El Estado autoriza la venta de Enarsa y redefine su rol en el sector
Con la publicación del Decreto 286/2025, el gobierno nacional habilitó la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), marcando un cambio estructural en la gestión de activos energéticos en el país. La medida comprende, entre otros puntos, la venta de la participación estatal en Citelec S.A., accionista controlante de Transener, empresa que opera más del 85 % del sistema de transporte eléctrico de alta tensión del país.
El proceso será realizado por licitación pública nacional e internacional, sin mecanismos preferenciales para provincias ni empleados, y contempla una expectativa de ingresos de al menos 200 millones de dólares por la operación. El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas destacaron que la decisión apunta a ordenar las finanzas públicas, incentivar inversión privada y modernizar la infraestructura crítica.
Un mapa energético en revisión
Enarsa concentra actualmente 15 unidades de negocio, que incluyen gasoductos como el Perito Moreno y el del NOA, centrales térmicas (Manuel Belgrano y José de San Martín), represas hidroeléctricas (Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), e incluso funciones vinculadas a la importación de gas natural licuado (GNL). También mantiene participación directa en la empresa Transener, a través del 26,3 % accionario que posee en Citelec.
Durante 2023, Enarsa recibió más de $1,23 billones en transferencias del Tesoro, lo que, según informes oficiales, representó uno de los déficits operativos más elevados del sector público. Esta situación motivó la revisión de su rol dentro del nuevo esquema de gasto y regulación energética.
Inversión, innovación y señales al mercado
La venta de activos de Enarsa forma parte de la estrategia impulsada por la Ley de Bases y Puntos de Partida, que contempla una reestructuración del Estado y la redefinición de sus funciones empresariales. Desde la óptica del Ejecutivo, el objetivo es reducir la carga fiscal sin comprometer el desarrollo energético, canalizando los esfuerzos hacia un modelo regulador que permita participación privada en infraestructura clave.
Esta perspectiva ya ha tenido precedentes en decisiones recientes como la venta de IMPSA por US$ 27 millones en febrero de 2025 y la conversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en sociedad anónima, como antesala a futuras licitaciones. Además, el marco se complementa con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve proyectos de energía, minería y transporte por más de US$ 12.000 millones.
Reacciones y proyecciones
A nivel internacional, el anuncio generó movimientos positivos en los mercados. Acciones de empresas energéticas argentinas y bonos soberanos mostraron subas en la Bolsa de Nueva York, interpretadas como señales de confianza ante el nuevo rumbo. Expertos en regulación destacan que una gestión privada bien supervisada podría mejorar la eficiencia operativa, impulsar proyectos estratégicos como Vaca Muerta, y dinamizar la oferta energética nacional.
Desde distintos sectores se ha planteado la importancia de garantizar mecanismos de regulación y control tarifario, así como de asegurar estándares de calidad y acceso para los usuarios. También se han señalado desafíos legales vinculados a activos estratégicos, en especial luego de experiencias judiciales como el caso YPF.
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