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América Latina vista desde la Asamblea General de Naciones Unidas (Adalberto Agozino)

Por Poder & Dinero

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Los discursos de Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), José Manuel Restrepo en representación de Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Keiko Fujimori (Perú), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador) no constituyen un manifiesto único. Sin embargo, revelan convergencias suficientemente densas como para esbozar un perfil ideológico compartido, un alineamiento internacional reconocible y un diagnóstico común de los problemas que estos gobiernos consideran existenciales. Frente a ellos se perfila, con otra gramática, el polo que agrupa a México, Brasil y Uruguay, en distinto grado vinculado a Cuba y Nicaragua.

La coincidencia más nítida es la securitización de la política exterior. En casi todos estos discursos la seguridad deja de ser un asunto de policía interna y se presenta como un fenómeno transnacional que exige coordinación hemisférica. Ecuador describe redes de narcotráfico, minería ilegal, trata y lavado; Colombia reclama una arquitectura internacional contra el narcotráfico y una definición común de terrorismo; Bolivia incorpora el “narcoterrorismo” a su diagnóstico; Chile habla de crimen organizado que desborda fronteras; Perú, en la primera intervención de Fujimori ante la Asamblea, equipara a las organizaciones criminales con grupos terroristas y reivindica la experiencia peruana contra Sendero Luminoso como precedente de una guerra de nuevo tipo; El Salvador, con Bukele, insiste en que la recuperación del monopolio de la violencia por parte del Estado es la condición previa de cualquier desarrollo. Argentina y Paraguay se inscriben en la misma lógica. El dato institucional que da consistencia a esa retórica es la adhesión de estos países —con distintos calendarios— al Escudo de las Américas, el mecanismo de coordinación impulsado por Washington para el intercambio de información y la persecución de organizaciones criminales. No se trata solo de analogías verbales: hay una estructura de cooperación que los vincula entre sí y con Estados Unidos.

Ese eje de seguridad se articula con una segunda convergencia: la defensa de una economía abierta a la inversión, la propiedad y la seguridad jurídica. Paz contrapone el “capitalismo para todos” al ciclo asociado a Evo Morales y Hugo Chávez; Milei radicaliza la defensa del capitalismo de libre empresa y la crítica al intervencionismo regulatorio, incluso en materia tecnológica; Kast ofrece a los inversores reglas estables y contratos respetados; Peña insiste en que la prosperidad depende de instituciones predecibles y mercados abiertos; Fujimori y Noboa combinan apertura económica con prioridad securitaria; Bukele presenta la pacificación del territorio como el activo que permite el retorno de capitales y de emigrantes. Los recursos estratégicos —litio, cobre, hidrocarburos, energía— dejan de ser solo emblemas de soberanía extractiva y pasan a concebirse como activos geopolíticos para atraer inversiones, tecnología y alianzas. La inteligencia artificial aparece, según el caso, como motor de crecimiento, amenaza criminal o ámbito que no debe ser sofocado por una regulación preventiva.

De esos dos pilares —seguridad hemisférica y liberalismo económico— se desprende un perfil ideológico que no es idéntico en todos, pero sí reconocible. Se trata de una derecha o centroderecha contemporánea que combina liberalismo de mercado, conservadurismo político o cultural en dosis variables, nacionalismo soberanista y una concepción de la democracia como contrapeso al autoritarismo. Fujimori introduce con más claridad que otros el componente cultural: la crítica a “agendas” internacionales que habrían debilitado la familia y polarizado las sociedades. Milei ocupa el extremo libertario y anti-burocrático. Kast y Peña son más institucionalistas. Paz representa la ruptura más dramática con el ciclo anterior en Bolivia. Noboa, Restrepo y Bukele privilegian el Estado fuerte en materia de orden público. Ninguno de ellos propone un aislamiento. Todos aceptan la cooperación internacional siempre que refuerce, y no limite, la capacidad de decisión nacional. El concepto que mejor resume esa síntesis es el de un multilateralismo soberanista: reformar Naciones Unidas para hacerla más eficaz, menos burocrática y más atenta a las prioridades de los Estados, no para disolverla.

