En una sesión clave, Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, mantuvo en pie el del aumento a jubilados y aprobó la distribución automática de los ATN a las provincias. Más que una pulseada política, fue un recordatorio de que el Congreso tiene un rol central: poner límites, garantizar derechos y defender la institucionalidad frente a los excesos del Ejecutivo.
La sesión de este miércoles dejó claro que, pese a la narrativa de confrontación permanente, el Congreso no está pintado. Hubo una jornada extensa, cargada de tensión, pero con un resultado concreto: los diputados pusieron límites al Ejecutivo y demostraron que el equilibrio de poderes sigue vivo.
El rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad no es un detalle menor. Con 172 votos a favor, la mayoría sostuvo que el Estado no puede mirar para otro lado cuando se trata de garantizar derechos básicos. La discapacidad no es una estadística ni un gasto: son personas con necesidades concretas, familias que esperan respuestas y un sistema que hace rato viene desfinanciado. El intento de desactivar esa ley con un veto presidencial fue un error político y humano, y el Congreso lo corrigió.
Distinta fue la suerte del aumento a los jubilados. No se alcanzaron los dos tercios para revertir el veto y quedó en pie la decisión del Ejecutivo. Ahí asoma un dilema de fondo: ¿de verdad un país que dice priorizar el “orden fiscal” puede hacerlo recortando en los sectores más vulnerables? La discusión no debería ser técnica, sino ética. Y si no se avanza en un esquema justo para los jubilados, ese vacío político lo va a llenar el descontento social.
Pero lo más interesante fue lo que pasó con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La aprobación de la ley que obliga a distribuirlos automáticamente entre las provincias es un cambio silencioso pero profundo. Se acabó al menos en los papeles la discrecionalidad del Ejecutivo para premiar o castigar gobernadores. Y eso es un triunfo de la democracia federal. Que los recursos se repartan por criterios objetivos y no por simpatías políticas es, en esencia, lo que siempre defendimos quienes creemos en un país más equilibrado.
En definitiva, la sesión dejó un mensaje claro: el Congreso no es un sello de goma. Cuando la Casa Rosada intenta gobernar a fuerza de decretos, vetos o pulseadas, se encuentra con un límite que no es ideológico, sino republicano. Y ahí aparece algo esencial, como apostar al consenso, al respeto por la Constitución, a la idea de que ningún presidente, ni éste ni los que vengan puede llevarse por delante a la sociedad.
Lo que vimos no es una pelea aislada. Es parte de una discusión más grande sobre cómo queremos que funcione la democracia. Porque gobernar no es imponer un plan a cualquier costo: es construir mayorías, aceptar límites y entender que, sin diálogo real, no hay rumbo que aguante.
Comentarios