Kicillof, Milei y Caputo, ante el fallo por YPF que sacude la política y la economía argentina.
Un fallo de la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sacudió en las últimas horas el tablero político y económico argentino: el Estado deberá transferir el 51 % de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. El monto en juego asciende a USD 16.100 millones, y la orden ejecutoria da apenas 14 días para concretar la entrega.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino, bajo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, expropió el 51 % de YPF que estaba en manos de Repsol. El problema: no se hizo la oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, tal como establecía el estatuto de la petrolera. Esa omisión, avalada en su momento por Kicillof, es la base legal sobre la que la jueza Preska construyó la condena.
La medida ordena que el paquete accionario –las acciones Clase D en manos del Estado– se deposite en una cuenta del banco BNY Mellon. La jueza incluso le recordó al Gobierno que tiene opciones para cumplir: conseguir dos tercios del Congreso, modificar la ley o negociar un acuerdo. Pero dejó claro que la obligación no desaparece.
Mientras tanto, los mercados reaccionaron con fuerza. Las acciones de YPF cayeron un 8 % en Wall Street y más del 5 % en Buenos Aires. El Merval retrocedió 3 % y los bonos argentinos volvieron al terreno negativo. Analistas locales alertan sobre un posible aumento del riesgo país y un posible efecto contagio en otros activos públicos.
El Gobierno ya anticipó que apelará el fallo ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, aunque hasta ahora no presentó garantías ni propuestas formales. Se baraja incluso la posibilidad de negociar un plan de pagos para evitar el traspaso inmediato.
Del otro lado, la figura de Axel Kicillof quedó nuevamente en el centro del huracán. Su frase de 2012, “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF”.
La situación escala rápido y puede marcar un antes y un después en la relación de Argentina con la justicia de EE.UU. y los fondos de inversión internacionales. Con juicios aún abiertos por la deuda en default de 2001, y empresas públicas expuestas, el fallo sienta un precedente de alto voltaje.
“YPF no se vende”, gritaban algunos militantes. Pero esta vez, el grito suena más a nostalgia que a defensa. Porque si no hay reacción legal rápida, el petróleo argentino podría quedar en manos extranjeras… por culpa de los errores de siempre.
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