Presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el inicio de una nueva arquitectura global de cooperación antiterrorista, la iniciativa contra la extrema izquierda aspira a identificar, perseguir y desarticular redes revolucionarias, anarquistas y antifascistas consideradas violentas. Sin embargo, también ha abierto un intenso debate acerca de los límites conceptuales del terrorismo, el riesgo de criminalizar la disidencia política y la posibilidad de que Estados Unidos esté inaugurando una nueva etapa de confrontación ideológica cuya lógica recuerda, para numerosos especialistas, algunos de los rasgos más inquietantes del macartismo.
Durante décadas, la agenda internacional de Washington estuvo dominada por amenazas claramente identificables. Primero fue la confrontación bipolar con la Unión Soviética; posteriormente, el terrorismo islamista monopolizó la atención de las agencias de inteligencia y de los organismos encargados de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, la Administración Trump sostiene que una amenaza diferente, largamente ignorada, ha vuelto a adquirir dimensiones transnacionales: el terrorismo político inspirado en ideologías revolucionarias de izquierda.
En el discurso inaugural de la reunión ministerial celebrada en el Departamento de Estado, Marco Rubio afirmó que la violencia revolucionaria de inspiración marxista, comunista, anarquista o antifascista nunca desapareció completamente y que actualmente experimenta un proceso de reorganización internacional. Según el secretario de Estado, los ataques contra infraestructuras críticas, laboratorios, redes eléctricas, oleoductos y otros objetivos estratégicos formarían parte de una renovada ofensiva contra las democracias occidentales.
La reunión reunió a delegaciones de alrededor de sesenta y siete países —principalmente europeos, aunque también americanos y asiáticos—, si bien en numerosos casos las representaciones estuvieron encabezadas por embajadores o funcionarios técnicos y no por ministros de Relaciones Exteriores. Israel fue el único país de Oriente Medio presente oficialmente.
Más allá del contenido operativo de la iniciativa, el verdadero alcance del encuentro reside en el cambio doctrinal que supone. Rubio planteó la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional del contraterrorismo mediante un intercambio intensivo de inteligencia, cooperación judicial, rastreo financiero y coordinación policial para identificar redes que, según Washington, han escapado durante décadas al escrutinio internacional.
Sin embargo, apenas pronunciadas las primeras intervenciones oficiales comenzaron también las críticas. Numerosos exfuncionarios del propio Departamento de Estado, especialistas en contraterrorismo y académicos cuestionaron tanto el diagnóstico como las prioridades establecidas por la nueva estrategia. Para ellos, el terrorismo de extrema izquierda existe, pero su magnitud actual dista considerablemente de representar la principal amenaza para la seguridad occidental, especialmente si se compara con el extremismo yihadista o con diversas formas de violencia de extrema derecha.
Ese debate remite a una cuestión extraordinariamente compleja: ¿qué debe entenderse exactamente por “extrema izquierda violenta”?
La dificultad no es menor. En la práctica conviven bajo esa denominación organizaciones históricas claramente terroristas —como Sendero Luminoso, las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, Weather Underground o las antiguas organizaciones guerrilleras latinoamericanas— con colectivos anarquistas, movimientos antifascistas descentralizados, grupos antisistema, organizaciones de acción directa e incluso activistas cuya actuación se limita a protestas radicalizadas pero protegidas por el derecho constitucional de manifestación.
El propio caso de Antifa ilustra esa ambigüedad. Diversos organismos estadounidenses, incluido el FBI durante el primer mandato de Trump, señalaron reiteradamente que Antifa constituye más una corriente ideológica o un conjunto descentralizado de colectivos que una organización jerárquica dotada de una estructura de mando identificable. Esa característica plantea enormes desafíos jurídicos cuando se pretende aplicar categorías propias del terrorismo internacional a un fenómeno extremadamente difuso.
Precisamente allí aparece uno de los principales temores expresados por juristas y organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles. La ausencia de una definición objetiva y universalmente aceptada de “extrema izquierda violenta” puede terminar ampliando peligrosamente el margen de discrecionalidad del poder político.
La historia ofrece abundantes ejemplos de cómo categorías inicialmente diseñadas para combatir organizaciones armadas acabaron utilizándose para perseguir adversarios ideológicos, movimientos sindicales, organizaciones estudiantiles o simples opositores políticos.
Es inevitable, en ese contexto, que resurja la comparación con el macartismo.
Durante los primeros años de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy convirtió la sospecha de simpatías comunistas en un instrumento político de enorme eficacia. Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, despedidos o marginados profesionalmente sin pruebas concluyentes de haber cometido delito alguno. Bastaba la sospecha de afinidad ideológica para desencadenar procesos administrativos, investigaciones parlamentarias o campañas públicas de descrédito.
Naturalmente, las circunstancias actuales son muy diferentes. Nadie sostiene que Estados Unidos haya regresado mecánicamente a la década de 1950. Sin embargo, varios especialistas advierten que ciertas dinámicas discursivas —la identificación de amplios sectores ideológicos como amenazas potenciales para la seguridad nacional, la ampliación del concepto de terrorismo y la utilización de categorías políticas poco precisas— recuerdan algunos de aquellos mecanismos históricos.
