23/6/2025 - politica-y-sociedad

LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA: UNA AMENAZA SISTÉMICA QUE DEBILITA LA JUSTICIA, LA ECONOMÍA Y LA GOBERNABILIDAD

Por Poder & Dinero

LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA: UNA AMENAZA SISTÉMICA QUE DEBILITA LA JUSTICIA, LA ECONOMÍA Y LA GOBERNABILIDAD

William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú

Argentina enfrenta desafíos persistentes y complejos en su lucha contra el lavado de dinero, derivados tanto de debilidades estructurales como de realidades contextuales. Estos retos limitan la efectividad de las políticas contra el lavado de activos y exponen al país a importantes riesgos financieros y reputacionales (La Nación, 2024; Infobae, 2025).

Principales desafíos estructurales

Gran economía informal

La economía informal en Argentina representa aproximadamente un tercio del PIB, con tasas de informalidad laboral que superan el 42% y afectan a más de 9 millones de personas, según datos oficiales recientes (La Nación, 2025; Infobae, 2025a; OIT, s.f.). Este alto nivel de informalidad permite que los actores criminales muevan y oculten fondos ilícitos fuera del alcance de la supervisión regulatoria formal (Scielo, 2024).

Fronteras porosas y vulnerabilidades geográficas

Las extensas fronteras terrestres y marítimas del país, especialmente en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, facilitan el contrabando transfronterizo, el lavado de dinero basado en el comercio y el movimiento de efectivo y bienes ilícitos. Esta región es considerada un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento de redes de crimen organizado y terrorismo (Infobae, 2021; Infobae, 2025b).

Economía intensiva en efectivo

El uso generalizado del efectivo, incluyendo dólares estadounidenses, dificulta el rastreo de transacciones financieras y aumenta la vulnerabilidad al lavado de dinero. La fuga de capitales y la preferencia por mantener activos en el exterior o en efectivo complican aún más los esfuerzos para monitorear y controlar los flujos financieros ilícitos (Infobae, 2025a).

Recursos y capacidades limitados

Las autoridades argentinas de prevención de lavado enfrentan importantes limitaciones en recursos materiales, tecnológicos y humanos, lo que restringe su capacidad para implementar y hacer cumplir medidas sólidas contra el lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos de supervisión suelen estar subdotados en relación con la magnitud del desafío (La Nación, 2024).

Desafíos contextuales y de política

Brechas regulatorias y legales

Cambios recientes en la política han debilitado los controles contra el lavado de dinero, como elevar el umbral para la declaración del origen de fondos y eliminar la obligatoriedad de reportes de operaciones sospechosas para transacciones de alto valor. Estos retrocesos regulatorios contradicen las recomendaciones internacionales y reducen la efectividad del marco legal argentino (La Nación, 2024).

Comprensión incompleta del riesgo

Las autoridades tienen un entendimiento creciente pero desigual de los riesgos de lavado de dinero, especialmente aquellos derivados de la informalidad, la corrupción y las nuevas tecnologías. Existen brechas en las evaluaciones de riesgo sectoriales, particularmente en bienes raíces, activos virtuales y proveedores de servicios profesionales (Scielo, 2024).

Débil aplicación y bajas tasas de condenas

A pesar de cierto progreso, el número de condenas por lavado de dinero sigue siendo bajo en relación con la magnitud del problema, y la mayoría de los casos involucran esquemas simples en lugar de operaciones complejas y de alto valor. Los esfuerzos de confiscación de activos son modestos y la recuperación de ganancias ilícitas trasladadas al exterior es limitada (La Nación, 2024).

Corrupción y riesgos políticos

La corrupción, tanto nacional como transnacional, sigue siendo un delito principal y un obstáculo importante para la aplicación efectiva de la prevención de lavado. El crimen organizado ha infiltrado segmentos de la policía, el poder judicial y algunos legisladores, creando redes de protección que obstaculizan las investigaciones. Funcionarios corruptos en todos los niveles protegen a redes criminales a cambio de beneficios económicos o políticos, como se evidenció en el caso de Jorge Omar Castillo donde autoridades locales facilitaron la operación de La Salada durante años. La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales permite la destrucción de pruebas, el encubrimiento de operaciones ilícitas y la desviación de recursos destinados a la lucha contra el lavado de dinero (Infobae, 2025b).

Dimensiones internacionales y regionales

El régimen argentino de prevención de lavado está bajo escrutinio por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), que ha destacado deficiencias críticas y el riesgo de ser incluido en la “lista gris” si no se realizan mejoras. Las vulnerabilidades del país tienen implicaciones regionales, ya que los flujos financieros ilícitos suelen cruzar fronteras e involucrar a países vecinos (Infobae, 2025b).

