare Center; Levitt).
La magnitud de estas actividades fue tal que Joumaa llegó a demandar al Departamento del Tesoro en el caso civil Joumaa v. Mnuchin, intentando revertir su designación bajo la Ley Kingpin (U.S. Attorney’s Office EDVA). En paralelo, el Tesoro identificó al Lebanese Canadian Bank como “primary money laundering concern” por facilitar el lavado de cientos de millones de dólares para redes de narcotráfico vinculadas a Joumaa y a Hezbolá (U.S. Department of the Treasury; U.S. Attorney’s Office EDVA).
En el ámbito venezolano, la intersección entre chavismo, el llamado Cartel de los Soles y redes proiraníes se refleja en procesos como United States v. Adel El Zabayar, en el Distrito Sur de Nueva York. La acusación presenta al exdiputado venezolano de origen sirio como parte de una conspiración de narcoterrorismo que integraba a disidencias de las FARC, carteles mexicanos, Irán, Hezbolá y Hamás, con el objetivo de “inundar” de cocaína el mercado estadounidense (Humire). El expediente describe negociaciones de “armas por cocaína” y esfuerzos para reclutar militantes de Hezbolá y Hamás para posibles ataques contra intereses de Estados Unidos (Humire; Levitt).
Otro caso emblemático es United States v. Hugo Armando Carvajal‑Barrios, el exjefe de inteligencia militar venezolano conocido como “El Pollo Carvajal”. La acusación lo presenta como integrante del Cartel de los Soles y sostiene que altos mandos militares venezolanos coordinaron cargamentos de miles de kilos de cocaína hacia México y otros destinos, en alianza con las FARC y organizaciones criminales mexicanas (Humire). Aunque el expediente no se limita a la dimensión iraní, encaja en un patrón donde estructuras estatales venezolanas facilitan el uso del territorio y de infraestructuras clave por parte de redes criminales y, de forma indirecta, de actores vinculados a Irán y Hezbolá (Humire; Levitt).
Estos casos ilustran por qué la alianza entre el pulpo de Teherán y el narcotráfico latinoamericano no puede abordarse como dos problemas separados. Los carteles aportan rutas, sicarios, protección armada y grandes flujos de dinero; las redes asociadas a Irán y Hezbolá aportan canales de lavado global, acceso a bancos y empresas en varios continentes y, en ocasiones, cobertura política proporcionada por regímenes aliados como el venezolano (Irregular Warfare Center; Levitt). En la práctica, el narcotráfico se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las operaciones iraníes en el hemisferio occidental y refuerza la necesidad de enfrentar terrorismo y crimen organizado como dos caras de la misma amenaza (Irregular Warfare Center; Atlantic Council).
La estrategia del Presidente Trump: del primer al segundo mandato
En su primer mandato, el Presidente Donald Trump rompió con el enfoque de contención limitada y apostó por una estrategia de “máxima presión” destinada a asfixiar al régimen iraní en lo económico, diplomático y militar. La retirada del acuerdo nuclear (JCPOA) en 2018 y el restablecimiento de sanciones amplias sobre el sector petrolero, bancario y naviero buscaban cortar las fuentes de divisas que alimentaban al IRGC y a sus proxies (Council on Foreign Relations). A partir de ahí, Washington designó a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista extranjera, endureció sanciones contra bancos y empresas pantalla que operaban con Hezbolá y presionó a aliados para que redujeran sus lazos con Teherán (Council on Foreign Relations; Atlantic Council).
La operación que terminó con la vida de Qassem Soleimani en enero de 2020, mediante un ataque con drones en Bagdad, fue una señal de que los arquitectos de la red de proxies podían convertirse en objetivos directos si seguían planificando ataques contra fuerzas o aliados de Estados Unidos (Atlantic Council). Al mismo tiempo, se reactivaron esfuerzos para golpear las redes globales de financiamiento de Hezbolá, incluidos los esquemas de narcotráfico y lavado que cruzan América Latina (Levitt; Irregular Warfare Center).
En la región, la administración Trump promovió que países como Argentina, Paraguay y Colombia designaran a Hezbolá como organización terrorista y reforzó la presión sobre Venezuela como santuario de redes asociadas al IRGC, al Cartel de los Soles y a Hezbolá, mediante sanciones contra figuras del régimen y empresas estatales involucradas en esquemas de oro y petróleo (Atlantic Council; Humire).
