A diferencia de lo ocurrido en la República Argentina, las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet permanecen impunes hasta el día de hoy. El dictador chileno murió ostentando el título de Senador vitalicio y contó con un funeral de Estado al que debió asistir Michelle Bachelet, en ese entonces Presidenta de Chile, quien tuviera que exiliarse a la República Democrática Alemania durante la dictadura.
Está impunidad garantizada por el poder político y judicial tanto a Pinochet como a los demás partícipes y ejecutores del golpe y las distintas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura permitió el desarrollo de una democracia que, aunque de apariencia sólida, no deja de permanecer en deuda con todas las víctimas del régimen militar.
Con una duración de casi 20 años, la dictadura chilena, a diferencia de la argentina, quebró el orden constitucional de una forma especialmente violenta, bombardeando el Palacio de la Moneda y asesinando a varios funcionarios del gobierno democrático de Allende. Salvador Allende, el Presidente derrocado, se suicidó ofreciendo un último acto de resistencia contra los golpistas.
Desde 1973 hasta 1991, Augusto Pinochet instauró un régimen de terror, donde los opositores políticos eran fusilados en el Estadio Nacional de Chile, los desaparecidos se contaban de a cientos y los derechos políticos eran suprimidos por completo.
Además de su intención de reorganizar la sociedad bajo supuestos valores cristianos y occidentales, Pinochet y un grupo de economistas conocidos como Los Chicago Boys, se propusieron reestructurar la economía chilena siguiendo los preceptos del Premio Nobel de Economía Milton Fridman.
En 1991, cuando luego de un referéndum Pinochet aceptó convocar a elecciones, Chile era un país radicalmente distinto al del golpe de 1973. Además de los asesinados, los desaparecidos y los exiliados, las medidas neoliberales dieron como resultado una sociedad desigual.
A pesar de todo, muchos chilenos siguieron apoyando a Pinochet. Es por eso que la democracia chilena nació en una suerte de limbo, tutelada por el poder militar.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas debieron permanecer en silencio, sin acceso a la justicia y sin saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Ante la impotencia de la impunidad, los tribunales internacionales parecían la única forma de obtener un poco de reparación. Pero cuando Garzón ordenó la detención de Pinochet, gran parte de la opinión pública chilena se mostró indignada. Condenaban sobre todo la injerencia de un juez extranjero en los asuntos internos de Chile, pero simpatizaban también con Pinochet.
El contraste con Argentina era enorme. Mientras en nuestro país Jorge Rafael Videla murió en una cárcel, en Chile los partidarios de Pinochet siguen ocupando un lugar en la opinión pública chilena. En este sentido, el triunfo de Kast no es ninguna sorpresa.
Parece que un fantasma llamado negacionismo recorre la región de América Latina. Desde México hasta Chile y Argentina la extrema derecha busca hacerse un lugar en el discurso público. Nuestras jóvenes democracias deben resistir esta crisis. Pero para eso es fundamental buscar justicia y reparación para las víctimas del ter
ror del pasado.
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