La estrechez del resultado, con cerca de 4,4 millones de votos de diferencia y un país escindido en dos bloques de tamaño comparable, anticipa un mandato en el que la capacidad de movilización electoral del dirigente del Partido de los Trabajadores deberá traducirse en gobernabilidad efectiva a partir de enero de 2027. La desaceleración económica, el endeudamiento de hogares y empresas, la fortaleza institucional de la oposición y las tensiones con Washington pondrán a prueba su habilidad para conciliar promesas sociales con disciplina fiscal, mientras la edad del mandatario —cumplirá 81 años el 27 de octubre— convierte la sucesión en un interrogante central para la izquierda.
La victoria no ha cerrado la fractura política. Flávio Bolsonaro ha anunciado su intención de impugnar judicialmente el resultado, invocando la prórroga de dos horas en la votación por problemas de transporte. La autoridad electoral ha proclamado a Lula, y las acusaciones requieren pruebas verificables; no obstante, el bolsonarismo ha erigido parte de su identidad en la desconfianza hacia las instituciones electorales y judiciales. Esa negativa a aceptar el desenlace puede prolongar la polarización más allá de la campaña. Casi la mitad del electorado válido eligió al adversario, por motivos diversos —seguridad pública, carga tributaria, valores conservadores o el coste de la vida—, lo que impide interpretar el 51,79% como una mayoría social homogénea.
El Congreso refuerza esa restricción. El Partido Liberal, principal fuerza bolsonarista, contará con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT. La derecha y los partidos conservadores, en conjunto, poseen una capacidad de bloqueo superior a la de cualquier bancada individual. El Centrão, conglomerado heterogéneo de formaciones de centro y centroderecha, recuperará su papel de pivote: sus legisladores negocian según el asunto, pero a cambio de cargos, recursos presupuestarios y concesiones programáticas. Como ha señalado la politóloga Mayra Goulart, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la creciente autonomía de los parlamentarios, alimentada por su influencia en la distribución de una parte sustancial del presupuesto federal, complica la construcción de mayorías estables. Lula deberá evitar que cada acuerdo erosione la coherencia de su programa; de lo contrario, la oposición podrá utilizar comisiones, votaciones presupuestarias y el control político de las cámaras para desgastar al Ejecutivo.
El frente económico constituye la prueba más inmediata. Los organismos internacionales proyectan crecimiento, aunque moderado: el Fondo Monetario Internacional estimó en octubre una expansión del 2,2% para 2026 y del 1,9% para 2027. No se trata de una recesión confirmada, sino de una economía que pierde impulso y afronta presiones inflacionarias persistentes. La deuda pública bruta supera el 82% del PIB, y menos del 8% del presupuesto federal es susceptible de ajustes discrecionales debido al peso de los gastos obligatorios. Con tipos de interés de referencia en el 13,75% y una inflación interanual del 4,6% —por encima del límite superior de tolerancia del Banco Central—, la financiación empresarial se encarece, la inversión se retrae y la carga financiera de los hogares se multiplica. El economista Mauro Rochlin, de la Fundación Getulio Vargas, ha resumido el dilema con una formulación contundente: “los tres grandes problemas de Brasil son el problema fiscal, el problema fiscal y el problema fiscal”.
Cumplir simultáneamente las promesas de alivio a los consumidores, apoyo a microemprendedores, incremento real del salario mínimo y expansión de servicios públicos exigirá un diseño cuidadoso. Cerca de 84 millones de personas y 9,3 millones de empresas registraban atrasos, según estimaciones de Serasa; la renegociación con descuentos puede devolver solvencia y reactivar el consumo, pero no elimina las causas estructurales del sobreendeudamiento. La ampliación del régimen de microemprendedores individuales y ciertas condonaciones tributarias pueden favorecer la formalización, aunque una reducción permanente de ingresos sin compensación agravarían las tensiones. La propuesta de prohibir las apuestas deportivas en línea, argumentada como protección frente al endeudamiento familiar, conlleva una pérdida estimada de ingresos cercana a los 6.800 millones de reales hasta 2027. La gratuidad del transporte público los fines de semana ampliaría el acceso a empleo y cultura, pero requiere definir fuentes de financiación estables entre la Unión, estados y municipios. En conjunto, las iniciativas anunciadas pueden superar los 300.000 millones de reales, según la Institución Fiscal Independiente; la cifra no es un coste ejecutado, sino una advertencia sobre la magnitud de las decisiones. La distinción crítica residirá en separar medidas que eleven la productividad y los ingresos futuros —infraestructura, educación, innovación, transición energética— de aquellas que ofrecen alivio inmediato sin corregir desequilibrios.