Ejemplo emblemático: Jorge Omar Castillo y La Salada

El caso de Jorge Omar Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, ilustra cómo los desafíos estructurales y contextuales de Argentina facilitan el lavado de dinero a gran escala. La Salada es la feria informal más grande de Latinoamérica, con decenas de miles de puestos de venta y una recaudación que supera la de los principales shoppings de Buenos Aires. El negocio se basa en la economía informal: alquiler de puestos, cobros en efectivo y administración de estacionamientos, todo fuera del control fiscal. Castillo y su red utilizaron al menos 89 sociedades comerciales y más de 160 personas para canalizar y blanquear ingresos millonarios, ingresando efectivo al sistema financiero mediante empresas pantalla y facturación apócrifa. En mayo de 2025, tras una investigación de años y más de 60 allanamientos, Castillo fue detenido junto a su familia y socios, acusados de lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando y asociación ilícita. Se secuestró documentación, registros financieros y dinero en efectivo, evidenciando maniobras de blanqueo de capitales por cifras multimillonarias. El caso expuso la protección política y judicial que permitió el crecimiento del imperio de La Salada, así como la connivencia con actores locales y barrabravas para el control territorial y la recaudación ilegal. Además, la existencia de talleres clandestinos que producen para la feria, con situaciones de trata de personas, trabajo forzoso y evasión fiscal, multiplica el impacto social y criminal del fenómeno (Derecha Diario, 2025).

Importancia de la colaboración federal y provincial

La lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado en Argentina requiere una colaboración efectiva entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Existen comités y programas nacionales de coordinación que articulan estrategias y políticas entre la Nación y las provincias. La UIF lidera la coordinación nacional y supervisa la aplicación de normas, además de fortalecer su presencia en provincias con oficinas regionales y capacitaciones específicas para gobiernos locales. El trabajo articulado y el intercambio de información entre Nación, provincias y municipios es clave para investigar tramas delictivas complejas y cerrar los circuitos de impunidad aprovechados por las redes criminales (Infobae, 2025b).

Conclusión

El lavado de dinero en Argentina representa una amenaza sistémica que debilita la justicia, la economía y la gobernabilidad del país. El caso de Jorge Omar Castillo y La Salada expone cómo estas debilidades estructurales y contextuales son aprovechadas por grandes redes criminales para lavar dinero a escala industrial. La corrupción sistémica en todos los niveles gubernamental—desde funcionarios locales hasta instancias nacionales—constituye el principal obstáculo para investigaciones efectivas, al proteger redes criminales y debilitar organismos clave como la UIF. Abordar estos problemas requiere no solo reformas técnicas y voluntad política sostenida, sino también una colaboración efectiva, articulada y federal entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, garantizando una respuesta integral y coordinada frente al crimen organizado y la protección del sistema financiero y las comunidades.

Referencias

Derecha Diario. (2025). Jorge Castillo and his network fell: mega-operation for money laundering and evasion in La Salada. Recuperado de https://derechadiario.com.ar/us/argentina/jorge-castillo-and-his-network-fell-in-a-mega-operation-for-laundering-and-tax-evasion

Infobae. (2021). La Triple Frontera es un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recuperado de https://www.infobae.com/america/2021/12/02/la-triple-frontera-es-un-nucleo-clave-para-el-lavado-de-dinero-y-el-financiamiento-del-terrorismo/

Infobae. (2025a). La informalidad laboral alcanzó un récord: ya hay más de 8 millones de trabajadores en negro. Recuperado de https://www.infobae.com/economia/2025/03/29/la-informalidad-laboral-alcanzo-un-record-ya-hay-mas-de-8-millones-de-trabajadores-en-negro/

Infobae. (2025b). Corrupción, fronteras débiles y crimen organizado: el caldo de cultivo que alimenta la influencia de Hezbollah en América Latina. Recuperado de https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/03/31/corrupcion-fronteras-debiles-y-crimen-organizado-el-caldo-de-cultivo-que-alimenta-la-influcencia-de-hezbollah-en-america-latina/

La Nación. (2024). Lavado de dinero: condenas, decomisos y los desafíos de la Argentina. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/politica/lavado-de-dinero-condenas-decomisos-y-los-desafios-de-la-argentina-nid15032024/

La Nación. (2025). Más de 9 millones de personas trabajan en la informalidad en la Argentina. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-de-9-millones-de-personas-trabajan-en-la-informalidad-en-la-argentina-nid14042025/

OIT. (s.f.). Economía informal en Argentina. Recuperado de https://www.ilo.org/es/media/105276/download

Scielo. (2024). Informalidad y trabajadores pobres en Argentina (2003-2023). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2024000400809

 

Sobre el Autor:

William L. Acosta es graduado Magna Cum Laude de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.

Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina

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