William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para FinGurú
Introducción
El sol arde sobre los caminos de arena en el Caribe colombiano, donde los niños juegan entre la brisa y los adultos vigilan el horizonte con una mezcla de resignación y temor. En esta tierra que alguna vez creyó en la promesa del uniforme, la desilusión cala más hondo que el calor: soldados, alguna vez vistos como guardianes, hoy aparecen en rumores y titulares, señalados como cómplices de quienes tiñen de violencia los valles y la sierra. Cada familia recuerda la última vez que las balas rompieron la quietud de la noche, preguntándose si aquella munición no venía, quizás, del mismo arsenal que debió protegerlos.
No es fácil para las comunidades distinguir dónde termina la institución y dónde comienza el crimen, cuando la línea se borra entre el cuartel y la zona de guerra. En el fondo, cada noticia sobre armas robadas, sobre rutas clandestinas, sobre pactos y traiciones, es también la historia de comunidades cansadas y de un país que se duele, esperando todavía que la justicia regrese a su lado. Porque este caso no es solo un escándalo: es la herida abierta de Colombia, en carne viva, pidiendo respuestas firmes y humanas.
Red bajo fuego: el Ejército y la mafia Pachenca en la frontera colombiana
Por las calles polvorientas de Valledupar, en la alta Guajira y la imponente Sierra Nevada, el rumor se volvió certeza. En los cuarteles de la región, donde cada cartucho debería defender la patria, la munición terminaba fuera de lugar; en manos de quienes ven al Estado como un enemigo por vencer. El caso de la red de militares infiltrada por Los Pachenca no es sólo una nota para el archivo judicial: es el drama real de una guerra interna silenciosa, donde los protagonistas tienen nombre, historia y hasta familia que padece las consecuencias.
El corazón de la traición: Soldado Rendón, de héroe a engranaje criminal
En la lista de los capturados, resalta el soldado Rendón. Quince años de trayectoria, especialista en municiones, experto en manejo de explosivos. Un veterano, como lo apodan en los pasillos castrenses, que pasó de custodiar arsenales a abrirles la puerta al mejor postor. Disidencias de las FARC, el ELN, Los Pachenca: todos tuvieron acceso al arsenal militar colombiano, cartuchos calibre 5.56 a 10.000 pesos la pieza y granadas de fragmentación que cambiaron de bando en tiempo récord (Semana, 2025; Infobae, 2025).
La operación era tan sofisticada como rutinaria
los pagos se corroboraban con videos donde billetes y munición hacían presencia.
Alias “el Veterano” ponía el contacto, “Pinocho” autorizaba el envío y la red de ayudantes—todavía bajo investigación—facilitaba la extracción. Cada entrega representaba minutos de tensión, negocios cerrados entre las sombras del barracón militar y el bullicio de la frontera.
Origen y poder criminal de Los Pachenca
Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), surgieron de antiguos bloques paramilitares y tomaron fuerza en Magdalena, La Guajira y Santa Marta. Controlan rutas de narcotráfico, extorsión y zonas de disputa armada contra organizaciones rivales como el Clan del Golfo. Hoy su presencia se extiende sobre 97 comunidades, ejerciendo control social y generando un clima constante de violencia y terror (Sur.org.co, 2020; Colombia Reports, 2023; Infobae, 2025).
El corazón de la traición:
El Soldado Rendón, de héroe a engranaje criminal
Destacado por quince años de servicio y experiencia en explosivos, el soldado Rendón organizó el desvío de municiones —cartuchos 5.56 a 10,000 pesos cada uno y granadas de fragmentación— desde depósitos oficiales hacia grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y Los Pachenca (Semana, 2025; Infobae, 2025). Los pagos se confirmaban con videos de “fe de vida”, mostrando fajos de billetes y cargamentos. Alias “el Veterano” coordinaba las ventas, mientras “Pinocho” lideraba la estructura mafiosa y los colaboradores facilitaban extracciones, uso de rutas y encubrimientos. El flujo ilegal era tan sistemático como cualquier operación logística oficial.
Un mapa del delito: rutas internacionales y logística clandestina
Las armas y la munición robadas seguían rutas desde Florida (EE. UU.), atravesando Costa Rica, República Dominicana y Venezuela antes de llegar a Maicao, Nazareth y Uribia en Colombia. El arsenal era acopiado y distribuido por lancheros y vehículos encubiertos —incluyendo sospechas sobre el uso de camiones militares— en regiones donde la línea entre Estado y crimen es apenas perceptible (Infobae, 2025; Periódico UNAL, 2025; Semana, 2025).