La política exterior estará condicionada por la relación con Donald Trump. Durante 2026, Washington impuso aranceles adicionales a productos brasileños —del 25% en determinados casos y un recargo del 12,5% vinculado a medidas sobre trabajo forzoso—, en una disputa que mezcló comercio con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Brasil rechazó las justificaciones y defendió la negociación sin descartar respuestas. El desafío consiste en impedir que la defensa de la soberanía derive en una confrontación que perjudique exportaciones e inversión. China absorbió más del 30% de las exportaciones brasileñas en 2025, frente al 12% de Estados Unidos y el 11% de la Unión Europea; esa concentración en agrícolas, petróleo y mineral de hierro fortalece ingresos externos, pero expone al país a las oscilaciones de la demanda china.
Lula ha reiterado que Brasil no debe subordinarse a ninguna potencia. Esa autonomía estratégica exige pragmatismo: una represalia indiscriminada encarecería importaciones y afectaría a empresas y consumidores; una concesión excesiva debilitaría el discurso soberanista.
Los BRICS ofrecen un marco de cooperación financiera y diplomática con economías emergentes, pero no constituyen una alianza homogénea ni una alternativa automática. La relación bilateral con China responde a intereses acumulados durante décadas; conviene evitar tanto la subordinación a Pekín como la ruptura motivada por presiones de Washington.
La relación con Argentina añade una dificultad inmediata. Los ataques verbales de Javier Milei contra Lula y contra integrantes del Supremo Tribunal Federal llevaron a Brasilia a rebajar el nivel de representación diplomática en Buenos Aires. La intervención del presidente argentino en la campaña brasileña, respaldando a Flávio Bolsonaro, agravó la disputa, que se proyecta sobre el Mercosur. Las divergencias sobre apertura comercial e integración regional pueden dificultar las negociaciones, aunque los intereses industriales y comerciales compartidos hacen costosa una ruptura. Como ha señalado Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, las diferencias ideológicas pesan en los encuentros simbólicos, pero no siempre transforman el contenido de las relaciones bilaterales. Preservar mecanismos institucionales resulta más relevante que la afinidad personal. En un entorno regional menos favorable que el de las primeras presidencias de Lula, su influencia dependerá menos de la convergencia ideológica y más del peso económico brasileño y de la utilidad concreta de la integración.
La dimensión personal del mandato no puede ignorarse. Lula concluirá el periodo con 85 años si lo completa. La edad no implica incapacidad, pero convierte la continuidad del liderazgo en una cuestión política. Durante décadas ha sido el principal factor de cohesión electoral de la izquierda; su trayectoria sindical, su experiencia y su capacidad comunicativa no han sido plenamente reproducidas por ningún sucesor. Entre los nombres mencionados figuran Fernando Haddad y Camilo Santana, aunque su capacidad para construir coaliciones nacionales permanece por demostrar. La ausencia de una sucesión ordenada puede desencadenar disputas internas y facilitar la persistencia del bolsonarismo más allá de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su participación en una tentativa de golpe. El riesgo del “pato rengo” —pérdida de influencia de un gobernante que se aproxima al final de su mandato— se acentúa: los aliados pueden mirar hacia el sucesor, los adversarios intensificar ofensivas y el presidente perder capacidad para disciplinar su coalición. Impulsar la renovación de cuadros y permitir que posibles sucesores adquieran experiencia exige una paradoja difícil: preparar el futuro sin debilitar la autoridad presente.
El legado del cuarto mandato dependerá de la capacidad para priorizar. Avanzar en la reindustrialización, las infraestructuras, la transición energética y la reducción de la desigualdad, al tiempo que se mantienen programas como Bolsa Família, responde a problemas estructurales, pero exige movilizar recursos, atraer capital privado y elevar la productividad en un contexto de incertidumbre comercial y costes financieros elevados. Brasil cuenta con ventajas —dimensión territorial, recursos naturales, capacidad agroindustrial y potencial energético—, pero convertirlas en desarrollo diversificado requiere estabilidad regulatoria, formación e innovación. Conciliar el alivio de las dificultades materiales de la población, la confianza en las cuentas públicas y la negociación política sin desdibujar el programa constituye la prueba central. Si privilegia el gasto inmediato sin financiación, agrava los desequilibrios; si aplica un ajuste severo, erosiona su base social. La autonomía estratégica solo será sostenible si se traduce en mercados diversificados y beneficios económicos. La victoria del 25 de octubre ha prolongado la trayectoria de Lula, pero no ha resuelto la polarización, las restricciones presupuestarias ni el vacío sucesorio. A los 80 años, ha demostrado de nuevo su capacidad para disputar elecciones competitivas; ahora deberá demostrar que puede gobernar un país dividido y dejar instituciones capaces de funcionar cuando él ya no ocupe el centro de la escena.
Adalberto Agozino es Doctor en Ciencia Política, Analista Internacional y Docente de la Universidad de Buenos Aires
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