Elon Musk y Lula Da Silva
El dilema de Occidente: ¿Libertad de expresión o regulación de contenidos?
En las últimas semanas, las democracias de Occidente se enfrentaron con un debate que sacude los esquemas de libertad, división de poderes y las nociones de censura en el siglo XXI. Fue el 30 de agosto de 2024 que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la 'suspensión inmediata' de la red social X (o Twitter), tras la negativa de la empresa de nombrar un representante legal en el país sudamericano. La falta de un representante en el país se dio tras los pedidos del juez Alexandre de Moraes de bloquear cuentas vinculadas a la instigación de los atentados contra los poderes públicos de Brasil en lo que se conoció como la causa 'Milicias Digitales' catapultando la salida del país y la escalada con el propio Elon Musk en medio de acusaciones de censura y persecución política.
Tras las acusaciones de censura por parte de Elon Musk, quien criticó el régimen 'dictatorial' de Lula da Silva y su 'socio' Alexandre de Moraes, Musk se dedicó a lanzar una ofensiva mediante memes y parodias donde comparaba al juez De Moraes con Lord Voldemort, satirizando al magistrado. En la lógica de su propio algoritmo, y aprovechando su potente megafono, Musk puso la discusión en el plano de la derecha liberal y libertaria contra los impulsos canceladores de la cultura 'woke' y la izquierda, ocultando que, en el fondo, hay una discusión de poder mucho mayor, que es el poder del estado-nación contra el de las multinacionales.
Y es que, existe en los últimos 20 años una creciente colisión entre los poderes estatales y el de las redes sociales transnacionales que operan a una escala global; el debate brasileño no es un caso aislado. En el año 2022, la Unión Europea se lanzó contra el gigante tecnológico “Meta” (antes conocida como Facebook), con Bruselas intentando imponer regulaciones sobre las redes sociales. Meta sugirió que si esas regulaciones se implementaban, Facebook e Instagram podrían quedar inaccesibles para los ciudadanos europeos. Funcionarios públicos de Alemania respondieron a las advertencias de la empresa afirmando: 'Estaremos bien sin Facebook', una reacción que obligó a Meta a retractarse de sus palabras y asegurarles que no abandonaría Europa.
Asimismo, después de las elecciones del año 2016 donde fue electo Donald Trump a la presidencia, Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, se convirtió en un ‘invitado’ habitual del Congreso de los Estados Unidos, donde frecuentemente era convocado a dar explicaciones acusado por supuestas intervenciones de su empresa en el proceso electoral.
En el dilema entre las compañías de redes sociales y el estado está de fondo la pregunta de quién es el legítimo propietario de la información que los usuarios entregan a las grandes empresas, para qué estas plataformas utilizan esta información y si el estado debe velar por la seguridad de los ciudadanos que entregan dicha información a un privado. La entrega por parte de los ciudadanos de su información para luego ser comerciada por grandes compañías que no dejan grandes inversiones locales, ni emplean a gran cantidad de ciudadanos, ni tampoco generan mayor innovación en la industria tecnológica local, terminan convirtiendo a estas empresas en cajas de resonancia de intereses privados que no tienen ningún tipo de mediación ni regulación. Además, cuando vamos a la vida cotidiana, la notable falta de coordinación entre el Estado y las empresas tiene consecuencias para los ciudadanos en situaciones que van desde el hackeo de una cuenta de WhatsApp y la interminable burocracia que resulta en recuperar la cuenta, hasta situaciones de compartir imágenes sin consentimiento de la contraparte.
Modelos de Control Estatal sobre las Redes Sociales en Asia
Sin embargo, este modelo de navegación libre, sin restricciones y sin coordinación público privada no es para nada universal. En Asia, tanto en los totalitarismos opacos como en China o Corea del Norte, así como también en las democracias liberales como Japón y Corea del Sur, existen fuertes controles por parte de los estados en lo que hace a la divulgación de contenidos.