El proceso de modernización militar venezolano permitió el desvío de fusiles FAL y AK-47, revendidos por oficiales corruptos a mafias colombianas, fortaleciendo el armamento de Los Pachenca con rifles R-15, Bushmaster, Barrett y pistolas Five-Seven, conocidas entre los propios militares como “matapolicías” (Infobae, 2025). En abril de 2025, una operación a gran escala les entregó diez fusiles Barrett a cambio de media tonelada de cocaína, usando los mismos barcos que transportan droga a República Dominicana (Infobae, 2025; Semana, 2025).
Cifras oficiales sobre munición desviada
El alcance de la corrupción interna se evidenció con la auditoría del Ejército y la Fiscalía: en 2024 y 2025, se denunciaron la desaparición de más de un millón de municiones, aunque la cifra auditada fue revisada a 131,000 proyectiles y 5,850 granadas, la mayoría conectados a redes ilícitas del Caribe y la frontera. Las autoridades implementaron controles electrónicos y auditorías estrictas, pero gran parte del material terminó en manos del ELN, Los Pachenca y otras organizaciones armadas, alimentando la violencia regional (El Financiero, 2024; Voz de América, 2024; Infobae, 2025).
Más allá de los fusiles: ¿Qué hay en juego para la sociedad?
No sólo cambiaron rutas y arsenales: la suegra del soldado Rendón movilizó 400 millones de pesos en apenas cuatro meses, y él mismo amasó cerca de 2,000 millones, según la Fiscalía. El dinero negro circuló por hoteles, empresas de transporte y billares. Las balas robadas terminaron en crímenes y atentados, cobrando vidas de soldados y civiles. El miedo y la desconfianza marcan hoy el día a día en pueblos y ciudades de la región.
El Estado responde: capturas, audiencias y depuración necesaria
En respuesta, la Dijín, la Fiscalía y la Inteligencia Militar capturaron a 23 personas clave: desde cabecillas logísticos hasta responsables del mantenimiento y acopio de armamento. Rendón, el Veterano y seis enlaces logísticos enfrentan cargos por concierto para delinquir, tráfico de armas y lavado de activos. Los procesos penales permanecen activos y bajo observación constante, reflejando la magnitud del desafío para limpiar y proteger las instituciones militares (Semana, 2025; Infobae, 2025; La Guajira Hoy, 2025).
Conclusión:
Una herida social y un reto colectivo
Lo sucedido en las filas del Ejército colombiano y su convivencia con mafias como Los Pachenca ha dejado una herida profunda en la confianza pública, el tejido social y la propia identidad nacional. Las balas desviadas no sólo arman manos criminales, sino que rompen la esperanza de quienes aún creen que el uniforme representa protección y justicia. El drama cotidiano de los pueblos afectados se traduce en miedo permanente, desplazamientos forzados, víctimas invisibles y una juventud que contempla la violencia como única salida viable o, peor aún, como negocio rentable (Plan Colombia 2.0, 2025; Diálogo Político, 2025).
Cada cifra de munición robada resume años de negligencia y corrupción, pero también la urgencia de un Estado vigilante y transparente. La estigmatización y el dolor arrastran a familias enteras de militares y civiles por igual, sembrando resentimiento y desconfianza. Los liderazgos comunitarios han pagado con sangre y amenazas la denuncia de estos hechos y Colombia carga hoy la responsabilidad ética y política de romper este ciclo.
La reacción estatal, eficaz en capturas y judicialización— debe ir acompañada de prevención, mejoras logísticas, tecnología para seguimiento de arsenales y una cultura institucional basada en ética y servicio. La reconstrucción de la confianza institucional será larga, pero indispensable para devolver la paz y la esperanza a las regiones más golpeadas.
El reto colectivo es transformar la indignación en reformas, donde la transparencia y la protección real de las comunidades prevalezcan sobre cualquier interés criminal. Solo así podrá Colombia romper, por fin, el círculo vicioso de la violencia y empezar a sanar la herida que deja este caso entre sus filas más íntimas (Ideas para la Paz, 2025; Indumil, 2025).
Sobre el Autor: William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policíaretirado de la policía de Nueva York, así comofundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia enNueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivelestatal como federal.
Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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