Los alineamientos internacionales se deducen con claridad. Estados Unidos aparece como el principal socio estratégico, especialmente en seguridad, inteligencia y, en varios casos, inversión. Milei declara a Argentina “inequívocamente alineada” con Occidente, Washington e Israel. Paraguay profundiza una relación ya estrecha con Estados Unidos y Taiwán. Ecuador y El Salvador han construido vínculos densos en materia de lucha contra el crimen. Chile y Bolivia, pese a tradiciones diplomáticas distintas, se incorporan al mismo dispositivo hemisférico. Colombia marca un giro respecto del periodo precedente. Israel figura de manera explícita en el discurso argentino y, de forma más discreta, en la afinidad occidental del conjunto. China, Rusia, Irán y Venezuela son mirados con una cautela muy superior a la de la ola de gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Los problemas que todos enfrentan, y que recorren los textos, son el crimen transnacional, la debilidad o captura de instituciones, la necesidad de atraer capital en un entorno de competencia global por minerales críticos y tecnología, y la percepción de que el sistema de Naciones Unidas, diseñado en 1945, responde con lentitud a crisis contemporáneas. A ello se suma, en varios países, la tensión entre soberanía y presión externa, y la reclamación de que la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral, sino que sea condición de inserción internacional y de libertad económica. En el caso argentino reaparece la cuestión de las Malvinas; en el paraguayo, Taiwán; en el peruano y salvadoreño, la memoria de la lucha antiterrorista o antimafias como fuente de legitimidad.

América Latina, vista desde esta Asamblea, no aparece como un bloque ni como un simple “giro a la derecha”. Aparece dividida en dos modelos enfrentados, con un espacio intermedio que complica cualquier dicotomía perfecta. De un lado, el polo liberal-conservador aliado de Estados Unidos e Israel, cuya expresión institucional más visible es el Escudo de las Américas y cuyo lenguaje común es el de la seguridad, el mercado y la reforma restrictiva o eficientista de la ONU. Del otro, los herederos —en sentido amplio y no uniforme— del ciclo del Socialismo del Siglo XXI y de una tradición soberanista crítica de la hegemonía estadounidense: México, Brasil y Uruguay, que se vinculan en distinto grado con Cuba y Nicaragua. Lula da Silva formula la tesis de que Brasil no cabe en el patio trasero de ninguna potencia y defiende un multilateralismo de autonomía estratégica. Yamandú Orsi encarna una socialdemocracia internacionalista que rechaza tanto la confrontación permanente como la subordinación. México, representado por su canciller, insiste en la no intervención y el derecho internacional, en un contexto de acusaciones estadounidenses sobre los cárteles. Cuba y Nicaragua radicalizan esa crítica hasta el antiimperialismo y la defensa explícita del socialismo.

La paradoja, subrayada por los propios discursos del primer grupo, es que reivindican a la vez más soberanía nacional y más cooperación internacional; un Estado más fuerte en seguridad y una economía más abierta; una ONU que no desaparezca, pero que deje de imponer agendas internas. Esa combinación —y no una identidad ideológica monolítica— es lo que permite hablar de una comunidad de convergencia estratégica. No hay aún un bloque comparable al Mercosur ni una alianza militar formal. Hay, sí, una redistribución de las preferencias sobre el orden internacional. Las mismas palabras —soberanía, democracia, multilateralismo, desarrollo— circulan por ambos polos con significados  políticos distintos. Esa disputa semántica, más que cualquier recuento de votos en el hemiciclo de Nueva York, es el dato más revelador de la América Latina que emerge en 2026.

Adalberto Agozino es Doctor en Ciencia Política, Analista Internacional y Docente de la Universidad de Buenos Aires

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