En su segundo mandato, iniciado en 2025, el
Presente Trump ha retomado explícitamente la bandera de la “máxima presión” y la ha vinculado a una agenda de seguridad hemisférica centrada en carteles y redes transnacionales. La Casa Blanca ha anunciado la restauración formal de esa política con el objetivo declarado de “estrangular” las fuentes de financiación del régimen iraní y frenar sus programas nucleares y de misiles (Council on Foreign Relations). La decisión vino acompañada de nuevas sanciones contra entidades ligadas al IRGC y a Hezbolá, incluidas casas de cambio, bancos y empresas fachada en varias regiones del mundo (Atlantic Council).
En paralelo, el gobierno ha promovido una narrativa que coloca en un mismo cuadro a carteles latinoamericanos y organizaciones terroristas transnacionales, y ha impulsado la creación de coaliciones regionales para “erradicar” a los carteles. Esta línea endurece la presión sobre las estructuras criminales que sirven de soporte económico al pulpo iraní, pero también abre debates sobre el riesgo de militarizar aún más la lucha contra el crimen organizado y de generar tensiones con gobiernos reacios a operaciones unilaterales en su territorio (Irregular Warfare Center; Atlantic Council).
La nueva guerra abierta contra Irán
La fase actual del conflicto entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán marca un salto cualitativo respecto a la guerra en la sombra de décadas anteriores. Desde finales de febrero de 2026, una campaña de ataques combinados ha golpeado por primera vez de forma masiva el territorio iraní, alcanzando centros de mando del IRGC, instalaciones militares, nodos de defensa aérea y objetivos vinculados al programa de misiles. Las cifras preliminares hablan de más de un millar de muertos y miles de heridos en cuestión de días, con oleadas de desplazados huyendo de ciudades clave bajo fuego (Al Jazeera; Reuters).
Uno de los golpes más simbólicos ha sido la muerte del líder supremo Ali Jameneí, confirmada por fuentes oficiales iraníes y difundida por medios internacionales. Junto a él habrían caído altos mandos de la Guardia Revolucionaria y figuras clave de la arquitectura de seguridad del régimen, lo que resquebraja la imagen de invulnerabilidad que Teherán había cultivado durante décadas (Al Jazeera; BBC). Desde la perspectiva de Washington y Jerusalén, la operación busca desmantelar el aparato de seguridad iraní y degradar su capacidad de proyectar fuerza mediante misiles y proxies, incluida la red de milicias y organizaciones terroristas que operan en la región (Atlantic Council).
Irán ha respondido con lanzamientos masivos de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y objetivos en países vecinos, elevando el riesgo de una escalada regional aún mayor. Aunque muchas de estas amenazas han sido interceptadas por sistemas de defensa aérea, algunos proyectiles han impactado infraestructuras militares y civiles, dejando víctimas en ambos bandos y daños colaterales en terceros países (Al Jazeera; Reuters). La confrontación ya no se limita a ataques selectivos o sabotajes encubiertos, sino que se libra a gran escala, con un teatro de operaciones que abarca instalaciones nucleares, bases aéreas, puertos y ciudades enteras.
En el plano político, el Presidente Trump ha endurecido su discurso, exigiendo la rendición del régimen iraní y presentando la campaña como un paso necesario para impedir que Teherán consolide capacidades nucleares y de misiles de largo alcance (Council on Foreign Relations). La narrativa oficial insiste en que permitir que Irán llegue a la bomba sería intolerable para la seguridad internacional y que golpear ahora al régimen es la forma de evitar una guerra futura aún más devastadora.
Para el pulpo iraní en América Latina, esta guerra tiene un doble efecto. Por un lado, la muerte de figuras clave y el daño a la infraestructura de mando obligan a Teherán a reordenar prioridades y concentrar recursos en la defensa del territorio y en la estabilidad interna. Por otro, la presión militar y económica aumenta su dependencia de redes de apoyo y financiamiento en áreas donde la presencia de Estados Unidos es menos directa, como América Latina.
Cuanto más se cierren los espacios en su entorno inmediato, más valiosos se vuelven para el régimen los flujos de cocaína, oro, combustibles, efectivo y documentos que se mueven a través de países como Venezuela y México (Irregular Warfare Center; Humire).
Medidas mínimas para frenar el pulpo de Teherán
Enfrentar este entramado exige algo más que comunicados y gestos simbólicos.
Como mínimo, es necesario: designar a Hezbolá en su conjunto como organización terrorista y actualizar las listas nacionales y regionales para incluir estructuras vinculadas al IRGC; reforzar las unidades de inteligencia financiera y cruzar sistemáticamente información sobre empresas de fachada, casas de cambio y fundaciones sospechosas; auditar sistemas de pasaportes y registros civiles para detectar redes de emisión irregular de documentos; y cooperar con países aliados para identificar rutas de infiltración (Irregular Warfare Center; Atlantic Council; CNN).