La propia cobertura periodística estadounidense recoge las preocupaciones expresadas por antiguos responsables del área de contraterrorismo, quienes consideran que la amenaza está siendo amplificada y politizada, mientras otras formas de extremismo continúan representando riesgos objetivamente mayores.
Existe, sin embargo, otro aspecto del discurso de Rubio que difícilmente pueda descartarse como mera retórica política.
El secretario de Estado dedicó una parte significativa de su intervención al papel desempeñado históricamente por Cuba en la formación y apoyo de numerosos movimientos insurgentes latinoamericanos durante la Guerra Fría. Recordó expresamente el entrenamiento proporcionado por el régimen de Fidel Castro a miles de guerrilleros procedentes de distintos países del continente y sostuvo que la red política e ideológica construida desde La Habana contribuyó decisivamente al desarrollo de organizaciones revolucionarias en América y otras regiones.
Sobre este punto, la evidencia histórica es considerable. Desde comienzos de los años sesenta, Cuba impulsó una política activa de apoyo a movimientos revolucionarios en América Latina y África. La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), las actividades del Departamento América del Partido Comunista Cubano y el entrenamiento militar impartido a cuadros insurgentes fueron ampliamente documentados tanto por investigaciones académicas como por archivos desclasificados.
Las guerrillas colombianas, organizaciones centroamericanas, movimientos revolucionarios del Cono Sur y diversas experiencias insurgentes recibieron, en distintos momentos y con diferente intensidad, respaldo político, entrenamiento o asistencia desde La Habana. Esa política constituyó uno de los principales factores de tensión hemisférica durante décadas.
Paradójicamente, Washington parece reconocer ahora, con una contundencia institucional inédita, una realidad histórica cuya importancia fue objeto de intensos debates durante buena parte del siglo XX. Para muchos observadores, ese reconocimiento llega cuando el escenario latinoamericano ha cambiado profundamente y las antiguas guerrillas han desaparecido, se han transformado en partidos políticos o han evolucionado hacia fenómenos de naturaleza distinta.
Las implicaciones diplomáticas de la nueva estrategia aún están por definirse. América Latina presenta hoy un mosaico político extraordinariamente diverso, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que mantienen relaciones normales con Washington.
En ese contexto, inevitablemente surgirán interrogantes sobre cómo influirá esta nueva doctrina en la relación de Estados Unidos con administraciones como las de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México. Ambos gobiernos mantienen posiciones políticas claramente diferenciadas de la actual Administración estadounidense en numerosos asuntos internacionales y han sostenido relaciones diplomáticas con gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un respaldo a organizaciones violentas. La forma en que Washington delimite esa diferencia será determinante para evitar que una estrategia antiterrorista derive en una fuente permanente de fricciones diplomáticas.
Otro tanto ocurre con Venezuela. Durante los últimos años, la política estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha alternado sanciones económicas, reconocimiento de dirigentes opositores y negociaciones puntuales destinadas, entre otros objetivos, a facilitar intercambios humanitarios, procesos electorales o cuestiones energéticas. En ese marco se han producido contactos con altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros del círculo dirigente. Tales contactos han sido interpretados por algunos sectores como una muestra de pragmatismo diplomático y por otros como una señal de flexibilización. La nueva estrategia obligará previsiblemente a Washington a explicar cómo concilia esas negociaciones con una doctrina que enfatiza el combate global contra organizaciones y redes consideradas violentas.
Más allá de América Latina, la iniciativa impulsada por Rubio refleja un fenómeno de mayor alcance: la creciente tendencia de las democracias occidentales a ampliar el concepto de seguridad nacional para abarcar amenazas híbridas, redes descentralizadas, campañas de sabotaje, radicalización digital y nuevas formas de violencia política que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales del terrorismo.
Ese proceso plantea desafíos considerables. Combatir eficazmente a quienes recurren a la violencia política constituye una obligación indeclinable de cualquier Estado democrático. Pero preservar simultáneamente las libertades civiles exige definiciones precisas, estándares probatorios rigurosos y mecanismos institucionales capaces de distinguir con claridad entre terrorismo, violencia organizada, protesta radical y oposición política legítima.
La historia enseña que las democracias suelen enfrentarse a sus pruebas más difíciles precisamente cuando intentan defenderse de quienes buscan destruirlas. El éxito de la nueva estrategia estadounidense no dependerá únicamente de su capacidad para desarticular redes violentas. También será juzgado por su aptitud para evitar que la legítima lucha contra el terrorismo termine erosionando aquellos principios constitucionales y democráticos cuya protección constituye, en última instancia, la razón de ser de cualquier política de seguridad.
Adalberto Agozino es Doctor en Ciencia Política, Analista Internacional y Docente de la Universidad de Buenos Aires
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