La visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington no representa un giro ideológico ni una reconciliación política con Estados Unidos. Representa la aceptación tácita de que, en este capítulo, quien impone las condiciones es Donald Trump, no Petro. El encuentro confirma que el margen de maniobra del presidente colombiano se ha reducido y que su narrativa de confrontación ha cedido ante una realidad estratégica en la que Washington conserva la iniciativa, la capacidad de presión y el control de los tiempos.
Petro ha sostenido de forma consistente una oposición frontal a la erradicación de cultivos de coca. Su política antidrogas se ha apoyado en la sustitución voluntaria, el desarrollo rural y una crítica estructural a la estrategia tradicional impulsada por Estados Unidos durante décadas. Esa postura puede ser coherente desde una óptica ideológica, pero deja un vacío operativo en un país que continúa siendo el principal productor mundial de cocaína.
La producción de cocaína no es un fenómeno abstracto. Está vinculada al control territorial, a estructuras armadas, a corredores logísticos consolidados, a redes financieras transnacionales y a niveles profundos de corrupción institucional. Cuando la presión sobre alguno de esos componentes se reduce de forma sostenida, el sistema no se debilita: se reorganiza.
En Washington nadie se engaña con el discurso. Lo que importa es si el flujo se frena o no. Si las rutas se cierran, si los cargamentos se caen, si las organizaciones sienten presión real. Cuando esa presión afloja, la cadena no colapsa sino simplemente vuelve a acomodarse. Esta es la cruda realidad
La visita adquiere mayor peso cuando se recuerda el historial de confrontación de Gustavo Petro con la administración Trump. No fue una fricción puntual ni un malentendido diplomático. En varias ocasiones, Petro llegó a calificar al presidente estadounidense como criminal, lo acusó de violaciones a los derechos humanos e incluso llamó públicamente a policías y militares de Estados Unidos a desobedecer a su propio comandante en jefe.
Esa postura no fue improvisada. Respondía a una línea política deliberada, alineada con sectores de la izquierda regional y construida sobre la confrontación directa con Washington. Petro llevó esa narrativa a distintos foros internacionales, incluidas conferencias climáticas y su presidencia pro tempore de la CELAC, desde donde continuó usando el escenario para deslegitimar y humillar públicamente a la administración del presidente Trump.
Ese antecedente explica por qué el encuentro en la Casa Blanca no puede interpretarse como un acercamiento natural ni tampoco amistoso. Es un repliegue táctico. Cuando entran en juego sanciones, cooperación en seguridad, control financiero y legitimidad internacional, la retórica pierde utilidad.
A ello se suma la posición de Petro frente a las operaciones letales cinéticas. El rechazo sistemático al uso de fuerza directa contra estructuras criminales resulta especialmente problemático en un contexto donde la cocaína producida en Colombia alimenta un mercado violento, armado y altamente organizado. La cadena de suministro no es civil ni pasiva. Está diseñada para resistir presión estatal. Negar el uso de fuerza sin sustituirlo por un mecanismo igualmente eficaz deja intacta la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Las tensiones con Estados Unidos tampoco se limitaron al tema antidrogas. En el plano internacional, Petro adoptó una postura abiertamente confrontacional en el conflicto de Gaza, alineándose contra Israel y personalizando su crítica en el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esa posición reflejó un estilo de liderazgo dispuesto a subordinar consideraciones estratégicas a posicionamientos ideológicos, aun cuando ello implicara costos diplomáticos directos.
En ese mismo marco se inscriben otras decisiones y gestos menos visibles pero igual de reveladores. Petro ordenó suspender los envíos y exportaciones de carbón a Israel y trató de impedir que gobernadores colombianos viajaran y se reunieran con la Casa Blanca, llegando incluso a amenazar con tomar acciones contra quienes mantuvieran canales directos con Washington. Todo ello reforzó la percepción de una política exterior personalista, centralizada y definida más por la confrontación que por el cálculo estratégico.
En contraste, bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos ha logrado imponer la pausa más prolongada y con mayor impacto en el flujo de cocaína hacia su territorio desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. La combinación de interdicción sostenida, presión financiera, control de rutas marítimas y aéreas, y uso consistente de inteligencia operativa ha producido una disrupción real de la cadena de suministro. Todo indica que los niveles de disponibilidad de cocaína en el mercado estadounidense se encuentran entre los más bajos registrados, tanto en volumen como en regularidad.
Ese resultado no es circunstancial. Depende de continuidad. Cualquier concesión estratégica —en particular, una negociación que reduzca la interdicción letal como moneda de cambio para mejorar la relación política con Colombia— tendría efectos inmediatos sobre la cadena. La experiencia demuestra que cuando la presión disminuye, incluso de forma selectiva, el sistema criminal responde con rapidez, reconstituye rutas, reduce costos y recupera ritmo. Los avances logrados pueden diluirse en meses.
La visita también tiene una dimensión personal. Petro llega al tramo final de su presidencia con una coalición debilitada, resultados cuestionados en seguridad y un margen internacional cada vez más estrecho. Su inclusión en listados del Tesoro estadounidense condiciona su proyección externa y cualquier escenario posterior a su mandato. En ese contexto, Washington no es solo un socio incómodo, es el actor determinante.
La pregunta clave no es qué se dijo en la reunión, sino qué ocurre después. Si el encuentro se traduce en cooperación operativa sostenida —inteligencia aplicada, interdicción marítima y aérea, presión financiera continua y acciones persistentes contra nodos críticos— el impacto sobre la cadena de suministro será medible. Si queda en gestos diplomáticos, el sistema criminal absorberá el ajuste sin consecuencias estructurales.
La experiencia histórica es clara, los vacíos de presión no reducen la violencia ni fortalecen la gobernabilidad. Hacen lo contrario. Permiten que las economías ilícitas consoliden control territorial, aumenten ingresos y profundicen la captura institucional.
Petro puede mantener su oposición ideológica a la erradicación. Estados Unidos puede aceptar ajustes tácticos. Pero sin una estrategia integral que eleve costos reales a la cadena criminal, el flujo de cocaína hacia Estados Unidos continuará.
Ese será el verdadero parámetro para evaluar esta visita.
Sobre el autor:
Jesús Daniel Romero es ex oficial de inteligencia naval y especialista en operaciones de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, con más de 37 años de experiencia en seguridad regional y amenazas transnacionales. Es analista habitual en medios internacionales como Sánchez Grass en América, Fox Noticias, espacios informativos de Voz Media y Newsmax, y ha sido citado y entrevistado por The Wall Street Journal. Es autor bestseller de El Vuelo Final: La Reina del Aire y Silencio Letal: El Mundo Oculto de los Narcosubmarinos.
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