Sin cooperación efectiva, los tentáculos del pulpo iraní seguirán moviéndose de un país a otro, aprovechando cada fisura legal, política y económica (Irregular Warfare Center; Levitt).
Conclusión: quién escribe realmente la ley en América Latina
Llegados a este punto, la pregunta ya no es si Irán y sus proxies están presentes en América Latina, sino quién escribe realmente la ley en vastas zonas del continente. Cada acuerdo de cooperación firmado entre Caracas y Teherán, cada gramo de oro extraído del Arco Minero, cada pasaporte emitido de forma irregular y cada buque que apaga su transpondedor para violar sanciones son capítulos de un mismo libreto: la consolidación de un orden paralelo donde mandan el dinero ilícito, la violencia delegada y la impunidad garantizada (Humire; CNN).
Los atentados de Buenos Aires, las operaciones encubiertas en Medio Oriente, las redes de narcotráfico que mezclan cocaína latinoamericana con canales financieros asociados a Hezbolá y la explotación criminal del oro y del petróleo venezolano no son historias separadas, sino eslabones de una sola cadena (Levitt; Humire).
Esa cadena pasa hoy por la Triple Frontera, por los puertos del Caribe, por las selvas mineras de Guayana, por los corredores de la cocaína que cruzan México y por los despachos donde se firman acuerdos que nunca verán la luz en los diarios oficiales (Irregular Warfare Center; Atlantic Council).
Si los Estados democráticos de la región no reaccionan con coordinación, inteligencia compartida y fortalecimiento institucional, el vacío lo seguirán llenando otros: generales de la Guardia Revolucionaria, jefes de carteles, operadores financieros transnacionales y políticos dispuestos a vender su soberanía a cambio de protección y permanencia en el poder (Atlantic Council; Humire).
En ese escenario, la ley deja de ser expresión de la voluntad ciudadana para convertirse en un arma al servicio de quienes controlan los tentáculos del pulpo iraní y sus socios locales (Irregular Warfare Center).
Defender el Estado de derecho, la integridad territorial y la seguridad cotidiana del ciudadano exige entender que el terrorismo patrocinado por Irán, el narcotráfico latinoamericano y la economía ilícita del oro y del petróleo forman parte de una misma amenaza estratégica (Humire; Irregular Warfare Center).
O los gobiernos de la región asumen esta realidad y actúan en consecuencia, designando a los actores involucrados, cerrando rutas, limpiando instituciones, protegiendo a jueces y fiscales, o serán los aliados de Teherán, desde Caracas hasta la Triple Frontera, quienes sigan dictando quién prospera, quién calla y quién muere en nuestra América (Atlantic Council; Levitt).
Referencias
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-42491527[bbc]
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https://www.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation[cnn]
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https://www.cfr.org/backgrounder/maximum-pressure-trump-iran[washingtoninstitute]
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Humire, Joseph. Informes y análisis sobre la penetración iraní en América Latina y Venezuela. Center for a Secure Free Society.
(Recopilación de artículos; ver, por ejemplo:) https://www.securefreesociety.org[irregularwarfarecenter]
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Levitt, Matthew. “Iran and Hezbollah Remain Hyperactive in Latin America.” The Washington Institute, 10 Aug. 2016.
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Reuters. “Venezuela and Iran Sign 20‑Year Cooperation Plan.” Reuters, 2022.
(Nota: URL genérica de archivo; puede variar por edición local.)[reuters]
RUSI. “The US Commits to Venezuela’s Transition. Can It Succeed?” Royal United Services Institute, 4 Jan. 2026.
Seattle Times. “Colombia Drug Ring May Link to Hezbollah.” The Seattle Times, 24 Oct. 2008.
https://www.seattletimes.com/nation-world/colombia-drug-ring-may-link-to-hezbollah/[seattletimes]
U.S. Attorney’s Office, Eastern District of Virginia. “Ayman Joumaa Indicted for International Cocaine Trafficking and Money Laundering.” USAO EDVA.
https://www.justice.gov/archive/usao/vae/news/2011/12/20111213joumaanr.html (o versión PDF con el indictment).[justice]
U.S. Department of the Treasury. “Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank SAL as a Primary Money Laundering Concern.” U.S. Treasury Press Center.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1057[treasury]
Wilson Center. “The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and Iran’s Foreign Policy.” Wilson Center.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un
oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, Ex militar del Ejército de
Estados Unidos asi como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations &
Security Services Inc.,, una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con
proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de
narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la
defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos
internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del
Norte. Europa y América
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