El caso de Corea del Sur es bastante paradigmático. En el marco de su conflicto histórico con su vecino del Norte, la ley de Seguridad Nacional prohíbe la producción, distribución y posesión de cualquier material considerado como simpatizante o propagandístico a favor de Corea del Norte. Esto incluye libros, películas, música y otro contenido que pueda interpretarse como pro-norcoreano. La ley también se utiliza para restringir el acceso a sitios web que el gobierno considera que podrían ser utilizados para promover o glorificar el régimen norcoreano. El gobierno surcoreano bloquea activamente el acceso a sitios web que diseminan información relacionada con el Norte que podría ser considerada propagandística o amenazante para la seguridad del Estado. Muchos críticos y organizaciones de derechos humanos han argumentado que la Ley de Seguridad Nacional se ha utilizado para suprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión.
El caso de China por otro lado, a pesar de el hecho no menor de ser una dictadura autoritaria, cuenta con un modelo de plataformas de redes sociales donde las empresas se encuentran completamente sometidas al estado chino y a sus leyes. Este sometimiento ha sido causante de desconfianzas en occidente como lo sucedido en los Estados Unidos con Tik Tok. El modelo de redes sociales se destaca por su riguroso control gubernamental y la integración de servicios diversos bajo plataformas locales, que operan en un marco de censura y promoción gubernamental. Esta configuración permite al estado controlar la información accesible, sino también utilizar estas plataformas como herramientas de vigilancia y propagación de la ideología estatal.
En la India, que ostenta la posición de democracia más grande del mundo, el escenario de las redes sociales ha sido particularmente tenso. En 2021, un incidente significativo exacerbó estas tensiones cuando Twitter etiquetó varios tweets de políticos del partido gobernante BJP (Bharatiya Janata Party) como "contenido manipulado". Esta acción de Twitter desencadenó una reacción vehemente por parte del gobierno indio, que acusó a la plataforma de tener una parcialidad y falta de transparencia en sus políticas de etiquetado.
Como consecuencia de esta confrontación, el gobierno indio implementó nuevas regulaciones que incluían disposiciones para responsabilizar penalmente a los empleados de las empresas tecnológicas por no cumplir con las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenido. Esta medida fue percibida por muchos ejecutivos de la industria como una "disposición de rehenes", elevando significativamente los riesgos para las operaciones de las empresas de tecnología en India.
Posibles caminos para Latinoamérica
Podemos decir que existen variedades de modelos de interacción de estados con plataformas de redes sociales. En el caso latinoamericano, la región no posee la capacidad de generar circuitos cerrados de redes sociales que permitan la protección absoluta de los datos. Asimismo, los países de Latinoamérica de manera particular no tienen el peso de mercado como sí tiene la India para imponer condiciones, por lo que resulta necesario plantear modelos alternativos.
Existen muchas pequeñas acciones que permitirían generar ambientes digitales donde el delito podría ser mejor controlado. Por ejemplo, redes sociales como “X” no solicitan documento o verificación facial para crear nuevas cuentas, lo que permitiría un mayor seguimiento de ciberdelito o penalizar acciones de acoso digital como el “doxeo” (publicación de datos personales sin consentimiento) o el grooming. Al tener datos de domicilio, esto permitiría al estado poder solicitar la baja de cuentas que utilicen las redes sociales para violar la ley.
Asimismo, al ser el internet un espacio donde la soberanía del estado no rige, resulta necesario crear espacios de denuncia que permitan a los usuarios denunciar de manera ágil delitos digitales y que de manera ágil, en caso de probarse el delito, se pueda solicitar las bajas de manera más automática de las cuentas que infringen la ley. Pero para todo esto son necesarios recursos, decisión política y avanzar en mayor digitalización del estado.
El caso de Brasil es simplemente una punta de lanza para un debate que, en Asia está saldado pero que en latinoamérica todavía presenta grandes desafíos.
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